Trayectorias de una “confederación”. Espacialidad y perfil social de una alianza multiétnica de fines del siglo XVIII en la frontera oriental de Jujuy, de Lucía Glatstein, Revista TEFROS, Vol. 24, N° 1, artículos originales, enero-junio 2026: 37-74.

En línea: enero de 2026. ISSN 1669-726X

Cita recomendada:

Glatstein, L. (2026). Trayectorias de una “confederación”. Espacialidad y perfil social de una alianza multiétnica de fines del siglo XVIII en la frontera oriental de Jujuy. Revista TEFROS, 24 (1), 37-74. DOI: https://doi.org/10.63207/tefros.v24n1.a3

Trayectorias de una “confederación”.

Espacialidad y perfil social de una alianza multiétnica de fines del siglo XVIII en la frontera oriental de Jujuy 

Trajectories of a “confederation”.
Spatiality and social profile of a multiethnic alliance in the late eighteenth century on the eastern frontier of Jujuy

Trajetórias de uma “confederação”.
Espacialidade e perfil social de uma aliança multiétnica do final do século XVIII na fronteira oriental de Jujuy

Lucía Glatstein

Escuela de Historia, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba

Ciudad de Córdoba, Argentina

Contacto: lucia.glatstein@unc.edu.ar – ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3277-9664

Fecha de presentación: 1 de octubre de 2025

Fecha de aceptación: 27 de diciembre de 2025

Resumen

En el presente artículo deseamos compartir dos caminos que recorrimos cuando nos propusimos investigar sobre una alianza multiétnica constituida en la jurisdicción de Jujuy en 1781. Utilizando como fuente principal el juicio que definió que se trataba de una traición en sintonía con las sublevaciones andinas, por una parte, delimitamos y significamos el espacio en el que se condensaron las acciones promovidas desde la coalición. Por otra parte, y teniendo en cuenta los resultados de esta operación, trazamos el perfil social de sus integrantes. Para ello, recuperamos y cruzamos información de los testigos y de otros sujetos o grupos que fueron implicados en las declaraciones. Algunos de ellos se encontraban prófugos, otros habían muerto en diferentes enfrentamientos y un sector importante no fue interrogado, tal es el caso de parcialidades indígenas del Chaco. Estos análisis nos permitieron dilucidar que la alianza nucleó a una parte de la sociedad que comenzó a relacionarse a mediados del siglo XVIII en la frontera oriental de Jujuy y que en 1781 confió en las posibilidades de éxito que tendría actuar de forma conjunta para cambiar las condiciones sociales imperantes.

Palabras claves: espacialidad; perfil social; rebeliones; Jujuy; 1781

Abstract

In this article we aim to present the two paths we followed when setting out to investigate a multiethnic alliance formed in the jurisdiction of Jujuy in 1781. Using as our principal source the legal proceedings that defined the case as an act of betrayal aligned with the Andean rebellions, we first delineate and interpret the space in which the actions promoted by the coalition were concentrated. Secondly, and in light of the results of this operation, we outline the social profile of its members. To do so, we recover and cross-reference information from witnesses, as well as from other individuals or groups mentioned in their statements. Some of them were fugitives, others had died in different confrontations, and a significant segment was never interrogated, such as indigenous groups from the Chaco region. These analyses enabled us to observe that the alliance brought together groups within society that had begun to interact in the mid-eighteenth century along Jujuy’s eastern frontier, and that in 1781, placed their trust in the possibilities of jointly acting to transform the prevailing social conditions.

Keywords: spatiality; social profile; rebellions; Jujuy, 1781

Resumo

No presente artigo, desejamos compartilhar dois caminhos que percorremos quando nos propusemos investigar uma aliança multiétnica constituída na jurisdição de Jujuy em 1781. Utilizando como fonte principal o julgamento que definiu aquela aliança como uma traição em sintonia com as sublevações andinas, por um lado delimitamos e significamos o espaço no qual se condensaram as ações promovidas pela coalizão. Por outro lado, e levando em conta os resultados dessa operação, traçamos o perfil social de seus integrantes. Para isso, recuperamos e cruzamos informações das testemunhas e de outros sujeitos ou grupos que foram implicados nos depoimentos. Alguns deles encontravam-se foragidos, outros haviam morrido em diferentes confrontos e um conjunto importante não foi interrogado, como é o caso de grupos indígenas do Chaco. Essas análises nos permitiram elucidar que a aliança reuniu uma parte da sociedade que começou a estabelecer relações em meados do século XVIII na fronteira oriental de Jujuy e que, em 1781, confiou nas possibilidades de êxito que teria ao atuar de forma conjunta para transformar as condições sociais vigentes.

Palavras-chave: espacialidade; perfil social; rebeliões; Jujuy; 1781

Introducción

Ese día entró a la reducción de San Ignacio, seguramente, como ya lo había hecho muchas otras veces por desempeñarse como soldado partidario de la frontera oriental de San Salvador de Jujuy. Sin embargo, los eventos que se dieron a continuación llamaron la atención de los alcaldes ordinarios de la ciudad y del teniente del gobernador del Tucumán, al punto tal que estos decidieran comunicar lo sucedido al gobernador, convocar a las milicias, organizar expediciones punitivas y abrir un proceso judicial que aplicaría castigos ejemplares por traición al Rey. Las medidas se consideraron acordes a la gravedad de las noticias que llegaron desde la zona de la reducción: según diferentes informantes se había concretado una alianza entre “indios tobas” y “cristianos”, que comenzaron a desplazarse por los valles orientales para convocar a “toda la plebe” y a “la gente del tránsito”. Su objetivo era atacar la ciudad y ejecutar a sus vecinos en nombre de Tupac Amaru, es decir, en representación de una de las figuras más destacadas y conocidas de las rebeliones, que tenían en vilo a amplias áreas del virreinato del Perú y de la Audiencia de Charcas.

¿Qué áreas cubrieron las convocatorias efectuadas por los miembros de la coalición para concretar su objetivo? ¿qué implicaba ser soldado partidario? ¿qué individuos fueron integrados bajo la categoría de “gente plebe” o “del tránsito”? ¿en qué condiciones los tobas -grupos que la historiografía ha señalado como reticentes a incorporarse al sistema colonial- se encontraban en la reducción de San Ignacio? En definitiva, ¿quiénes integraron la “amenazante confederación” y qué lugar ocupaban en la estructura colonial las instituciones y espacios que controlaron o que planificaron atacar? Estas preguntas guiaron el desarrollo de la indagación que se expondrá en las próximas páginas. Su resolución estuvo presente en diferentes momentos de la elaboración de una investigación mayor en la que analizamos en profundidad dos episodios que ocurrieron en Jujuy en 1781.[1] Al hacer foco en estos eventos, procurábamos reflexionar sobre las dinámicas de acción colectiva de grupos subalternos y sobre las estrategias impulsadas por distintas autoridades coloniales para desarticular cualquier amenaza a la estructura social imperante, en particular en un contexto marcado por insurrecciones en distintos espacios de los Andes. Parte de esta investigación, la publicamos en dos artículos (Glatstein, 2017, 2019) en los que comenzamos a realizar el trabajo que deseamos compartir en esta oportunidad. Consideramos que el mismo nos ayudó a comprender cómo se configuraron los sentimientos de pertenencia y qué estuvo en juego aquel otoño de 1781 para diferentes actores.

Descubrir los retazos, problematizar las tramas

Consultamos como fuente principal el juicio durante el cual se tomaron 54 testimonios a personas que, en su mayoría, fueron protagonistas o testigos directos de los hechos que narraron.[2] Nutriéndonos de perspectivas que nos alentaron a considerar el carácter polifónico de sus deposiciones, y sin perder de vista que sus relatos fueron registrados en circunstancias excepcionales y en el marco de una “honda desigualdad” [3], procedimos a realizar múltiples acercamientos al documento.[4] Cada una de estas lecturas estuvo guiada por preguntas específicas que nos permitieron identificar conjuntos de datos que nos resultaron útiles para reflexionar sobre diferentes aristas del episodio. En el presente artículo, deseamos compartir dos caminos que siguieron nuestras indagaciones y los hilos narrativos con los que ensayamos problematizar lo ocurrido.

En el primer apartado, desplegamos aquello que dilucidamos sobre el espacio de acción de la alianza que emerge del juicio, sin dejar de explicitar los aspectos que no pudimos aclarar. El trabajo supuso seleccionar y reintegrar información presente en investigaciones de historiadores, antropólogos y etnohistoriadores, usando como guía las preguntas que nos generaron los datos que encontramos en el expediente y en informes contemporáneos de autoridades coloniales. Buscamos localizar los lugares mencionados y comprender el significado que pudieron tener para distintos sujetos el controlarlos, habitarlos y disputarlos, en función de la trayectoria que adquirió la presencia española y el desarrollo de la sociedad colonial en esa área en particular.

El otro aspecto que deseamos compartir, y que es el tema del segundo apartado, se vincula con el esfuerzo que hicimos para trazar el perfil social de los sospechosos de involucrarse en la coalición. Teniendo en cuenta el trabajo de significación y delimitación del espacio realizado en la primera parte, comenzamos a rastrear a los testigos en el censo de población que se realizó a fines del siglo XVIII y que fuera publicado por Ricardo Rojas (1913). Rápidamente decidimos incorporar en la búsqueda a individuos que no testificaron, pero que encontramos mencionados en distintas instancias del juicio como sujetos comprometidos con las acciones. En este sentido, identificamos que aproximadamente unas 30 personas escaparon, mientras que otros murieron en los enfrentamientos o no se les brindó la oportunidad de explicarse ante los jueces.

Creemos importante señalar que nos encontramos con algunas expresiones que no nos permitieron realizar individualizaciones, como aquella que aparece en la narración de un testigo que afirmó que “con ocasion de estar en su chacara en dicho paraje llegaron los indios tovas azociados de varios christianos […] con otros mas que no conoze”.^[5] El gobernador del Tucumán llegó a decir que más de 200 “criollos” se movilizaron en los valles orientales de Jujuy para atacar la ciudad.^[6] En algunas ocasiones el cruce de información de los testimonios nos permitió saldar estas imprecisiones, pero en otras debimos conformarnos con el dato general. Si bien somos conscientes de que los casos con los que trabajamos no resultan una muestra completa, creemos que sí son representativos de una sociedad que empezó a interactuar en un espacio sumamente dinámico y en el que comenzaron a trazarse relaciones que luego se tradujeron en términos de amistad, de parentesco e, incluso, de compromiso político compartido.

Significar el espacio: los valles orientales de Jujuy como ámbitos de disputa e interacción

A principios del siglo XVIII, el padre jesuita Pedro Lozano ([1733] 1941) describía un sector de los valles orientales de Jujuy como

todo poblado de espesísimos bosques y dilatadas selvas; en partes se abre en campiñas y prados muy fértiles y amenos; en otras […] se ven arboledas muy frondosas, y en las riberas de los ríos, vegas muy apacibles, y el todo del terruño, con la abundancia de aguas que por tantos meses goza, se registra de ordinario verde y lozano. (p. 38)

Si bien representaciones como la citada ayudan a imaginar las características ambientales que tuvo la región en años cercanos a la coyuntura que estudiamos, también tienen el inconveniente de que dan la impresión de un espacio inalterado y vacío de personas. Lejos de esta percepción, desde el período prehispánico, la región formaba parte del ámbito geográfico habitado por múltiples grupos indígenas que interactuaban y competían por el acceso, uso y control de las zonas más aptas para la caza, pesca y recolección.[7] Es importante tener en cuenta, además, que al iniciarse las expediciones españolas y al realizarse la fundación de la ciudad, las tierras bajas experimentaban un incremento de las tensiones interétnicas debido a la presión de grupos guaraníes procedentes del norte -llamados chiriguanos- (Sica, 2019, pp. 68, 76).[8] Al respecto, Lucaioli (2010, p. 60) afirma que

el arribo de los colonizadores no podría haberse mantenido ajeno a los procesos históricos y sociales de los grupos indígenas que ocupaban o circulaban por aquellos territorios en donde los recién llegados comenzaron a asentarse. Directa o indirectamente, desde el inicio o después, todos los grupos indígenas chaqueños se involucraron de una u otra manera con la empresa colonial, aunque una parte de esos grupos [...] se hayan mantenidos ajenos al control hispanocriollo hasta los siglos XVIII y XIX.

Probablemente los españoles contribuyeran a profundizar las fricciones ya existentes, al sumarse como actores interesados en los recursos de los valles y al buscar incorporar, bajo su dominio, a poblaciones indígenas que pasarían a ser usadas como mano de obra para sus empresas. Sabemos que se produjo una temprana incorporación al sistema de encomienda de los churumatas, yalas, ocloyas, paipayas y ossas, es decir, de grupos que habían sido instalados por los inkas en la zona que constituía la frontera suroriental del imperio y que estaban en una situación de vulnerabilidad por la desarticulación del Tawantinsuyu. A los pocos años de la fundación de Jujuy, todos ellos fueron trasladados hacia las tierras privadas de sus encomenderos que estaban ubicadas dentro de las zonas resguardadas por la ciudad.^[9]

La situación fue diferente respecto a las numerosas parcialidades de tierras bajas, que fueron identificadas en los documentos como tobas, matacos, mataguayos, mocovíes, ojotaes, etc. Se trataba de grupos cazadores recolectores nómades, políticamente no centralizados, que no se integraron al incario y cuya territorialidad delimitaba amplias regiones por las que les era posible movilizarse, según los acuerdos alcanzados entre las diferentes parcialidades. Estos grupos mantuvieron su autonomía y no renunciaron al control de los valles, por lo que el espacio con el que trabajamos adquirió el carácter de un área fronteriza móvil con el Chaco no dominado. Tempranamente se establecieron una gran variedad de relaciones, que incluyeron desde acuerdos políticos e intercambios comerciales hasta enfrentamientos bélicos (Sánchez y Sica, 1990; Nacuzzi, 2007; Lucaioli, op. cit.; Sica, op. cit.).[10]

Entendemos que un aspecto relevante para comprender por qué las dinámicas viraron en varias oportunidades hacia la conflictividad abierta, se relaciona con el hecho de que, desde la fundación de la ciudad, comenzaron a surgir unidades productivas que se fueron expandiendo cada vez más hacia el oriente. De esta manera, no solo se volvieron una competencia por los espacios y recursos que usufructuaban distintas sociedades indígenas, sino que -a la par- se tornaron objeto de ataques de estos grupos no sometidos, que buscaban obtener ganado europeo para vender en los mercados regionales. Esta tensión fue fluctuando a lo largo de los años y en algunos períodos tomó forma concreta, alentando la proyección de políticas específicas desde las ciudades o las gobernaciones. Tal fue el caso a mediados del siglo XVII, cuando el aumento en la magnitud de los ataques de tobas, mocovíes y otros grupos en diferentes jurisdicciones de la gobernación del Tucumán -entre ellas la de Jujuy- justificó el viraje hacia una política ofensiva que se profundizó en el siglo XVIII. Durante los gobiernos de Ángel de Peredo (1670-1674), Esteban de Urizar y Arespacochaga (1707-1724) y Victorino Martínez de Tineo (1747-1752) se realizaron distintas entradas punitivas al Chaco que buscaban disuadir las incursiones indígenas sobre las unidades productivas. Ese resultado se vio entorpecido por las dificultades en la financiación, las disputas en el reparto de encomiendas y la proliferación de la práctica de tomar “cautivos” (Vitar, 1997; Sánchez y Sica, 1997; Sica y Ulloa, 2006; Rosas, 2017). En el caso de Jujuy, el aumento de la captura de individuos durante las campañas generó recelos entre las grupalidades del Chaco, que se resistieron a ser incorporadas a la naciente sociedad colonial e incrementaron sus ataques. Así, durante la primera mitad del siglo XVIII, el avance español sobre esas sociedades y sus tierras habría sido poco significativo (Sánchez y Sica, op. cit).

La situación cambió nuevamente hacia 1750 cuando se produjo una disminución de los ataques indígenas y una modificación en las políticas desarrolladas por los españoles, quienes comenzaron a priorizar el establecimiento de relaciones diplomáticas con los grupos étnicos del Chaco (Garavaglia, 1984; Santamaría, 1999; Lucaioli, op. cit.). Es en esta nueva coyuntura en que se produjo un renovado avance de la frontera hasta el valle de San Francisco y el surgimiento de las instituciones que encontramos mencionadas en los testimonios como puntos estratégicos de relevancia. En 1781, la reducción de San Ignacio fue el sitio en el que ciertas parcialidades del Chaco y los soldados partidarios pactaron objetivos en común y acordaron las acciones iniciales para lograr un exitoso avance sobre la ciudad. Lejos de ser abandonada, mientras se sostuvo la actuación coordinada, funcionó como una suerte de base logística en la que permaneció la “chusma”.[11] Además, las acciones consensuadas incluyeron el asedio a determinados fuertes y la circulación por distintos parajes, habitaciones, haciendas, estancias y chacras al sudeste de la ciudad (ver figura 1). A continuación, no solo nos interesa dar cuenta del significado que adquirieron todos estos sitios en las relaciones interétnicas, sino también pensar cómo los valles se fueron constituyendo como un ámbito en el que se dio una fuerte y fluida interacción entre grupos diversos.

Figura 1. Fuertes, Reducción de San Ignacio y lugares de los valles orientales de Jujuy mencionados en los testimonios como espacios de convocatoria y de otras prácticas realizadas para lograr el avance sobre la ciudad.[12]

Las misiones religiosas como estrategia: el surgimiento de la reducción de San Ignacio y los acuerdos con parcialidades tobas

La fundación de la reducción de San Ignacio se produjo tras las campañas del gobernador Martínez de Tineo (1747-1752), durante las cuales comenzaron a establecerse pactos con los tobas fronterizos a Jujuy que fueron reafirmados por el siguiente gobernador, Pestaña y Chumacero (1752-1757). Su concreción data del año 1756, cuando 212 indios tobas se redujeron con sus dos caciques principales, llamados Marini y Tesodi. Otras parcialidades del mismo grupo étnico fueron incorporadas a la misma luego de la expedición al Chaco de 1759 del gobernador Espinosa y Dávalos^[13] y de la incursión efectuada en 1765 por el gobernador Fernández Campero. Para 1767, contaba además con familias identificadas como mataguayas (Tommasini, 1937, p. 147; Vitar, op. cit., pp. 203, 207, 210; Sánchez, 2002, p. 72). Como veremos, los documentos con los que trabajamos nos sugieren que en 1781 solo había dos parcialidades tobas, lo que implicaría cierta fluctuación de los acuerdos y de su ocupación.

Como otras misiones fundadas desde mediados del siglo XVIII, la de San Ignacio funcionó como un puesto de avanzada hispanocriollo sobre territorio indígena más allá de los límites de dominación colonial (Sánchez y Sica, op. cit.; Lucaioli, op. cit.). Si bien anteriormente se habían practicado las reducciones de indios, las que se llevaron a cabo desde mediados de este siglo se distinguieron en tres aspectos: no constituían premios a particulares por servicios prestados, estaban a cargo de religiosos y se establecieron sobre territorios indígenas no dominados (Sánchez y Sica, op. cit., p. 62). Por su ubicación, y en sintonía con su función de estrategia militar, debían servir como un frente defensivo que frenara el ingreso de los indios no sometidos a tierras habitadas o puestas a producir por españoles. Este objetivo se buscó concretar mediante el traslado de San Ignacio en varias ocasiones, hasta ubicarla en las cercanías del fuerte de Ledesma. Dicho desplazamiento contribuyó a que el espacio de frontera avanzara hacia el este, más allá del valle de Jujuy (Sánchez y Sica, ibid.. Vitar, 1997, pp. 246-247).

Nesis (2005) profundiza sobre el sentido que estas instituciones tuvieron para las partes involucradas. Por un lado, sostiene que para los españoles e hispanocriollos se presentaron como formas de sujeción de las sociedades indígenas del Chaco y como maneras de preservar las paces con ellas el mayor tiempo posible de forma tal de evitar nuevas incursiones. Por otra parte, considera que los grupos indígenas debieron elegir esta opción en función de múltiples motivaciones coyunturales, influidos por la situación de las relaciones interétnicas al interior del Chaco o por la fluctuación de los vínculos con distintos sectores de la sociedad colonial. La investigadora explica que los acuerdos que se establecían incluían el compromiso de los españoles de entregar periódicamente bienes de origen europeo, siendo el más preciado por las sociedades indígenas el ganado.[14] A la par, se solía acordar la colaboración mutua en la contención de ataques provenientes del Chaco (ibid., pp. 87, 91, 96). En el caso particular de la misión de San Ignacio sabemos que su conformación implicó, por lo menos, la entrega de ganado y la designación de tierras para la reducción (Sánchez, op. cit., p. 72).

Lejos de ser enclaves cerrados, diferentes trabajos dan cuenta de que era frecuente que los indígenas reducidos salieran y se internaran nuevamente en el Chaco -por períodos más o menos prolongados- donde volvían a contactarse con parcialidades no reducidas (Teruel, 1994; Vitar, op. cit.; Sánchez, op. cit.; Mata de López, 2005; Lucaioli y Nesis, 2007; Lucaioli, 2009, 2010). De esta manera, las reducciones se incorporaron a los ciclos anuales de movilidad de las sociedades nómades del Chaco, durante los cuales no solo se efectuaban prácticas de caza y recolección, sino que además se establecían alianzas y matrimonios, se producían enfrentamientos con otros grupos o se celebraban distintos rituales (Nacuzzi, op. cit., p. 224).

Las investigaciones concuerdan que la expulsión de los jesuitas en 1767 supuso para San Ignacio entrar en un período de abandono, desorganización y pérdida de bienes materiales del que no pudo reponerse. A partir de los autos de las visitas a esta misión religiosa de Jujuy, efectuadas por el gobernador Gerónimo Matorras en 1771 y 1774 y por el gobernador Andrés Mestre en 1778, se conocen algunos números que ilustran el proceso experimentado. Si en 1767 la misión contaba con aproximadamente 600 indígenas y más de 2000 cabezas de ganado, poco tiempo después de la expulsión se vio sin ganado y los indígenas –ocasionalmente dispersos- se contaban en unos 300 individuos. Esto supuso que, para conseguir los bienes europeos que ya no obtenían por medio de la reducción, debieran recurrir a la caza y recolección, se ofrecieran como trabajadores en las haciendas contiguas o armaran expediciones de robo (Santamaría y Peire, 1993, p. 16; Teruel, op. cit., p. 232-233; Santamaría, 1995, p. 282; Vitar, op. cit., p. 287; Santamaría, 1999, p. 10; Sánchez, op. cit., p. 73; Mata de López, op. cit., p. 84).

Los intereses en la defensa de la frontera: las perspectivas de ascenso social entre soldados partidarios y sus superiores

Sabemos que, en el transcurso del proceso antes resumido, se emplazaron hacia el este de la ciudad de San Salvador de Jujuy los fuertes de Ledesma (1710/11), Nuestra Señora de Dolores de Río Negro (1749), San Bernardo (1749) y Santa Bárbara (1749). Su fundación se realizó durante períodos en los que la guerra ofensiva pasó a ser la política prioritaria ensayada por los gobernadores del Tucumán, como fue el caso de las gobernaciones de Esteban de Urizar y Arespacochaga (1707-1724) y de Victorino Martínez de Tineo (1747-1752) (Gullón Abao, 1993; Teruel, op. cit.; Vitar, op. cit.; Sánchez, op. cit.; Lorandi, 2008).

Garavaglia (op. cit., p. 22) sostiene que, más que hacer frente a un ataque, los fuertes debían contribuir a “disuadir” a los indígenas de realizarlos o servir para “advertir” a los colonos en caso de ser inminente un ataque. En el mismo sentido, Gullón Abao (op. cit., pp. 214, 231-232) plantea que se esperaba disminuir la necesidad de colaboración de los vecinos del Tucumán para la defensa de la frontera, cada vez más reacios a prestar dicho servicio. Explica que, en sintonía con esta problemática, un cabildo provincial de 1739 creó el cuerpo de soldados partidarios que estaría dedicado exclusivamente a la defensa de la frontera oriental. Sus integrantes procederían a posicionarse en los distintos fuertes y, desde estos sitios, deberían realizar recorridos por la campaña; escoltar y defender a gobernadores, comandantes y misioneros; controlar a los indios reducidos; detectar posibles amenazas de parcialidades no sometidas y participar en entradas de reconocimiento al Chaco. Para todo ello, se calculó que eran necesarios 150 hombres solo para proteger la frontera de la jurisdicción de Jujuy, pero nunca se llegó a ese número por cuestiones presupuestarias.

Distintas investigaciones nos proporcionaron datos concretos sobre la cantidad de soldados partidarios que ocuparon las distintas plazas en la frontera de Jujuy. Conocemos que hacia 1740 el fuerte de Ledesma contaba con un cabo y catorce soldados (Garavaglia, op. cit., p. 22). Para 1778, Gullón Abao (op. cit., p. 217) marca la presencia de diecinueve partidarios en el fuerte de Ledesma, 33 en el Río Negro, catorce en el de Santa Bárbara y ocho en el de San Bernardo. Son 74 plazas que se mantuvieron relativamente estables hasta 1786, con una ligera disminución a medida que transcurrieron los años. Por su parte, Sánchez (op. cit., p. 75) menciona para el mismo año la presencia de un comandante y seis soldados partidarios en la reducción de San Ignacio.

Gullón Abao (op. cit., pp. 222-223) ofrece información detallada sobre los integrantes de este cuerpo militar en base a información de documentos de la segunda mitad del siglo XVIII: plantea que la gran mayoría de los soldados partidarios de los fuertes de la gobernación eran nacidos en América y que por lo general buscaban servir en los fuertes de la jurisdicción de donde eran naturales. Expone que en el fuerte del Río Negro predominó gente de la jurisdicción de Jujuy, mientras que en los fuertes de Santa Bárbara y San Bernardo -en tanto tenían una ubicación más riesgosa y menos deseada- se establecieron personas que migraron desde el Alto Perú. Su edad rondaba los 30 años y fueron identificadas como “mestizos”, “mulatos”, “negros” y “pardos”; con un promedio de tiempo de servicio de unos ocho años, aunque algunos individuos residieron en los fuertes por más de diez años. Explica que, por sus funciones en la frontera, recibían en concepto de prest ocho pesos mensuales (que el autor estima que representaba el doble de lo que recibirían como peones de campo) y raciones alimenticias (consistentes en carne, bizcocho, yerba y tabaco).^[15] Además, contaban con la posibilidad de que se les asignase una chacra para su subsistencia y de obtener otro ingreso al participar en las actividades agrícolas, ganaderas y artesanales que se realizaban en las unidades productivas cercanas a los fuertes. A partir de estos datos, el autor considera que su incorporación como soldados partidarios, y su traslado al espacio de frontera junto con sus familias, formaba parte de una estrategia para mejorar sus condiciones de vida que suponía un cambio permanente.

Según las normativas dispuestas, los partidarios estaban bajo el mando de los comandantes de los fuertes, dependientes a su vez de los gobernadores de armas que eran designados por el gobernador del Tucumán como responsables del cuidado de la frontera. Nuevamente Gullón Abao (ibid.) nos aportó información abundante respecto al perfil social de estas autoridades, la delimitación de sus obligaciones y las posibilidades de ascenso social que les brindaba su traslado hacia la frontera. En su investigación, explica que los comandantes eran elegidos preferentemente entre peninsulares o españoles nacidos en América que pudieran demostrar varios años de experiencia militar a nivel personal o familiar y que supiesen leer y escribir. A partir de su designación, debían residir en los fuertes y asegurarse de que estuvieran en buen estado. Además, les correspondía participar de las expediciones hacia el interior del Chaco, informar sobre los indígenas que estaban reducidos y sus vínculos con parcialidades no sometidas, reconocer el terreno, descubrir caminos y aconsejar sobre la factibilidad de avanzar la línea de fuertes.

Más allá de las retribuciones que les correspondían por sus tareas (un salario de hasta 600 pesos anuales y doble ración), ocupar estos puestos les permitió adquirir poder, acercarse a las elites de las ciudades y hacer uso de las tierras inmediatas a los fortines y a la reducción. Sánchez (op. cit.) afirma que tuvieron intereses propios para asegurar la frontera de los indígenas no sometidos ya que pudieron efectivizar ocupaciones de hecho sobre tierras, por medio de mercedes o transacciones económicas, y montar haciendas y estancias con las que participar del circuito comercial (pp. 64-67). Como mano de obra de sus empresas hicieron uso de los mismos soldados partidarios que se encontraban bajo su mando –a veces en forma de contrato y otras como parte de sus prestaciones en los fuertes- y de los indígenas –ya fuera que se tratase de indios reducidos, “amigos” o cautivos-. Además, su posición, les habría facilitado apropiarse del ganado de las instituciones defensivas y religiosas, malversar los ingresos provenientes de la recaudación del impuesto de la sisa, incluir soldados inexistentes en las listas de los fuertes para cobrar su paga, etc. (Gullón Abao, op. cit., p. 212; Sánchez op. cit., pp. 130-132).

Gregorio de Zegada resulta un buen ejemplo de las trayectorias de quienes llegaron a ocupar los cargos más altos en relación con el resguardo de la frontera y del papel que jugaban tanto los gobernadores de armas como los comandantes de los fuertes en la provisión de mano de obra para las unidades productivas. Cruz (2001), realizó un estudio sobre este individuo que nos permite conocer algunos detalles. Zegada, nació en Granada en 1734 y por un tiempo residió alternativamente en las ciudades de Potosí y Buenos Aires para participar de los circuitos mercantiles por medio de la comercialización de efectos de Castilla. En 1755 se estableció en la ciudad de Jujuy y parte de sus actividades viraron hacia la exportación de ganado hacia Charcas. Unos años más tarde se incorporó a la elite local por medio del matrimonio, el cual le permitió acceder a una herencia de mercedes de tierras en la frontera oriental y a propiedades en la ciudad. En la década de 1770 pasó por diferentes cargos: fue procurador de la ciudad, defensor de menores y naturales y alcalde de primer voto. En 1781 se desempeñaba como gobernador de armas de Jujuy y tuvo un papel destacado en la represión de los movimientos que se suscitaron al este de la ciudad a partir de lo cual presentó una solicitud de méritos y servicios al Rey, obtuvo diferentes reconocimientos y la designación en 1784 como teniente del gobernador intendente en la ciudad de Jujuy. El estudio abordado también nos permitió saber que, a la par de este recorrido, montó en el valle de San Francisco las haciendas de Sora-Campo Colorado, San Lorenzo-Río Seco y del Río Negro, para cuyo funcionamiento recurrió –ayudado por su cargo de gobernador de armas- a los comandantes de los fuertes para asegurarse una provisión regular de mano de obra. Algunos documentos dan cuenta de que utilizó a los soldados partidarios para el traslado del ganado o que se instituyó en ciertos años como un destacado proveedor de carne para los fuertes. En la zona de valles, además, contó con las haciendas El Pongo y Los Ceibales.

Según nos sugieren las indagaciones de Cruz (ibid.), Sánchez (op. cit.), Gullón Abao (op. cit.) y Vitar (op. cit.), entre otros, la distancia económica y de jerarquía social entre soldados partidarios, por un lado, y gobernadores de armas y comandantes de los fuertes, por el otro, fue creciendo a lo largo del siglo XVIII. Todos ellos buscaban en la frontera posibilidades de ascenso social, pero de acuerdo con las investigaciones mencionadas se infiere que solo los segundos lo habrían logrado, apoyados por una política colonial y unos representantes de la misma que les abría los puestos y la permanencia en dichos oficios y las posibilidades de conseguir los recursos para enriquecerse y para profundizar lazos con las elites de las ciudades. Los soldados partidarios, por su parte, experimentaban recurrentes atrasos en el pago del prest que les correspondía y solían encontrarse con que los alimentos que se incluían en su ración eran de mala calidad o estaban en mal estado, por lo que se veían empujados a vivir endeudados por la compra de mercancías a comerciantes que probablemente tuvieran acuerdos con sus superiores. Hacia 1780, por ejemplo, hacía dos años que las tropas destinadas a la frontera de Jujuy no recibían su correspondiente paga, lo cual favoreció la aparición de mercaderes que les fiaban los productos al doble o triple de lo que valían o el establecimiento del “boleto”:

especie de pagaré que daban los comandantes por el prest que les correspondía; pero este sistema generó […] abusos […], pues “se les obligaba a recibir cuatro pesos en género si quiere ver uno en dinero”; géneros, por otra parte, de peor calidad y mayor precio, que aumentaban los beneficios de los prestamistas (Gullón Abao, op. cit., p. 244).

Al resguardo de los fuertes y las misiones religiosas: la presión demográfica y productiva sobre las tierras al sureste de la ciudad

Como mencionamos al dar cuenta del proceso general, las unidades productivas volvieron a constituirse como un frente de avance pastoril y demográfico de importancia sobre territorios no conquistados desde mediados del XVIII (Vitar, 1991). Para este nuevo empuje fue significativo, por un lado, la protección que brindaron los fuertes y las reducciones y, por el otro, la serie de mercedes que se otorgaron entre 1710 y 1779 sobre tierras ubicadas hacia el sureste de la ciudad de Jujuy, más allá del territorio dominado (Madrazo, 1982, p. 73). Sandra Sánchez (op. cit.) explica que estas tierras dadas en merced durante el siglo XVIII al este de la ciudad

en su conjunto formaban un semicírculo que de norte a sur encerraban los territorios “civilizados”. Casi todas estas tierras quedaron comprendidas en el llamado valle de río Negro o del río de San Francisco, actuales departamentos de Ledesma, San Pedro y Santa Bárbara (p. 66).

Si bien no contamos con un estudio sobre la estructura agraria en el sector suroriental de la jurisdicción de Jujuy a fines del siglo XVIII, encontramos información que nos ayudó a delinear algunas de sus características y a tener una imagen más definida del paisaje social de la zona de acción de la alianza y de la justicia. El censo general de población efectuado entre fines de 1778 y principios de 1779 consignó en el curato de la ciudad de Jujuy 31 haciendas y un pueblo de indios, habiendo desaparecido del registro los otros tres pueblos de indios que se habían fundado en las cercanías de la ciudad.^[16] Al guiarnos por la cantidad de personas y familias que albergaban según esta fuente, observamos que el mundo de las unidades productivas hispanocriollas incluidas en este curato abarcaba un amplio rango de tamaños diferentes. La hacienda de Los Alisos era la más numerosa con unas 500 personas anotadas. En otras unidades productivas -tales como las haciendas de Palpalá, Río Blanco, Zapla, Capillas y León y Chañi- se inscribieron entre 100 y 170 individuos, mientras que las haciendas Lambedero, El Brete, Los Sauces, Yala y San Pablo reunían entre 38 y 66 habitantes. Finalmente, encontramos la hacienda de Lormenta^[17] con solo dieciséis personas empadronadas. Notamos que la mayoría de los individuos integraban familias nucleares o extendidas, contando algunas pocas con peones al momento de efectuarse el censo. Según los cálculos efectuados por Rasini (1965), la mayor parte de los residentes de estas haciendas eran mestizos (1436) e indios (1123), aunque también había una importante presencia de personas clasificadas como mulatos (556) y negros (316). Los españoles, en cambio, eran contados (23).

Por su parte, el pueblo de indios de San Ildefonso de Ocloya contaba en el censo con el que trabajamos con 39 habitantes. Sabemos que desde su fundación sufrió varios traslados y la disgregación de parte de su población por intervención de sus encomenderos, quienes procuraron asentar a los ocloyas en sus tierras privadas. Quedó apostado a fines del siglo XVII en su ubicación actual, luego de la cual logró obtener extensas tierras de comunidad que “abarcaban gran parte de la cuenca del río Ocloya y con acceso al río de San Francisco y las pampas de Ledesma” (Sica, 2016, p. 178). Recurriendo a la justicia para frenar los intereses españoles, sus integrantes pudieron mantenerlas hasta las primeras décadas del siglo XIX (Sica, 2019, p. 228-245).

En relación a los otros pueblos de indios que no aparecen consignados en este documento producto de un recuento demográfico, cabe tener en cuenta la observación que realiza Sica (2016) respecto a que la hacienda de Yala integraba a los escasos miembros de la aún vigente encomienda homónima; mientras que las haciendas de Palpalá y Río Blanco consignaban una importante cantidad de población indígena sin indicar su origen. A raíz de esta constatación, la autora sospecha que una parte de estos indios serían -precisamente- los antiguos integrantes de las desaparecidas reducciones de San Francisco de Paipaya y de San Francisco de Ossas, que estaban ubicadas cerca de las haciendas mencionadas.^[18] Según su reconstrucción, la pérdida de sus tierras en manos privadas se habría dado a principios del siglo XVIII -cuando sus integrantes fueron unidos bajo un mismo encomendero y concentrados en San Francisco de Ossas- y a fines del mismo siglo -al producirse la extinción de las encomiendas por la muerte de su última encomendera- (pp. 180-181).

Hacia el sureste, en el curato de Perico, la mayor parte de la población fue consignada como mestiza, sin presencia de indios. Se observa que el registro se realizó por “distritos”^[19], entre los cuales nos interesa recuperar como ejemplo aquel llamado “Ceivales” ya que sabemos que funcionó una hacienda homónima perteneciente a Gregorio de Zegada. En este distrito se anotaron 84 mestizos y cuatro mulatos, aunque debe tenerse en cuenta que esta parte del censo estaba deteriorado al momento de la transcripción y que se publicó solo aquella información que resultaba legible. Por ende, las percepciones sobre las cantidades totales y la adscripción étnica de la población censada de este curato, puede estar distorsionada por las malas condiciones en que se encontraba el documento.^[20]

El área de la frontera delimitada por el valle de San Francisco no se incluyó en la transcripción de este censo general que fuera publicada por Ricardo Rojas, pero nos acabamos de referir a tres ejemplos de unidades productivas que se articularon bajo el amparo de las reducciones y fuertes en ese valle: la hacienda de San Lorenzo-Río Seco, la hacienda de Sora-Campo Colorado y la hacienda del Río Negro. El fuerte de Ledesma también contaba en su cercanía con una hacienda en funcionamiento. Por los testimonios del expediente judicial de 1781 también sabemos que la reducción de San Ignacio contaba aún con una estancia en funcionamiento, aunque no nos queda claro si el trabajo en la misma proveía a la reducción o se destinaba a satisfacer los intereses de algún español en particular. Conocemos por los trabajos de colegas que, en las últimas décadas del siglo XVIII, al menos las primeras tres haciendas mencionadas se dedicaban a la producción de caña de azúcar, café y añil y a la cría de ganado vacuno y mular destinadas al mercado local y regional; mientras que las relaciones con los indios reducidos y no reducidos, hacían posible adquirir miel, pescado, madera y palmas para cubrir las necesidades de las haciendas o de la familia de su dueño (Cruz, op. cit.; Sánchez, op. cit., p. 70).

Si cruzamos la información que venimos sistematizamos hasta el momento, podemos afirmar que en estas unidades productivas se encontraron en tanto mano de obra los soldados partidarios de los fuertes, miembros de parcialidades indígenas del Chaco que tenían distintos vínculos con la sociedad colonial y descendientes de los indios vinculados con encomiendas. Debemos sumar a los grupos mencionados, un importante segmento de personas que se trasladaron a la zona para trabajar como peones, arrimados o agregados. Nacuzzi (2010, p. 11), al reflexionar sobre las fronteras de la Patagonia y el Chaco como espacios de interacción, opina que es muy probable que los hispanocriollos se hubiesen sentido más protegidos en los ámbitos de contacto e intercambio generados por los fuertes, las reducciones y las haciendas o estancias. Nos resulta importante destacar -por el análisis que haremos a continuación- que entendemos que la presión poblacional sobre las tierras del oriente no provino únicamente de los habitantes que se desplazaban desde la ciudad de Jujuy o de la gobernación del Tucumán, sino que procedió también de sujetos que llegaron desde distintos puntos de la Audiencia de Charcas. Mata de López (op. cit., p. 70) ha señalado que la recuperación demográfica en el sur andino estimuló una significativa migración de población altoperuana hacia la jurisdicción de Jujuy y Salta, lo que contribuyó a que el poblamiento de sus respectivos espacios de frontera adquiriera ciertas características. Castro Olañeta y Palomeque (2016) precisan que, durante el proceso migratorio de Charcas al Tucumán, fueron fundamentalmente poblaciones de Chichas, Atacama, Tarija y Cinti -en orden de importancia- las que se trasladaron hacia la gobernación y sugieren que

solo el incremento general de la población del siglo XVIII, la expropiación de las tierras de los pueblos de indios o una agudización de las tasas de explotación por parte de los empresarios agrarios podría explicar esta inmigración hacia el sur, en búsqueda de mejores tierras y condiciones laborales al igual que tasas más reducidas (p. 75).

La mencionada imposibilidad de contar con una investigación referida a la estructura agraria de este espacio de la jurisdicción de Jujuy, nos dificulta definir cómo fue la inserción de estas personas que se trasladaron y asentaron en el mismo. Las declaraciones reunidas en nuestra fuente principal nos sugieren distintas situaciones: intuimos que alusiones respecto a que eran “avecindados”, “residentes” o “asistentes” estarían indicando distintos status y tiempo de presencia en la zona. También se nos presenta diverso y opaco el tipo de vínculo que desarrollaron con las unidades productivas mayores: encontramos menciones que van desde la presencia explícita de arrimados y conchabados, hasta testimonios de individuos que declararon usufructuar “su” chacra en un paraje cuyo nombre coincidía con el de alguna estancia o hacienda. Otro problema con el que nos encontramos es que no pudimos dilucidar cómo era su inclusión en las milicias y cuál era el estado de reglamentación que había alcanzado esta fuerza en Jujuy hacia 1781.^[21] Sería información de gran utilidad, ya que descubrimos que algunos testigos pasaron a desempeñarse como tales en la coyuntura que trabajamos y desertaron prontamente para plegarse a la coalición.

Delinear un boceto: el perfil social de los sospechosos, acusados y prófugos de la justicia colonial

Teniendo en cuenta la reconstrucción previa, procederemos a exponer aquello que logramos dilucidar sobre el perfil social de los implicados en las acciones colectivas que estudiamos. Como ya lo adelantáramos, esto nos llevó a realizar otro acercamiento al expediente judicial que consistió en detenernos, no solo en las 54 personas llamadas a declarar por las autoridades coloniales, sino también en aquellos grupos o sujetos que fueron comprometidos en los testimonios pero que -por distintas razones- no tuvieron la oportunidad de brindar su versión de los hechos. Varios de ellos lograron escaparse y eran buscados como prófugos, otros murieron en diferentes enfrentamientos y un segmento significativo no fue llamado a declarar a pesar de conocerse su paradero. En la medida que nos fue posible, y a partir de nuestras preguntas, rastreamos a los individuos que identificamos en el censo de 1778 y en otras fuentes que citaremos oportunamente. Estos documentos, nos ayudaron a precisar datos que no encontramos en el juicio y a delimitar de forma más precisa las áreas y poblaciones alcanzadas por los hechos y la justicia.

Para todos aquellos que logramos individualizar, nos preocupamos por analizar la información que recuperamos sobre su edad y situación familiar, su identificación étnica, su principal medio de subsistencia, su vinculación con los cuerpos militares y su lugar de procedencia y residencia. En general, no tuvimos inconvenientes significativos en esta tarea. No obstante, cabe aclarar de antemano que registramos, tal como estaba escrita en la documentación consultada, la condición de residencia del individuo y la denominación de los lugares. Acabamos de hacer alusión a que los individuos se identificaron como “vecinos”, “arrimados”, “residentes” o “asistentes” y dejamos asentada la sospecha de que cada una de estas referencias pudo implicar distintas jerarquías y antigüedad en la zona. Además, un mismo nombre propio fue usado alternativamente para referirse a un “paraje”, a una “hacienda” o a un “partido”. En las próximas páginas encontraremos, entre otros casos, a miembros de una compañía de milicianos del “partido” de Los Alisos que fueron inscriptos en 1778 en la “hacienda” homónima y que en 1781 declararon que eran “vecinos” o tenían “su asistencia” en el “paraje” o la “hacienda” de ese nombre. Este ejemplo nos sirve también para indicar que nos resultó problemático no contar con investigaciones que nos aclaren la división jurisdiccional por “partidos”, ya que -según se desprende del expediente- era la base de reclutamiento y organización de las compañías milicianas. Finalmente, nos gustaría explicitar que nos preocupamos por observar si la identificación étnica que registramos correspondía a una autoadscripción o a una apreciación realizada por otro individuo (ya sea un testigo, el escribano o alguna autoridad). Cuando no tuvimos un dato preciso, tomamos nota de las diversas descripciones físicas que se efectuaron de las personas. Realizamos estos registros bajo la consideración de que no estábamos ante actores estáticos, sino frente a sujetos o grupos sociales cuyas identidades surgieron y se resignificaron continuamente. Entendemos que sus identificaciones no pueden tomarse como oposiciones cerradas (Barragán, 1992; Schwartz y Salomon, 2008).

Habiendo realizado estas aclaraciones, empezaremos por referirnos a la persona que, según el relato que recuperamos para dar inicio a este trabajo, entró a la reducción de San Ignacio con el objetivo de lograr la colaboración de los tobas. Los miembros del cabildo de Jujuy estuvieron interesados en lograr identificarlo apenas supieron de este hecho. La acción se logró rápidamente por medio del comandante del fuerte del Río Negro, quien les envió una misiva señalando que se trataba de un “mestizo” de nombre José Quiroga.[22] En un bando de captura posterior se lo describió como “alto de cuerpo, flaco, cari largo, pelo propio de color medio amarillo, algo ojoso, mui derecho en el modo de pararse”.[23] El gobernador del Tucumán se refirió a él como “criollo”, expresión que pudo emplear tanto en el sentido de “natural de la tierra” como en alusión a un “estereotipo cultural” que asociaba la condición de americano con una supuesta propensión a la falta de fidelidad al Rey.^[24] En su declaración, Quiroga señaló que era “natural” de Santiago del Estero y “vecino” de la ciudad de Jujuy, donde había sido ordenanza en las cajas reales durante un año, lo que permite suponer que mantuvo contactos recurrentes con la población española.^[25] Además, explicó que se había desempeñado como soldado partidario en el fuerte del Río Negro “desde sus tiernos años”, pero que hacía un tiempo que no se encontraba en esa institución. Si nos guiamos por su testimonio y por el Diario de la expedición al Chaco de 1780, estimamos que su plaza en el Río Negro fue borrada hacia mediados de ese año cuando fue “pedido de ausilio al comandante del fuerte” para una expedición hacia la ciudad de Corrientes.[26] En su testimonio, explica que al frustrarse ese viaje se quedó en la ciudad de Jujuy hasta “el tiempo de la sublevación”.^[27] Como se puede observar, su recorrido personal se adecúa al perfil de los soldados partidarios que reconstruimos en el primer apartado: proveniente de una jurisdicción de la gobernación del Tucumán estuvo en servicio, por una cantidad de tiempo aparentemente considerable, en el fuerte del Río Negro.

En función de la sistematización de la información lograda, distinguimos que otros ocho soldados partidarios declararon en el juicio de 1781. Sus características también resultan concordantes al recorrido de los integrantes de este cuerpo marcado por otros investigadores. En los testimonios fueron descriptos como “de la clase de españoles”, “indio amulatado o mestizo”, “no muy ladino en habla castellana”, “criollo”, “indio”, “blancon de cara”, “de cuerpo blanco” o “mozo blancon”.^[28] Tenían un promedio de 30 años y algunos explícitamente mencionaron que trabajaban en los distintos fuertes desde hacía quince años, mientras que otros hicieron referencia indirecta a prolongados períodos de servicio cuando declararon, por ejemplo, “porque años ha estaba de soldado partidario”.^[29] La mayoría dijo que provenía de jurisdicciones de la gobernación del Tucumán y una minoría marcó otros puntos cercanos de la Audiencia de Charcas. No los encontramos en el censo de 1778, pero posiblemente esto se deba a que ya se encontraban en los fuertes. Por otro lado, hallamos que en el fortín de Río Negro había una persona que hacía dos años que estaba cumpliendo una condena, quien explicó que “aunque se mantenia en clase de preso, que estaba sin prisiones suelto, reciviendo todas raciones como qualesquier soldado”.^[30] Si bien consideramos que no debe confundirse entre unos y otros, no queríamos dejar de mencionarlo ya que estos presos formaban parte del paisaje social de las zonas fronterizas.

Al sumar el número de miembros del cuerpo militar en cuestión que fueron apresados con aquellos que se hallaban fugitivos[31], obtuvimos un total de 22 personas: nueve pertenecientes al fuerte de Río Negro, cinco a la reducción de San Ignacio, dos al fuerte de Ledesma, una al Santa Bárbara y cinco sin especificación. Es un número elevado si consideramos que el fuerte del Río Negro contaba en 1778 con 33 soldados partidarios (con lo cual casi un tercio habría abandonado sus funciones), que la reducción tenía seis soldados partidarios según los testimonios (es decir, que habrían desertado prácticamente todos) y que los testigos expresaron que del fuerte de Ledesma fueron integrados a la alianza la totalidad de sus pagados. Estos cálculos aproximados, nos sugiere una participación considerablemente alta de los partidarios que ocupaban las plazas de estas instituciones defensivas, rol que creemos que estuvo presente en la resolución de las justicias que determinaron que todos debían ser ejecutados.[32] Pensamos que formar parte de este cuerpo los llevó a conocer bastante bien la frontera oriental, a tener trato estrecho con los indios reducidos e “infieles” y a interactuar con los comandantes de los fuertes, el gobernador de armas y los dueños de las haciendas y estancias. Cabe aclarar que, los últimos tres segmentos, no se plegaron a la coalición: el gobernador de armas directamente participó de las reuniones del vecindario para delinear una estrategia de defensa, coordinó expediciones punitivas y convocó a las milicias.[33] El teniente de San Ignacio fue asesinado y los comandantes de los fuertes de Ledesma y San Bernardo fueron sumados a la alianza y, en cuanto pudieron, se separaron y participaron de la represión.[34] Teniendo en cuenta la información que trabajamos, intuimos que procuraron proteger sus intereses en el espacio fronterizo. Recordemos, por ejemplo, que el gobernador de armas tenía haciendas en la zona.

Aunque los tobas de la reducción de San Ignacio no declararon, en la última sentencia se determinó que debían observar la ejecución del “principal cabeza de motín”, lo que sugiere un trato diferencial por su condición de “neófitos”. Ante el mismo delito, se tomó otra resolución. Es posible que ello respondiera a la necesidad de establecer una jerarquía que expresara la benevolencia del Rey, frente a un grupo cuya reciente reducción había contribuido positivamente al estratégico avance de la frontera.[35]

La información en los testimonios insinúa que en la misión de San Ignacio había en 1781 dos parcialidades correspondientes a grupos identificados como “tobas” y que una de ellas -vinculada al “cacique Santiago”- acompañó a los soldados partidarios en los eventos ocurridos luego del ingreso de José Quiroga. El otro segmento, que se indicó que respondía a un cacique de nombre “Tesodi”, se retiró sin que podamos dilucidar si se involucró en los hechos más adelante o si se desplazó hacia el espacio no controlado por los hispanocriollos. La diferenciada actitud coincide con lo que señalamos sobre las sociedades indígenas del Chaco y, en particular, con lo expuesto por María Laura Pensa (2017). Esta autora sostiene que los grupos mencionados en las fuentes del siglo XVIII como “tobas” eran cazadores-recolectores ecuestres y nómadas, organizados en múltiples bandas basadas en el parentesco y la afinidad, con posibilidad de fusionarse o dividirse según lealtades contextuales. Los testimonios también permiten apreciar que el padre doctrinero de la reducción cumplió un papel central en los acontecimientos, orientando las acciones en momentos claves y fortaleciendo la alianza a través de discursos que exaltaban la “hermandad” entre partidarios y tobas.[36] La información con la que disponemos no nos permite estimar cuántos individuos componían cada una de las parcialidades mencionadas ni dar más precisiones sobre el religioso, ya que no los encontramos entre los declarantes y no logramos reunir más datos.

El gobernador del Tucumán y el gobernador de armas de Jujuy aseguraron en distintos informes que un grupo de 100 “matacos” se hizo presente en los alrededores del fuerte de Ledesma con la intención de sumarse a los acontecimientos.[37] La posibilidad resulta verosímil. Como vimos, las reducciones no eran enclaves cerrados, sino que se incorporaron a los ciclos de movilidad de los indígenas chaqueños. Era habitual que quienes se encontrasen reducidos mantuviesen vínculos, alianzas y enfrentamientos con parcialidades que no hubiesen acordado su reducción. Ciertos testigos afirmaron que los matacos habían sido convocados por los tobas. Sin embargo, dado que no hay entre los testimonios menciones que garanticen que esta nación hubiese respondido efectivamente a tal convocatoria, creemos que por el momento debemos trabajar con cautela la identificación realizada por las autoridades coloniales. Nuestra precaución se fundamenta en la imposibilidad de descartar que no se tratase de uno de los numerosos rumores que circularon con intensidad en aquellos días. La inestabilidad que atravesaba la región volvía el terreno fértil para el intercambio de estas fluctuantes novedades. Al mismo tiempo, existe la posibilidad de que los miembros de la alianza hayan buscado -de forma deliberada- crear la ilusión de una gran fuerza en movimiento que incentivase la adhesión de los indecisos. Lo concreto fue que se decidió ejecutar a los matacos sin delación, acción que da cuenta de otro tipo de trato aleccionador ante indígenas que no contasen con algún tipo de pacto vigente con los españoles y que pudo haber estado destinada a romper cualquier posible unión entre bandas de indígenas chaqueños.

Un importante número de los testigos del proceso judicial (25 de 47 sospechosos) estaban relacionados con el desarrollo de actividades productivas en los valles orientales y, entre estos, una parte se vio afectada por la leva miliciana. La resolución de las justicias no fue tan uniforme como en el caso de los soldados partidarios o los indios del Chaco, ya que los castigos fluctuaron entre algunas ejecuciones y una más generalizada aplicación de penas corporales y laborales. Del conjunto sobre sale el caso de un sargento, cuya posición en las milicias fue entendida como un agravante por el fiscal y justificó que le fuera suministrada la pena máxima.

Resulta oportuno recordar que, según vimos al profundizar en el proceso histórico experimentado al este de la ciudad, desde mediados del siglo XVIII se produjo un traslado significativo de población hacia las tierras que quedaron bajo la protección combinada de los fuertes y la reducción, migración propiciada por una serie de mercedes de tierras que fomentaron el surgimiento de distintas unidades productivas hispanocriollas. Hacia fines de la centuria, convivían haciendas y estancias con diferente densidad poblacional y, aparentemente, chacras de pequeña producción familiar. De los cuatro pueblos de indios que se habían fundado en el valle de Jujuy, solo uno (San Ildefonso de Ocloya) mantenía las tierras comunales y los otros habían sido absorbidos por las haciendas españolas persistiendo la encomienda (San Ildefonso de Yala) o sumándose a la culminación de la institución (como en los casos de San Francisco de Ossas y San Francisco de Paipaya). El perfil general de los testigos en cuestión nuevamente da cuenta de estos procesos: la mayoría no había nacido en la zona, sino que provenía -de forma equitativa- de diferentes provincias vecinas pertenecientes a la Audiencia de Charcas (Tarija, Chichas y Cinti) y de distintas jurisdicciones de la gobernación del Tucumán (Jujuy, Salta y Córdoba). En el censo de 1778 observamos que varios de ellos fueron anotados junto con su familia y que fueron identificados como “indios”, “mestizos” y “mulatos” en proporciones similares. Además, nos llamó la atención que muy pocos estaban inscriptos en el mismo paraje donde dijeron residir tres años después. Esta constatación nos motivó a pensar que, una vez trasladados desde sus lugares de origen, posiblemente se movieron entre las haciendas, estancias y parajes de los valles orientales de Jujuy o, incluso, de otra jurisdicción.

Si bien logramos trazar estas tendencias generales, nos resultó dificultoso esclarecer la relación que estos habitantes de los valles orientales mantuvieron con las unidades productivas mayores. Como ya señalamos, carecemos de estudios que reconstruyan la estructura agraria de la zona. A partir de nuestro análisis de las fuentes y de los trabajos previos, creemos que a lo sumo estamos en condiciones de afirmar que este segmento de sospechosos vivía una gran variedad de situaciones en el ámbito rural en el que se había asentado. Tenemos el caso, por ejemplo, de Nicolás Mansilla quien expresó “que oficio solo tiene el de labrador” y que “se ha mantenido con este exercicio de chacarero de las sementeras que tiene en el lugar de Zapla”. Lo encontramos censado en la hacienda homónima, por lo que no pudimos determinar si la chacra que mencionó en su testimonio estaba por fuera de la misma o si había accedido a la tierra que trabajaba como agregado o arrimado.

Otros testigos insinuaron relaciones más directas con los dueños de las haciendas y estancias, al indicar que “oficio no tenia ninguno, que era arrimado a las tierras de Don Francisco Zavaleta” o al afirmar que “llego a la hora de siesta a casa de su patrona Doña Isabel de Albernas”.^[38] Diego Avalos expresó “que oficio no tiene ninguno pues solo estaba conchabado con el governador de armas, y vivia en la estancia de la poblacion immediata al Rio Negro”^[39]. Se destaca en este testimonio el requerimiento de mano de obra del gobernador de armas, que recordemos tenía diferentes unidades productivas en la zona. Rafael Castillo, que dijo ser “peón o viajero”, había regresado a Jujuy para ver si podía conchabarse en el traslado de mulas.^[40] La relevancia de la necesidad de trabajar con estas precisiones se vislumbra si tenemos en cuenta que Sonia Tell (2008) explica que

los conchabados eran trabajadores estacionales que trabajaban por un salario y los agregados eran trabajadores permanentes que trabajaban simultáneamente para su subsistencia y para el patrón, aportaban sus propios útiles de trabajo y a cambio recibían una parcela para autosubsistencia y/o derechos de pastaje para su ganado (p.185).

Farberman (2009a) define la “agregaduría” como una relación de dependencia, donde el agregado era autorizado por un propietario “a poblarse a cambio de trabajos eventuales o de la entrega de una parte de su producción”. La autora subraya que este vínculo “no era de naturaleza exclusivamente económica” sino que podía aportar, además de trabajo, “clientela, red y recursos a movilizar” (p. 4). Contar con estudios que denoten cuál era la situación preponderante en la jurisdicción, y sus consecuencias específicas sobre la población, seguramente nos ayudaría a reflexionar con mayor profundidad sobre las condiciones de vida imperante y sobre las características de la trama social de los valles.

El caso de Juan José Argañaráz -que explicó que “no tenia mas oficio que el del campo, como domar, sembrar, etc.” y al que hallamos en el censo de 1778 anotado en la hacienda de Los Alisos- nos resultó particularmente interesante al dar cuenta de cómo se podían combinar distintas vivencias, vulnerabilidades, seguridades y estrategias. En su testimonio se lee lo siguiente:

Preguntado donde estubo en tiempo de la sublebacion, con quien andaba y por que no bino como soldado a esta ciudad: dize que estubo en su casa sin saber que huviese alboroto alguno hasta que la señora dueña de las tierras les mando decir que se retirasen y que benian los indios, lo que no executo el declarante por no abandonar sus chacaras, y se estubo en compañia de su suegro cuidandolas sin que huviese otra persona alguna, porque unos se havian retirado a los cerros y otros se havian alzado y unidose con los indios, y que el motivo de no haver venido a esta ciudad fue por estar huyendo del señor alcalde de segundo boto quien dias antes havia ido a prenderlo por una demanda que havia puesto contra él una muger sobre unas bacas que le dio en guarda de las que no entrego el multiplico por haverse perdido, y queriendolo dicho señor alcalde que lo entregase por no berse en bochorno de dentrar en la carzel [entre paréntesis: donde nunca se havia visto] no vino a esta ciudad […] por lo que se retiro de su casa a La Viña que es hacienda de Don Adrián Cornejo, donde sembro sus chacaras, y de alli contemplando que las cosas ya estaban sosegadas vino a su casa con animo de pasar a esta ciudad a presentarse, y al otro dia fue quando ya lo trajeron preso.^[41]

Podía darse, entonces, la situación de sujetos que habiendo accedido a una chacra se contratasen ocasionalmente, contando con la ayuda de los miembros de su familia y obteniendo a veces la protección del dueño de las tierras. Esta combinación de alternativas, la visualizamos también en el único declarante que se identificó como “indio natural del feudo de los ocloyas”, quien explicó que estaba trabajando “en la chacara de Zapla perteneciente a su amo Don José Portal” cuando se vio envuelto en la coalición. Otro testigo mencionó que este “indio” era “peón de Luna”, por lo que inferimos que más allá de las obligaciones que tenía con su encomendero se contrataba con otras personas. La participación de estos indios encomendados en los eventos no resulta significativa en el total. Sin embargo, conviene tener presente que vimos que su pueblo de indios fue trasladado en varias oportunidades y que, para fines del siglo XVIII, sus integrantes habían disminuido de manera considerable debido a que sus encomenderos asentaron a una porción de su población en tierras privadas.

Hacia el final del apartado anterior, deslizamos que parte de esta población de los valles se había visto afectada a la leva miliciana y que habíamos descubierto que algunos testigos habían desertado de esta fuerza. En el acuerdo de cabildo del 28 de marzo de 1781 se determinó que

se le pase oficio a su governador de armas Don Gregorio de Zegada a fin de que luego inmediatamente prozeda a citar todas las milicias de la jurisdiccion por medio de los respectivos capitanes de cada compañia para facilitar la combeniente defensa, para lo qual segun se presenten en la plaza se alistaran.^[42]

En varias deposiciones se lee que un grupo de 20 sujetos de la “compañía del partido de Los Alisos” fue interceptado por “convocadores” en el Alto del Comedero durante su traslado hacia la ciudad. Este encuentro habría determinado que terminasen implicados en la alianza que se preparaba para atacar Jujuy. Los testigos Pedro Santos, Norberto Martínez, Juan Baldivieso, Lorenzo y Antonio Humacata formaban parte de ella y el último era su sargento. Dilucidamos que -habiéndose trasladado en el pasado desde territorios al sureste de Charcas[43]- estaban abocados a tareas rurales, pero que el contexto los había llevado a ocupar momentáneamente sus lugares como miembros de una compañía de milicias de la jurisdicción. Por ejemplo, Lorenzo y Antonio Humacata manifestaron, respectivamente, que eran labradores y curtidores. Al segundo los jueces incluso le recriminaron durante su testimonio “si no era christiano” para “creer” en “supersticiones”. El reproche surgió porque, al apresarlo, se descubrió que portaba “unas figuritas de marrano que se le encontraron en la faldriquera labradas de piedra blanca enbueltas en papel y algodon con coca, grasa y cera, y otras inmundicias”. Según explicó “desde que las compro de los indios yungas las traia consigo por que le dijeron que con aquellos multiplicaban las bacas, y que en efecto creyo en esto porque defacto conocio multiplico en sus bacas” y que no “se havia confesado de aquel pecado […] por suponer no fuese culpa”.^[44] Por su descripción, la manera en que las tenía guardadas y la reacción de los jueces creemos que se trataba de una illa, es decir, una entidad que garantizaba la fertilidad, bienestar y abundancia.[45]

Otros milicianos ya habían sido designados en el desempeño de una tarea específica cuando desertaron. Esteban Juárez era natural de la ciudad de Salta y “vecino” de la jurisdicción de Jujuy y dijo que se mantenía con “pescar y una chacarilla que cultiva[ba]”. En su declaración expuso que también fue citado para defender la ciudad y que estuvo un día cumpliendo esta función, cuando se retiró a su casa y terminó involucrado en la alianza.^[46] La identificación de esta y otras personas como miembros de este cuerpo^[47], sumada a menciones imprecisas sobre la presencia de espías en la ciudad y en sus trincheras, nos sugiere un número más elevado de desertores que estaban cumpliendo funciones en la ciudad que aquel que logramos computar.^[48] La posibilidad, por lo menos, estaba generando preocupación entre los integrantes del cabildo jujeño y algunos oficiales militares, quienes acordaron pagar diariamente dos reales y ración a quienes contribuían en la defensa de la ciudad, ya que opinaban que era la razón por la cual estaban abandonando sus puestos y yendo “en busca del enemigo”.^[49]

Al menos otras cinco personas que terminaron en la cárcel en carácter de sospechosos estaban ejerciendo su rol de milicianos en otro puesto. Declararon que fueron remitidos al fuerte de Ledesma en carácter de “socorro” desde lugares que se sitúan en el curato de la ciudad, excepto por el caso de un tejedor que se hallaba de paso en los valles orientales y que percibió una remuneración por parte de un particular para que ocupase su lugar. Al serle preguntado el motivo por el que estuvo entre los indios cuando “se rebelaron contra la ciudad”, respondió que

con ocasion de haver llegado al paraje de Leon a casa de un hombre llamado Bonifacio que tambien es de oficio texedor lo binieron a citar a este para que fuese de socorro al fuerte de Ledezma, quien por no ir le ofrecio al declarante seis pesos porque fuese en su lugar y por este interes admitio y camino con otros mas a dicho fuerte donde llegaron el domingo, y al otro dia trabajaron en la toma de la cequia, y el martes ya imbadieron los indios tovas el citado fuerte […] con otros que no conocia sus nombres por ser forastero.^[50]

Estimamos que el envío de “socorros” a este presidio respondió a la necesidad de reforzar su defensa ante las novedades que se fueron conociendo. La lectura de uno de los acuerdos del cabildo de Jujuy trasladados al expediente nos permitió confirmar que se trataba de milicianos, y no de soldados partidarios. En el mismo, se puede leer un fragmento en el que se informaba que los indios y los soldados partidarios de la reducción de San Ignacio habían pasado al fuerte de Ledesma “obligando a varios soldados de su guarnicion, assi pagados como milicianos, que en su socorro havian ido los siguiesen para las empresas que tenian acordadas entre si”.^[51] José Alemán -natural de la jurisdicción de Cinti- y Gregorio Juárez -que no logró ser apresado y que algunos testigos lo describen como “mulato” o como “un pardo alto”- eran soldados partidarios de este fuerte.

Consideraciones finales

Cuando comenzamos a investigar sobre la concreción de una alianza multiétnica en el espacio suroriental de la jurisdicción de Jujuy, en el contexto de los grandes levantamientos en el Perú y Charcas, consideramos necesario realizar un análisis sobre las diversas trayectorias experimentadas desde la llegada de los españoles a la región. Entendíamos que esto nos permitiría comprender los relatos de los testigos, significar las distintas maneras en que se identificaron y dotar de sentido los lugares que mencionaron. Las operaciones que realizamos en esa línea estuvieron en la base de un artículo en el que reconstruimos la causa judicial y recuperamos la narrativa que las autoridades coloniales elaboraron para justificar su accionar contra la amenazante coalición (Glatstein, 2017). También resultó un análisis subyacente en un trabajo que publicamos sobre las prácticas ejecutadas por esta alianza para lograr un exitoso avance sobre la ciudad, con el que esperaban eliminar o subordinar a los españoles (Glatstein, 2019).

En esta oportunidad, deseábamos compartir los resultados de esa operación que acompañó la elaboración de nuestros escritos sobre el tema y que continuamos profundizando hasta que adquirió su forma actual, gracias a que logramos una mayor precisión en la información que recabábamos y a que perfeccionamos la metodología que empleábamos. Ese continuo trabajo de delimitación e historización del espacio y de la población afectada por los eventos, nos permitió observar que parte de los hechos que se juzgaron en 1781 se condensaron en la región de los valles orientales, la cual se constituyó desde la fundación de la ciudad de San Salvador de Jujuy en una zona de frontera móvil y dinámica entre la sociedad hispanocriolla y los numerosos grupos indígenas que habitaban esas tierras bajas que se extendían hacia el este. Lejos de ser una franja infranqueable, comenzamos a notar su porosidad y la variedad de relaciones y situaciones que se experimentaron a lo largo del período colonial. En las investigaciones especializadas es posible identificar coyunturas donde primaron las relaciones pacíficas y otras en las que la tensión derivó en enfrentamientos y en la organización de expediciones punitivas hacia el territorio no dominado, que comenzó a conocerse tempranamente con el nombre de Chaco. Distinguimos que, luego de un importante retroceso en la ocupación hispanocriolla de los valles durante años en que aumentaron las fricciones, fue posible para los vecinos de la ciudad mejorar la seguridad de sus emprendimientos y personas en las tierras ubicadas al este. Así el área de frontera más endeble se estableció a la altura del valle de San Francisco.

Esa nueva coyuntura que comenzó a mediados del siglo XVIII se nos presentó como un momento significativo para nuestro estudio, ya que fue en su marco que surgieron los fuertes, la reducción y las distintas unidades productivas que encontramos mencionadas en los testimonios del juicio que usamos como fuente principal. También nos resultó importante, porque fue en el espacio generado por estas tres instituciones que comenzó a convivir e interactuar una población diversa, que veríamos reflejada en el perfil de los sospechosos de implicarse en los eventos judicializados. Observamos que pertenecían a ese mundo en el que soldados partidarios de los fuertes interactuaban con los indígenas y con esa población de tan diversos orígenes territoriales y étnicos, que las autoridades coloniales denominaron genéricamente como “gente plebe”. Un ejemplo vívido de las profundidades que podía alcanzar esta mixtura la encontramos en la deposición de un soldado partidario de la reducción de San Ignacio, quien relató que en una de las marchas punitivas que se organizaron desde la ciudad “fue preso” y que debió “rogar” para “que no lo matasen porque era christiano, lo que sin duda huviesen ejecutado porque su traje no se diferenciaba del de los indios y tambien porque no era mui de dia quando abanzaron”.^[52] El análisis efectuado y este tipo de referencias nos alientan a sostener que estamos ante un mundo de identificaciones fluctuantes en el que los acercamientos entre unos y otros fueron variando según las circunstancias. A fines del siglo XVIII, se abrió un momento de confianza en las posibilidades de ejecutar de forma conjunta una serie de acciones que cambiarían las condiciones sociales y políticas imperantes. Distinguimos que en este marco no surgió una nueva identidad colectiva ya que, por ejemplo, los testigos suelen diferenciarse de los indígenas chaqueños señalándolos como “los indios”. A la vez, observamos que sí llegó a emerger la idea de un “partido” que aglutinó a parcialidades chaqueñas, a soldados partidarios y a pobladores de la zona en torno a un objetivo compartido y que se organizó a partir de redes de amistad, vecindad y parentesco que se estaban desarrollando desde hacía cierto tiempo.

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Notas

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[1] El otro episodio al cual nos referimos se produjo en la Puna de Jujuy. En este espacio, se ensayó publicar un edicto que llamaba a participar de las guerras en Charcas en nombre de Damaso Katari, principal referente de los levantamientos en la región circundante a Potosí. La selección que realizamos implica que no ahondaremos en este otro conjunto de hechos, pero otro artículo reúne parte de lo que dilucidamos sobre los mismos (Glatstein, 2025).

[2] Creemos importante señalar que solo dos mujeres fueron llamadas a declarar, es decir que la gran mayoría de los testigos fueron hombres. Nos inclinamos a pensar que las razones de tal desigualdad en las proporciones, respondió más a una preferencia de los jueces que a una ausencia de participación de aquel colectivo en los movimientos que estudiamos. Introduciremos oportunamente las escasas referencias que encontramos al respecto. Además de las 54 deposiciones mencionadas, otros 20 testimonios presentes en el juicio corresponden a habitantes de la Puna de Jujuy. 

[3] Ginzburg (2010) describe de esta manera la relación entre los inquisidores y las personas juzgadas por brujería que observa en la documentación que trabajó para sus investigaciones. Consideramos que es igualmente atinado para nuestro caso. Para un análisis en profundidad de la construcción del expediente judicial y de una narrativa particular sobre los hechos por parte de las autoridades coloniales, ver Glatstein, 2017.

[4] Metodológicamente, nos resultaron útiles las reflexiones de Guerrero (2010, pp. 239-319) en torno a la ventriloquía y las deliberaciones de Ginzburg (op. cit.) y Salomon (2013) sobre las posibilidades de análisis que brinda trabajar los testimonios como textos dialógicos, lo que nos incentivó a leer a Bajtín ([1979] 2012). Los planteos de estos autores también nos alentaron a prestar atención a los silencios, contradicciones y confusiones propios de los documentos judiciales y administrativos. Consideramos que las dificultades metodológicas en torno al abordaje de los juicios, como lo señala Barriera (2019, p. 257), no impide “trabajar sobre esta fuente para leer relaciones sociales, valores culturales o modos sociales de concebir el conflicto y el consenso”.

[5] AGI, Buenos Aires, 143. Declaraciones de Melchor Cruz y Nicolás Mansilla, fs. 74r y 75r-v. Todos los resaltados que se observan en las citas del presente artículo nos pertenecen.

[6] AGI, Buenos Aires, 143. Carta del gobernador del Tucumán Andrés Mestre al ministro José Galvez del 24 de abril de 1781, Jujuy. Sin foliación.

[7] Recuperamos esta advertencia metodológica de Pensa, op. cit., pp. 48-51.

[8] Estas tensiones se replicaron en otras áreas del Chaco por el traslado de diversos grupos desde la Patagonia, la Pampa y del norte del río Guapay en la actual Bolivia (Susnik, 1972; Vitar, 1997; Lucaioli, 2005, 2009).

^[9] Churumatas, yalas, ocloyas y paipayas fueron concedidos en encomienda entre 1583 y 1584 y los ossas lo fueron en 1593. Los churumatas tuvieron un asentamiento efímero en las cercanías de la ciudad ya que fueron llevados a los pocos años a Salta y Tarija. Los pueblos de indios de San Francisco de Ossas, San Francisco de Paipaya, San Ildefonso de Yala y San Ildefonso de Ocloya -en los que fueron reducidos los otros grupos mencionadas- experimentaron diferentes trayectorias sobre las que nos referiremos más adelante (Sica, 2016, pp. 172, 176; 2019, pp. 99,100).

[10] Resulta importante recalcar que el espacio fronterizo en el que profundizamos forma parte de un área mayor. A lo largo de nuestro análisis no perdemos de vista que la región que pasó a ser conocida como el Gran Chaco Gualamba, y que no pudo ser incorporada al dominio colonial, lindó con otras ciudades no solo de la gobernación del Tucumán sino también de las gobernaciones de Buenos Aires y del Paraguay (Lucaioli, 2010). Boccara (2005, p. 48) propone el concepto de “complejos fronterizos” para dar cuenta de ese “espacio de soberanías imbricadas formado por varias fronteras y sus hinterland en el seno del cual distintos grupos […] entran en relaciones relativamente estables en un contexto colonial de luchas entre poderes imperiales y a través de las cuales se producen efectos de etnificación, normalización y territorialización y se desencadenan procesos imprevistos de etnogénesis y mestizaje”.

[11] Entendemos que el término aludía a mujeres y niños que no participaron de los enfrentamientos y convocatorias, pero que contribuyeron atendiendo enfermos o heridos, cocinando y resguardando bienes apropiados (entre los que se cuentan un número desconocido de caballos).

[12] Para la localización de los lugares mencionados en la documentación se consultaron mapas históricos, actuales y realizados por colegas. Ver, Tommasini (op. cit.), Rojas (1944), Boman (1992 [1908]), Sica (2019, 2020). 

^[13] Refiriéndose a dicha expedición, Tommasini (op. cit., p. 149) señala que “en la campaña que el mismo gobernador sostuvo en el Chaco el año de 1759, presentósele al mandatario el cacique toba Obagaqui [...], pidiendo ser admitido en esta misma reducción [de San Ignacio]. El día 15 de enero de 1760 el cacique daba cumplimiento a su palabra, agregándose con toda su gente a la población antedicha”. Recientemente, Lucaioli y Sosnowski (2024) estudiaron esta entrada general realizada desde las gobernaciones del Tucumán, Buenos Aires y Paraguay. En el artículo en el que sistematizaron sus propuestas, discuten que se tratase de una acción única y coordinada y proponen que cada una de las gobernaciones propició objetivos diferentes. Al detenerse tanto en las fases de planificación como de ejecución, demuestran importantes distancias entre el plano discursivo y el de los hechos, sosteniendo que el gobernador del Tucumán buscó explorar la región sin entablar contacto con los indígenas, mientras que el gobernador de Buenos Aires estuvo más interesado en emprender una campaña ofensiva para la pacificación del Chaco. Las tropas que ingresaron desde la gobernación del Paraguay, por su parte, solo habrían tenido un papel secundario en la empresa.

[14] La obtención de ganado significaba para los grupos del Chaco la posibilidad de cubrir necesidades de subsistencia y de insertarse en redes comerciales al intercambiarlo por otros productos, intercambio que se habría intensificado con las reducciones al servir estas “como espacios de intermediación y contacto entre ambas sociedades” (Lucaioli, 2005, pp. 131, 134).

[15] A fines del siglo XVII, la Audiencia de Charcas estableció el impuesto de la sisa que gravaba los productos que salían del Tucumán, Buenos Aires y Paraguay para solventar los gastos que suponía la defensa y el control de la frontera oriental, entre ellos los correspondientes al sustento de los soldados partidarios. Sin embargo, la recaudación tuvo diferentes inconvenientes como aquellos que se desprendían de la fluctuación de la actividad comercial por la interrupción de los caminos que conectaban con el Perú y, de esta manera, la financiación de la guerra fue una cuestión que debió ser atendida y negociada con los vecinos principales (Vitar, op. cit., pp. 158-166).

^[16] Rasini (op. cit., p. 139) identifica en esa fuente las siguientes 31 haciendas en el curato de Jujuy: Los Alisos, Juan Galán, Cuiaya, Palpala, Río Blanco, Lambedero, El Brete, Zapla, Capillas, Corral de Piedras, Paio, Tilquisa, La Cuesta, Trigo de Pampa, Chigras, La Viña, Carmen Chanchillo, Cabral, Los Perales, Quebrada Seca, Jayre, León, Chañi, Yutumaio, Lozano, Los Sauces, Yala, San Pablo, Agua Caliente, El Molino y Lormenta. El pueblo de indios que se registró es el llamado San Ildefonso de Ocloya.

^[17] Cabe aclarar que Lormenta también aparece en los documentos coloniales como “Ormenta”, “Normenta” o “La Ormenta” (Sica, 2019, p. 238).

^[18] En la hacienda de Palpalá se anotaron 132 indios sobre 156 habitantes y en la de Río Blanco se anotaron dos indios y 39 mestizos. Durante el siglo XVIII, los encomenderos procuraron disimular la disminución de sus encomendados incluyendo a sujetos de otras “castas” (Sica, 2016, p. 180).

^[19] Se consignan diez distritos: Perico de Mora, Cabaña, Ceivales, Cuchiguazi, Abalos, Zapallar, Isla, Seberno, Hornillos y Caraguasi.

^[20] Los datos referidos a la cantidad de personas (y su adscripción étnica) anotadas en cada curato, hacienda y paraje, fueron extraídos del estudio efectuado sobre el censo por Rasini (op. cit.).

^[21] Las milicias fueron escasamente trabajadas en la Gobernación del Tucumán y no fueron objeto específico de estudio en Jujuy, por lo que sistematizaremos los datos que brindan nuestras fuentes para su utilización en otras investigaciones. Cabe aclarar que, a partir de distintos trabajos sobre otros espacios, sabemos que las milicias comenzaron a utilizarse tempranamente en el continente americano y que tenían la particularidad de formarse espontáneamente en momentos de emergencia y desarticularse una vez que esta era superada. Esto quiere decir que se trataba de tropas cuyos integrantes no se dedicaban regularmente a la actividad militar, sino que desempeñaban distintos oficios o desarrollaban actividades vinculadas con el ámbito rural. Se organizaban en compañías con una jerarquía establecida que no tenían una permanencia duradera y que, al menos en un principio, no recibían una remuneración por el servicio que prestaban. Pudimos dilucidar que, a mediados del siglo XVIII, la Corona buscó aumentar su disciplina y estableció que todos los hombres aptos debían estar enlistados en milicias, para responder cuando las circunstancias lo requiriesen como una demostración de lealtad a la monarquía. En ese contexto también se ordenó el entrenamiento militar de todas las compañías y se decidió que debían contar con sustento y fuero militar mientras durase su movilización. Esta regulación comenzó en Cuba y fue aplicándose en los distintos virreinatos y gobernaciones de forma progresiva (Dainotto, 2012; Rustán, 2015). Como indicáramos, desconocemos si la jurisdicción de Jujuy ya había sido alcanzada por estas modificaciones. Sofía Dalmasso (2022, 2023) desarrolló una investigación específica sobre las características de las distintas fuerzas militares en la jurisdicción de Córdoba durante la segunda mitad del siglo XVIII.

[22] AGI, Buenos Aires, 143. Traslado del acuerdo del cabildo de Jujuy del 28 de marzo de 1781, fs. 202v.

[23] Tuvimos acceso al bando enviado a publicar por el alcalde de primer voto de Jujuy en búsqueda de soldados partidarios prófugos a través de una transcripción parcial realizada por Farberman (2009b).

^[24] AGI, Buenos Aires, 143. Carta del gobernador del Tucumán Andrés Mestre al ministro José Galvez del 24 de abril de 1781, Jujuy. Sin foliación. Para un análisis de estas dos acepciones del término “criollo”, ver: Lorandi y Bunster, 2013, p. 61.

^[25] AGI, Buenos Aires, 143. Declaración de José Quiroga, fs. 245v-246r. Los jueces resaltaron este aspecto en su indagatoria al hacer alusión en unas de sus preguntas a que había vivido mucho tiempo “entre los españoles”.

[26] Diario de la expedición al Chaco de 1780 de Juan Adrián Fernández Cornejo publicado en De Angelis ([1837] 2002, p. 40).

^[27] AGI, Buenos Aires, 143. Declaración de José Quiroga, fs. 202v y 218v-219r.

^[28] AGI, Buenos Aires, 143. Declaraciones de Juan de Dios Maldonado, Francisco Ranjel, Roque Baca y Domingo Rojas Morales, fs. 38v, 51v, 121r y 231r.

^[29] AGI, Buenos Aires, 143. Declaraciones de Francisco Ranjel y Juan de Dios Maldonado, fs. 51v y 218v.

^[30] AGI, Buenos Aires, 143. Declaración de Francisco Ríos, fs. 58v.

[31] Entre aquellos partidarios que lograron escapar de las expediciones militares enviadas desde la ciudad, individualizamos -por ejemplo- a Basilio Eraso. Según varias declaraciones ocupaba una plaza en la reducción de San Ignacio cuando se dieron los eventos de 1781. En el censo ejecutado algunos años antes, encontramos un individuo de mismo nombre anotado como “indio” en la hacienda de Lormenta, perteneciente al curato de la ciudad de Jujuy.

[32]AGI, Buenos Aires, 143. Sentencia, fs. 113v y 248r-v.

[33] En Glatstein (op. cit.), se puede encontrar de forma detallada la participación del gobernador de armas en la desarticulación de los movimientos.

[34] Para una explicación sobre la diferente actitud tomada por la alianza frente a los comandantes, ver Glatstein, 2019.

[35] AGI, Buenos Aires, 143. Sentencia, fs. 250r. Silva Prada (2007, pp. 445-446) explica que la Recopilación de las Leyes de Indias preveía que los indios podían ser perdonados en caso de ser acusados de rebelión; mientras que Tomás y Valiente ([1969] 1992, pp. 271, 273) sostiene que en casos en que los acusados de traición fueran demasiados el perdón se usaba como un “arma políticamente discriminadora” que le permitía al “Rey victorioso presentarse como generoso de cara a los súbditos rebeldes y derrotados”.

[36] Ver: Glatstein, op. cit.

[37] AGI, Buenos Aires 467, Carta del gobernador del Tucumán Andrés Mestre al ministro José Gálvez del 24 de abril de 1781, Jujuy, s/f. Carta del gobernador del Tucumán Andrés Mestre al virrey Vértiz del 24 de abril de 1781, Jujuy (en De Angelis [1836] 2002, p. 283). Autos de información de servicios iniciados por solicitud de Gregorio de Zegada, 21 de septiembre de 1781, Jujuy (transcripto en Sánchez, op. cit.).

^[38] AGI, Buenos Aires, 143. Declaraciones de Manuel Bejerano y Mariano Galarza, fs. 35r y 43v.

^[39] AGI, Buenos Aires, 143. Declaración de Diego Avalos, fs. 60v.

^[40] AGI, Buenos Aires, 143. Declaración de Rafael Castillo, fs. 117v.

^[41] AGI, Buenos Aires, 143. Declaración de Juan José Argañaráz, fs. 228v-230v.

^[42] AGI, Buenos Aires, 143. Traslado de Acuerdo del Cabildo de Jujuy, fs. 203v-204r.

[43] Cuatro eran naturales de la jurisdicción de Cinti, mientras que uno declaró que provenía de la “hacienda de Mojo” de la jurisdicción de Chichas. En sus respectivos interrogatorios, declararon que tenían su “asistencia” o que eran “vecinos” en el “paraje”, “hacienda” o “partido” de Los Alisos y algunos hicieron referencia a que estaban casados o tenían familia. Al buscarlos en el censo de 1778, encontramos que los últimos tres fueron censados como “indios” en la hacienda de Los Alisos, con sus mujeres e hijos.

^[44] AGI, Buenos Aires, 143. Declaración de Antonio Humacata, fs. 128v-129r.

[45] Oros Rodríguez (2017) explica que “las illas en el área rural andina son figuras pequeñas de animales como llamas, ovejas y vacas; en los rituales, no son solo figuras, son la encarnación misma de estos animales o la materialidad energizada, por ello no es extraño que se las entierren como semillas que crecerán y darán animales fuertes, o que se los marque con lanas coloridas cual, si estuvieran floreciendo, creciendo y reproduciéndose. Estas prácticas rituales provienen desde el período pre-Inka y tienen continuidad hasta la actualidad” (p. 7).

^[46] AGI, Buenos Aires, 143. Declaración de Esteba Juárez, fs. 94v.

^[47] Agradecemos por su contribución en la definición del carácter de milicianos de estos individuos a Sofía Dalmasso.

^[48] En su declaración Martín Vidaurre habló de que “las espias que tenian por aca dentro de las trincheras […] estaban prevenidas para hechar agua a los cañones que ya sabian estaban en la plaza” y Joaquín Jurado siendo preguntado en su ratificación por la presencia de espías expresó que él “no los conocia pero que decian generalmente que las tenian dentro de esta plaza”. El uso del género femenino no implica que fueran mujeres ya que encontramos que el segundo luego señaló como posible espía a un hombre. José Quiroga también va a explicar que pudieron conocer los preparativos defensivos de la ciudad porque “un indio que no sabe su nombre quien dijo se havia escapado de esta ciudad estando de guardia en las trincheras […] les informo por menudo de todo lo que pasaba”. Ver, AGI, BUENOS_AIRES, 143. Declaración de Martín Vidaurre, ratificación de Joaquín Jurado y declaración de José Quiroga, fs. 21r, 84r-v y 224v.

^[49] AGI, Buenos Aires, 143. Traslado de Acuerdo del Cabildo de Jujuy, fs. 204v-209r.

^[50] AGI, Buenos Aires, 143. Declaración de Juan José Chorolque, fs. 120r.

^[51] AGI, Buenos Aires, 143. Traslado de Acuerdo del Cabildo de Jujuy, fs. 203v.

^[52] AGI, Buenos Aires, 143. Declaración de Juan José Almasan, fs. 67r.