Revista TEFROS

Estructura y organización de los cuerpos de soldados partidarios de Córdoba del Tucumán, segunda mitad del siglo XVIII,  de Sofía Dalmasso, Revista TEFROS, Vol. 21, N° 1, artículos originales, enero-junio 2023: 124-162.

En línea: enero de 2023. ISSN 1669-726X

 

Cita recomendada:

Dalmasso, S. Estructura y organización de los cuerpos de soldados partidarios de Córdoba del Tucumán, segunda mitad del siglo XVIII, Revista TEFROS, Vol. 21, N° 1, artículos originales, enero-junio 2023: 124-162.

_____________________________________________________________________________________

 

Estructura y organización de los cuerpos de soldados partidarios de Córdoba del Tucumán, segunda mitad del siglo XVIII[1]

                                               

Structure and organisation of the bodies of partisan soldiers of Córdoba del Tucumán, second half of the eighteenth century

 

Estrutura e organização dos corpos de soldados partidários de Córdoba do Tucumán, segunda metade do século XVIII

 

Sofía Dalmasso

Escuela de Historia, Facultad de Filosofía y Humanidades,

Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina

Contacto: sofidalmasso_0394@live.com.ar – ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8790-5704

 

Fecha de presentación: 18 de julio de 2022

Fecha de aceptación: 25 de octubre de 2022

 

Resumen

El artículo aborda una de las instituciones militares menos conocidas en la Gobernación del Tucumán: los cuerpos de soldados partidarios, creados a principios del siglo XVIII para la defensa de las fronteras. Atendiendo al contexto regional, se profundiza su estudio en la jurisdicción de Córdoba en la segunda mitad del siglo XVIII. Se reconstruye la formación y organización de los cuerpos de soldados partidarios que servían en las fronteras, sus orígenes y perfiles, las tareas y remuneraciones que se les asignaron. Se identifican los recursos de hacienda destinados al sustento y pago del prest de los soldados, en el marco de la adecuación y aplicación regional de las reformas militares y fiscales borbónicas. Se sostiene, en primer lugar, que la particular conformación de las fuerzas militares cordobesas fue perfilada por las disputas y negociaciones entre los milicianos y partidarios, las autoridades y disposiciones que intentaron reglarlas y los grupos afectados al sustento de aquellas fuerzas. En segundo lugar, que los cuerpos armados existentes en Córdoba, como en otros espacios del Río de la Plata, integraron formaciones híbridas o relativamente indiferenciadas de cuerpos veteranos y milicias, como resultado de la dificultad de reclutar partidarios y disciplinar a milicianos.

Palabras clave: instituciones militares; soldados partidarios; fronteras; reformas borbónicas.

 

Abstract

The article approaches one of the military institutions less known in the Governance of Tucumán: the bodies of the partisan soldiers, created for frontier defence by the beginning of the eighteenth century.  Observing the regional context, its study deepens in the jurisdiction of Córdoba during the second half of the eighteenth century.  The formation and organisation of the partisan soldiers that offered their service on the borders, their origins and profiles, the tasks and the payments assigned are reconstructed. The resources of the treasury destined to the payment to the soldiers in the context of the adequacy and regional application of the Bourbon military and fiscal reforms are identified.  Firstly, it is claimed that the particular conformation of Còrdoba’s military forces was shaped by the disputes and negotiations among the militiamen and partisans, the authorities and directions that aimed at regulating them, and the groups involved in supporting these forces. Secondly, it is observed that the bodies in Córdoba, like in other locations of Río de la Plata, were part of hybrid or relatively similar formations of veterans and militiamen bodies, as a result of the difficulty to recruit partisans and discipline militiamen.

Keywords: Military institutions; partisan soldiers; frontiers; Bourbon reforms.

 

Resumo

O artigo aborda uma das instituições militares menos conhecidas do governo de Tucumán: o corpo de soldados partidários, criado no início do século XVIII para defender as fronteiras. A partir do contexto regional, aprofunda-se seu estudo na jurisdição de Córdoba na segunda metade do século XVIII. A formação e organização dos corpos de soldados partidários que serviram nas fronteiras, suas origens e perfis, as tarefas e remunerações são reconstruídas. São identificados os recursos do erário destinados ao sustento e pagamento dos soldados, no contexto da adaptação e aplicação regional das reformas militar e fiscal bourbônicas. Argumentamos, em primeiro lugar, que a formação específica das forças militares de Córdoba foi moldada pelas disputas e negociações entre os milicianos e os partidários, as autoridades e regulamentos que tentaram enquadrá-los e os grupos afetados pelo sustento daquelas forças. Em segundo lugar, que as forças armadas existentes em Córdoba, como em outras áreas do Rio da Prata, integravam formações híbridas ou relativamente indiferenciadas de corpos veteranos e milícias, como resultado da dificuldade de recrutar partidários e disciplinar milicianos.

Palavras-chave: instituições militares; soldados partidários; fronteiras; Reformas bourbônicas.

                                                                    

Introducción

En la Gobernación del Tucumán existieron dos tipos de instituciones militares durante el siglo XVIII, las milicias (cuerpo no profesional) y los soldados partidarios, que constituyeron la fuerza militar efectiva de la corona en la región, al carecer esta de la asignación de fuerzas veteranas, a diferencia de otros espacios americanos como los puertos o las ciudades cabeceras de virreinatos. La constitución de ambas fuerzas en la gobernación fue necesaria porque se trataba de un espacio con múltiples fronteras hostiles y la cadena de ciudades fue fundamental para el abastecimiento y la protección de las rutas de comercio.

En el presente trabajo nos interesa abordar la organización del cuerpo de soldados partidarios que sirvieron en las fronteras de Córdoba, fundamentalmente en la segunda mitad del siglo XVIII, donde la mayor disponibilidad de fuentes permiten estudiarla en profundidad.

Para la gobernación y en Córdoba en concreto, existen relativamente pocas investigaciones que traten la conformación de estas fuerzas militares en el siglo XVIII y su articulación con las políticas de los distintos gobernadores e intendentes. Los principales antecedentes están representados por el conocido estudio de historia militar tradicional del Río de la Plata de Beverina (1992 [1935]) y el de Gullón Abao (1993) sobre la frontera oriental de la Gobernación del Tucumán. Para Córdoba, Punta (1997, 2011) y Dainotto (2012) incluyen la cuestión militar dentro de estudios generales sobre gobierno y justicia, mientras que Rustán (2015) y Olmedo y Tamagnini (2019) la tratan como parte de las políticas de frontera en el primer caso y el ordenamiento territorial en la frontera sur en el segundo. González (1995, 1997) releva los reglamentos y disposiciones expedidas por los distintos cuerpos de gobierno, se centra en las deserciones milicianas de Córdoba, pero no distingue a las milicias de los soldados partidarios, por lo cual no brinda información específica sobre estos últimos. Además de los citados, aportan información sobre partidarios otras investigaciones sobre distintos segmentos de la frontera con el Chaco (Cruz, 2011; Glatstein, 2015; Hamud Fernández, 2021).

Sobre la base de estos antecedentes, advertimos la pertinencia de avanzar en el estudio de la composición y organización de estos soldados, en el marco de la aplicación y adecuación regional de la reforma militar de 1764 en la Gobernación del Tucumán, a la cual entendemos como un proyecto cuya aplicación fue negociada y adaptada a la compleja trama social existente en cada uno de los espacios integrantes del imperio español (Kuethe, 2005; Kuethe y Andrien, 2018). Específicamente, en este trabajo nos proponemos reconstruir la formación y organización del cuerpo de partidarios que servía en las fronteras de Córdoba, su composición y orígenes, el perfil de estos soldados, las tareas que se les asignaron y su remuneración; asimismo, identificar los recursos de real hacienda destinados al sustento de las fuerzas militares y/o el pago del prest (y modalidades de pago), en el marco de la aplicación regional de la reforma militar antedicha.[2] Mediante el examen de un caso de conflicto, realizaremos una aproximación preliminar a las resistencias y negociaciones de los partidarios sobre sus condiciones de servicio y remuneración.[3] Para ello, integraremos documentación judicial, de gobierno, de hacienda y registros parroquiales, estas dos últimas no utilizadas para tratar este tema en las investigaciones antecedentes.

Privilegiamos un enfoque regional, teniendo en cuenta las propuestas analíticas de Kuethe y Andrien (ibid.) y Fradkin (2009, 2016), quienes advierten que no son extrapolables las características de las fuerzas armadas de una región a la otra y es necesario realizar estudios situados en contextos específicos, que capten las distintas denominaciones de estas fuerzas y sus ambigüedades presentes en la documentación. Así mismo, señalan la existencia de múltiples adecuaciones de un marco normativo y concepciones generales compartidas, las que variaron según las condiciones particulares de cada región, lo cual hace necesario observar históricamente estas fricciones y negociaciones dentro de las fuerzas militares en cada espacio. Por último, los autores apuntan la necesidad de realizar un estudio que integre el largo plazo y las distintas dimensiones jurisdiccionales que contuvieron a la región de estudio, en nuestro caso todo el siglo XVIII y las escalas imperial, virreinal, gobernación y jurisdicción de la ciudad de Córdoba.

 

Políticas militares borbónicas: el marco atlántico

Entre los autores especializados existe actualmente consenso sobre la “relación simbiótica” entre guerra y reformas borbónicas en el mundo atlántico español, entendido este último como un espacio de constante interacción y mutuo impacto entre los eventos en la península y las diferentes regiones americanas (Kuethe y Andrien, op cit., p. xv). Distintas “olas” de reformas borbónicas enfrentaron la necesidad de fortalecer el poder de la monarquía y de optimizar el estado del extenuado ejército tras la Guerra de Sucesión española. La pérdida de la estratégica ciudad de La Habana (la plaza fuerte más importante en América) y de Manila en Filipinas, en manos de tropas inglesas en 1762 en el marco de la Guerra de los Siete Años y la posterior devolución de La Habana a cambio de la Florida, es considerada por los especialistas como el punto de inflexión de la reforma militar en América. Estos hechos inauguraron la ola reformista más agresiva y ambiciosa: durante los reinados de Carlos III (1759-88) y Carlos IV (1788-1808), la corona buscó aumentar su capacidad para hacer la guerra eficazmente, reforzando las defensas de las Indias comenzando con el disciplinamiento de milicias en Cuba desde 1763 (Kuethe y Andrien, ibid.).

Las milicias, institución de origen medieval, se originaron en América en el siglo XVI, aceptando la Corona su existencia como única fuerza disponible para enfrentar las necesidades militares en la colonia. Se trataba en sus inicios de compañías sueltas de vecinos en armas, no profesionales, de carácter territorial y temporal, que se formaban en situaciones de crisis y se desarmaban una vez superadas, de distintos tamaños y deficientemente armadas. Durante los siglos XVI y XVII no existieron regulaciones generales sobre el cuerpo de milicianos, y con el tiempo se los empezó a considerar como un ejército de reserva, bajo cuya estructura se podía potencialmente movilizar a toda la población masculina capaz de portar armas. Este sistema de defensa terrestre había funcionado sin mayores problemas: la amenaza exterior no involucraba grandes ejércitos y para preservar el territorio de invasiones bastaba con pequeñas guarniciones regladas situadas detrás de fortificaciones gruesas en las playas; si era necesario, las milicias prestaban una ayuda más bien de tipo logístico. Sin embargo, este sistema no resistió la nueva capacidad bélica inglesa gestada y desarrollada a lo largo del siglo XVIII, con una acrecentada fuerza naval sin precedentes capaz de trasladar a miles de hombres (Kuethe, 2005 [1988]).

Buscando subsanar la evidente debilidad de las milicias, con su falta de instrucción y disciplinamiento y escasez de armas y municiones, en 1763 un grupo de expertos militares fue encargado de diseñar un reglamento para reestructurar y modernizar este cuerpo en Cuba. La corona ordenó por Real Cédula en 1769[4] la extensión del modelo cubano al resto del territorio hispanoamericano, en consonancia con las prácticas propias de las potencias europeas. El conjunto de reformas sustanciales operó en dos planos: se ordenó la reorganización y el aumento de las fuerzas regulares desplegadas en América, incorporando más efectivos peninsulares como núcleo de los nuevos regimientos de infantería y caballería con reclutas locales, y la composición de las milicias disciplinadas o regladas, además del aumento agresivo de la flota del imperio. El nuevo régimen buscaba trasformar las antiguas milicias de voluntarios costeadas y comandadas localmente en unidades de batallones modernos sostenidos a expensas de los tesoros coloniales, mejor entrenados y rápidamente movilizables, que prestaran servicio en espacios más amplios que la defensa de la propia localidad y quedaran subordinados a los mandos militares veteranos, con una conducción centralizada. Las ordenanzas exigían el alistamiento de todos los hombres aptos habitantes de las colonias, respetando la organización social segmentada, en unidades de milicias, organizadas en batallones o regimientos estandarizados, bajo el mando de oficiales de milicia y una plana mayor de tropa veterana a cargo de su instrucción (las “asambleas”). Para atraer a los hombres al servicio miliciano, se dispuso otorgarles fuero militar, algunas exenciones fiscales y pagarles por sus servicios mientras estuvieran movilizados (Guerrero Domínguez, 2007; McFarlane, 2008; Fradkin, op cit.; Kuethe y Andrien, op cit.).

La extensión de esta reforma militar de acuerdo con el modelo cubano al resto de las regiones del imperio se realizó según la urgencia estratégica militar. Se reorganizaron primero las milicias de las plazas de guerra importantes más expuestas al ataque de potencias europeas enemigas (Veracruz, Puerto Rico, Buenos Aires, Perú, Santo Domingo, Cartagena, Panamá y Caracas) y luego en el resto del imperio. El esfuerzo de la corona por implantar la reforma militar fue diferenciado: junto con las órdenes se enviaba o no a las ciudades una compañía de expedición reformadora especial, un respaldo de cuerpos veteranos, y se proveía material (armas, uniforme); en donde no, hubo dependencia esencial de oficiales locales para su aplicación. De este modo, la reforma militar no caló de la misma manera en los distintos espacios; se dictaron nuevas ordenanzas y reglamentos en las siguientes décadas según las necesidades organizativas, la evolución del conflicto entre España y las potencias europeas, el impulso de distintos gobernantes, la distribución de poder en estos espacios, la capacidad de presión de múltiples actores con distintos intereses y cuotas de poder (élites y soldados, algunos de ellos) y los compromisos alcanzados con ellos.

Kuethe (op cit.) evalúa que la reforma militar tuvo mejores resultados en las costas, mucho menor alcance en provincias interiores -las más renuentes a adoptar los cambios- y en ningún caso parece haber sido más exitosa que en Cuba. Según McFarlane (op cit., p. 240) la reforma no creó un “Ejército Americano” porque no existía un cuerpo de fuerzas imperiales capaz de desplegarse en cualquier punto del imperio, ni había unidad de mando sobre estas. Antes y después de las reformas, el conjunto de las fuerzas militares era “una aglomeración de fuerzas estacionarias de diversa potencia cuyos mayores contingentes se concentraban en las ciudades de importancia estratégica y/o política”; se trataba de una estructura regionalista, distantes las guarniciones entre sí y rara vez desplegadas en territorios adyacentes, dotadas de pocas armas, faltas de disciplina, carentes de conocimiento militar y sin oficiales profesionales.

Respecto a los dos virreinatos que incluyeron sucesivamente a Córdoba, Kuethe (op cit.) explica que la corona no envió una expedición especial para el disciplinamiento de milicias al Virreinato del Perú, desestimando la amenaza de una invasión inglesa por el Pacífico, mientras que a Buenos Aires fue remitida una gran expedición de tropas regulares debido al peligro de invasión lusitana, pero las reales órdenes fueron expedidas sin respaldo; además el puerto de Buenos Aires no fue integrado plenamente al sistema de comercio “libre” hasta una fecha muy tardía, de modo que la reforma militar no tuvo gran impacto hasta principios del siglo XIX. En este marco, nos preguntamos qué aplicación tuvieron las reformas militares borbónicas en nuestra región de estudio, provincia interior alejada de las costas de ambos océanos, que carecía de fronteras con potencias enemigas del imperio español, e integró sucesivamente dos virreinatos que eran más bien periféricos en esta estructura concentrada en la costa atlántica caribeña.

 

Instituciones militares y su organización en el Río de la Plata  

Las fuerzas militares en este espacio en el siglo XVIII estaban divididas en tropas veteranas y tropas milicianas. Las tropas veteranas[5] eran fuerzas militares permanentes o transitorias, enviadas desde España en unidades constituidas o sueltas, para completar los batallones o regimientos existentes. Era un cuerpo de soldados profesionales que gozaba de una remuneración permanente y un fuero propio. Los virreyes y capitanes disponían de su arbitrio para mantener el orden, la seguridad y la defensa interiores y exteriores en América, mas estos veteranos se consideraban parte del ejército peninsular, de modo que el gobernador no tenía facultad para cambiar su organización. Las tropas veteranas eran el núcleo del ejército colonial y estaban desplegadas en las principales ciudades americanas; mientras que en determinados momentos y lugares hubo tropas veteranas fijas (1771 en el Virreinato del Río de la Plata), otros cuerpos veteranos estaban sujetos a un relevo periódico. Su escasez fue crónica, especialmente en zonas no portuarias o de frontera terrestre directa con alguna potencia europea enemiga (como la Gobernación del Tucumán). A la gran extensión de territorio americano a la que debían ser enviadas, se sumaban los problemas de la deserción, la poca adhesión al reclutamiento, los años cumplidos de servicio, la avanzada edad, etc. De este modo, las pocas tropas fijas se reforzaban con el personal voluntario de las unidades agregadas (que volvían cada cuatro años a la península), trasladando aquellas tropas destacadas en otras regiones del imperio, o con los contingentes de reclutas o soldados (en su mayoría “destinados” a servir en los cuerpos de América como castigo por “vagancia”, deserción, etc.).[6]

Según los informes de las autoridades de la época, el reclutamiento de hombres para integrar estas tropas fijas veteranas no prosperó en el Río de la Plata. A finales del siglo XVIII la mayor parte del virreinato carecía de tropas veteranas establecidas; su presencia fue inestable y tendiente a la disminución, intensa y concentrada en las ciudades de Buenos Aires y Montevideo (Fradkin, op cit., p. 20). Para 1781 en Córdoba del Tucumán sólo se hallaban registrados 1 capitán y 1 soldado pertenecientes a las fuerzas veteranas (Beverina, op cit., pp. 197-257, 418; Dainotto, op cit., pp. 174-175).

Fradkin (op cit., p. 14 y ss.) plantea la existencia de una gran diversidad regional de cuerpos militares, en el Río de la Plata y dentro de su espacio particular de estudio (Intendencia de Buenos Aires). Los reglamentos expedidos por las autoridades y sus intentos de disciplinamiento debieron negociar y alcanzar compromisos con las élites locales y quienes compusieran las fuerzas armadas en cada región, con específicos intereses, legados de tradiciones militares y experiencias previas, sumado a las particulares restricciones y condicionamientos de cada espacio. La situación de la capital virreinal no es extrapolable al resto de la intendencia, mucho menos al conjunto del virreinato. Para el autor, es más apropiado pensar a las fuerzas veteranas y milicianas como un “continuo inestable y cambiante de situaciones, un conjunto de formas híbridas sustentado en una diversidad de tradiciones que habilitan diferentes usos”, no como una suerte de polos opuestos (ibid., pp. 48-49). El autor advierte sobre la necesidad de realizar estudios situados en contextos específicos, que capten las distintas denominaciones y ambigüedades presentes en la documentación, las cuales permiten observar históricamente estas fricciones y negociaciones que configuraron las fuerzas militares particulares en cada espacio: existieron múltiples adecuaciones de un marco normativo y concepciones generales compartidas, de acuerdo con las condiciones particulares de cada región (ibid.). Creemos que la intercambiabilidad de términos referentes a las fuerzas armadas en la Gobernación del Tucumán sugiere lo mismo.

 

Políticas militares en la Gobernación del Tucumán: de huestes y milicias a la creación de los soldados partidarios

En la Gobernación del Tucumán, en el siglo XVI las fuerzas armadas presentes fueron las huestes responsables de la avanzada conquistadora, organizaciones militares compuestas por un caudillo o capitán quienes capitulaban invirtiendo sus capitales privados, y soldados que pagaban su propio equipo y armamento o eran armados a costa de personajes de relieve. Durante el proceso de conformación del territorio de la gobernación, el avance se fue consolidando mediante la fundación de ciudades, que funcionaban como plazas fuertes y guarniciones militares, desde donde se aseguraba la defensa del territorio conquistado y donde existían los refuerzos que asegurarían el proceso expansionista, comunicadas entre ellas por los caminos transitados por las huestes (Palomeque, 2009). Una vez fundada cada ciudad, la obtención de una encomienda, premio más codiciado por las huestes en la región, implicaba una doble obligación: adoctrinar e instruir a los indígenas y contraer el compromiso militar de responder a todo llamado de armas incondicionalmente cuando estuviera en riesgo la seguridad de las regiones conquistadas, algo que ocurría a menudo debido a la precariedad de la dominación hispánica en el siglo XVI y la ausencia de un ejército regular (Assadourian, 1972, p. 48).

En este proceso, Córdoba se convertirá en el punto de unión de distintas rutas de comunicación y comercio interregional, entre ellas el camino real de Buenos Aires a Potosí y el de Buenos Aires a Santiago de Chile, además de otras rutas menores (ibid.). Desde un primer momento quienes se hicieron cargo del costo defensivo de la región fueron los particulares (encomenderos y vecinos), ayudados de manera ocasional por la real hacienda, situación que dio lugar a protestas de los cabildos y resistencias individuales y colectivas desde muy temprano (Garavaglia, 1984). Gullón Abao (op cit., 125-127, 197) explica que como solución a esta situación se buscó mantener una dotación de hombres más o menos estable en determinados puntos de la frontera y se construyeron fuertes y fortines. Su uso para defensa en zonas de frontera fue constante durante la dominación española en América, pero además podían funcionar como presidios (Paz y Sica, 2017, p. 299). El primer presidio estable conocido con guarnición de hombres en el Tucumán desde el siglo XVII fue Esteco, cuya función era proteger el camino Lima-Buenos Aires, haciendo frente a las invasiones, dando aviso a las poblaciones cercanas y ofreciendo protección armada a los comerciantes. Fue el gobernador Ángel de Peredo (1670-1674) quien inició las gestiones para establecer un gravamen destinado a solventar estos gastos: la sisa, un impuesto de origen medieval y de carácter extraordinario en las colonias americanas, al que se acudía en caso de gasto urgente o de guerra (Punta, op cit., p. 142). Por Real Cédula de 1678, se autorizó la imposición de este gravamen sobre la circulación de determinados productos,[7] con el fin de mantener el fuerte de Talavera de Esteco.

Garavaglia (op cit., pp. 21-22) sitúa el inicio de la guerra fronteriza en la Gobernación del Tucumán con los indios no sometidos del Chaco en el primer ataque a la ciudad de Talavera de Esteco en 1662 (sin olvidar que el territorio chaqueño había sido objeto de correrías españolas desde mucho antes), momento desde el cual las ciudades de Jujuy, Salta, Talavera, San Miguel y Santiago del Estero estuvieron expuestas a los ataques desde las llanuras del Gran Chaco; en las primeras décadas del siglo XVIII comenzarán a ser atacadas las ciudades de Córdoba y Santa Fe. El autor postula que entre los años 1660-1760 para los españoles esta fue una guerra alternativamente ofensiva (realización de periódicas correrías y ocasionales expediciones) y defensiva (sostenimiento de línea móvil de fortines, pobremente dotada), primando esta última forma a lo largo del período.

Durante la gobernación de Esteban de Urízar y Arespacochaga (1707-1724) se construyeron nuevos fuertes en la frontera, por lo que fue necesario aumentar la cantidad de hombres sirviendo en armas, así como sus caballos, provisiones, etc. El gobernador dobló el impuesto de sisa, que era costeado por los arrieros y comerciantes. Los vecinos fueron exceptuados del pago del peso por mula, pero debían dar los 200 hombres pretendidos para la frontera y pagar por sus bastimentos. Según Gullón Abao (op cit., pp. 125-127) el gobernador creó compañías de milicianos por cada ciudad de su jurisdicción alistando a todos los hombres capaces de portar armas en San Miguel de Tucumán, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Jujuy, Salta y su compañía de indios foráneos y mulatos, quedando Córdoba exceptuada de esta movilización; no tenemos datos sobre la continuidad de su funcionamiento.

Además de estas reformas militares, las políticas fronterizas de Urízar incluyeron la atracción pacífica de naciones indígenas no belicosas, el establecimiento de reducciones y de fuertes junto a ellas y la guerra “a sangre y fuego” con las naciones más hostiles, con reparto de cautivos entre los expedicionarios destacados. En este período, las ciudades de la gobernación se habrían turnado cada año para cubrir la defensa de frontera en los fuertes, repartiéndose de este modo el peso económico, y para continuar campeando las campañas cercanas (ibid., p. 57).

Durante los siguientes años, el autor habla de un recrudecimiento del conflicto indígena, con incursiones sistemáticas en las campañas de Jujuy, Santiago del Estero, San Miguel y Córdoba. Entre aproximadamente 1730 y 1760, la frontera con el Chaco se tornó una frontera de guerra y durante este período la intención de los españoles será defender las tierras incorporadas en la etapa anterior y avanzar sobre territorios indígenas (Gullón Abao, ibid.; Paz y Sica, op cit.). La frontera este de Córdoba fue asolada en este período por mocovíes y abipones, con asaltos a las estancias en los parajes del Tío, Río Primero y Segundo, provocando la huida de las familias a Santiago de Chile, Santiago del Estero, Buenos Aires, etc. (Gullón Abao, ibid., pp. 56-59). Punta (op cit., p. 142) encuentra el impuesto de sisa ya establecido en Córdoba en 1734 para defensa de la frontera oriental frente a los avances de abipones y mocovíes.

Los siguientes tres gobernadores del Tucumán en la década de 1730 -Félix de Areche (1730-1732), Juan de Armasa y Arregui (1732-1735) y Matías de Anglés (1735-1738)- solicitaron algún tipo de contribución (donativos, caballos, alimentos, según el caso) a los vecinos y encomenderos y/o a los cabildos de su jurisdicción para solventar los gastos de guerra para las “campañas contra los indios del Chaco” y reforzar los fuertes, frente al recrudecimiento del conflicto (ibid., p. 60). Todos estos aportes resultaban escasos para el mantenimiento de los soldados y los fuertes, a lo que se sumaba la inexperiencia militar de las tropas, su falta de armas y su constante insubordinación. Los cabildos protestaban por el elevado gasto que suponía el traslado de los hombres desde la ciudad a los lejanos fuertes y la cantidad de meses de servicio, derivando en una falta de mano de obra en sus lugares de origen. Se crearon impuestos locales para determinados productos, con los cuales las ciudades sostenían pequeños fuertes y a los grupos de hombres que correrían el terreno próximo. En estos primeros años, la recaudación y administración del impuesto de la sisa estaba a cargo de los cabildos (Paz y Sica, op cit.). El aumento de la sisa y la corrupción en el mecanismo de su cobro provocaron la queja generalizada de los comerciantes en toda esta época (Gullón Abao, op cit., p. 58).

En 1739, el gobernador Juan de Santiso y Moscoso (1738-1743) convocó en Salta una Junta General del Cabildo Provincial, para impulsar un “arreglo” del gravamen de la sisa. Este sería destinado a mantener un sistema defensivo de fuertes y tropas pagadas que se ocuparían únicamente de la defensa de la frontera este de la Gobernación, desde la frontera de Jujuy y Salta hasta la cordobesa (¿cómo refuerzo de las compañías creadas por Urízar?). El gravamen fue aprobado por el virrey del Perú José Antonio de Mendoza en abril de 1740.

Con la recaudación esperada, se pretendía establecer un cuerpo de soldados profesionales acantonados en los presidios o fuertes de la frontera, los que cobrarían un sueldo y recibirían una ración diaria, estarían sujetos a ordenanzas y serían comandados por un capitán, un teniente y cabos castellanos. Estas tropas pagadas recibían el nombre de partidarias y el sueldo asignado a ellas era llamado prest. Además, gozarían del fuero militar completo, siendo exceptuadas de la justicia ordinaria en casos civiles y criminales. De esta manera, los soldados partidarios estarían contenidos dentro del marco normativo de las tropas veteranas (o fijas), si bien no recibirían la instrucción de las europeas (Dainotto, op cit., p. 181). Aunque se calculó un mayor número de hombres necesarios para cubrir la frontera oriental de la gobernación (200 para la frontera de San Miguel y Santiago del Estero, 150 para la de Jujuy y un número indeterminado para la de Córdoba), finalmente se planificó establecer un cuerpo fijo de 200 soldados que correrían el terreno frecuentado por las naciones indígenas y cuerpos de 54 soldados y un cabo para guarecer los fuertes de Balbuena y San José en Salta, Santa Ana y Ledesma en Jujuy, los cuales serían sustituidos periódicamente por los primeros. El cuerpo de partidarios estaba bajo el mando de los gobernadores o sus lugartenientes; en los fuertes, ejercían de comandantes los oficiales o suboficiales, quienes obedecían las normativas de los gobernadores y luego gobernadores-intendentes. Este cuerpo prestó servicios hasta fines de la colonia (Gullón Abao, op cit.; Vitar, 1997; Paz y Sica, op cit.).

Identificamos entonces dos formas de organización militar utilizadas para la defensa de frontera, basadas en dos tipos de soldados distintos: milicianos y soldados partidarios. En nuestras fuentes documentales, también se llamó a estos últimos soldados pagados. Ambas formas de organización, siendo una más antigua que la otra en esta región, no parecen ser excluyentes (aunque fueran concebidas para tal caso). Para la gobernación del Tucumán y para Córdoba en particular, encontramos que, a pesar de haberse creado el cuerpo de partidarios, específico para la protección de las fronteras en 1740, las milicias nunca dejaron de ser convocadas para colaborar en la defensa fronteriza a lo largo del siglo XVIII, razón por la cual, como veremos, se expresa en un registro documental relativamente indiferenciado y un solapamiento de funciones en su servicio en la frontera.

Al respecto, cabe puntualizar que las milicias de la jurisdicción de Córdoba en la segunda mitad del siglo XVIII fueron organizadas en compañías sueltas en los partidos de la campaña más poblados. Estaban compuestas por distinto número de hombres según el caso, sin instrucción profesional y sin sueldo asignado (ocasionalmente ración durante el tiempo de movilización), cumplían servicio en los fuertes y fortines contra los enemigos externos de la corona de manera temporal; también eran convocados por sus superiores militares como fuerza armada para otras tareas de seguridad interna de la jurisdicción, tales como apresamiento de reos, traslados a las reales cárceles o a otras jurisdicciones, asegurar a sus superiores y sofocar motines (Dalmasso,  2021). No tenemos suficientes elementos para afirmar la existencia de milicias disciplinadas en la jurisdicción de Córdoba para el período previo a la gobernación intendencia de Sobremonte, quien aplicó en estos territorios el reglamento cubano casi 20 años después de su dictado;[8] de hecho, tampoco sabemos hasta qué punto prosperaron las suyas pues los datos que sugieren su aplicación son extremadamente escasos.

 

El cuerpo de soldados partidarios en la Gobernación del Tucumán y la Gobernación Intendencia de Córdoba: conformación, financiación y presencia en las fronteras

El proyecto de creación de un cuerpo profesional dedicado de forma exclusiva a la protección de la frontera, acantonados en fuertes y corriendo la campaña, buscaba evitar los conflictivos llamados de los pobladores a la defensa, según Gullón Abao (op cit., pp. 61-62, 127-128). Continuando con la política de guerra mixta/defensiva de sus antecesores, el gobernador Santiso y Moscoso buscó construir una barrera defensiva para impedir que las incursiones indígenas llegaran hasta las ciudades, estableciendo estancias, misiones y fuertes en la frontera, trasladando y reduciendo a grupos de indígenas aliados a su vera, además de hacer tratados con otros grupos. Sin embargo, los vecinos y demás habitantes continuaron concurriendo a las incursiones contra los indios, financiándolas con sus propias armas, caballos y víveres, bajo la pena de sanción en caso de no concurrir a los llamados (ibid., p. 62).

No tenemos datos para los primeros años de existencia de este cuerpo de partidarios en Córdoba en la década de 1740, pero sí sabemos que se crearon gravámenes para su sustento desde entonces (sobre el tabaco, la yerba y el aguardiente, no sobre mulas y vacas) (Punta, op cit., p. 143). Ni lo recaudado por sisa (evadido, mal gestionado y exceptuado) ni el número efectivo de partidarios sirviendo en los fuertes (a su vez muy distantes entre sí en una frontera muy extensa) alcanzaron a cubrir las reales necesidades de defensa de la gobernación y de Córdoba en particular. Por ello se continuó convocando a las milicias como cuerpos auxiliares a cumplir tareas similares a las asignadas a los partidarios, de manera estacional (pero sin remuneración instituida ni fuero militar).

El gobernador Juan Alonso Espinosa de los Monteros (1743-1749) estableció un “arreglo” en 1745 para la tropa partidaria, por el cual se formaría una compañía de 50 hombres para resguardar las fronteras de Córdoba, sostenida con la sisa de la yerba. Tenemos datos de su existencia en 1746 pero no así sobre los fuertes en que cumplieron servicio.[9] Asimismo, formó cuatro compañías con 50 hombres cada una para el norte de la gobernación, que recorrerían la frontera cercana y cada tres meses entrarían al interior del Chaco. Estos cuerpos consiguieron el apoyo de las ciudades, cuyos vecinos se veían ahora más liberados de las tareas de patrullaje de frontera y protección de caminos. Convirtiéndose en el baluarte defensivo más importante, este cuerpo llevaba a cabo las incursiones a tierra no asegurada, defendía las misiones y controlaba a los indígenas reducidos, daba aviso sobre los movimientos de los grupos no sometidos, ocupaba los presidios y avanzaba la frontera a partir de estos, etc. (Gullón Abao, op cit., pp. 199 y 215).

Desde 1750, el espacio de frontera sur de Córdoba y Cuyo adquirió relevancia en las políticas borbónicas, por ser el paso obligado por el que circularían los fletes de las reactivadas relaciones mercantiles con el reino de Chile (Punta, op cit.). Rustán (op cit., p. 91 y ss.) explica que durante este período los Borbones, intentando un mayor control social y político de estos espacios, orientaron recursos militares hacia áreas periféricas del imperio. Así, y respondiendo a los reclamos de las autoridades chilenas respecto a la poca gente disponible para la defensa de la frontera del Río Cuarto, el gobernador Martínez de Tineo proyectó en 1752 la creación del fuerte de la Punta del Sauce. Para ese año contamos con información de que existían soldados sirviendo en “ambas fronteras del Tio y Rio Quarto”, que recibían un sueldo sostenido de la sisa sobre el aguardiente.[10] Los libros contables de real hacienda y los expedientes de gobierno que consultamos se referirán indistintamente a la frontera este como fuerte del Tío y a la frontera sur como fuerte del Sauce o Río Cuarto, si bien no tenemos datos específicos sobre las fechas de sus fundaciones. En 1753, el virrey José Antonio Manso de Velasco proveyó un auto por el cual dispuso la utilización del producto de la sisa y de la bula de santa cruzada “para mantener las compañías de partidarios en ambos parajes del rio Quarto y del rio Segundo en el fuerte nombrado el Tio, que son de suma importancia, ya para abrigar la capital de Córdova no menos que el camino tan frecuentado para Chile”.[11]

Según el gobernador Juan Francisco Pestaña y Chamucero (1754-1757), por recortes de lo recaudado en la caja de sisa, se había hecho difícil mantener la cantidad de soldados partidarios en toda la gobernación definidos por el reglamento de 1745, contándose para Córdoba un total de 24 partidarios y dos oficiales, en lugar de los 50 hombres de rigor (Gullón Abao, op cit., p. 215). Para los años 1755 y 1756 el fuerte del Tío contaba con sólo 12 soldados y un maestre de campo.[12] En los años siguientes, según la contaduría de real hacienda de Córdoba, el fuerte o presidio del Tío tuvo entre 1758 y 1760 aproximadamente 8 o 10 soldados partidarios y un maestre de campo como comandante de la tropa. A partir de 1761 vemos un incremento de las plazas fijas de entre 19 y 25 soldados que se sostuvo hasta 1763, también con un maestre de campo como comandante. Para El Sauce o Punta del Sauce, el número de soldados pagados osciló entre 7 y 10 hombres en el lapso 1758-1763, con un capitán comandante y un maestre de campo.[13] Para los siguientes años no tenemos datos en los libros de hacienda. Según los informes de los tesoreros revisados por Gullón Abao (ibid., pp. 147-149), entre 1764 y 1770 el número de hombres pagados en los fuertes del Tío y del Sauce osciló entre 16 y 8, más su comandante. Constatamos que esta tendencia a la baja en el fuerte del Tío continuará hasta finales de siglo. Según exponía el gobernador Gerónimo Matorras en 1772, en la jurisdicción de Córdoba se mantenían algunas plazas y sus comandantes con la sisa aplicada al aguardiente (ibid. pp. 87-89). En concordancia con el gobernador, el teniente del rey Fernando Fabro informaba en 1773 que el ramo de sisa se encontraba aniquilado y que no era posible mantener en las dos fronteras 2 maestres de campo, 2 comandantes, 29 soldados y capellán. Atendiendo a esto, el cabildo dispuso mantener en la guarnición del Tío y del Sauce a los maestres de campo con un sueldo de 200 pesos anuales cada uno, en cada presidio 4 soldados a 8 pesos al mes, y “que se reformen todos los demas que ahora sirviesen con sueldo en las referidas fronteras, hasta tanto que se verifique mas crecido el producto del ramo de sissa”.[14]

Rustán (op cit., p. 96) define el lapso 1764-1785 como el de mayores incursiones indígenas más o menos hostiles en la frontera sur de Córdoba y Cuyo. Estas tenían como objetivo fundamentalmente el comercio que transitaba por la ruta que conectaba Buenos Aires con Chile, más que los poblados o puestos fronterizos. En esos episodios, los indígenas se apropiaban del ganado en primer lugar y luego tomaban cautivos. La autora interpreta que las numerosas incursiones indican una falta de recursos para limitarlas y una escasa posibilidad de respuesta de los soldados en los fuertes del período.

Mapa 1: Frontera sur de la jurisdicción de Córdoba para 1780 – 1809, con señalización de fuertes y fortines. Fuente: Recorte del mapa de Olmedo y Tamagnini (2019, p. 46) para 1780-1810.

 

Coincidiendo nuestros datos con la apreciación de la autora, estos indican que en el fuerte del Sauce no se llegaría a completar el número de plazas regladas en 1740 al menos hasta finales de siglo. Rustán recoge el testimonio de un sargento mayor de Río Cuarto que en 1775 informa la existencia en el presidio del Sauce de no más de 10 u 11 soldados y da cuenta del desconocimiento en el uso de armas entre estos y los vecinos. Asimismo, la autora encuentra registrados en octubre de 1777 en el fuerte de la Punta del Sauce a 14 personas, incluidos el comandante y el capellán (ibid., p. 98). Para la primera mitad de 1782 vemos un número de plazas similar en la contaduría de hacienda, el pago está registrado a 11 soldados, 2 cabos, 1 subteniente, 1 capellán y 1 comandante y maestre de campo, pero para la segunda mitad del año sólo se registra el pago al comandante maestre de campo, al subteniente y a 3 o 4 soldados, lo mismo que para el año siguiente.[15] De igual manera, las listas de soldados partidarios en el fuerte del Tío no recuperarían los números de la década del ‘60, llegando en 1779 la orden del cabildo de trasladar a los partidarios que servían en este al nuevo fuerte de Las Tunas, nombrando un capataz para cuidar el ganado existente para el abasto de los presidios del Sauce y Las Tunas.[16] (Mapa 1) En 1782 y 1783 encontramos el fuerte del Tío registrado en las listas de pago bajo el nombre de Presidio de San Carlos, contando la guarnición con un comandante maestre de campo, 3 o 4 soldados y 4 o 5 peones. No tenemos registros de la cantidad en número o del pago de soldados partidarios específicos de este fuerte, pero sí encontramos para los años entre 1797 y 1800 detallados los pagos al comandante del fuerte San Carlos del Tío, quien recibe 150 pesos cada 6 meses, el más bajo de entre sus semejantes.[17]

Durante sus años como gobernador, Andrés Mestre (1777-1783) fomentó un aumento de fuertes y de número de soldados, junto con un incremento de salario de guardas de caminos para cobrar sisa, entre otros (Gullón Abao, op cit., pp. 134-141). En este marco, desde 1779 en Córdoba se comenzó a cobrar el “nuevo impuesto” aplicado a los efectos de la tierra y de Castilla que transitaran por la frontera de El Sauce y de El Saladillo desde Buenos Aires a Cuyo, a Tucumán o a Perú y viceversa (Rustán, op cit., pp. 87-90). El impuesto fue aprobado por el virrey Vértiz a partir de un pedido elevado del cabildo y su recaudación fue destinada a la construcción, dotación y aprovisionamiento de municiones de guerra de los fuertes de El Saladillo y Las Tunas, en el sur-este de la jurisdicción de Córdoba. Cada uno debía contar con una guarnición de 1 comandante, 1 capellán, 1 capitán, su teniente, 1 alférez, 2 sargentos, 2 cabos y 50 soldados con un tambor. Tamagnini y Pérez Zavala (2013) explican el valor geoestratégico de ambos fuertes: su construcción respondía a la identificación del “camino de Las Tunas” a partir de una entrada en 1779, un carril utilizado por los ranqueles. Las autoras destacan la estratégica ubicación del fuerte de El Saladillo en tanto articulador de la dinámica fronteriza tardo colonial, ya que estaba situado en la unión de los ríos que desembocan en el Paraná, marcaba el límite entre las gobernaciones y era custodio del comercio colonial, además de permitir la llegada de las partidas corredoras a un área más extensa.

Mientras tanto, en Córdoba las recaudaciones de sisa (y posteriormente las de cruzada) eran utilizadas para mantener y dotar a los fuertes del Tío, Punta del Sauce, Santa Catalina, Concepción y San Bernardo (Punta, op cit.; Rustán, op cit.). El establecimiento de nuevos fuertes y el mantenimiento de los ya existentes (con asignación de tropas permanentes o auxiliares) fueron parte de un proceso de militarización y territorialización de la frontera sur, donde resultó fundamental el conocimiento geográfico construido por distintos agentes (Olmedo y Tamagnini, op cit.). Estos fuertes y fortines constituyeron eslabones del sistema defensivo colonial, vinculado a la disponibilidad de agua, leña y buenos pastos; eran unidades defensivas que, mediante la cadena de mandos militares, funcionarían en coordinación para el envío de partidas para el reconocimiento del terreno y la prestación recíproca de efectivos en casos de necesidad, estructura que comprendía la frontera sur y nor-oriental (Olmedo, 2009; Tamagnini y Pérez Zavala, op cit.).

Los primeros registros continuos de hacienda para los fuertes de Las Tunas y del Saladillo los vemos en 1785 y 1786 respectivamente, si bien se menciona al primero en 1779. Hasta 1788, ambos cuentan con un comandante y un capellán. La guarnición de las Tunas estaba compuesta además por un capitán, un sargento, uno o tres cabos y un número oscilante de nueve a 20 soldados pagos. Las plazas de partidarios del Saladillo no pasaban de 9 hombres en este período (siendo este “el numero de Soldados, que deve tener este fuerte”), había un solo comandante capitán y un ayudante que muchas veces estaba ausente, ya que era también comandante de Cruz Alta (fuerte para el que sólo tenemos esa data).[18]

Disponemos de registros de hacienda con mención al fuerte o presidio de Santa Catalina sólo para los años 1782 y 1783, aunque lo vemos referido en años anteriores en otros documentos. Los soldados pagados oscilaron entre tres y siete; tuvo una planta mayor que fue cambiando con reemplazo en los cargos, existiendo en diferentes momentos un comandante coronel, sucedido en la comandancia por un teniente, un sargento luego teniente y un capitán o teniente luego comandante.[19] Como vemos, en estos espacios existía la posibilidad de ascenso militar, en la planta oficial al menos.

Para Rustán (op cit.), la fundación y dotación de estos nuevos fuertes y villas en la frontera sur impulsadas por el primer gobernador intendente, Rafael de Sobremonte (1784-1797) y continuada por su sucesor José González, respondían tanto a la valoración de los circuitos mercantiles regionales (Camino Real de Buenos Aires a Mendoza y Chile) junto con la necesidad de garantizar la comunicación y el tráfico entre ambos océanos, como a la valoración de regiones de frontera como espacios productivos (fundamentalmente la cría de ganado vacuno que abastecía las necesidades chilenas).[20] Quizás la disminución del número de soldados pagados en los fuertes del Tío y de Punta del Sauce/La Carlota se explica en estos primeros años por un desvío de recursos a los nuevos fuertes, donde sirvieron también milicianos.

Hacia finales del siglo XVIII se impulsó la formación de núcleos de población en las fronteras, objetivo compartido por diversas autoridades del Virreinato del Río de la Plata. En la Gobernación Intendencia de Córdoba, como parte de los mecanismos que se utilizaron para poblar los nuevos asentamientos o aumentar los ya existentes en la frontera sur, se intentó el traslado compulsivo de familias e individuos juzgados por delitos criminales, para que sirvieran como soldados o bien como población de “barrera a los indios enemigos”, otorgando seguridad al comercio (Rustán, ibid., p. 91 y ss.).[21] No tenemos constancia de que efectivamente hubieran servido en los fuertes como soldados milicianos o partidarios, pero eran al menos concebidos como otro tipo de “defensor” de frontera, cuya principal diferencia con milicianos y partidarios es que no constituye un soldado.[22] Sabemos que se dispuso para ellos un sueldo menor al recibido por los partidarios y que no se preveía su asistencia a las llamadas de manera temporaria como los milicianos; igual que a los partidarios, se les proveería de una porción de tierra y caballos, no sabemos si ración diaria también; al no ser soldados ¿tendrían fuero militar permanente u ocasional?

Buscando ordenar y aumentar la recaudación tributaria para los crecientes gastos de frontera, en 1785 Sobremonte le informaba al virrey que lo recaudado con la sisa ese año había sido destinado al pago de los soldados de los fuertes de El Tío, San Bernardo, El Sauce, Santa Catalina y Concepción, mientras que la construcción y dotación de los fuertes de Las Tunas y Saladillo había sido solventado con lo recaudado por el ramo de cruzada (Punta, op cit., p. 143). En 1786, el gobernador intendente creó un ramo de “contribución voluntaria de milicianos”,[23] cuyo destino sería también la defensa fronteriza. Durante la década de 1790 se dispuso en varias ocasiones de la renta del estanco de tabacos (ibid.). Rustán y Punta (2014) explican que, aunque el discurso de los oficiales creaba una imagen de la frontera como conflictiva y de una recaudación siempre insuficiente para la manutención de los fuertes, sus guarniciones con raciones y sueldos, los cálculos de Punta (op cit.) en base a la real hacienda demuestran que los ingresos de la provincia y la gobernación sobraban para la defensa fronteriza.

Volvemos a contar con registros de hacienda para el período 1797-1800,[24] sólo para el sueldo que cada 6 meses reciben los comandantes de los diferentes fuertes. A partir de estos datos podríamos suponer cuáles eran los fuertes activos en este momento y quizá evaluar su importancia en la cadena defensiva. Así vemos que, de manera constante en el período, el comandante de La Carlota recibe 300 pesos, siguiendo el de las Tunas con 250 pesos, luego el de Santa Catalina con 200 pesos y el de San Carlos del Tío con 150 pesos. Coincidiendo con lo apuntado por Rustán (op cit.), el mayor sueldo del comandante de Punta del Sauce confirma la mayor importancia de este fuerte, situado en el centro de la frontera sur siendo sede de la comandancia principal de la línea de frontera (Tamagnini y Pérez Zavala, op cit., p. 3). Por otro lado, el menor sueldo del comandante de San Carlos del Tío, sumado a la desaparición en los registros del fuerte del Saladillo, indicarían un mayor interés por parte de las autoridades de asegurar las revalorizadas tierras de los partidos del sur de la jurisdicción y la importante ruta comercial que por allí pasaba, señalando quizás un sosiego en los ataques de esta frontera este. Tal como sostienen las autoras recién citadas, el establecimiento de la línea militar en el Río Cuarto durante la gobernación intendencia de Sobremonte dejó al fuerte del Saladillo en la retaguardia.

Respecto a la cantidad de soldados partidarios en estos fuertes, para estos años tenemos sólo el registro cada seis meses de la cantidad de pesos entregados al comandante de frontera “para que puntualize y haga efectivo el pagamento de la Compañia Partidaria de ella”; por los montos, creemos que corresponden a la paga de todos los partidarios con servicio activo en los distintos fuertes. Beverina (op cit., pp. 74-75) apunta que, para finales del siglo XVIII, una compañía permanente de 100 “partidarios de la frontera” con centro en el fuerte de La Carlota guarecía la serie de fortines establecidos en la frontera sur de Córdoba. Con estos datos, podríamos conjeturar que a partir de 1797 se comienza a consolidar una reconfiguración de las fuerzas que sirven en la frontera, organizadas bajo un mismo comandante de toda la frontera que comanda a un cuerpo fijo de 100 partidarios.

Tabla 1: Fuerte de El Tío, San Carlos del Tío o Presidio de San Carlos

 

¿1745?  1746	Se informa la existencia de 25 hombres, ¿ó 50?
1752	Se menciona su existencia, sin aclarar el número
1755 1756	12 soldados y Maestre de Campo
1759	Maestre de Campo Aproximadamente 6 o 7 soldados
1759	Aproximadamente 7 u 8 soldados
1760	Maestre de Campo Comandante 8 soldados
1761	Maestre de Campo Comandante 25 soldados
1761	Maestre de Campo Capitán Comandante 23 soldados
1762	15 soldados sirviendo “por razón de indios” –cumplieron 2 meses de servicio.
1762	Maestre de Campo Capitán Comandante 23 soldados
1762	1 Maestre de Campo 24 soldados
1763	1 Maestre de Campo 19 soldados
1766	Firman 8 soldados y 1 capitán Maestre de Campo
1772	Se consigna que en la jurisdicción de Córdoba mantienen a sus comandantes y algunas plazas
hasta 1773	1 Maestre de Campo 1 Comandante ¿15? soldados 1 capellán
1773	Se ordena que se mantengan las siguientes plazas 1 Maestre de Campo 4 soldados y que los demás se reformen
1779	**Sólo se consigna la orden de trasladar los partidarios del fuerte del Tío al de Las Tunas, y de nombrar un capataz para cuidar el ganado del Tío para abastecer los presidios del Sauce y las Tunas
1782	Comandante Maestre de Campo 3 soldados 4 peones
1783	Comandante Maestre de Campo 4 soldados 3 peones
1783	Comandante Maestre de Campo 1 cabo 4 soldados 6 peones
jul.-dic. 1797 a ene.-jun. 1800	Comandante

 

 

Tabla 2: El Sauce / La Carlota

 

¿1745? ¿1746?	¿25 hombres?
1755	Se menciona su existencia, sin aclarar el número
1759	Se menciona su existencia, sin aclarar el número
1759	7 soldados por el término de 3 meses
1758	7 soldados 1 Maestre de Campo 1 Capitán Comandante (¿)
1760	7 soldados 1 Maestre de Campo 1 Capitán Comandante (¿)
1760	7 soldados 1 Maestre de Campo 1 Capitán Comandante (¿)
1761	10 soldados 1 Maestre de Campo 1 Capitán Comandante (¿)
1761	7 soldados 1 Maestre de Campo 1 Capitán Comandante (¿)
1762	8 soldados 1 Maestre de Campo
1763	8 soldados 1 Maestre de Campo 1 Capitán Comandante (¿)
1763	9 soldados 1 Maestre de Campo 1 Capitán Comandante (¿)
1766	Se menciona su existencia, sin aclarar el número
1772	Se consigna que en la jurisdicción de Córdoba mantienen a sus comandantes y algunas plazas
hasta 1773	1 Maestre de Campo 1 Comandante ¿15? soldados 1 Capellán
1773	4 soldados 1 Maestre de Campo Se ordena que se reforme el resto de los partidarios
1773	Se menciona su existencia, sin aclarar el número
1774	Se menciona su existencia, sin aclarar el número
1775	No más de 10 u 11 soldados
1776	Se consigna que se adeuda el pago de “partidarios y demas ofizios que guarnezen el presidio” pero no se aclara el número
1777	14 soldados, incluidos el Comandante y el Capellán
1782	Comandante y Maestre de Campo Capellán Subteniente 2 cabos 10/11 soldados
1782	Comandante y Maestre de Campo Capellán Subteniente 1 cabo 2 soldados de servicio continuado 2 soldados de servicio intermitente
1783	Comandante Maestre de Campo Subteniente 2 soldados durante todo el año (2 más sirvieron en mayo)
1783 }	Comandante Maestre de Campo Subteniente 3 soldados
jul. 1797 – jul. 1798 jul. 1799 – sep. 1800	Compañía partidaria de la Frontera
jul.-dic. 1797 a ene.-jun. 1800	Comandante, no hay mención a soldados

 

                                                                                                                                                                         

Tabla 3: Presidio / Fuerte de Santa Catalina

 

1782	Comandante Coronel / sucedido por un Teniente Teniente Sargento 7 soldados
1782	Comandante 1 Capitán ó Teniente por 1 mes (lo hallamos luego como Comandante) 3 soldados (2 más sirvieron de forma discontinua)
1783	Comandante Teniente (algunos meses) 5 soldados (2 más sirvieron de forma discontinua)
1783	Comandante Teniente (algunos meses) –reemplazado por otro Sargento (algunos meses) 5 soldados (1 más sirvieron de forma discontinua)
jul.-dic. 1797 a ene.-jun. 1800	Comandante

 

 

Tabla 4: Fuerte de Nuestra Señor de la Asunción de Las Tunas

 

1779	Córdoba, 23/01/1779 - Resuelven construir el fuerte y trasladar a él a los partidarios del fuerte del Tío.
1785	Capitán Capellán
1787	Comandante Capellán Capitán (está sirviendo también en el fuerte del Sauce) Sargento 1 - 2 cabos (1 está sirviendo en el fuerte de Loreto) Entre 9 y 20 soldados en servicio según los meses (se procura mantener este número: cuando hay alguna baja, se consigna un nuevo soldado explicando que “que entró el dia primero de este mes para completar el numero de Soldados, que deve tener este Fuerte”)
1788	Comandante Capellán Capitán (algunos meses está en otros fuertes) Sargento 2/3 cabos (2 en otros fuertes algunos meses) 18 / 19 soldados
1798	Comandante
jul.-dic. 1797 a ene.-jun. 1800	Comandante

 

 

Tabla 5: Fuerte del Saladillo

 

1786	Comandante Capitán Capellán
1787	Comandante Capitán Ayudante (mismo comandante del fuerte de Cruz Alta)
1787 (registros correspondientes a 6 meses)	Comandante Capellán 9 soldados (se procura mantener este número: cuando hay alguna baja, se consigna un nuevo soldado explicando que “que entró el dia primero de este mes para completar el numero de Soldados, que deve tener este Fuerte”)
1788	Comandante Ayudante Capellán 8/9 soldados – 9 en marzo
1789	Comandante

 

 

Partidarios: definición, especificidades y competencias

En un intento por caracterizar al cuerpo de partidarios y precisar sus competencias, recuperamos algunas definiciones de diccionarios de la época y aporte bibliográficos. El Nuevo Tesoro Lexicográfico de la Lengua Española recoge para 1737, sin modificaciones para 1780, la definición para la voz partidario como: “El cabo de una partida. Tómase freqüentemente por el que obra separadamente del exército, con determinado número de soldados, que él junta ó elige (…)”, o bien, “El que sigue, ó entra en algun partido”, mientras que partida es definida como “Milic. Cierto número de soldados con su cabo, que se nombran determinadamente para alguna faccion”.[25] Un Diccionario Militar de 1794[26] define partida como “un cuerpo de Infantería o de Caballería, que va al país enemigo para hacer descubierta, ó al pillage. (...) Envíase tambien partidas de guerra, para hacer prisioneros, y traer noticia del enemigo. Destácanse partidas, caen éstas, baxo otras partidas, mandan las partidas”; partidario “es un Oficial inteligente para mandar una partida, que sabe y conssoce bien el país, entiende las emboscadas, y conduce bien una partida”; también encontramos que “se emplean en hacer correrias en el país enemigo del mismo modo que los Armadores ó Piratas por la mar. (...) Llámanse Partidarios á los que sirven en estas Compañias (…)”.[27]

Atendiendo al reglamento que las creara en 1740 en la Gobernación del Tucumán y según la reconstrucción hecha hasta aquí, sabemos que a las tropas partidarias se las formuló como un cuerpo fijo ubicado en los fuertes dedicado de manera exclusiva y “profesional” a la defensa de frontera, recorriendo las tierras cercanas. En tanto Gullón Abao identifica el origen del cuerpo en 1740 para la gobernación, nosotras lo vemos funcionando en las fronteras sur y este de la jurisdicción de Córdoba desde la década de 1750, y la recluta, al menos de sus soldados, fue local (característica que compartía con las fuerzas milicianas). Por sus servicios los partidarios recibían un prest mensual y raciones, además de estar sujetos a ordenanzas. La información que nos ha permitido constatar la existencia del cuerpo de partidarios en la jurisdicción de Córdoba se encuentra en los libros de Real Hacienda del Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba (Libros Mayores, Libros Manuales y Comprobantes de Sisa), en algunos de los cuales se registran en la sección de “Data” -la información dividida por partidas o unidades de descargo- los montos de sueldos o prest entregados a los comandantes de fuertes y presidios de las fronteras este y sur de la jurisdicción y a los soldados partidarios que conformaban sus guarniciones, de manera discriminada o en forma general. En otros libros sólo hallamos registrados los nombres y sueldos de comandantes y capellanes, mientras que también contamos para algunos años con listas de soldados en los comprobantes de pago. De manera general, en cada partida encontramos información acerca de las fechas y montos de pago, del período de servicio que se cancelaba, del beneficiario (o quien lo recibía) y del destino del pago. No se trata de una serie continua, pero sí nos permite hacer un seguimiento a grandes rasgos de la cantidad de hombres empleados de manera permanente en las fronteras desde mediados del siglo XVIII hasta comienzos del siglo XIX. La documentación disponible tampoco nos permite aseverar que los partidarios en esta jurisdicción fueran cuerpos profesionalizados como se proyectaron; pero un expediente de 1773 dirigido al cabildo informaba que entre los soldados del fuerte del Sauce pocos sabían manejar armas.[28]

Si atendemos a la clásica oposición entre tropas veteranas y milicianas, el servicio fijo en el puesto del cuerpo de partidarios, junto con las raciones y prest permanentes percibidos parecerían ser características más cercanas a las tropas veteranas; no tenemos datos para aseverar si también estarían amparadas en el fuero de guerra de manera permanente. Sin embargo, en la documentación también encontramos otro tipo de expresiones que no distinguen claramente las condiciones de prestación de servicios. Tal como apunta Dainotto para la gestión de Sobremonte en Córdoba, en los documentos abundan las diversas categorías militares y resultan confusas. Estamos ante lo que Fradkin (2016, pp. 248-249) denomina “situaciones difícilmente encuadrables” o “formas híbridas” entre cuerpos veteranos y milicianos, que fueron producto de “las fricciones y las negociaciones entre la voluntad de las autoridades superiores y una realidad social que escapaba a su capacidad de control”. Según el autor, estas negociaciones dieron lugar a una particular conformación de fuerzas armadas; lo mismo vemos para el Tucumán en general y Córdoba en particular, en la pluralidad de denominaciones utilizadas sobre todo en la contaduría de real hacienda.

Entre 1787 y 1792, por ejemplo, los oficiales reales inscriben partidas para gastos de carne, géneros para uniformes y efectos para manutención “de la Jente, que bá de Guarnision al Fuerte del Sause”, “la gente que caminó de auxilio para el Sauce”, “destacamento de auxiliares” en tránsito al mismo, o “partidarios del Fuerte de la Carlota”. Se anota el dinero remitido para la “satisfacción” de carne, raciones, “pagamento”, “sueldos” o prest de “Plazas de Auxiliares destinadas en los Fuertes del Sauze, Tunas, San Carlos y San Fernando”, del “destacamento de hombres que pasa al Fuerte de la Carlota” y los “soldados auxiliares de la compañía que esta establecida y de guarnicion” en el mismo fuerte. La fluidez o indistinción de categorías se observa en las partidas de pago a “soldados de la compañía miliciana que se halla destacada en el fuerte del Sauce”, a los “milicianos conchabados que se mantienen” en La Carlota, o a la “gente que se fue de guarnición” al mismo fuerte, entre otros ejemplos. También se consignan el “pagamento” de “peones” o de “los individuos conchabados para la obra” o “milicianos conchabados” de un nuevo fuerte, así como gastos excepcionales tales como las reses suministradas “a las Milicias que comboyaron al exmo. sr. Virrey en el paso del Pilar”. Dinero, reses y efectos eran conducidos por oficiales o subordinados (cabos, partidarios, dragones, etc.) u otras personas, para ser entregados a los comandantes de frontera a cargo de su distribución.[29]

No podemos afirmar, en estas expresiones, la correspondencia de alguno de los términos con que se nombra al conjunto de soldados con una determinada actividad (y su frecuencia) o espacio donde fueran empleados (elementos que nos permitieran diferenciar un servicio miliciano del partidario para períodos anteriores al menos en la letra de las normativas de la Gobernación del Tucumán). Lo que sí nos permiten es una mirada sobre el conjunto de personas que servían en ese espacio, diferenciadas parcialmente por función, por tiempo de permanencia y por el tipo de remuneración. Las diferentes denominaciones parecerían en cierto grado intercambiables. Analizándolas más en profundidad y el contexto de enunciación en el que se emplean, concluimos que mientras el término auxiliar nos permite pensar en tropas que asisten como ayuda de aquellas destacadas en el fuerte, el término conchabado nos habilita a pensar en milicianos empleados de manera temporal por un jornal, tal como indicaban las ordenanzas de milicias disciplinadas de la década de 1780.[30] Ciertas expresiones de las partidas parecerían dar cuenta de que algunas de estas compañías, tropas o destacamentos cumplían el servicio de manera temporal, siendo esta una de las diferencias con el servicio prestado por los partidarios, destacados por períodos más extensos.[31]

En tanto su sueldo y raciones eran extraídos del ramo de sisa y nuevo impuesto, los reglamentos de esos impuestos dictados o propuestos a lo largo del siglo buscaron definir las tareas de estos soldados partidarios, la forma del pago, la regulación de su número, etc. Así, durante las gobernaciones de Fernández Campero (1764-1769) y Matorras (1769-1775), entre las modificaciones que se establecieron al reglamento de sisa, se determinaron el sueldo (prest) y la ración que estos recibirían. Además, se procuró regir su conducta en la vida cotidiana penando amancebamientos, juegos, ofensas y excesos, estableciendo que debían vivir según las reglas cristianas y recibir los sacramentos. Por estos reglamentos, los partidarios tenían la obligación de instalarse con sus esposas en los fuertes o en lugares cercanos y poseer un mínimo de caballos; debían constantemente rastrear los campos aledaños a los fuertes, entrenarse en el trabajo militar, etc. También se destinó gente al mantenimiento de la infraestructura de los fuertes (Gullón Abao, op. cit., pp. 134 y 241-267).

Respecto a otras competencias de los partidarios, podríamos decir que se trata de hombres que conocían el terreno límite de la jurisdicción con el territorio no asegurado, por donde circulaban las naciones indígenas no sometidas o reducidas, por vivir allí desde su asignación y recorrerlo constantemente.[32] Por lo que sabemos, el servicio cumplido en los presidios no era temporal, sino que los soldados se establecían con sus familias en los alrededores del fuerte. Así, en Córdoba tenemos registro de 5 hombres que cumplían servicio como “soldados pagados” (recordemos que vale por partidarios) en el fuerte del Tío en 1766,[33] a quienes encontramos registrados en el lugar “Presidio del Thio y sus Ymediasiones”[34] doce años más tarde, establecidos con esposas e hijos, algunos registrados con “agregados” e indios o negros y mulatos esclavos y libres. Si revisamos trayectorias individuales (entre las escasas que pudimos reconstruir) vemos que dos de los partidarios figuran con mayores grados militares doce años más tarde: el soldado Ramón Angulo es registrado como cabo de escuadra en 1778, casado, con tres hijos, un indio menor de edad y una agregada mayor de edad, luego casado por segunda vez (Parroquia de Nuestra Señora del Rosario) y difunto (Capilla de Arroyito) en el mismo partido;[35] el soldado Luis Gaitán es registrado en 1778 como Capitán Don, con su esposa, cuatro hijos (uno de ellos bautizado en el Oratorio del Tío), un indio mayor de edad y dos indios menores. Encontramos también relaciones de parentesco entre ellos: como testigos del matrimonio del soldado Basilio Paez y María de la Cruz Barrera en 1769, figuran el soldado Ramón Angulo y su esposa Ysidora Mugas;[36] esta misma es madrina de un hijo del soldado y luego capitán Luis Gaitán, bautizado en 1770 (Oratorio del Tío).[37] Es de destacar que, si bien por el reglamento de 1760 se prohibió el asiento de castas en las plazas del cuerpo de partidarios, Pedro Zapata es registrado en 1778 como mulato libre.[38] Esta posibilidad de ascenso registrado de los partidarios del fuerte del Tío no era común a toda la frontera de la gobernación; contrasta por ejemplo con la situación de los partidarios de los fuertes jujeños, donde los soldados (muchos de ellos migrantes altoperuanos) tenían relaciones de sujeción múltiples con sus comandantes, como subordinados militares, trabajadores de sus estancias, etc. (Glatstein, op. cit.).

Así mismo, vemos una continuidad de nombres de 22 soldados que sirvieron en los fuertes de las Tunas y del Saladillo hasta doce meses.[39] El registro de “Pie de lista” comienza en julio de 1787 con sólo nueve soldados en servicio y en los siguientes meses se irán “dando de alta” diferentes hombres hasta alcanzar el número de 19 plazas, que es el que se intenta sostener en los siguientes meses, “para completar el numero de soldados que deve tener el Fuerte, y segun el orden del Señor Governador” (un soldado a veces es registrado como “ayudante”). En este corto período de doce meses, las bajas son: un soldado por muerte, uno por enfermedad y otro por deserción (había servido sólo dos meses). La guarnición de Las Tunas estaba compuesta también por un hombre que había sido nombrado “por atender, o cuydar el ganado de San Rafael de Loboy, y comando del Fortin”, y siempre figura allí en el registro desde octubre de 1787; otro nombrado en esa fecha “a servir de cavo de esquadra, y comando, del Fortin de Loreto en el Zapallar”, registrado allí algunos meses y otros en las Tunas. El resto de la planta oficial se mantuvo estable durante los doce meses: el comandante, el capellán, el sargento y un cabo, mientras que el capitán era “empleado en el Sauce”, en Loreto o en este de las Tunas.

Las listas que acreditan la cantidad de soldados sirviendo en el fuerte del Saladillo para el mismo período, entre julio de 1787 y junio de 1788, registran en los meses más poblados nueve soldados en servicio. De los doce hombres que pasaron por el fuerte en este año, continuaron en servicio cinco soldados esos doce meses, uno por once meses, uno por diez meses y otro por ocho, el resto por menos meses. Las bajas fueron una por deserción, un relevado por orden del gobernador intendente, otro por orden del comandante de armas y restituido el mes siguiente, y otro soldado “se despidió del servicio por yncorregible”. En la planta oficial vemos un cambio de comandante el primer mes de registro, mientras que el capellán se mantiene en el fuerte los doce meses y se anota a un soldado con cargo de ayudante desde diciembre de 1787 hasta el final del período. No contamos con una serie continua más extensa que nos permita determinar si sirvieron por más de un año, mas el cruce de listas con censos y registros parroquiales realizado para cinco soldados pagados del Tío nos sugiere permanencia.

Además de los reglamentos de sisa, otra forma de reglar las tareas, posibilidades y límites de acción de los soldados partidarios eran las resoluciones de las juntas de guerra al tratar algún asunto que los implicara. En 1766 se planteó una discusión por el arbitrio[40] de “los soldados pagados del presidio del Tio” que será resuelta en una junta de guerra.[41] Estos partidarios presentaron al gobernador una carta en la que exponían una serie de quejas contra el maestre de campo actual don Pedro Puche, aclarando que habían tenido estos problemas con maestres de campo anteriores. Según especificaron en su escrito, el maestre los maltrataba, les entregaba de ración un “pedaso de Carne (...) sin pisca de sebo ni de grrasa” a ellos, mientras separaba la carne buena para su casa, se levantaba al medio día, no salía a ver el campo las veces que ellos le informaban de novedades en el fuerte, no montaba a caballo, no cuidaba el ganado, les vendía efectos a precios sobrevaluados (“lo que bale uno por dies”) aprovechándose de que los soldados no podían salir del puesto para proveerse de lo que necesitaban en otro lado,[42] y cuando llegaba el día de la paga “deben salir con las manos qrusadas con quatro pesos que nos a dado”. Como remedio a esta situación penosa, los soldados presentaron una lista de candidatos para que se les designara un nuevo maestre de campo de la guarnición “a su satisfasion”, entre los que se encontraban un sargento mayor, un capitán y otro hombre sin título explicitado, pero sobrino de un maestre de campo. El escribano de cabildo registró que entregaron el escrito firmado como “Los Pagados del tio” un capitán y ocho soldados.[43]

Como dijimos, la petición y queja se trató en una junta de guerra[44] citada por el gobernador Campero, compuesta por él en tanto gobernador y capitán general, el teniente del rey, el maestre de campo de la frontera de Río Cuarto y dos antiguos maestres de campo de las fronteras del Tío y Río Cuarto. Reunidos estos, acordaron reconvenir a Pedro Puche respecto a la alimentación de la tropa con carne sin grasa, advirtiéndole que procurara tratarlos de manera amable y hacerse respetable ante los soldados, que de este modo estos estarían a gusto y dispuestos a las operaciones militares, ya que era sabido que “los soldados ordinariamente miran con desagrado ala que los mandan”. Respecto a otro de los puntos, la junta estableció que “no corresponde al arbitrio de los soldados” decidir cuándo se debe salir a “correr frontera”, justificándolo en que los avisos podían ser falsos o la fuerza con la que se contara muy corta;[45] sino que esta decisión debía ser tomada por el consejo de guerra que convocaba oportunamente el maestre de campo. Aunque se destacan algunas cualidades de buen ejercicio de su puesto,[46] se le apercibió a Pedro Puche que sería observado en su futuro accionar por el teniente del rey, para en su defecto ser quitado del cargo. Si bien la carta presentada ante la junta tenía por objetivo específico la remoción de un maestre de campo calificado como abusivo por sus inferiores partidarios, en la resolución del problema el gobernador y la junta militar limitaron los arbitrios y competencias de la compañía de soldados partidarios del Tío, a la vez que hicieron presente la jerarquía militar que debía ser respetada, apercibiendo al maestre de campo.

La junta no se expresó respecto a la queja de los soldados partidarios sobre la venta de artículos a sobreprecios, un reclamo habitual no sólo entre los alistados sino entre la población rural en general, dadas las prácticas de las redes de comercio rural en esta época. Los datos contenidos en el documento no nos permiten discernir si el pago de 4 pesos por prest (en lugar de los 8 pesos) se debió a un desconocimiento de lo reglamentado por parte de Pedro Puche, o fue un descuento que este les hizo a los soldados en cobro por la mercadería adelantada.

En este documento queda de manifiesto la capacidad de presión de los soldados, quienes se presentaron ante el cabildo buscando definir las condiciones de prestación del servicio en el fuerte y la designación de un jefe militar de su complacencia. Como subordinados, se encargaron de señalar en la carta las obligaciones que se esperaban de un comandante, que en este caso no se cumplían. Este caso también nos aporta algunos elementos para reflexionar sobre los modos de construcción de cierto tipo de solidaridad: estos hombres soldados y el capitán de la guarnición compartían su condición de partidarios, servían fijos por un pago en el fuerte del Tío, tenían en común experiencias como subordinados y ciertas expectativas que esperaban se cumpliesen en su servicio.

 

Remuneraciones y composiciones de las partidas

Por lo expuesto en el apartado anterior, sabemos que las guarniciones de los fuertes de Córdoba estaban constituidas por un número oscilante de soldados pagos y un comandante, generalmente con el título de maestre de campo o capitán (a veces había designados un comandante y separadamente un capitán/maestre de campo). La planta oficial también estaba compuesta en ocasiones por capitanes, cabos, sargentos, alféreces, tenientes o ayudantes, a lo que además se sumaba un capellán en algunos casos; también vemos registrados a peones. Estos hombres tenían un sueldo asignado cada seis meses, el cual la mayoría de las veces era entregado luego de cumplido ese plazo, extraído de la caja de sisa. Tenemos constancia tanto de soldados que iban a la ciudad a recoger el sueldo o enviaban a un representante, como de casos en que los comandantes o maestres de campo recibían el pago enviado para toda la guarnición, y ellos repartirían. En los documentos de real hacienda en los que se discrimina el sueldo de los pagados,[47] vemos que este se mantuvo en ocho pesos por mes según el reglamento que los creara para la Gobernación del Tucumán, hasta 1788 por lo menos (suponemos que se mantuvo ese monto hasta el final de la colonia, pero los documentos ya no discriminan prest por individuo).[48] Los cabos tenían asignado nueve pesos por mes; los sargentos recibían un sueldo mayor que estos con diez pesos mensuales (según los registros de 1782 y 1787/1788), igual que los ayudantes (para 1787-1788); los capitanes cobraban igual o menos que los comandantes y más que los sargentos (250 pesos anuales en 1787-1788); los comandantes recibían un sueldo que osciló aproximadamente entre los 150 y los 300 pesos cada seis meses, dependiendo de la época y del fuerte en el cual cumplieran servicio; los capellanes cobraban 200 pesos por año. Para el año de servicio contado desde julio de 1787 a junio de 1788 en los fuertes del Saladillo y de Las Tunas la guarnición firmó (por sí o a ruego) haber recibido los montos correspondientes; algunos enviaron apoderados a retirar los prest adeudados.

En algunos libros de hacienda vemos registrados los “Pie de lista de los yndividuos que han estado al sueldo en este Fuerte”[49] elaborados mensualmente y firmados por los comandantes de cada fuerte, consignando por nombre y apellido la cantidad de meses y días que había servido cada individuo, y en otros libros se menciona la existencia de dicha lista. A partir de estas se hacía la cuenta correspondiente para la entrega de prest o sueldo; en las listas se consignaban los meses en que los soldados habían sido empleados en otros fuertes, los de baja por enfermedad, por muerte o por mal comportamiento, las altas o ingresos para completar el número de plazas asignado, etc.

La entrega del prest por parte del diputado de real hacienda o de quien correspondiera sufría frecuentemente atrasos.[50] Según un informe del coronel Acosta de 1774, en los meses de enero y en julio era acostumbrado realizar el pago a las guarniciones. En julio de 1776, dicho coronel pide se solucione el adeudamiento del sueldo de doce meses desde julio del año anterior para los partidarios del Sauce. Avisa de lo apremiante del pago, pues dichos soldados recién han regresado de la entrada hecha “hasta la tierra de los enemigos” y en agosto planea emprender una nueva jornada desde la frontera para realizar un canje pactado con los caciques en tratados de paz entre indias apresadas y cristianos, “y no será extraño que aquellos infelizes visto se les falta con uno y otro pagamento abandonen el cumplimiento de su obligacion en una estacion tan critica”.[51] Asimismo, vemos en 1785 la ejecución de los prest o sueldos correspondientes a los semestres de los años 1782 y 1783 para las guarniciones del Fuerte del Tío, nombrado de San Carlos, del presidio de Santa Catalina y la del presidio del Sauce.[52]

De la caja de sisa además del prest de la guarnición, se extraía el salario de los guardas, los administrativos como el diputado de sisa, gastos de papel, etc., se contrataba a un armero para que revisara las armas que se mantenían en la sala de armas de la ciudad, se saldaban los gastos en agasajos a los indios en ambas fronteras para mantener tratados de paz, en ocasiones se compraban armas para las fronteras y se solventaban las raciones destinadas a expediciones planificadas a buscar al “enemigo indio” y las raciones para el diario de las tropas que guarecían los fuertes. Estas raciones incluían ganado vacuno, yerba, bizcochos, aguardiente y tabaco. Como mencionamos, el fuerte del Tío fue un centro de cría vacuna, al que se destinaron un capataz y peones pagos (24 pesos cada seis meses) para que cuidaran el ganado vacuno destinado a raciones de la tropa de otros fuertes cuando en 1779 se ordenó trasladar a los partidarios al Saladillo, ubicado más al sur, características que corroboramos en todos los libros de real hacienda consultados.

 

A modo de cierre

En los documentos a los que tuvimos acceso y en la bibliografía consultada encontramos poblando la frontera sur y este de Córdoba, de manera permanente o estacional, a los partidarios instalados con sus familias, esclavos y agregados o dependientes libres; a los milicianos; a hombres cumpliendo sus condenas en el servicio de frontera; a peones contratados para la cría de ganado y albañiles y esclavos empleados en las reparaciones de los fuertes, además de los nuevos pobladores llegados a habitar (algunos probablemente de manera forzada) las villas de reciente fundación en el sur, a quienes Sobremonte incentivaba con tierras para su sustento y cuatro pesos mensuales por además defender la frontera, en lugar de los milicianos, aunque de estos últimos muchos se volvieran a sus asentamientos de origen y otros no fueran (Rustán, op. cit.).

En la documentación revisada, particularmente la fiscal, en general vemos la utilización de los términos soldado, miliciano, partidario, pagado, auxiliar y/o gente en ocasiones de manera casi intercambiable para referirse a ese conjunto de defensores. También constatamos que en los fuertes y territorios fronterizos de la jurisdicción servían milicianos y partidarios, cumpliendo tareas semejantes. La especificidad de los soldados partidarios parecería radicar entonces en ciertas condiciones de prestación del servicio: el cumplimiento permanente de defensa de frontera (convocatorias para guardias y expediciones), la retribución recibida (prest y ración), el marco normativo que los contendría y, quizá, la asignación de tierras cerca del presidio o el permiso de asentarse en ellas con sus familias para desarrollar actividades productivas; a diferencia del servicio ocasional miliciano en frontera (cada dos meses o frente a sospecha de invasión), sin retribución instituida y sin contención dentro del fuero de guerra.

Para abordar esa pluralidad de denominaciones de soldados que hallamos sirviendo en frontera, así como la continuidad, solapamiento y relativa -mas no completa- indistinción entre las procedencias y tipos de servicios de ambas figuras, nos resultó aplicable la propuesta analítica de Fradkin para Buenos Aires y Santa Fe. El autor, como señalamos al principio, propuso pensar en su espacio de estudio a las fuerzas veteranas y milicianas como un “continuo inestable y cambiante de situaciones”, no como polos opuestos, tal como proponía la literatura clásica militar (Fradkin, op. cit., pp. 48-49). En la frontera de Córdoba encontramos asimismo cuerpos armados que no respondieron exactamente a la distinción entre soldados y milicianos, sino a situaciones difíciles de encuadrar, e integraron formaciones híbridas entre cuerpos veteranos y milicianos, como resultado de la dificultad de reclutar partidarios y disciplinar a milicianos. En ese sentido, consideramos oportuno finalizar puntualizando que, tal como se expuso a lo largo del artículo, hubo reglamentos que normativizaron la composición, organización, privilegios y facultades que podían ejercer los soldados de ambos cuerpos y sus oficiales, pero también los soldados negociaron las condiciones de prestación de servicio. En suma, la forma de prestación del servicio militar resultó de un equilibrio entre las facultades de los oficiales y la presión de los soldados, las disposiciones expedidas por los distintos niveles de gobierno y las posibilidades materiales en cada caso.

 

Referencias bibliográficas

Assadourian, C. S. (1972). La conquista. En Assadourian, C. S.; Beato, G. y Chiaramonte, J. C., Historia Argentina. De la conquista a la independencia (pp. 13-17), vol. 2. Buenos Aires: Paidós.

Beverina, J. (1992) [1935]. El virreinato de las Provincias del Río de la Plata. Su organización militar. Buenos Aires: Círculo Militar.

Cáceres, C. (1881). Arbitrajes sobre límites interprovinciales. Buenos Aires: Imprenta de Pablo Coni.

Cruz, E. N. (2011). Diversidad y distinción social en una rebelión indígena y mestiza. El caso de la rebelión toba de 1781 en la frontera del Chaco de Jujuy (Argentina). Estudios Sociales, (7), 169-190. Recuperado de: http://148.202.18.157/sitios/publicacionesite/pperiod/estusoc/articulos1.pdf  

Dainotto, E. (2012). Política y poder en Córdoba Borbónica. Instituciones, espacios y prácticas (1783-1797). Córdoba: Ferreyra Editor.

Dalmasso, S. (2021). Milicianos y soldados partidarios: política y participación campesina en las fuerzas armadas. Córdoba, segunda mitad del siglo XVIII. Tesis final de Licenciatura en Historia. Escuela de Historia, FFyH, UNC.

Fradkin, R. O. (2009). Tradiciones militares coloniales. El Río de la Plata antes de la revolución. En Heinz, F. M. (Org.), Experiências nacionais, temas transversais: subsídios para uma história comparada da América Latina (pp. 74-126). São Leopoldo: Oikos.

Fradkin, R. O. (2016). Fuerzas militares y milicianas y configuración de un espacio fronterizo (1760-1820). En Barriera, D. y Fradkin, R. O. (coords.), Gobierno, justicias y milicias. La frontera entre Buenos Aires y Santa Fe (1720-1830) (pp. 209-250). La Plata: FaHCE-UNLP. Recuperado de: https://libros.unlp.edu.ar/index.php/unlp/catalog/book/600

Garavaglia, J. C. (1984). La guerra en el Tucumán colonial: sociedad y economía en un área de frontera (1660-1760). HISLA. Revista Latinoamericana de Historia Económica y Social, IV, 21-34.

Glatstein, L. (2015). Resistencia y rebelión en la frontera y valles orientales de Jujuy a fines del siglo XVIII: agentes, coyuntura y discursos coloniales. Tesis final de Licenciatura en Historia. Escuela de Historia, FFyH, UNC.

González, M. (1995). Las milicias, origen y organización durante la colonia. Córdoba: CEH.

González, M. (1997). Las deserciones en las milicias cordobesas 1573-1870. Córdoba: CEH.

Guerrero Domínguez, Á. (2007). Lex et bellum. Fuero militar y milicias en el norte del virreinato del Perú a finales del siglo XVIII. En Chust, M. y Marchena, J. (Eds.), Las armas de la nación. Independencia y ciudadanía en Hispanoamérica (1750-1850) (pp. 15-35). Madrid: Iberoamericana.

Gullón Abao, A. (1993). La frontera Del Chaco con la gobernación del Tucumán (1750-1810). Cádiz: Universidad de Cádiz.

Hamud Fernández, L. (2021). El sistema defensivo en el Chaco Occidental durante el período tardo-colonial. Revista TEFROS, 19 (2), 175-197. Recuperado de: http://www2.hum.unrc.edu.ar/ojs/index.php/tefros/article/view/1210/1362

Kuethe, A. J. (2005) [1988]: Las milicias disciplinadas en América. En Kuethe, A. J. y Marchena, J. (Eds.), Soldados del Rey. El ejército borbónico en América colonial en vísperas de la Independencia (pp. 101-126). Castelló de la Plana: Publicacions de la Universitat Jaume I.

Kuethe, A. J. y Andrien, K. J. (2018). El mundo atlántico español durante el siglo XVIII. Guerra y reformas borbónicas, 1713-1796. Bogotá: Universidad del Rosario / Banco de la República.

McFarlane, A. (2008). Los ejércitos coloniales y la crisis del Imperio Español, 1808-1810. Historia Mexicana, 58 (1), 229-285. Recuperado de:

https://historiamexicana.colmex.mx/index.php/RHM/article/view/3362

Olmedo y Tamagnini (2019). La frontera sur de Córdoba a fines de la Colonia (1780-1809). Guerra, saber geográfico y ordenamiento territorial. Fronteras de la Historia, 24 (1), 36-72. https://doi.org/10.22380/20274688.526

Palomeque, S. (2009). El Tucumán durante los siglos XVI y XVII. La destrucción de las tierras bajas en aras de la conquista de las tierras altas. En Martini, Y.; Pérez Zavala, G. y Aguilar, Y. (Comps.), Las Sociedades de los paisajes áridos y semiáridos del centro oeste argentino (pp. 173-206). Río Cuarto: Departamento de Publicaciones e Imprenta de la Universidad Nacional de Río Cuarto.

Paz, G. L. y Sica, G. (2017). La frontera oriental del Tucumán en el Río de la Plata (siglos XVI-XVIII). En Truchuelo, S. y Reitano, E. (Eds.), Las Fronteras en el mundo Atlántico (siglos XVI-XIX) (pp. 293-330). La Plata: FaHCE-UNLP. Recuperado de: http://libros.fahce.unlp.edu.ar/index.php/libros/catalog/book/85

Punta, A. I. (1997). Córdoba borbónica. Persistencias coloniales en tiempo de reformas (1750-1800). Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba.

Punta, A. (2011). Control social y políticas en la gobernación intendencia de Córdoba. Revista Sociedades de paisajes áridos y semi-áridos, Año III, V, 187-202. Recuperado de: http://www2.hum.unrc.edu.ar/ojs/index.php/spas/article/view/878

Punta, A. I. y Rustán, M. E. (Comps.). (2014). Córdoba borbónica a través de sus documentos. Córdoba: Ferreyra Editor.

Rustán, M. E. (2015). Las políticas de frontera. Córdoba y Cuyo: 1750-1820. Córdoba: Ferreyra Editor.

Sanz, R. (traductor y compilador) (1794). Diccionario Militar, o recolección alfabética de todos los términos propios al Arte de la Guerra. Madrid: Impresor/Editor Gerónimo Ortega y herederos de Ibarra.

Tamagnini, M. y Pérez Zavala, G. (2013) [2011]. La frontera sur cordobesa a fines del siglo XVIII. Una aproximación a partir del juicio contra el comandante del fuerte del Saladillo (1785). TEFROS, 11(1-2), 1-21. Recuperado de:

http://www2.hum.unrc.edu.ar/ojs/index.php/tefros/article/view/268

Tell, S. y Schibli, M. (2022). Una villa en tierras de naturales. Política de fundaciones y territorialidades indígenas e hispanocriollas en la Gobernación Intendencia de Córdoba. Revista TEFROS, 20(2), 44-75. Recuperado de:

http://www2.hum.unrc.edu.ar/ojs/index.php/tefros/article/view/1400   

Vitar, B. (1997). Guerra y misiones en la frontera chaqueña del Tucumán (1700-1767). Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

 

Notas