Vida ulterior en cautiverio: indigeneidad y destierro en el sudeste de Sudamérica, de Jeffrey Erbig, Revista TEFROS, Vol. 24, N° 1, artículos publicados y traducciones, enero-junio 2026: 162-198.
En línea: enero de 2026. ISSN 1669-726X
Cita recomendada:
Erbig, J. (2026). Vida ulterior en cautiverio: indigeneidad y destierro en el sudeste de Sudamérica.
Revista TEFROS, 24 (1), 162-198 (trabajo original publicado en inglés en 2024, traducción al español de Emilia Ghelfi). DOI: https://doi.org/10.63207/tefros.v24n1.a7
Vida ulterior en cautiverio: indigeneidad y destierro en el sudeste de Sudamérica
Afterlives in captivity: indigeneity and penal deportation in southeastern South America
Sobrevidas no cativeiro: indigenidade e degredo no sudeste da América do Sul
Jeffrey Erbig
Latin American and Latino Studies Department, University of California,
Santa Cruz, Estados Unidos
Contacto: erbig@ucsc.edu - ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9755-5015
Fecha de presentación: 17 de setiembre de 2025
Fecha de aceptación: 10 de diciembre de 2025
Resumen
Este estudio analiza las intersecciones entre el destierro y el cautiverio indígena en el sudeste de Sudamérica durante el siglo XVIII. Basándose en los registros sobre Lincompani, un cacique tomado cautivo por los españoles en la pampa y desterrado a las Islas Malvinas junto con otros presidiários, el artículo destaca la escala del destierro como castigo penal en la América colonial y conecta esta práctica con la formación de límites geopolíticos. A medida que los funcionarios coloniales desterraban a los criminales implicados a fronteras disputadas con rivales indígenas u imperiales y desterraban a los hombres indígenas cautivos de una frontera a otra, estas migraciones forzadas fortalecieron la lógica espacial territorializada y contribuyeron al despojo de las tierras indígenas. A partir de medio siglo de registros de Malvinas, el artículo analiza también las experiencias de destierro de convictos y cautivos. Se destacan las instancias en que ese estatus compartido de presidiario puede haber sido sustituido por o haber estado subordinado a distinciones étnicas, particularmente considerando la lógica de género que influyó en su destierro, y reflexionando sobre el relato de sus acciones plasmado en los registros coloniales.
Palabras clave: destierro; colonias penales; cautiverio indígena; espacios de frontera; Islas Malvinas.
Abstract
This study analyzes intersections between penal deportation and Indigenous captivity in southeastern South America during the eighteenth century. Via records on Lincompani, a cacique taken captive in the southern borderlands of Buenos Aires and exiled to the Malvinas Islands alongside other prison laborers (presidiarios), it highlights the scale of penal deportation within the early Americas and connects the practice to the formation of geopolitical borders. As colonial officials banished purported criminals to borders, rather than across them, and banished male Indigenous captives from one borderland to another, these forced migrations reinforced territorialized spatial logics and contributed to Indigenous land dispossession. Drawing upon a half century of records from Malvinas, the article also analyzes convicts’ and captives’ experiences of penal deportation, highlighting instances when their shared status as presidiario may have superseded or been subordinated to ethnic distinctions, considering the gendered logics that shaped their banishment, and reflecting upon the narration of their actions via colonial records.
Keywords: deportation; penal colonies; Indigenous captivity; borderlands; Malvinas-Falkland Islands.
Resumo
Este estudo analisa as interseções entre degredo e cativeiro indígena no sudeste da América do Sul durante o século XVIII. A partir de registros sobre Lincompani, um cacique capturado nas fronteiras meridionais de Buenos Aires e degredado nas Ilhas Malvinas juntamente com outros presidiários, o artigo evidencia a amplitude do degredo na América colonial e relaciona essa prática à formação de fronteiras geopolíticas. Ao degredarem supostos criminosos para as fronteiras disputadas com rivais indígenas ou imperiais e ao degredarem homens indígenas cativos de uma zona fronteiriça para outra, os oficiais coloniais reforçaram lógicas espaciais territorializadas e contribuíram para o processo de desapropriação das terras indígenas. Com base em meio século de registros das Malvinas, o artigo também examina as experiências de degredo de condenados e outros presidiários, destacando momentos em que sua condição compartilhada de degredado pode ter se sobreposto — ou sido subordinada — a distinções étnicas. Além disso, considera as lógicas de gênero que moldaram seus degredos e reflete sobre a maneira como suas ações foram narradas nos registros coloniais.
Palavras-chave: degredo; colônias penais; cativeiro indígena; fronteiras; Ilhas Malvinas.
Introducción
En los once años que Lincompani trabajó como resero en la Isla de la Soledad, la isla más grande del archipiélago de las Malvinas, pasó poco tiempo en su pequeño hospital. Es más probable que esto se haya debido más a una falta de atención médica que a una necesidad personal. A los 72 años, tenía una edad mucho más avanzada que aquellos con los que trabajaba, y solo tres años antes, en 1788, el oficial al mando de la isla lo había considerado “enteramente ynutil” debido a sus achaques. A pesar de esta determinación, Lincompani fue obligado a continuar con su trabajo y luego una caída del caballo lo dejó “enteramente ynabil”. El médico de la isla le diagnosticó dos costillas fracturadas y sangrado intermitente en uno de sus oídos, probablemente señal de un traumatismo en la cabeza; un año después regresó al hospital, o quizás permaneció en él, con dolor en el pecho debido al “porrazo q.e recivio en la lanzada”.[1]
Si bien estos breves diagnósticos médicos medían el sufrimiento de Lincompani en una escala de productividad, una petición de clemencia de siete páginas, redactada con otros tres presidiarios y enviada al virrey español en Buenos Aires en 1792, brindan una imagen más completa. En esta carta, Manuel Lorenzo —que puede haber sido otro nombre de Lincompani— y los otros firmantes contrastaban la falta de esperanza de sus cadenas perpetuas con las idas y vueltas de los presidiarios que cumplían una condena por tiempo determinado. Habiendo pasado ya más de una década de arduo trabajo criando vacas y caballos en medio de los vientos azotadores y las frías temperaturas de la isla, estaban plagados de dolencias que creían que solo podían aliviarse en otra parte. Señalaban que, en todo ese tiempo, todos habían cumplido con el estricto protocolo militar de la isla y ninguno había cometido un delito. Expresaban su desesperación ante la perspectiva de vivir el resto de sus días en una isla donde hasta el oficial al mando reconocía que la calidad de vida “llama la atenz.n à la humanidad [de su destierro]”. Si el virrey solo fijaba una fecha para terminar con su castigo —pedían— la esperanza de finalmente reunirse con sus familias mitigaría las “tantas pensiones” con las que estaban viviendo.[2]
A primera vista, las experiencias y acciones de Lincompani en las Malvinas se parecían a las de otros presidiarios. Los registros de la isla ciertamente lo mostraban de esa forma: como la mayoría, casi siempre era catalogado como presidiario o desterrado; durante el día, recorría extensas zonas de la isla para criar ganado; de noche, dormía encerrado dentro del presidio; recibía raciones regulares y periódicamente se presentaba ante el personal militar rotativo que gobernaba la isla. Sin embargo, pequeñas anotaciones indican una experiencia diferente. En varias listas de los presidiarios de la isla, Lincompani era etiquetado como un “indio pampa” o simplemente como un “indio”, lo que señalaba que pertenecía a un reducido grupo de cautivos indígenas desterrados en la isla junto con supuestos delincuentes. Como Lincompani era un cautivo, en lugar de un sujeto colonial que había sido arrestado, nunca había sido sometido a un proceso formal, su destierro no tenía fin, y fue enviado a Malvinas a los sesenta años más o menos cuando la mayoría de los otros presidiarios estaban entre los veinte y treinta y tantos años. El cautiverio de Lincompani lo privó de un expediente que aclarara su nombre e identidad a los administradores rotativos de la isla y a los investigadores de la actualidad. Esta circunstancia archivística ha contribuido a borrar esta parte de su vida de la memoria histórica.
Los hombres indígenas que, como Lincompani, fueron tomados cautivos y desterrados a establecimientos penales han ocupado un espacio liminal entre los estudios históricos de la colonización penal y los estudios de frontera focalizados en el cautiverio indígena. Sin embargo, estos dos cuerpos de investigación brindan un punto de partida útil para comprender sus penurias. En las últimas décadas, varias investigaciones sobre colonización penal han revelado la naturaleza sistémica y la longevidad histórica de la práctica, vinculando el destierro de supuestos delincuentes con la expansión de los proyectos imperiales y la extracción capitalista de mano de obra y demostrando la persistencia de la práctica mucho después de la independencia política de los imperios europeos. Los estimativos varían mucho; sin embargo, la mayoría de los trabajos están de acuerdo en que cientos de miles de personas fueron trasladadas a América y dentro de ella de este modo, con números globales que alcanzan los millones.[3] Estos trabajos han enmarcado el destierro principalmente en términos de utilitarismo imperial —como un medio para que las coronas europeas implementaran el orden social en las metrópolis al mismo tiempo que brindaban a las autoridades coloniales una fuerza laboral móvil— y se han centrado en el destierro desde los centros administrativos a los espacios de frontera.[4] Como resultado, la discusión sobre los presidiarios indígenas sigue siendo limitada. Algunos trabajos los han identificado a través de perfiles cuantitativos de presidiarios, y otros han analizado instancias de sujetos coloniales indígenas que fueron capturados o participaron en la práctica del destierro (Rebagliati, 2015, pp. 39, 49, 54; Mehl, 2016, pp. 172-173, 210-211). No obstante, poco se ha escrito sobre la experiencia de los hombres indígenas una vez que eran enviados a un presidio, ya que conformaban un porcentaje ostensiblemente pequeño de los presidiarios, y su calidad (estatus social) documentada como presidiario o desterrado tendía a sustituir los marcadores étnicos o raciales en los registros coloniales, lo que a menudo no permitía distinguirlos de otros desterrados.
Mientras tanto, un número cada vez mayor de estudios de frontera han analizado el cautiverio indígena en América. Al enfatizar el intercambio interétnico y las redes superpuestas de parentesco, comercio y autoridad entre agentes imperiales e indígenas, estas obras han prestado una mayor atención a la captura, la reubicación forzosa y la privación de la libertad persistentes de los pueblos indígenas a pesar de las prohibiciones formales de ambas monarquías ibéricas (Monteiro, 1994; Brooks, 2002; Lucaioli y Latini, 2014; Miles, 2017; Levin Rojo y Radding, 2019; Valenzuela Márquez, 2017). Algunos investigadores calculan que hasta cinco millones de indígenas americanos fueron esclavizados, aunque los recuentos hemisféricos tienden a derivar de los estudios en lengua inglesa referidos a la Norteamérica continental y el Caribe, con menos atención a las tierras bajas de Sudamérica (Ethridge y Shuck-Hall, 2009; Gallay, 2009; Rushforth, 2012, p. 9; Reséndez, 2016, pp. 5, 324; Bialuschewski y Fisher, 2017, p. 2).[5] Con el foco en el despojo de la tierra y la distribución de cautivos a individuos o familias coloniales, el destierro y el uso de cautivos para trabajo de la corona ha recibido poca atención y, cuando se lo menciona, ha tendido a aparecer como un epílogo de los relatos centrados en las tierras de origen de los cautivos e individuos que permanecieron en espacios de frontera.[6] Es probable que esta tendencia derive de los desafíos metodológicos de conectar registros archivísticos de cautivos fragmentados y geográficamente dispersos. Los registros coloniales que conciernen a los sitios de captura tienden a estar ubicados en archivos o colecciones diferentes de los registros relacionados con los sitios de destierro y a menudo en países diferentes, lo que dificulta rastrear a los cautivos a lo largo de sus trayectos (Erbig y Latini, 2019, pp. 254-259). Este desafío es particularmente intenso cuando se considera la tendencia que tienen los escritores coloniales de reemplazar las categorías étnicas con las de calidad y asignarles nombres católicos comunes, ocultando de este modo sus orígenes.
Este estudio aborda el destierro de los cautivos indígenas en el Río de la Plata. Examina la lógica colonial que apuntaló la práctica junto con la experiencia individual y colectiva de los cautivos, sus compañeros de destierro y sus comunidades de origen. Considerar juntos a cautivos y otros presidiarios revela la intersección de migraciones que, con mucha frecuencia, se conceptualizan de un modo separado y nos permite repensar los supuestos habituales. El destierro no fue solo una estrategia utilitaria para hacer cumplir la ley de la metrópolis y adquirir mano de obra colonial; a través de la reubicación forzada tanto de presos como de cautivos, fue también un medio para producir una jerarquía de espacios de orden colonial, desde ciudades establecidas hasta asentamientos fronterizos de reciente formación y tierras que estaban más allá del control de una determinada jurisdicción. La construcción de espacios coloniales implicaba la vigilancia y el castigo de sujetos plebeyos, inconformistas y cada vez más racializados, cuyo castigo por medio del destierro los hacía una encarnación sometida de la soberanía colonial en fronteras en disputa. A su vez, el destierro de cautivos indígenas llevado a cabo por funcionarios coloniales constituía un doble ejercicio de soberanía y posesión de la tierra: su captura era una afirmación de la autoridad colonial sobre personas que estaban fuera de las jurisdicciones coloniales, y su reubicación forzosa era una forma de usar sus cuerpos para reclamar otras tierras en disputa. De este modo, al tomar cautivo a Lincompani, las autoridades españolas coloniales reclamaron el derecho a vigilar las fronteras que estaban en disputa con sus parientes, y al desterrarlo a las Malvinas, buscaron simultáneamente transformarlo en un sujeto colonial y reforzar los reclamos españoles sobre el archipiélago frente a Gran Bretaña.
La biografía de Lincompani es fundamental no solo para comprender la lógica colonial del destierro, sino también por el significado que se deriva de sus acciones documentadas. Los desterrados aparecen consistentemente en los registros coloniales españoles de las Islas Malvinas desde 1766 hasta 1810 y, a veces, en procesos judiciales, correspondencia militar, y registros administrativos del continente sudamericano. La dispersión de estos registros en archivos provinciales y nacionales de la Argentina y Uruguay, así como en el Archivo General de Indias en España, dificulta el análisis de sus experiencias. Sin embargo, en conjunto, permiten establecer relatos narrativos del cautiverio de Lincompani y las experiencias entramadas de los presidiarios, indígenas o de otros orígenes. Estas historias individuales y colectivas ilustran las ambigüedades de los registros coloniales —en particular, las formas de registrar, nombrar y clasificar— y las dificultades de rastrear a los cautivos indígenas a través de un aparato colonial policéntrico. No obstante, prestar atención a este corpus de documentos hace posible la consideración de vidas en gran medida borradas de la memoria a través del destierro y la fragmentación archivística y, a su vez, facilita marcos analíticos que no terminan en el momento de la captura o la sentencia, aun si tienen como resultado relatos holográficos (Van Deusen, 2017). La vida de los cautivos indígenas continuó después del momento de su captura y sus relaciones con otros desterrados revelan tanto solidaridad como antagonismo en el panorama de respuestas a sus problemas compartidos.
De cacique a presidiario
Lincompani fue capturado por las autoridades coloniales españolas en 1780, cuando con un acompañante llamado Valerio viajaba a Luján, un asentamiento ubicado unos 75 kilómetros al oeste de la ciudad de Buenos Aires, en busca de un tratado de paz con el virrey.[7] Este no fue su primer encuentro significativo con los españoles, ya que las tolderías que estaban bajo su autoridad habían participado de una expedición conjunta contra los tehuelches en 1770 y habían ratificado un tratado de paz con los españoles al año siguiente.[8] Más aún, las tolderías de Lincompani se encontraban en el camino entre Buenos Aires y Salinas Grandes –unos salares que eran muy importantes para la creciente economía ganadera de la ciudad— y, por lo tanto, tenían interacciones regulares con oficiales militares, comerciantes y colonos.[9] Si bien los registros administrativos españoles brindan pocos detalles sobre la detención de Lincompani, incluyen el motivo que tuvo el virrey para dar la orden de que fuera puesto bajo custodia. Después de consultar con oficiales militares, administradores y elites de los asentamientos cercanos y de tomar testimonio a un excautivo, el virrey concluyó que el pedido de paz de Lincompani era una táctica para “adormecer nuestra vigilancia y entorpecer nuestras medidas [defensivas]”.[10] Señaló un conflicto en curso con las tolderías cercanas como evidencia del engaño del cacique, aunque lo más probable fuera que aquellas en cuestión no estuvieran bajo el liderazgo de Lincompani. Decidió que no convenía “concederles tregua […] aun cuando aquellos caciques, sin ejemplar, procediesen de buena fé, y con la debida fidelidad” y determinó que las leyes y costumbres existentes que regían las relaciones interétnicas en la región “á la verdad no se entienden”. En cambio, resolvió priorizar las leyes “precisas, y naturales de la propia defensa”.[11] Meses después, el Consejo de Indias de España confirmó la decisión del virrey, sosteniendo que no tenían ”principios bastantes para discernir la fuerza de estos pactos” y reiterando las sospechas sobre el engaño de Lincompani.[12] Sin embargo, los funcionarios españoles ofrecieron poca justificación para la detención y el destierro de Lincompani y Valerio, y el virrey apenas señaló que se quitaría “así de entre los indios uno de los mas vaqueanos caciques”.[13] La naturaleza oportunista del destierro de Lincompani a las Malvinas es especialmente clara cuando se considera que el virrey y su consejo de guerra declararon unánimemente que buscarían la paz con las tolderías de la pampa el año siguiente, una decisión que la corona española consideró “prudente” (Levaggi, 1995, p. 716).
El uso del destierro como castigo penal fue una práctica generalizada en la expansión ultramarina iberoamericana y la administración colonial, y una amenaza omnipresente para los sujetos imperiales, en particular los hombres plebeyos. Al igual que otros gobiernos imperiales europeos, España y Portugal desterraron colectivamente a cientos de miles de supuestos delincuentes al extranjero o entre sus distintas colonias y decenas de miles de ellos fueron desterrados hacia o desde América o entre distintos lugares de la región (Coates, s/f; De Vito, 2018, pp. 68-73). Los estudios que han intentado calcular la escala se han centrado en los desterrados (degregados en portugués) expulsados del continente ibérico a América o, en el caso de Hispanoamérica, de Nueva España a presidios en sus fronteras del norte, en la cuenca del Caribe o las Filipinas (Cáceres Menéndez y Patch, 2006, pp. 367-371; Souza Torres, 2013, p. 148; Mawson, 2013, pp. 716-717; Mehl, op. cit., pp. 24-25, 277-278; Coates, op. cit.). El creciente recuento de las redes geográficas de destierro, en particular en el sur de Sudamérica, indica que estos números fueron más elevados que los supuestos originalmente (Cordero Fernández, 2017; De Vito, op. cit., pp. 73-77; Gomes Lessa, 2018). Más aún, el destierro se cruzaba con otras redes de migración forzada, ya que era una forma para que los funcionarios coloniales castigaran a los afrodescendientes esclavizados acusados de rebeldía u otras ofensas, o para que desarraigaran a los cautivos indígenas como ocurrió con Lincompani y Valerio.[14] En muchos establecimientos de los espacios de frontera en el sur de Sudamérica, los presidiarios vivían junto a familias campesinas que habían sido forzadas u obligadas a migrar de España o de otras partes de Hispanoamérica como parte de los proyectos de asentamiento de la época de los Borbones (Poska, 2016, pp. 135-170; Punta, 1997, pp. 219-224).
En el sudeste de Sudamérica, el destierro y la construcción de la frontera fueron prácticas concomitantes durante la última mitad del siglo XVIII y ambas derivaron del deseo colonial de lograr un nuevo orden espacial en la región. Mientras que, durante mucho tiempo, las geografías legales imperiales y los centros de población se habían limitado a los corredores costeros y ribereños, rodeados por comunidades indígenas autónomas, los funcionarios iberoamericanos comenzaron a avanzar reclamos de soberanía sobre tierras del interior continental y las poblaciones que vivían en ellas (Erbig, 2020, pp. 12-38). Las cambiantes geografías administrativas influyeron tanto en el proceso como en los destinos del destierro. La formación del Virreinato del Río de la Plata en 1776 centralizó la administración colonial española de la región en Buenos Aires, puso a numerosos distritos bajo su jurisdicción y los organizó en unidades administrativas más localizadas, como los cabildos (Lynch, 1958, pp. 62-89). Como cada cuerpo jurisdiccional tenía la capacidad de desterrar, surgieron sistemas descentralizados y paralelos de justicia.[15] En muchos casos, el destierro era un asunto relativamente local y los individuos condenados eran expulsados de una determinada jurisdicción en lugar de a un destino particular.
Casos de destierro fuera de la jurisdicción de un distrito se producían junto con otros en los cuales el acusado era sentenciado a un proyecto de obras públicas o a un presidio. Este patrón se asemejaba al de otras partes de la América española y portuguesa, y probablemente explica el uso a menudo intercambiable de los términos desterrado y presidiario en los registros coloniales.[16] Algunos presidios estaban cerca de centros administrativos, por ejemplo, Buenos Aires y Montevideo, sin embargo, la mayoría estaban ubicados en fronteras disputadas. La mayoría de los desterrados por las autoridades coloniales de Buenos Aires eran enviados a sitios costeros fortificados como Maldonado al norte (en disputa con los portugueses); pequeños asentamientos como Carmen de Patagones, Puerto Deseado y Floridablanca al sur sobre la costa patagónica (en disputa con los aucas y los tehuelches); y establecimientos en islas militares como Martín García (en disputa con los portugueses) y Puerto de la Soledad en las Islas Malvinas (en disputa con Gran Bretaña). (Mapa 1) Unos pocos desterrados eran destinados a ubicaciones más distantes como Fernando Póo (hoy en día Bioko, Guinea Ecuatorial) y Filipinas.[17] En estas instancias, la institución que emitía la sentencia —fuera un cabildo, un juez de distrito, un gobernador, un tribunal de la audiencia, un alcalde, un oficial militar, un funcionario eclesiástico, o cualquier otro— determinaba la duración del destierro, mientras que el virrey, en general, elegía el destino y a veces modificaba o agregaba castigos (Rebagliati, op. cit., pp. 43-44). En otras instancias, los administradores locales desterraban a individuos a fuertes fronterizos de reciente construcción en los límites de su jurisdicción, y así la geografía del destierro creció a la par de los intentos de territorialización.[18]
Mapa 1. Asentamientos y sitios de destierro. Los administradores en los asentamientos coloniales (puntos) desterraban a los supuestos delincuentes a numerosos destinos (estrellas) en toda la región.
Los presidios junto a la frontera sur de Buenos Aires (rectángulos con banderas) eran a la vez sitios de destierro y lugares donde los cautivos indígenas eran canalizados hacia los sistemas penales.
Si las trayectorias de los desterrados replicaban y reforzaban las geografías jurisdiccionales, sus supuestos delitos demuestran aún más cómo los funcionarios coloniales solían usar el destierro para controlar el movimiento de personas y propiedad. Sobre la base de registros administrativos de las Islas Malvinas y de Martín García, que se encuentran en el Archivo General de la Nación en Argentina, hubo aproximadamente 1000 hombres desterrados a estos dos lugares —250 al primero y 750 al segundo—, entre 1766 y 1810. Aunque los registros de las islas no identifican los supuestos delitos de aproximadamente la mitad de los desterrados, robo, contrabando, vagancia y deserción —a menudo envueltos en la misma descripción— representaban aproximadamente la mitad de los casos en los que se identificaba un delito, de un total de aproximadamente 250. Los crímenes violentos (asesinato, crímenes que causaban muerte o lesiones) eran el siguiente grupo significativo, con unos 84 casos, y el resto incluía casos de disidencia sexual (sodomía, adulterio, cohabitación, bigamia), violencia sexual (sexo con un menor, violación), y categorías generales (excesos, desobediencia).[19] La comparación de estos números con los de la cárcel capitular en Buenos Aires, el centro de detención por el que la mayoría de los desterrados penales pasaban antes de ser enviados a Malvinas o Martín García, revela un patrón similar. De 1776 a 1783, 1555 personas estuvieron presas allí, de las cuales un 25 % había sido acusado de robo, un 25 % de asesinato, un 10 % de transgresiones contra las normas sexuales, un 10 % de violar el orden público y el resto de una variedad de ofensas o por medios extrajudiciales (Rebagliati, op. cit., pp. 49-50).
La preponderancia de castigos por delitos contra la propiedad, que generalmente implicaban la extracción o el traspaso no autorizado de ganado, coincidían con los esfuerzos coloniales de promover la cría y proliferación del ganado bovino como propiedad privada o del estado. Del mismo modo, los castigos por vagancia tendían a apuntar a hombres y comunidades de paso y móviles, muchos de los cuales habían migrado de otros centros de población y eran considerados vagos y revoltosos por los funcionarios coloniales. En 1789, por ejemplo, el cabildo de la ciudad de Santa Fe ordenó a los jueces de distrito “la persecucion y exterminio de todos los ladrones y gente pernisiosa” y ofreció mandarlos a cualquier establecimiento que el virrey considerara adecuado. Al año siguiente, el cabildo expulsó a familias que habían llegado de Córdoba y Santiago del Estero por ser “vagas y pernisiosas”, ya que se habían asentado sin autorización oficial.[20] El gobernador de Buenos Aires emitió una orden similar en 1750, al igual que el virrey en 1770.[21] El destierro de hombres acusados de robo o vagancia era una elección lógica para los administradores, puesto que el principal trabajo asignado a los desterrados en Martín García y las Malvinas era la introducción y cría de ganado, una tarea que no solo era físicamente extenuante, sino que se basaba en la experiencia en estancias. Desde una perspectiva administrativa, servía al doble propósito de hacer que los dos sitios coloniales fueran materialmente viables y de reformar a aquellos condenados por robo o vagancia a través del trabajo manual forzado. Esta creencia en la rehabilitación a través del trabajo derivaba de la noción de la época de los Borbones de que la laboriosidad era una condición del honor masculino, que se usaba para vigilar y explotar el trabajo de los hombres plebeyos incluso en un contexto de escasez de empleo (Lipsett-Rivera, 2019, pp. 79-107).
El aparato administrativo colonial que forjó las geografías del destierro se impuso sobre una geografía indígena mucho más amplia en la región. A pesar de los reclamos realizados por los administradores coloniales, hasta fines del siglo XVIII, la mayor parte del Virreinato del Río de la Plata siguió siendo territorio indígena. Las cadenas de asentamientos coloniales estaban rodeadas por comunidades indígenas autónomas —incluyendo los llamados pampas, serranos [o pampas serranos], aucas y ranqueles al sur y al oeste de Buenos Aires; aucas y tehuelches más al sur en la Patagonia; charrúas y minuanes al norte de Montevideo y al este de Santa Fe y Corrientes; abipones y mocovíes entre Santa Fe, Corrientes, Santiago del Estero y Córdoba; diaguitas y calchaquíes cerca de Tucumán; y mapuches y pehuenches cerca de Mendoza— quienes controlaban efectivamente las regiones rurales. (Mapa 1) En lugar de estar organizadas en torno de estos rótulos étnicos, que eran clasificaciones coloniales, las comunidades indígenas tendían a estar estructuradas en torno a tolderías bajo el liderazgo de uno o varios caciques. Lincompani, por ejemplo, compartía el liderazgo con otro cacique conocido como Cachegua (Nacuzzi, 1994, pp. 139-140). Las relaciones políticas entre tolderías eran dinámicas, en gran parte, debido a redes de larga distancia de intercambio cultural y económico, y sus acercamientos a los asentamientos coloniales derivaban de patrones de diplomacia indígena de larga data en la región.[22]
Los desterrados llegaban a los espacios de frontera como presidiarios o en compañías de blandengues, que patrullaban las tierras entre asentamientos y a menudo atacaban tolderías (Molina, 2013, pp. 26-27; Alemano, 2017; Fradkin, 2014). Mientras tanto, los desertores militares de estas zona de frontera y los hombres indígenas capturados en las incursiones coloniales eran trasladados a fuertes en otros rincones del virreinato, siguiendo un patrón evidente en toda América en ese momento.[23] Listados de la cárcel capitular de Buenos Aires y de Martín García confirman la presencia de hombres indígenas que parecen haber llegado a través del cautiverio.[24] Desterrar cautivos indígenas era una práctica colonial que tenía profundas raíces en la región. Por ejemplo, ya en 1629, el gobernador de Buenos Aires pidió autorización real para desterrar cautivos del Chaco a Brasil (Peña, 1916, p. 187). Hacia el siglo XVIII, los esfuerzos coloniales por establecer un control territorial unilateral sobre el interior del continente convirtieron el traslado forzoso de indígenas en un elemento central de las políticas de los espacios de frontera, las cuales fueron un precedente de las campañas genocidas llevadas a cabo por ejércitos republicanos en el siglo XIX. Con el tiempo, el cautiverio y el destierro se convirtieron en uno de los principales medios a través de los cuales los pueblos indígenas autónomos fueron incorporados a los sistemas de dominación colonial y estatal.
El destino de los cautivos indígenas dentro de los sistemas coloniales de castigo dependía en parte del género percibido y la edad del individuo. Siguiendo un patrón de castigo ejercido contra los sujetos imperiales, las mujeres y los niños indígenas enfrentaban con más frecuencia el enclaustramiento en la casa de recogidas de Buenos Aires o eran distribuidos entre las familias de elite como criadas; en cambio, los hombres indígenas eran enviados a las obras públicas o desterrados a presidios distantes o galeras. Esta bifurcación basada en el género y la edad buscaba explotar la mano de obra indígena, minar su reproducción y separar a los hombres cautivos de los sujetos coloniales que eran mujeres. También derivaba de las nociones coloniales españolas de que las mujeres y los niños podían reformarse a través de la tutela católica (Aguirre, 2006; Sarmiento, 2016, pp. 156-198; Erbig, op. cit., pp. 137, 145-146). En parte por esta razón, ellos fueron enviados en muchas instancias a las misiones jesuíticas guaraníes en Paraguay, como ocurrió en 1728, cuando milicias guaraníes de las misiones al parecer secuestraron mujeres y niños charrúas cerca de Corrientes.[25] Del mismo modo, en 1745, cuando fuerzas españolas tomaron 96 cautivos de tolderías cercanas a Luján, asociadas con un cacique llamado Calelián, enviaron a las mujeres y los niños a las misiones mientras que trasladaron a los hombres al presidio de Montevideo y luego a bordo de El Asia, un barco con destino a España. Poco después de embarcados, los hombres protagonizaron un levantamiento en el que tomaron brevemente el alcázar del navío; al ser finalmente rodeados, se arrojaron al mar antes de que la tripulación los pudiera reducir.[26] Cinco años después, una de las esposas de Calelián, Leonarda, escapó de las misiones a Santo Domingo Soriano con otra mujer y un niño. Según las autoridades locales, estaban coordinando con varios colonos españoles el regreso a la pampa cuando su plan fue descubierto.[27]
Aunque los cautivos constituían un pequeño porcentaje de los desterrados, el uso del destierro como una estrategia política y un medio de castigo los vuelve fundamentales para entender su lógica. Desde la perspectiva de los funcionarios coloniales, el destierro formaba parte de un esfuerzo más amplio para eliminar a los vecinos indígenas y reclamar sus tierras. Esta relación es evidente en la amenaza usada comúnmente de “exterminar” a los pueblos indígenas que se negaban a someterse a las autoridades coloniales iberoamericanas o ceder sus tierras. Si bien las definiciones actuales de exterminar enfatizan la idea de una matanza a gran escala, hasta el siglo XIX, su principal significado tanto en español como en portugués era “echar, excluir fuera de los términos” de una provincia o reino, un significado derivado de las raíces latinas ex— (“fuera”) y terminus (“límite”). Los diccionarios contemporáneos lo marcaban como un sinónimo de desterrar.[28] Por lo tanto, cuando, en 1801, el líder de una comisión española a las tolderías minuanas amenazó con “exterminar [su] raza tan maligna, inhumana, y perjudicial”, esto significaba tanto matar como sacar del territorio, acciones que los españoles llevaban a cabo simultáneamente.[29] Del otro lado de los Andes, cuando el gobernador de Chile escribió a la corona en 1767 que buscaba “aniquilar” a los mapuches que se resistían a los asentamientos coloniales, se refería a que lo haría “sacándolos a todos de sus tierras i distribuyéndolos por el reino [...] i distribuyendo a las mujeres i párvulos por las haciendas del reino” (Barros Arana, 1884, pp. 237-238). Aunque aniquilar significa explícitamente “reducir algo a nada”, aquí también el mecanismo para lograrlo era la expulsión de sus tierras.
El cautiverio y el destierro fueron sumamente disruptivos para las alianzas multiétnicas que caracterizaban la organización social indígena en los espacios de frontera, ya que las relaciones personales estructuraban el paisaje político. Por esta razón, no es de extrañar que los funcionarios coloniales usaran el destierro como una estrategia y que los parientes de los cautivos lucharan por su regreso. La frontera sur de Buenos Aires, compartida por serranos, aucas, ranqueles y otros pueblos indígenas —denominados colectivamente “pampas” en muchos registros coloniales— es ilustrativa en este aspecto. Entre la década de 1760 y principios de la de 1780, las relaciones entre los funcionarios coloniales, los colonos y los habitantes de las tolderías cercanas fluctuaba entre la paz y el conflicto. Los asentamientos recién formados, la militarización de los espacios de frontera, los cambios en las alianzas interétnicas y los ataques coloniales generaban con frecuencia malones indígenas, mientras que las siempre cambiantes condiciones económicas y las periódicas crisis ambientales tenían como resultado una competencia por los recursos (Mandrini, 2014; Punta, 2001, pp. 164-165, 169). En medio de estas relaciones cambiantes, numerosos caciques fueron tomados cautivos y enviados a Montevideo o Malvinas, al igual que Lincompani. Por ejemplo, un cacique llamado Flamenco colaboró con cuerpos de milicias españolas desde, por lo menos, 1759, negoció la paz entre el asentamiento español de Luján y las tolderías cercanas en 1765, participó en un malón contra un nuevo asentamiento en Magdalena en 1768, trató de formar un asentamiento cerca de El Zanjón en 1769 y protestó por los ataques contra los tehuelches en los que participaron las tolderías de Lincompani en 1770.[30] Durante este último incidente, fue arrestado por los españoles y encarcelado en Buenos Aires. Al año siguiente, fue desterrado a Malvinas donde permaneció hasta 1778, cuando fue transferido a Montevideo. Flamenco regresó a Buenos Aires en 1784, por orden del virrey, para servir como guía en una expedición contra las tolderías.[31]
El cautiverio de los líderes indígenas a menudo provocaba que sus parientes exigieran su regreso o tomaran represalias. Después del encarcelamiento de Flamenco, su hijo Antuco se dirigió a los funcionarios coloniales en varias ocasiones, solo para terminar tanto él como otros cuatro cautivos retenidos y enviados también a Malvinas.[32] En 1774, cuando un cacique ranquel llamado Toroñan fue a Buenos Aires con decenas de familiares a vender artesanías en los mercados de la ciudad, fueron apresados y desterrados a Montevideo. El virrey declaró a Toroñan y otros veinte hombres “presidiarios” y ordenó que cumplieran sentencias de por vida en los fuertes de la ciudad. Permitió que el gobernador de Montevideo determinara a dónde enviar a las siete mujeres que también fueron tomadas cautivas. Otros ranqueles pidieron en repetidas oportunidades que los funcionarios españoles devolvieran a Toroñan y sus compañeros por lo menos hasta 1781, y luego se negaron a hacer la paz con los españoles hasta que los cautivos fueran reintegrados a sus tierras.[33] Ninguna de las demandas recibió como respuesta la restitución en esta instancia particular, pero, no obstante, formaron parte de un patrón más amplio de relaciones en los espacios de frontera, ya que el regreso de otros cautivos llevados a Buenos Aires fue una característica común en los procesos de pacificación en la región (Aguirre, op. cit., pp. 6-7). En toda el área, se dio una dinámica similar, incluido en 1754 el caso de tres abipones de la región del Chaco desterrados a Montevideo, en el que la presión de los familiares obligó a que los vicegobernadores de Santiago del Estero y Santa Fe facilitaran su regreso (Lucaioli, 2011, p. 284).
Sobrevivir al destierro
Nueve años después de llegar a Malvinas, Lincompani fue bautizado, y solo dos semanas después, Valerio también lo fue. Los registros relacionados con sus bautismos, que incluían correspondencia entre los oficiales al mando de la isla y el virrey en Buenos Aires, brindan información limitada respecto de las circunstancias de estos eventos. La fecha de los bautismos —11 de enero de 1789 para Lincompani, y 25 de enero de 1789 para Valerio— fue en domingo, lo que indica que el sacramento fue una demostración pública como parte de la misa semanal de la isla. Con motivo de su bautismo, cada uno recibió un nombre católico: Lincompani fue llamado Pedro Apóstol Juan Lincompani, y Valerio, Pedro Apóstol Joseph Valerio.[34] El significado del evento para todos los involucrados es más oscuro y requiere cierta especulación. Los oficiales militares de la isla y el virrey lo presentaron como una evidencia de la incansable labor del capellán instalado allí y el uso del rótulo étnico “pampas” a lo largo de estos informes subraya una narrativa de conquista espiritual. Sin embargo, estos registros no hablan de las motivaciones o la coerción que llevaron a Lincompani y a Valerio a recibir el bautismo en ese momento en particular, una década después de su llegada o la importancia del nuevo nombre para los dos hombres.
La cuestión de recibir un nuevo nombre es particularmente importante, tanto por su simbolismo como por los obstáculos que plantea para identificar a Lincompani y Valerio en los registros históricos. Aunque el significado exacto de Lincompani no es claro, los registros del siglo XVIII y los diccionarios del siglo XIX sugieren que “Lincon” puede haber significado ‘grillo’ y “pani” puede haber significado ‘resplandor’ (Hernández, 1836., p. 35; Barbará, 1879, p. 102). Lincon era un nombre usado para referirse a varios caciques en la pampa en ese momento, lo que sugiere que puede haber sido también un marcador de estatus o linaje. Que Lincompani quedara relegado como apellido y que, a partir de ese momento fuera considerado como Pedro Juan era significativo, ya que lo marcaba como un sujeto católico en lugar de una autoridad indígena. El cambio en los nombres registrados también obstaculiza la identificación y la interpretación de sus acciones durante su cautiverio. El nombre de Lincompani fue inscripto en registros de Malvinas en una gran cantidad de formas, entre ellas, “Lincompagni”, “Licon Pagni”, “Lincon Pagny”, “Licon Sagny”, “Lorenzo Licompani”, “Sirco Pagni”, y posiblemente “Manuel Lorenzo”. Esta variedad de nombres fue similar al caso de otros caciques de la pampa y presidiarios de Malvinas y el bautismo solo agravó la ambigüedad.[35]
Incluso los funcionarios coloniales tenían problemas para hacer coincidir los nombres con una persona, y su confusión tuvo importantes consecuencias. En una carta al gobernador de Montevideo en 1793 respecto de una lista de presidiarios indultados, el virrey sugería que Lincompani debía de ser “el que denomina VS Santiago Pani, pues no hallo qual otro pudiera sèr de dhos yndultados; bien que su verdadero actual nombre ès el de Manuel Lorenzo Maria de la Soledad, seg.n Relacion que me pasò aquel Ministro de Haz.da en 22 de Nov.re de 91”.[36] Un expediente penal de 1780 revela, en cambio, que Santiago Pani era un indígena que había sido condenado por homicidio.[37] Más aún, el listado citado por el virrey distinguía a Lincompani de Manuel Lorenzo María de la Soledad y marcaba que la fecha de bautismo de Lorenzo había sido el 1 de enero de 1791, dos años después del de Lincompani.[38] Del mismo modo, una lista de presidiarios de mayo de 1791 distinguía a Lincompani, Santiago Pani y “Manuel Lorenzo” como personas distintas con diferentes fechas de llegada —Manuel Lorenzo y Lincompani en enero y febrero de 1780, respectivamente, y Santiago Pani en 1783— y listados anteriores de 1781 y 1782 distinguían a “Lorenzo Yndio Pampa” del “Yndio Pampa Linco Pagni”.[39] Una carta de enero de 1780 del oficial al mando en Malvinas al virrey confirmaba la llegada de un “Yndio Pampa Lorenzo” ese mes, mientras que el a menudo citado cacique Lorenzo (también conocido como Calpisquis) permaneció en la pampa hasta 1784 y un “indio Lorenzo” supuestamente estaba detenido en el presidio de Montevideo en 1786.[40] Estas fuentes parecen indicar que la fusión de “Lorenzo” y “Lincompani” ocurrió en Malvinas, aunque algunos registros militares de la pampa indican que “Lorenzo Licompani” era un nombre que se le había adjudicado a él antes de su destierro.[41] Por su parte, a menudo Valerio aparecía como “José Valerio” o “Joseph Balerio” hasta recibir su nombre bautismal.
Esta ambigua forma de nombrar impregnó los registros históricos relacionados con Lincompani y, por extensión, los estudios históricos que intentaron dar cuenta de sus acciones antes del destierro. Los estudios de las últimas tres décadas, al replicar la ortografía de documentos históricos o de otras investigaciones históricas, lo han llamado “Lincopagni”, “Linco Pangui”, “Lincon Pangui”, “Linco Pagni”, “Licon Pagni”, “Lincopán”, o simplemente “Lincón”.[42] Esto a veces ha llevado a confusión sobre si ciertas acciones adjudicadas a su padre fueron en realidad suyas (Hux, 1993, p. 38). Se evidencian patrones similares cuando se consideran los rótulos usados para describirlo, que van desde rótulos étnicos, como pampa, auca y ranquel, a términos que marcan indigeneidad y estatus, por ejemplo, indio y cacique. En otros estudios, se han discutido en detalle las ambigüedades, los orígenes coloniales y la importancia geográfica de los rótulos étnicos en la región, pero vale la pena señalar que, con la llegada de Lincompani y otros cautivos a Malvinas, el único rótulo étnico usado para marcarlos fue “pampa”, que se usó intermitentemente junto con el rótulo racial “indio”. El marcador de liderazgo, cacique, desapareció por completo (Nacuzzi, 2005; Giudicelli, 2018; Erbig y Latini, op. cit., pp. 259-264). Esta individualización y disociación discursiva de sus parientes —los rótulos ya no significaban a quién representaba, sino, en cambio, destacaba su indigeneidad— coincidieron con la transformación de su nombre a través del bautismo y la subordinación de su estatus étnico al de presidiario o desterrado.
La transformación discursiva de cacique a presidiario apunta a un estatus compartido entre Lincompani y otros presidiarios a través de la experiencia del destierro. Más allá del origen étnico o las circunstancias de su destierro, los presidiarios trasladados a Malvinas tenían un conjunto compartido de tareas, seguidas por rutinas similares y enfrentaban las mismas restricciones (Pike, 1983., pp. 20-25; Benton, 2010, pp. 181-182). El principal trabajo que se exigía a los presidiarios en Malvinas era cuidar y criar ganado en la Isla de la Soledad, una tarea que, a veces, los alejaba de las barracas militares en el Puerto de la Soledad. (Mapa 2) Al enviar a Lincompani y Valerio a Malvinas, el virrey en Buenos Aires recomendó esta tarea precisamente.[43] Sin embargo, por la noche, se exigía a los presidiarios que regresaran a su cuartel y permanecieran allí hasta la mañana. No volver al anochecer era, en el mejor de los casos, un motivo para la sospecha y, en el peor, según causas criminales formadas en la isla, evidencia de culpabilidad y una ofensa punible.[44] Los registros existentes ofrecen pocos detalles respecto de las rutinas semanales, aparte de la misa de los domingos por la mañana, pero es probable que el resto de los días estuvieran ocupados con actividades de pastoreo. Hay poca evidencia para verificar hasta qué punto se aplicaban estas rutinas, aunque dan muestras de una estructura de vigilancia. Por ejemplo, algunos presidiarios que estaban en buenos términos con los funcionarios de la isla eran nombrados capataces y quedaban a cargo de otros. Algunas investigaciones de delitos que ocurrieron en la isla e involucraron a presidiarios indican que el capataz estaba a cargo de reunir a los presidiarios a su mando y que este individuo pasaba la noche en una habitación adyacente al cuartel principal de los presidiarios.[45] En estos breves fragmentos de información, cautivos indígenas como Lincompani aparecían junto a otros presidiarios, compartiendo el mismo cuartel, satisfaciendo las mismas expectativas y siendo tomados como fuentes de la misma información.
Mapa 2. “Plano de las Yslas Maluinas” (1769). El establecimiento militar español de Puerto de la Soledad (letra A, bien a la izquierda) estaba ubicado en la Isla de la Soledad junto a la Bahía de la Anunciación (letra B). El ejército de España tenía información detallada respecto de las costas, aunque demostraba poco conocimiento del interior de la isla, donde los presidiarios solían trabajar. Fuente: España. Ministerio de Cultura y Deporte. Archivo General de Indias, MP-BUENOS_AIRES, 82BIS. Disponible digitalmente en PARES: https://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/16879
Más allá de sus rutinas, requisitos y expectativas compartidos, existían diferencias entre las experiencias de los cautivos indígenas y las de los presidiarios condenados por los tribunales coloniales. Las distinciones comenzaban con las sentencias, ya que las más largas para los sujetos imperiales —indígenas o no— eran de diez años, mientras que casi todos los cautivos indígenas eran trasladados sin limitaciones de tiempo o procesos legales. En el caso de Malvinas, solo hubo algunas excepciones a esta regla: un adolescente de trece años que fue condenado por sodomía, un hombre paraguayo acusado de ser ladrón reincidente, dos hombres acusados de espiar para enemigos indígenas y un sujeto indígena acusado de infidencia.[46] Los dos primeros casos fueron construidos sobre la base de diferentes lógicas coloniales —las nociones católicas de conducta sexual normativa y la noción patologizante de criminalidad incorregible—, pero los restantes constituían delitos contra el gobierno colonial en apoyo de pueblos indígenas autónomos. Una forma de ver estos últimos casos, en particular la severidad del castigo ejercido, es considerarlos delitos de traición contra el gobierno colonial en oposición a delitos contra individuos. Esto, combinado con la integración de los cautivos indígenas a los sistemas coloniales de autoridad a través del destierro, sugiere que el destierro no solo era un medio para controlar a los sujetos imperiales, sino un esfuerzo por ejercer la soberanía colonial castigando a individuos asociados con gobiernos rivales. Sin embargo, el ejercicio de la soberanía a través del destierro individual se limitaba a los rivales indígenas, ya que los registros de los establecimientos penales y las instituciones judiciales coloniales no indican el mismo trato para los prisioneros capturados en conflictos con rivales europeos. Si bien la sospecha hacia los extranjeros, es decir, los sujetos portugueses, motivó numerosos casos de destierro, esas instancias tendieron a tener como resultado la expulsión fuera de un asentamiento o jurisdicción, en lugar de un destierro a un destino penal.[47]
Las diferencias entre los cautivos indígenas y otros presidiarios también son evidentes cuando se consideran las demandas y experiencias espirituales y culturales. Mientras que casi todos los presidiarios se identificaban a sí mismos como católicos cuando se los interrogaba durante los juicios penales y cuando eran llamados como testigos, Lincompani y otros cautivos de la región de la pampa fueron bautizados años después de llegar a Malvinas, lo que sugiere una resistencia o reticencia hasta ese punto. Las investigaciones sobre el tráfico transatlántico de esclavizados africanos también brindan herramientas para especular respecto de la comprensión que Lincompani y otros cautivos tenían de su situación.[48] Al igual que muchos cautivos de África forzados a subir a los barcos de esclavos, el viaje marítimo de muchas semanas a bordo de un bergantín a Malvinas y la consiguiente desaparición de la línea costera pueden haber confrontado a Lincompani no solo con los mareos, sino también con la desorientación geográfica y espiritual de una persona cuya vida entera y cuyo mundo sociopolítico estaban escindidos del mar. Esta desorientación presumiblemente habría persistido debido a los escasos recursos de la isla: había lo necesario para administrar los sacramentos católicos, pero es probable que Lincompani haya tenido problemas para llevar a cabo sus propias prácticas espirituales una vez separado de su tierra natal y privado de sus recursos. Del mismo modo, el anhelo de reunirse con sus parientes, expresado en su petición al virrey, puede haberse visto aumentado por el escaso número de compañeros indígenas en la isla. Su destierro coincidió con el de Valerio —llegaron juntos, fueron bautizados casi al mismo tiempo y fueron indultados por el mismo orden—, pero parece que no se dio con el de ningún otro pampa aparte de Manuel Lorenzo. Dada la ambigüedad de los nombres y los rótulos étnicos no queda claro si eran o no la misma persona o si habrían compartido alguna afinidad. Si bien Valerio casi siempre aparecía junto a Lincompani en los registros de Malvinas, a menudo con una simple anotación “yd.m en todo”, generalmente no ocurría lo mismo con Manuel Lorenzo.
Además de la construcción de significados culturalmente situados que pueden haber dado forma a la comprensión que Lincompani y otros cautivos indígenas tenían de su situación, la etnicidad parece haber marcado a veces divisiones entre presidiarios. En la noche del 9 de abril de 1803, mientras estaban en sus barracas, un presidiario llamado José Fontán apuñaló a otro llamado Pasqual Valladares, que murió poco después. En una investigación posterior, numerosos presidiarios testificaron que la pelea había comenzado cuando Valladares, un pardo de Montevideo, se acercó un fogón donde Fontán estaba secando sus medias y le dijo de mala manera: “reniego de los Tapes que no son agradecidos”. Fontán que aparentemente era un tape respondió: “habla conmigo amigo?”, a lo que supuestamente Valladares replicó: “no hablo con vm. y si hablara fuera lo mismo”, y se acercó a Fontán. Para el momento en que los otros presidiarios los frenaron, Fontán ya le había infligido a Valladares una herida mortal.[49] La confesión de Fontán presentó una versión de los hechos ligeramente diferente. Además de afirmar que Valladares lo había amenazado antes ese día mientras estaba metiendo algunos caballos en el corral y que la puñalada ocurrió en defensa propia con el cuchillo de Valladares, relató un intercambio de palabras diferente. Según Fontán, Valladares había dicho: “estos Yndios no sirven sino para mugeres aqui”, a lo que él replico “pues yo aqui no vengo para ser muger, sino para pagar mi delito”.[50] La invocación de tape, un rótulo étnico usado a menudo como sinónimo de guaraní, y la femineidad como insultos entre los presidiarios apuntan a una economía del honor masculino mediada por la etnicidad percibida de la persona. Ser presidiario era estar deshonrado, y la restauración de la calidad de la persona dependía del desempeño de una conducta honorable a través del trabajo manual asociado con la masculinidad plebeya, es decir, el cuidado del ganado. No queda claro si los insultos de Valladares derivaron de un supuesto más amplio entre los presidiarios sobre el deshonor de los cautivos indígenas o la femineidad; sin embargo, estas divisiones marcarían un desafío adicional para Fontán, Lincompani y otros.[51]
Esta individualización y alienación hacen que las acciones posteriores de Lincompani y otros cautivos pampas en Malvinas sean totalmente destacables. Si bien el rol de Lincompani como líder político o intermediario en la pampa podría sugerir que hablaba español, la competencia cultural necesaria para sobrevivir como presidiario probablemente le fuera más esquiva. Parece que él y otros necesitaron años para descubrir cómo manejarse con los escasos recursos disponibles para los presidiarios. Aunque, durante casi una década, apenas figuraron en los registros de la isla, luego fueron bautizados e hicieron numerosos pedidos de clemencia real, todo en un lapso de tres o cuatro años. Una petición de este tipo —redactada con otros presidiarios en su último año en la isla— señala que la comandancia les debía tres meses de vino del cuartillo que gozaban por “las fatigas de estanciero y empajador” y que, cuando las provisiones eran escasas, les retenían las raciones. En la petición, solicitaban que la deuda del gobierno fuera pagada en dinero o en ropa, y el gobernador militar de la isla recomendaba su remuneración en especies y dinero impreso.[52] ¿Qué representa esta repentina propensión a redactar peticiones escritas en el estilo de un sujeto suplicante? Quizás Lincompani y los otros se congraciaron con este oficial al mando en particular, lo que les permitió que sus peticiones fueran registradas y enviadas al virrey, o tal vez habían desarrollado el conocimiento lingüístico y legal requerido para formular una petición. Del mismo modo, la naturaleza colaborativa de la petición de clemencia y el reconocimiento de una experiencia común entre presidiarios condenados “sin tiempo” revela la formación de vínculos a lo largo de los años. En lugar de la “muerte social”, su adaptación, su resiliencia y sus vínculos recién formados indican la construcción activa de mundos sociales en medio del alejamiento de sus comunidades de origen, las condiciones perniciosas de su destierro y la crisis del olvido.[53]
Cualquiera que fuera el caso, los años que mediaron entre la llegada de Lincompani a Malvinas y su pedido de liberación estuvieron caracterizados por la violencia cotidiana. Pocos registros de Malvinas señalan la espectacular violencia asociada con otros contextos de falta de libertad, pero la larga duración de su destierro y el perpetuo requisito de que trabajara a pesar de su avanzada edad eran, no obstante, anormales, debilitantes y traumáticos. Su estado de discapacidad no era una anomalía, sino un resultado predecible dadas las circunstancias de su castigo. Lincompani no fue el único que sufrió de esta forma, ya que Pedro Pablo Suárez, que estaba cumpliendo una condena a cadena perpetua por haber espiado supuestamente para enemigos indígenas, fue hallado moribundo en la playa en las afueras de Puerto de la Soledad y afirmó que había sido atropellado por un carro de bueyes en un pantano cercano.[54] Otros presidiarios terminaron en el hospital de la isla: algunos murieron allí, a causa de escorbuto, sífilis, dolencias respiratorias, mala salud mental y achaques, problemas que apuntan a una mala alimentación, trabajo arduo y una falta de cuidado general.[55]
Incluso la elección de Malvinas como destino implicaba una carga indebida para los presidiarios. Era uno de varios destinos penales regionales para presos y cautivos, pero su ubicación lejos de la costa lo convertía en un lugar de castigo excepcionalmente aislado y particularmente penoso en la mente de los contemporáneos. El clima extremo y los vientos azotadores eran mencionados con frecuencia en los pedidos de traslado de los presidiarios, cuando citaban que las condiciones climáticas eran debilitantes o, como mínimo, obstáculos para su recuperación.[56] Los comandantes militares de la isla tenían quejas similares, y señalaban también las tormentas que hacían volar los techos de sus edificios, las infestaciones de ratas, y la escasez general de leña.[57] Por su parte, los funcionarios coloniales en el continente aplicaban el destierro a Malvinas como un castigo especialmente severo que podía rehabilitar la calidad de una persona; sin embargo, ocasionalmente reconocían los efectos perjudiciales de residir allí.[58] Ni a Lincompani ni a los otros cautivos indígenas enviados a Malvinas se les otorgó la posibilidad de traslado, al menos no hasta que aprendieron la cultura legal de las peticiones, los indultos y la clemencia. No fue sino hasta que suplicó a la soberanía colonial española que su sufrimiento se visibilizó.
Conclusión
Quizás la lesión de Lincompani podría haberse evitado, ya que el virrey en Buenos Aires le había otorgado un indulto más o menos en la misma época de su caída. El motivo preciso para el indulto es en cierta forma ambiguo. Un registro de presidiarios en Malvinas señalaba que el virrey había tenido clemencia con Lincompani y otros dos presidiarios en 1791 “por ser ynd.s”. Sin embargo, Lincompani fue excluido de la lista de los que regresarían al continente en 1792, lo que llevó al virrey a emitir otra orden para su libertad ese año. Esta segunda orden incluía a su compañero de larga data, Valerio, que no estaba registrado en el indulto original y que había muerto en algún momento de 1791.[59] El virrey explicó que el gobierno colonial había estado investigando los casos de presidiarios que no habían tenido proceso judicial y de los que el oficial al mando de la frontera sur de Buenos Aires había podido brindar información aclaratoria. Lincompani debía ser enviado a Montevideo y permanecer allí. Esta segunda orden tampoco tuvo efecto, ya que la rotación de comandantes militares había llevado a confusión sobre a quién exactamente se le ofrecía el indulto, de modo que el virrey preguntó por la demora, y emitió una tercera y una cuarta orden al año siguiente.[60] Dos años después de su caída y del indulto inicial, y catorce años después de poner un pie en Malvinas, Lincompani parece haber vuelto a tierra firme, puesto que el comandante de la isla confirmó su embarque en octubre de 1793 y el virrey documentó su llegada a Montevideo en diciembre. Ambos documentos lo llamaban “Manuel Lorenzo” si bien citaban la orden de 1792 de liberar a “Lorenzo Licompani”. Supuestamente fue liberado, aunque los registros no indican dónde o qué ocurrió con él después de eso.[61]
Aunque el destierro en Malvinas abarcó solo una parte de la vida de Lincompani, no puede desligarse de un contexto más amplio de esfuerzos coloniales por tomar la posesión de la tierra y ejercer la soberanía sobre pueblos indígenas autónomos. En lugar de servir como un epílogo a los relatos de diplomacia interétnica e intercambio en los espacios de frontera, el destierro fue parte integral de los esfuerzos por crear y expandir territorios de derecho colonial, y los espacios carcelarios constituyeron sitios de individualización y subyugación. Reunir colecciones de archivos que comúnmente se tratan de forma aislada revela conexiones entre distintas fronteras, ya que cautivos o supuestos delincuentes de un sitio se transformaban en colonos sin libertad en otros. Poner el foco en las experiencias de migración forzada de los cautivos a los presidios permite una comprensión más profunda de los esfuerzos coloniales de racialización, etnificación e indianización más allá de los sitios tradicionales de estudio como las misiones, las ciudades o los pueblos de indios. El contenido de los expedientes de Malvinas también lleva a entender de un modo más profundo la agencia indígena, ya que los cautivos forjaban vínculos con otros en las islas para sobrevivir y encontrarle un sentido a su situación. Independientemente de su valor para el análisis, la vida de Lincompani es importante y si bien la unión de fragmentos documentales produce una narrativa ambigua, desafía el borrado archivístico que tuvo como resultado su destierro.
El contenido y la estructura de los archivos de destinos penales como Malvinas plantean ciertos límites a esta línea de investigación. El castigo y el dolor generaron rastros de papel, pero se necesita hacer especulaciones cuando se considera la naturaleza cotidiana de la violencia o las acciones y experiencias de los cautivos más allá del sufrimiento. Del mismo modo, la bifurcación de los cautivos según su género percibido y edad —los hombres adultos eran enviados a presidios, y las mujeres y los niños eran destinados a centros urbanos o misiones— genera desafíos para considerar sus experiencias dentro de un marco colectivo. Más aún, Puerto de la Soledad fue uno de un puñado de presidios ubicados en archipiélagos alejados de las líneas costeras continentales y sin población local, lo que vuelve necesaria la consideración de otros sitios y regiones. En el sudeste de Sudamérica, los cautivos indígenas también eran enviados comúnmente a Montevideo, una ciudad colonial con una ciudadela adyacente, y en toda América los sitios precisos de destierro influyeron en las experiencias de los cautivos y las oportunidades de las que dispusieron.
Tanto las Islas Malvinas como las prácticas desarrolladas a fines del siglo XVIII siguen estando profundamente entretejidas con las relaciones interétnicas en la región. Aunque España abandonó el archipiélago a principios del siglo XIX, charrúas que parecen haber sido desterrados de Uruguay participaron en un levantamiento contra el gobierno británico de las islas en 1834, mientras que el gobierno argentino envió al menos cien mapuches, qom, wichís y mocovíes a la guerra contra Gran Bretaña por las islas en 1982 (Erbig, op. cit, p. 138, 204; Chico, 2016). Durante la invasión de la Argentina a las tierras indígenas en la segunda mitad del siglo XIX, miles de cautivos fueron enviados a Martín García, Carmen de Patagones, y otros sitios, donde se separó a las familias según el género y la edad. Posteriormente el gobierno reclutó a los hombres para el ejército, mientras que forzó a las mujeres y los niños a la servidumbre doméstica en familias de elite en Buenos Aires y otras partes, apartándolos de sus parientes. Mientras tanto, la Argentina desterró a supuestos delincuentes de los centros urbanos a establecimientos penales como Ushuaia, que estaba firmemente en tierras indígenas (Papazian y Nagy, 2010; Kerr, 2020, pp. 30-37; Edwards, 2021). Los pueblos indígenas de la Argentina y Uruguay siguen luchando por su reconocimiento, y el acceso y control de sus tierras, mientras que los inmigrantes indígenas enfrentan innumerables modos de exclusión social. Estos hechos y condiciones nacieron todos de la lógica colonial respecto de la posesión de la tierra, la soberanía y la indigeneidad. Como el destierro ha llegado a significar la migración forzada a través de las fronteras de los Estados-nación, es necesario recordar que el destierro a los espacios de frontera fue parte integral de su invención y de las nociones territorializadas de soberanía e inclusión que dan forma a la práctica de hoy.
Agradecimientos
El autor quisiera agradecer a Pablo Álvarez Cabello, Claudio Barrientos Barría, Cristián Castro García, Jessica Delgado, Ana Díaz Burgos, Karen Graubart, Denisa Jashari, Carina Lucaioli, Juan Carlos Medel, Jaime Pensado, Paul Ramírez, Ana Sánchez Ramírez y Sylvia Sellers-García por sus comentarios a los borradores de este artículo. Estoy agradecido por las sugerencias brindadas por los revisores anónimos del artículo y por los editores de Atlantic Studies y de la Revista TEFROS.
La investigación para este artículo fue financiada por el American Council of Learned Societies; la University of California, el Institute for Social Transformation y el Committee on Research de Santa Cruz; y el Kellogg Institute for International Studies de la University of Notre Dame.
Traducción
Este artículo ha sido traducido por Emilia Ghelfi. Versión original: Erbig, J. (2024) Afterlives in Captivity: Indigeneity and Penal Deportation in Southeastern South America Atlantic Studies 21, 3, 394-418. https://doi.org/10.1080/14788810.2023.2205977
Los editores de la Revista Tefros adecuaron las citas y referencias bibliográficas según las normas de la misma.
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Notas