Frontera del Darién: movilidad humana, gobernabilidad migratoria y control criminal en el límite colombo-panameño entre el 2020 y 2023, de María del Pilar Ospina Grajales y Adriana Zapata Martínez. Revista TEFROS, 2026 (julio-diciembre), 24(2), 16-49.
Sección Artículos Originales. En línea: julio de 2026. ISSN 1669-726X
Cita recomendada (APA 7):
Ospina Grajales, M.P. y Zapata Martínez, A. (2026). Frontera del Darién: movilidad humana, gobernabilidad migratoria y control criminal en el límite colombo-panameño entre el 2020 y 2023. Revista TEFROS, 24(2), 16-49. DOI: https://doi.org/10.63207/tefros.v24n2.a2
Frontera del Darién: movilidad humana, gobernabilidad migratoria y control criminal en el límite colombo-panameño entre el 2020 y 2023[1]
Darién Border:
human mobility, migration governance, and criminal control at the
Colombia–Panama Boundary (2020–2023)
Fronteira do Darién: mobilidade humana, governabilidade migratória e controle criminal na fronteira Colômbia–Panamá (2020–2023)
María del Pilar Ospina Grajales
Universidad de Caldas, Manizales, Colombia
Contacto: maria.ospina@ucaldas.edu.co – ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1529-0085
Universidad de Caldas, Manizales, Colombia
Contacto: Adriana.zapata@ucaldas.edu.co– ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1959-7981
Fecha de presentación: 25 de setiembre de 2025
Fecha de aceptación: 10 de junio de 2026
El objetivo de este trabajo es abordar los procesos de movilidad humana de tránsito que se llevan a cabo en la frontera del Darién, en los límites entre Colombia y Panamá, uno de los escenarios de mayor importancia para las migraciones internacionales en América Latina y el mundo con destino hacia los Estados Unidos. Uno de los propósitos centrales de la investigación que dio origen a esta reflexión fue indagar en las dinámicas de tránsito migratorio y la respuesta institucional del Estado colombiano entre los años 2020 y 2023. En el análisis se identifican elementos centrales de la estructura de la gobernabilidad migratoria para atender al aumento de los flujos en el período de tiempo analizado, así como las tensiones y el rol de los actores criminales con presencia en este territorio y que han tenido una función clave en la gestión de las movilidades. Para el desarrollo de este trabajo se empleó una metodología cualitativa sustentada en fuentes primarias y secundarias (documentos oficiales, normas, revisión de prensa y entrevistas semiestructuradas a actores clave representantes del Estado, ONG´S y sociedad civil). De acuerdo con los hallazgos, el principal aporte del artículo consiste en visibilizar un territorio caracterizado por riesgos de orden natural, político y social que exponen a las personas migrantes a múltiples violencias y situaciones de violación de sus derechos humanos. De la misma manera, se identifica una presencia diferenciada del Estado en el control fronterizo y la gestión de las migraciones, caracterizada por respuestas fragmentadas y capacidades limitadas que han favorecido la delegación —explícita e implícita— de funciones de regulación, control y organización del tránsito hacia actores no estatales y estructuras criminales. Esta configuración profundiza los riesgos y las vulneraciones de derechos humanos que enfrenta la población migrante, al tiempo que reconfigura las responsabilidades y alcances del Estado colombiano en materia de movilidad humana y gobernabilidad migratoria.
Palabras clave: frontera; migración de tránsito; derechos humanos; gobernabilidad migratoria; gobernanza criminal.
Abstract
The objective of this paper is
to examine the processes of transit human mobility taking place in the Darién
border region, between Colombia and Panama, one of the most significant
settings for international migration in Latin America and globally, particularly
for migratory flows heading towards the United States. One of the central aims
of the research that gave rise to this article was to investigate the dynamics
of migratory transit and the institutional response of the Colombian State
between 2020 and 2023. The analysis identifies key elements of the structure of
migration governance developed in order to respond to the increasing migratory
flows during the period under study, as well as to the tensions and the role of
criminal actors operating in this territory, who have played a central role in
the management of mobility. This study employed a qualitative methodology based
on primary and secondary sources, including official documents, regulations,
press reviews, and semi-structured interviews with key actors representing the
State, NGOs, and civil society. According to the findings, the main
contribution of this research lies in making visible a territory characterized
by natural, political, and social risks that expose migrants to multiple forms
of violence and human rights violations. Besides, the study identifies a differentiated
presence of the State in border control and migration management, characterized
by fragmented responses and limited capacities that have favoured the explicit
and implicit delegation of functions of regulation, control, and organisation
of transit to non-state actors and criminal structures. This configuration
deepens the risks and human rights violations faced by the migrant population
while it also reshapes the responsibilities and scope of the Colombian State in
matters of human mobility and migration governance.
Keywords: border; transit migration; human rights; migratory governance; criminal
governance.
Resumo
O objetivo deste trabalho é abordar os processos de mobilidade humana em trânsito que ocorrem na fronteira do Darién, entre a Colômbia e o Panamá, um dos cenários de maior relevância para as migrações internacionais na América Latina e no mundo, com destino aos Estados Unidos. Um dos objetivos centrais da pesquisa que deu origem a esta reflexão foi investigar as dinâmicas do trânsito migratório e a resposta institucional do Estado colombiano entre os anos de 2020 e 2023. A análise identifica elementos centrais da estrutura da governabilidade migratória voltada para responder ao aumento dos fluxos migratórios no período analisado, bem como as tensões e o papel dos atores criminosos presentes nesse território, que têm desempenhado uma função central na gestão das mobilidades. Para o desenvolvimento deste trabalho, foi utilizada uma metodologia qualitativa baseada em fontes primárias e secundárias, incluindo documentos oficiais, normas, revisão de imprensa e entrevistas semiestruturadas com atores-chave representantes do Estado, ONGs e sociedade civil. De acordo com os achados, a principal contribuição deste estudo consiste em visibilizar um território caracterizado por riscos de ordem natural, política e social, que expõem as pessoas migrantes a múltiplas formas de violência e violações de direitos humanos. Da mesma forma, identifica-se uma presença diferenciada do Estado no controle fronteiriço e na gestão das migrações, caracterizada por respostas fragmentadas e capacidades limitadas que favoreceram a delegação — explícita e implícita — de funções de regulação, controle e organização do trânsito para atores não estatais e estruturas criminosas. Essa configuração aprofunda os riscos e as violações de direitos humanos enfrentados pela população migrante, ao mesmo tempo em que reconfigura as responsabilidades e o alcance do Estado colombiano em matéria de mobilidade humana e governabilidade migratória.
Palavras-chave: fronteira; migração em trânsito; direitos humanos; governabilidade migratória; Governança criminal.
Introducción
En las últimas décadas, las dinámicas de movilidad humana en América Latina han experimentado transformaciones profundas que han reconfigurado los territorios de origen, tránsito y destino de los flujos migratorios, los marcos de gobernabilidad y el ejercicio de la soberanía estatal. En este escenario, la frontera del Darién, ubicada entre Colombia y Panamá, se ha consolidado como uno de los corredores migratorios más complejos, peligrosos y estratégicos de América del Sur. Históricamente concebida como una barrera natural infranqueable, esta región selvática se ha transformado progresivamente en un espacio de alta circulación de flujos migratorios mixtos —intra y extracontinentales— con destino principal hacia Estados Unidos y Canadá, revelando profundas tensiones entre control fronterizo, derechos humanos y gestión estatal de la movilidad.
El incremento exponencial de los cruces por la selva del Darién entre 2020 y 2023 no puede comprenderse únicamente como un fenómeno migratorio aislado, sino como el resultado de la convergencia de múltiples factores estructurales: crisis políticas, económicas y humanitarias en los países de origen; endurecimiento de las políticas migratorias y de visado en países de tránsito y destino; debilidades históricas del Estado colombiano en territorios periféricos y, finalmente, la presencia consolidada de actores armados y redes criminales que disputan el control territorial y la gestión de los flujos migratorios. Las cifras oficiales reflejan esta transformación radical: mientras que en 2020 apenas 8.594 personas migrantes atravesaron esta ruta, en 2021 la cifra ascendió a 133.726, en 2022 alcanzó las 248.284 y en 2023 superó las 520.085 personas, incluyendo más de 113.000 niñas, niños y adolescentes (Servicio Nacional de Migración de Panamá, 2023; OIM, 2023).
Este aumento abrupto —más de cincuenta veces en apenas tres años— evidencia la intensificación de las presiones en los países de origen y la concentración de los flujos en países del norte, así como el papel que desempeñan las políticas restrictivas de movilidad en la reconfiguración de rutas migratorias cada vez más peligrosas y clandestinas para los migrantes irregulares.
Este artículo se propone, a partir de la relevancia que adquiere este corredor migratorio, analizar la frontera del Darién como un territorio atravesado simultáneamente por procesos de movilidad humana irregular, gobernabilidad migratoria fragmentada y control criminal. A partir de un enfoque cualitativo, se examinan las dinámicas del tránsito migratorio a partir de la respuesta del Estado colombiano entre 2020 y 2023, así como las tensiones que emergen ante la presencia de actores no estatales que ejercen funciones en la regulación del cruce fronterizo y la gestión de la movilidad. El análisis se inscribe en los debates contemporáneos sobre fronteras, gobernabilidad migratoria y gobernanza criminal, entendiendo estos espacios como escenarios donde se redefinen los límites de la autoridad estatal, el acceso diferencial a derechos y las condiciones de vida de las personas migrantes.
Al abordar el Darién desde esta perspectiva, el trabajo busca contribuir a la comprensión de las fronteras latinoamericanas como territorios dinámicos y disputados, donde la presencia diferenciada del Estado (González et al, 2024 exacerba la vulnerabilidad de las poblaciones migrantes y facilita la emergencia de formas paralelas de control y gestión del territorio. En este sentido, el caso de la frontera del Darién permite reflexionar críticamente sobre las implicancias de una gobernabilidad migratoria tensionada y sobre los desafíos urgentes que enfrentan los Estados de la región para garantizar la protección de los derechos humanos en contextos de movilidad transnacional.
El artículo se basa en un enfoque cualitativo que articula análisis documental y trabajo de campo en los municipios de Apartadó y Necoclí en Antioquia. Se combinaron fuentes secundarias —literatura especializada y normativa migratoria— con información primaria obtenida mediante 25 entrevistas semiestructuradas realizadas en junio de 2024 a actores institucionales gubernamentales y no gubernamentales de los niveles local, regional y nacional, con experiencia directa en la gestión migratoria en el corredor del Darién. La selección de participantes se realizó mediante muestreo intencional y el análisis se orientó a la identificación de patrones en las dinámicas de movilidad, las formas de regulación territorial y las condiciones de vulnerabilidad.
Desde una perspectiva teórica, este trabajo aporta a los estudios sobre fronteras y migraciones internacionales al problematizar la frontera del Darién más allá de su carácter de espacio de tránsito o de presencia diferenciada del Estado, entendiéndola como un territorio de gobernanza disputada donde coexisten, se superponen y entran en tensión distintas racionalidades de control —estatales, humanitarias y criminales—. Al articular los enfoques de gobernabilidad migratoria, fronteras como espacios dinámicos y gobernanza criminal, el artículo contribuye a ampliar la comprensión de cómo los Estados gestionan la movilidad humana en contextos de debilidad institucional y violencia estructural, mostrando que la regulación del tránsito no desaparece en escenarios con una presencia diferenciada del Estado, sino que se reconfigura a través de arreglos informales, coercitivos y a veces legitimados. De este modo, el análisis de la frontera del Darién permite avanzar en la discusión teórica sobre las fronteras como dispositivos flexibles de poder y producción de ilegalidades, aportando evidencia empírica desde América del Sur para repensar las nociones de soberanía, control fronterizo y protección de derechos en el marco de las migraciones internacionales.
Contexto y dinámicas migratorias en la frontera del Darién
La frontera del Darién se extiende entre el norte del Chocó Biogeográfico colombiano y las provincias panameñas de Darién y Guna Yala, configurándose como una de las regiones selváticas más extensas, biodiversas y complejas de América Latina. Este territorio comprende aproximadamente 575.000 km² de selva tropical húmeda, caracterizada por su geografía pantanosa, baja densidad poblacional y una infraestructura estatal históricamente precaria. El denominado Tapón del Darién interrumpe la continuidad de la carretera Panamericana a lo largo de un tramo de entre 100 y 160 kilómetros, convirtiéndose en una de las barreras naturales más significativas del continente y en un espacio donde el cruce terrestre implica altos niveles de riesgo físico y exposición a múltiples violencias (Millán Valencia, 2018).
Desde el punto de vista político-administrativo, la frontera colombo-panameña en el Darién abarca una extensión aproximada de 266 kilómetros, constituyéndose como un límite internacional y un espacio transfronterizo atravesado por dinámicas compartidas de exclusión social, economías ilegales, violencia armada y presencia diferenciada del Estado. Como advierte Poussa (2004), esta región ha sido históricamente un escenario periférico respecto a los centros de poder e injerencia de ambos Estados, lo que ha facilitado la reproducción de conflictos armados y problemáticas de seguridad con impactos directos tanto en Colombia como en Panamá. (Mapa 1).
Mapa 1
Frontera del Darién. Elaboración propia.
En el lado colombiano, el Darién ha estado marcado por la presencia sostenida de actores armados ilegales desde la década de 1960. Guerrillas como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), estructuras paramilitares agrupadas posteriormente en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y más recientemente organizaciones criminales como el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) o Clan del Golfo, han disputado el control territorial de esta zona estratégica. A estas dinámicas se suma su condición de corredor clave para el narcotráfico, el contrabando, el tráfico de armas y la trata de personas, así como prácticas sistemáticas de extorsión y control social sobre comunidades locales y poblaciones en tránsito (Hernández Cetina et al., 2018; Trejos Rosero y Badillo Sarmiento, 2020).
En este contexto histórico de violencia y economías ilícitas, en las últimas dos décadas la frontera del Darién ha experimentado una reconfiguración profunda impulsada por el crecimiento acelerado de procesos migratorios transfronterizos[2] e irregulares[3]. Como plantean Pimienta Betancur et al. (2022), la región de Urabá-Darién ha dejado de ser entendida únicamente como un espacio de contención o aislamiento territorial para configurarse como una frontera activa atravesada por dinámicas de movilidad, reconfiguración espacial y superposición de territorialidades. Esta transformación implica la coexistencia de migraciones regulares e irregulares, así como la interacción —frecuentemente conflictiva— entre actores estatales, organizaciones humanitarias, estructuras criminales y sociedad civil en la gestión del tránsito migratorio.
Las dinámicas migratorias en el Darién se expresan en al menos dos niveles. En primer lugar, como consecuencia directa del conflicto armado y la violencia estructural, se registra un desplazamiento forzado interno y transfronterizo de población colombiana hacia Panamá. En segundo lugar, el territorio se ha consolidado como un corredor estratégico de tránsito[4] intra y transcontinental, utilizado por personas migrantes de diversas nacionalidades que buscan llegar de manera irregular a Estados Unidos y Canadá, lo que sitúa al Darién como un nodo clave dentro de las rutas migratorias hemisféricas (Yates y Pappier, 2023).
El aumento sostenido de los cruces por esta frontera comienza a visibilizarse a partir de 2007, en estrecha relación con transformaciones políticas regionales. Por un lado, la adopción de la política de libre ingreso y ciudadanía universal en Ecuador durante el gobierno de Rafael Correa (2008) facilitó el ingreso de personas provenientes de África, Asia y el Caribe, quienes posteriormente se desplazaron hacia Colombia con el objetivo de continuar su tránsito hacia América del Norte (Angulo Severiche et al., 2020). Por otro lado, el auge de la migración haitiana hacia Brasil, tras el terremoto de 2010, generó nuevos circuitos migratorios sur–norte que confluyeron progresivamente en la ruta del Darién (Nieto, 2014).
A estos flujos se sumó la migración cubana, incentivada tanto por la exención de visado en Ecuador como por las expectativas asociadas a la política estadounidense de “pies secos, pies mojados”, vigente hasta 2017. Entre 2007 y 2012, más de 106.000 ciudadanos cubanos ingresaron legalmente a Ecuador, muchos de los cuales continuaron su tránsito por rutas irregulares hacia Centroamérica (Zamorano, 2012; Ocampo González y Arboleda Cardona, 2016).
No obstante, a partir de 2020, la dinámica migratoria en el Darién adquiere una escala sin precedentes. Los flujos se diversifican significativamente y la población venezolana pasa a liderar el tránsito por este corredor. En 2022, cerca de 250.000 venezolanos cruzaron la selva, cifra que se duplicó respecto al año anterior; en 2023, el número total de cruces superó las 520.000 personas, de las cuales 328.650 eran de nacionalidad venezolana (Servicio Nacional de Migración de Panamá, 2023). Este aumento está estrechamente vinculado al endurecimiento de los requisitos de visado impuestos por países como México, Costa Rica, Honduras y Belice desde 2022, medidas que no detuvieron la migración, sino que la desplazaron hacia rutas más clandestinas y peligrosas.
Además de los flujos mayoritarios de personas de América Latina y el Caribe, en el período 2020–2023 se ha observado un incremento notable de migrantes provenientes de Asia y África que atraviesan la selva del Darién en su tránsito hacia Norteamérica. En 2023, según informes de organizaciones internacionales y de derechos humanos, entre el más de medio millón de personas que cruzaron este corredor irregular se identificaron cifras significativas de chinos, indios y afganos, así como de otros países de África subsahariana, con más de 25 000 migrantes de origen chino y varios miles de personas de India y Afganistán entre los principales grupos extracontinentales registrados en ese año. Estas tendencias reflejan la creciente utilización de esta ruta por parte de migrantes regionales y extracontinentales, lo que evidencia la transformación del Darién en un corredor global de movilidad irregular y en un espacio estratégico dentro de las rutas migratorias contemporáneas hacia Norteamérica (Runde y Bryja, 2024; Human Rights Watch, 2023).
En conjunto, estas dinámicas permiten comprender la frontera del Darién como un espacio de tránsito migratorio irregular de alta peligrosidad y un territorio fronterizo donde se condensan formas de gestión y regulación diferencial de la movilidad humana. La intensificación y diversificación de los flujos migratorios —regionales y extracontinentales—, en interacción con economías ilegales, violencia armada y una presencia estatal fragmentada, revela que la frontera opera como un dispositivo activo que produce irregularidad, vulnerabilidad y jerarquías de acceso a derechos, más que como un simple límite geográfico entre Estados. El caso del Darién expresa tensiones estructurales propias de las fronteras contemporáneas, donde la soberanía se ejerce de manera selectiva, las responsabilidades estatales se delegan y múltiples actores disputan el control territorial y la regulación del tránsito. Esta lectura abre el debate teórico sobre las fronteras como espacios sociales, políticos y relacionales, y sobre su papel central en la configuración de las migraciones internacionales, discusión que se desarrolla en el siguiente apartado.
Fronteras, gobernabilidad migratoria y movilidad humana internacional
Las fronteras constituyen espacios centrales para el análisis de las migraciones internacionales, en tanto delimitan la soberanía estatal y operan como dispositivos de control de la movilidad humana (Torpey, 2000). Sin embargo, lejos de ser límites fijos o plenamente controlados, las fronteras contemporáneas deben entenderse como espacios dinámicos donde se articulan prácticas de regulación, exclusión y administración de los flujos migratorios (Zapata-Barrero, 2012). En este sentido, más que líneas territoriales, las fronteras funcionan como escenarios donde se materializan relaciones de poder que definen quién puede circular, bajo qué condiciones y con qué nivel de acceso a derechos.
En el marco de las migraciones internacionales, este conjunto de prácticas se inscribe en lo que se ha denominado gobernabilidad migratoria, entendida como el conjunto de políticas, dispositivos y estrategias mediante los cuales los Estados buscan gestionar los flujos migratorios, regular el acceso al territorio y organizar la movilidad de las personas (Domenech, 2013). Este enfoque permite comprender que la gestión de la migración no se limita al control fronterizo, sino que incluye también mecanismos de clasificación, selección y administración que producen diferencias entre migrantes regulares e irregulares, así como entre sujetos con distintos niveles de protección y reconocimiento.
No obstante, en contextos de alta movilidad y limitada capacidad institucional, la gobernabilidad migratoria no se ejerce de manera homogénea ni exclusiva por parte del Estado. En territorios de frontera caracterizados por desigualdades estructurales y presencia fragmentada de la institucionalidad, la regulación de la movilidad se configura a través de arreglos híbridos, en los que intervienen actores estatales, organismos humanitarios, comunidades locales y, de manera significativa, redes criminales. En estos escenarios, la gestión de la movilidad no desaparece; por el contrario, se reconfigura y da lugar a formas diferenciadas y superpuestas de control.
Es en este punto donde el concepto de gobernanza criminal adquiere relevancia analítica. Desde esta perspectiva, esta refiere a las formas mediante las cuales organizaciones ilegales ejercen autoridad sobre un territorio y su población, regulando comportamientos, controlando recursos y estableciendo órdenes sociales alternativos en contextos donde el Estado no logra ejercer un control efectivo o lo hace de manera selectiva (Arias, 2006; Lessing, 2021; Sampó, 2021). Estas formas de regulación implican tanto el uso de la violencia como la producción de normas, mecanismos de control y relaciones de poder que permiten sostener su dominio territorial.
La articulación entre gobernabilidad migratoria y gobernanza criminal resulta particularmente relevante en contextos de frontera como el Darién. En estos espacios, la movilidad humana se inserta en economías ilegales preexistentes y se convierte en un recurso susceptible de ser explotado. De este modo, el tránsito migratorio no se desarrolla al margen de estructuras de control, sino que es regulado por actores que organizan rutas, imponen tarifas y configuran las condiciones de circulación. Esta dinámica evidencia que el control de la movilidad no es exclusivamente estatal, pues también puede ser asumido por actores no estatales que operan bajo lógicas de mercado ilegal y dominación territorial.
En consecuencia, el análisis de las migraciones en contextos como el Darién exige superar una visión dicotómica entre presencia y ausencia del Estado, para comprender la coexistencia de múltiples formas de regulación de la movilidad. En estos escenarios, la frontera se configura como un espacio de gobernanza disputada, donde diferentes actores intervienen en la organización del tránsito migratorio, generando tensiones en el ejercicio de la soberanía y reconfigurando las condiciones de movilidad y acceso a derechos. Este enfoque permite comprender la frontera no solo como un límite territorial, sino también como espacio relacional en el que se producen, negocian y disputan las formas de control sobre la movilidad humana.
Gobernabilidad en crisis: la delegación de responsabilidades y la presencia diferenciada del Estado en la gestión migratoria en la frontera del Darién
Como se ha mostrado hasta aquí, en las últimas décadas la frontera del Darién ha sido un espacio de disputas, tensiones, saqueos, conflictos y resistencia que determinan gran parte de su geografía, naturaleza, significados, prácticas y discursos. Los hechos y conflictividades más relevantes que han moldeado la región —como el conflicto por la tierra (García-Godos y Wiig, 2018), las luchas obreras en la agroindustria, el narcotráfico y la violencia armada (Trejos Rosero y Badillo Sarmiento, 2020), las pugnas por el poder político y la presencia de diversos actores armados ligados a la gobernanza criminal (Cajiao et al., 2022), así como las migraciones internas e internacionales (Yates y Pappier, 2023)—, reflejan los intereses divergentes de los actores que allí se disputan el control, así como las estructuras desiguales y excluyentes que han caracterizado este territorio de complejidad sociohistórica y geográfica.
Siguiendo a Fernán González, la presencia diferenciada del Estado alude a un rasgo histórico y estructural de la formación estatal en Colombia, caracterizada por una implantación territorial desigual, fragmentada y selectiva de sus funciones, capacidades y dispositivos de autoridad. El Estado no ejerce de manera homogénea el monopolio de la coerción, la provisión de bienes públicos ni la garantía de derechos en todo el territorio nacional, sino que combina zonas de presencia fuerte con otras de capacidad de actuación precaria, indirecta o mediada por actores no estatales (González et al., 2024).
Desde esta perspectiva, la frontera del Darién no puede entenderse como un espacio de simple ausencia estatal, sino como un territorio donde el Estado se hace presente de forma diferenciada y funcionalmente segmentada, privilegiando intervenciones puntuales de control, seguridad y regulación migratoria, mientras delega —explícita o implícitamente— la atención humanitaria, la gestión cotidiana de la movilidad y el orden territorial a organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y, en los hechos, a estructuras criminales. Esta modalidad de estatalidad fragmentada produce arreglos híbridos de gobernanza en los que coexisten normas formales e informales, legalidades e ilegalidades, y donde la autoridad estatal se ve disputada, complementada o sustituida por poderes fácticos.
En coherencia con lo anterior, una de las características estructurales de la gobernabilidad migratoria en la frontera del Darién es la limitada presencia y liderazgo del Estado. Desde el inicio del desbordamiento de los flujos migratorios la respuesta estatal se ha caracterizado por una política migratoria difusa y una intervención tardía en la región. Se evidencia un vacío institucional significativo, particularmente en los poderes legislativo y ejecutivo, tanto a nivel nacional como local, lo que ha impedido la formulación e implementación de estrategias integrales y efectivas de atención: "El Estado colombiano realmente ha sido el gran ausente” (funcionario 2, comunicación personal, 2024).
En la medida en que se aumentó el número de cubanos y también empezaban a llegar los haitianos, pues hubo alguien que prestó una bodega grande para que ellos pudieran estar ahí refugiados y no en la calle, y empezamos a atenderlos acá, pero se volvió rápido una crisis muy grande y sobre todo el Gobierno pues, a perseguir, que no podíamos atenderlos, a judicializarnos (Vocero de organización de la sociedad civil 1, comunicación personal 1, 2024).
Lo expuesto evidencia, en primer lugar, una respuesta institucional insuficiente e improvisada ante la complejidad de la crisis migratoria en la frontera del Darién. Esto puede explicarse en la medida que la región, que históricamente no mantenía una tradición migratoria importante, sufrió una transformación y aumento de los procesos de movilidad humana. En primera instancia, se manifestó la ausencia de políticas integrales y la penalización de los esfuerzos humanitarios desplegados por algunos actores de la sociedad civil. La reacción estatal se centró primordialmente en la implementación de mecanismos de control y restricciones, los cuales resultaron ineficaces para gestionar el flujo migratorio y también obstaculizaron las acciones de apoyo humanitario y protección a las personas en tránsito.
El primer tema digamos que surgió allí fue un poco con Migración Colombia, comenzaron a agrupar los interrogantes y en primer momento pues muy reaccionarios en contra de lo que hacíamos, porque un poco, hasta donde lo que yo puedo decir están aprendiendo de la migración irregular, y en la medida de que le están ayudando, están también digamos de una manera cayendo en el tema de trata de personas, y hubo que sentar con ellos también una situación muy compleja. Éramos 27 ya los que estábamos señalados de atender a población irregular y cometiendo entonces el delito de trata de personas (Vocero sociedad civil 1, comunicación personal, 2024).
El involucramiento estatal en la gestión migratoria en la frontera del Darién fue una respuesta tardía ante la creciente crisis: "En el 2021 aquí nadie había hecho presencia, nadie del Estado porque era un tema que todo mundo lo veía como la mierda, que nadie quería tocar, nadie se quería meter con el tema” (Funcionario 3, comunicación personal, 2024). Esta ausencia refleja tanto la falta de responsabilidad estatal como la invisibilización y estigmatización del fenómeno migratorio y la subestimación de su magnitud en el contexto regional y nacional.
En sus primeras etapas, la falta de mecanismos de respuesta adecuados por parte del estado colombiano, impidió que la gestión se desarrollara de manera articulada, dependiendo en gran medida de la intervención de organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales. Estas, asumieron el rol de primeros respondientes en la atención humanitaria y la protección de derechos de los migrantes en tránsito por la frontera del Darién.
El surgimiento de un corredor migratorio de alta intensidad, compuesto por flujos mixtos tanto intra como extracontinentales, desbordó las capacidades institucionales del Estado colombiano, que históricamente ha sido un país de origen, pero que en las últimas décadas ha asumido también el rol de tránsito y de destino migratorio.
Este fenómeno evidenció vacíos en la preparación y respuesta estatal ante situaciones de movilidad humana a gran escala, desafiando los marcos normativos existentes y las capacidades institucionales del Estado colombiano en esta materia, lo cual ha puesto en el centro de la operación de la atención humanitaria a los organismos internacionales y a las organizaciones de la sociedad civil: “No es como una política del Estado que debe ser la garantía, que es lo que debe dar el Estado, ¿cierto?, hasta dónde el Estado debe ser responsable y dejarles esa responsabilidad a las organizaciones no gubernamentales” (Funcionario 3, comunicación personal, 2024).
De acuerdo a lo anterior, las dinámicas migratorias en Colombia se transformaron a una velocidad distinta a la de la política migratoria; por esa razón, las respuestas fueron o improvisadas o delegadas a otros actores. Aunque la acción estatal ha sido insuficiente en términos prácticos, conviene matizar que ello no obedece a una ausencia total de iniciativas institucionales. En los últimos años, distintas entidades colombianas han impulsado diagnósticos, alertas tempranas, espacios de coordinación y compromisos interinstitucionales orientados a atender la situación migratoria en el Darién. La Defensoría del Pueblo ha documentado tanto la persistencia de riesgos humanitarios en la subregión de Urabá-Darién como la creación de instancias de articulación territorial —entre ellas la Comisión para la Gestión de la Gobernanza Migratoria en Antioquia, la Mesa de Coordinación de Asuntos Migratorios en Chocó y las mesas de gestión migratoria en municipios como Necoclí y Acandí—, evidenciando un reconocimiento institucional del fenómeno y la necesidad de respuesta coordinada (Defensoría del Pueblo, 2024). De igual manera, la Procuraduría General de la Nación ha advertido sobre problemáticas como el abandono institucional, la trata de personas, la explotación de menores y la precariedad de la respuesta estatal en el corredor del Darién, señalando la existencia de fallas estructurales en la atención y protección de la población migrante (Procuraduría General de la Nación, 2023a, 2023b). Por su parte, Migración Colombia y el Ministerio de Relaciones Exteriores han promovido ejercicios de articulación interinstitucional y acuerdos binacionales, incluyendo la formulación de instrumentos como el Plan Integral de Atención al Darién y mecanismos de cooperación con Panamá para la gestión de los flujos migratorios (Migración Colombia, 2024; Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, 2023, 2024). No obstante, la persistencia de respuestas fragmentadas, la desigualdad de capacidades entre niveles de gobierno y la lenta implementación de estas medidas muestran que, más que una falta absoluta de iniciativas, lo que caracteriza el caso del Darién es la brecha entre reconocimiento institucional, coordinación formal y ejecución efectiva en el territorio.
Por otro lado, la relación entre el Estado colombiano y los gobiernos locales con los organismos internacionales y las organizaciones no gubernamentales que han intervenido en la gestión de la crisis humanitaria en la frontera del Darién ha sido ambivalente. Mientras algunas administraciones consideran a estas agencias como aliadas estratégicas, otras las perciben como responsables del aumento en los flujos migratorios.
En su cosmovisión, porque no veo que exista una línea política o de la administración para tal fin, conciben la cooperación internacional como una especie de motor o que por ellos o por las mismas atenciones que ellos brindan, facilita o que se posicione las dinámicas de flujo migratorio en esta zona del país (Funcionario 1, comunicación personal, 2024).
Paradójicamente, desde la perspectiva de la gobernabilidad migratoria y la gestión humanitaria, la provisión de asistencia en la región ha recaído predominantemente en organismos de cooperación internacional, que han asumido un rol central en la respuesta humanitaria: "la respuesta en términos de atención frente a las necesidades de estas personas viene en su orden de la cooperación internacional, la cooperación internacional brinda atención de orientación" (Funcionario 1, comunicación personal, 2024). Esta situación no refleja un trabajo complementario entre el Estado y los organismos de cooperación internacional, sino un desplazamiento o transferencia de las funciones estatales hacia estos actores transnacionales, que han asumido roles que corresponden a las autoridades nacionales y locales.
Sin embargo, es importante demarcar las responsabilidades del Estado central y de los gobiernos regionales y locales. Las condiciones de pobreza extrema que enfrentan los territorios que hacen parte del Darién antioqueño y chocoano, clasificados como municipios de sexta categoría dentro del ordenamiento territorial del país[5], generan una profunda limitación en su capacidad de respuesta ante el fenómeno migratorio. Esta clasificación implica que se trata de municipios con escasos recursos financieros, una infraestructura precaria y una oferta institucional insuficiente para atender las múltiples necesidades de su población. A esta situación estructural se suma ahora la presión adicional que supone la llegada masiva de migrantes internacionales:
Estos son municipios de sexta categoría, que… 500.000, esto tiene 20.000 habitantes y pasan 550.000, esto no tiene respuesta. En este sentido, la falta de acción por parte de los gobiernos locales no puede atribuirse únicamente a la ausencia de voluntad política, sino que responde a una carencia estructural de recursos y capacidades que impide dar una respuesta adecuada y oportuna a la crisis migratoria (Funcionario 3, comunicación personal, 2024).
La precariedad presupuestal de los gobiernos locales ha obligado a las autoridades a adoptar medidas improvisadas para atender a los migrantes. “En Necoclí, por ejemplo, se llegó a registrar a personas migrantes como víctimas del conflicto armado interno para poder brindarles asistencia humanitaria básica, ya que no existen recursos designados específicamente para la población en tránsito” (Funcionario 4, comunicación personal, 2024). Este mecanismo extraordinario —diseñado originalmente para víctimas de desplazamiento forzado— ilustra la improvisación institucional ante la falta de rutas formales de atención: “la ayuda de emergencia proporcionada bajo esa figura es insuficiente y tarda semanas en materializarse, dejando a los migrantes, incluidos niños y niñas, expuestos en condiciones de indigencia mientras aguardan apoyo” (Funcionario 4, comunicación personal, 2024).
Como respuesta tardía a esta situación, algunas autoridades locales han comenzado a articular esfuerzos. “En Necoclí, durante 2024 se puso en marcha una Mesa Municipal Migratoria que, en sus primeras sesiones, formuló un plan de acción e incluso consiguió el compromiso del Gobierno nacional para la creación del primer centro de acogida para migrantes en la zona” (Funcionario 4, comunicación personal, 2024). No obstante, la implementación de dicha iniciativa enfrenta limitaciones, reflejando el rezago de la capacidad institucional respecto a la magnitud y evolución de la crisis y ante la complejidad que implica las migraciones internacionales frente a la responsabilidad de los Estados en términos de atención humanitaria y derechos.
En conjunto, la gestión migratoria en la frontera del Darién evidencia una crisis de gobernabilidad que no se explica únicamente por la magnitud de los flujos migratorios, sino por la forma en que el Estado colombiano se inserta de manera tardía, fragmentada y selectiva en este territorio. La delegación de funciones esenciales —particularmente en materia humanitaria, de protección de derechos y ordenamiento territorial— hacia organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y actores locales ha configurado un esquema de intervención reactivo y poco articulado, incapaz de responder de manera estructural a la complejidad del fenómeno. Lejos de constituir una ausencia total, esta modalidad de estatalidad fragmentada ha producido vacíos normativos, superposiciones institucionales y zonas grises de regulación que han debilitado su capacidad de conducción política y han abierto el campo a otros actores para intervenir en la gestión de la movilidad humana.
Gobernanza criminal y migración en la frontera del Darién: entre la fragmentación estatal y el control ilícito
Las limitaciones en la capacidad estatal para gestionar la movilidad en la frontera del Darién no implican la ausencia de regulación, sino una reconfiguración de sus formas y mecanismos. En contextos de intervención fragmentada, respuestas tardías y capacidades institucionales desiguales, el control del tránsito migratorio no desaparece; por el contrario, se desplaza hacia otros actores con capacidad de operar en el territorio. Este tránsito desde formas de gobernabilidad migratoria estatal hacia esquemas de regulación no estatal permite comprender que la movilidad humana comienza a ser organizada bajo lógicas distintas a las del Estado. En este sentido, la gobernanza criminal no emerge de manera aislada, sino en estrecha relación con las formas selectivas en que el Estado interviene —o deja de intervenir— en la gestión de la frontera.
La presencia de actores del crimen organizado en uno de los corredores de tránsito migratorio más importantes de América Latina vincula claramente los procesos de movilidad humana con la problemática de la gobernanza criminal. Esta se entiende como el conjunto de prácticas mediante las cuales actores armados o grupos criminales ejercen autoridad sobre un territorio y su población, regulando la violencia, resolviendo conflictos y controlando recursos, en contextos donde la presencia del Estado es débil, fragmentaria o selectiva. Esta forma de gobernanza no solo compite o sustituye parcialmente al Estado en funciones de regulación y control, sino que también puede lograr cierto reconocimiento o legitimidad social dentro de las comunidades, estableciendo relaciones de obediencia y cooperación que permiten mantener estabilidad y orden en su área de influencia (Arias, 2006; Lessing, 2021; Sampó, 2021).
La gestión de la frontera del Darién se caracteriza por una clara capacidad estatal limitada. El tránsito migratorio por esta región, la atención humanitaria y la redirección de políticas migratorias para abordar esta crisis no han sido una prioridad para el gobierno central. Ante este vacío, las organizaciones informales y las redes criminales que han operado históricamente en este territorio, ahora tienen también un nexo claro con la gestión de los procesos migratorios en la región.
En contextos donde actores criminales compiten con el Estado por el control territorial, se cuestiona la concepción clásica de gobernanza basada en el monopolio estatal de la autoridad. Este escenario produce tensiones y contradicciones entre las formas de gobernabilidad estatal y las prácticas de gobernanza criminal. El histórico conflicto armado en Colombia, la presencia de actores ilegales en territorios estratégicos, el tráfico de estupefacientes y armas y el contrabando son indicadores de la presencia diferenciada del Estado y de los vacíos en el ejercicio de la autoridad (Lessing, 2021), los cuales evidencian una disputa sostenida con organizaciones del crimen organizado por el control territorial y regulatorio, lo que da lugar a la emergencia de una gobernanza criminal y a la caracterización de Colombia como un Estado débil (Durán, 2021), ahora, además, en el marco de la gestión de los procesos de movilidad humana en la frontera del Darién.
Un aspecto fundamental de esta problemática es que la regulación parcial del Estado en el territorio permite que las organizaciones criminales operen con base en actividades económicas ilegales, al tiempo que, en muchos casos, son ellas las que asumen funciones esenciales del Estado en términos de seguridad, ordenación y gestión de los territorios según sus intereses, creando sistemas de cooptación de las comunidades e incluso, en algunos casos, de legitimidad y aceptación (Sampó, 2021).
En el caso del Tapón del Darién, estas dinámicas se materializan de forma particularmente evidente: grupos armados organizados, ejercen control sobre los corredores de tránsito migratorio, regulando rutas, estableciendo tarifas para el paso de migrantes y organizando redes de transporte y guías, lo que evidencia una capacidad efectiva de ordenamiento territorial y control de flujos humanos (Human Rights Watch, 2023; WOLA, 2023). Asimismo, estos actores imponen normas de comportamiento, gestionan el acceso a bienes y servicios vinculados al tránsito —como transporte, alimentación o insumos básicos— y, en algunos casos, ofrecen formas de “protección” condicionada, consolidando su autoridad en territorios caracterizados por la débil presencia estatal (Collins, 2024). Este control se sostiene, además, mediante el uso sistemático de la violencia —incluyendo robos, extorsiones y agresiones sexuales— como mecanismo de regulación y control social de las poblaciones en tránsito, en un contexto en el que la limitada capacidad estatal favorece la consolidación de formas de gobernanza criminal en la región (Human Rights Watch, 2023).
La gobernanza criminal debe entenderse entonces a partir de los vínculos entre organizaciones criminales y el Estado, así como desde sus estrategias de control territorial y sus formas de relacionamiento con las comunidades. En este sentido, dichas organizaciones no se limitan a operar en economías ilegales, sino que producen órdenes sociales propios en los territorios donde tienen presencia. Estos vínculos —mediados por la coerción y/o la cooptación— configuran formas de autoridad que pueden adquirir distintos grados de legitimidad y que, en determinados contextos, pueden ser instrumentalizadas como capital político (Sampó, 2021, p. 9).
En el caso del Tapón del Darién, este enfoque resulta clave para comprender el papel que desempeñan las organizaciones criminales en el control del territorio y en la regulación de los procesos de movilidad humana. No se trata únicamente de su participación en actividades ilícitas, sino también de su capacidad para ordenar, gestionar y condicionar el tránsito migratorio, lo que introduce nuevas formas de regulación no estatal sobre la movilidad. Este escenario complejiza las dinámicas migratorias e incrementa los niveles de vulnerabilidad de las personas en tránsito, al exponerlas a sistemas de control que combinan violencia, extracción económica y regulación informal en un corredor geográfica y políticamente de alto riesgo.
Gran parte de las dinámicas de las organizaciones criminales y del ejercicio de la gobernanza criminal tienen lugar en contextos de frontera, lo que permite evidenciar tanto el carácter transnacional de este fenómeno como la disputa por el control territorial en estos espacios sociopolíticos. Este es el caso de la frontera del Darién, que, si bien no constituye un epicentro histórico del conflicto armado colombiano —condición que ha sido más característica de regiones como el Catatumbo, los Llanos Orientales o la región del Orinoco—, sí se configura como un corredor estratégico para la circulación de economías ilegales y la operación de organizaciones criminales transnacionales. En este territorio confluyen dinámicas asociadas al tráfico de estupefacientes y armas, el contrabando y la presencia de estructuras armadas que ejercen control sobre rutas y poblaciones, consolidando al Darién como un espacio clave para la articulación entre movilidad humana y economías ilícitas.
Uno de los aspectos centrales en el análisis de la migración en la frontera del Darién es su intersección con dinámicas criminales nacionales y transnacionales. En estos contextos, la gobernanza criminal no se limita al control territorial, sino que se articula estrechamente con economías ilegales que encuentran en la movilidad humana una fuente creciente de rentabilidad. El tránsito migratorio se inserta así dentro de un entramado económico ilegal más amplio, donde el paso por la frontera se convierte en un servicio regulado y monetizado por actores criminales, mediante el cobro de tarifas, la organización de rutas y la provisión —forzada o condicionada— de guías, transporte y otros insumos necesarios para atravesar el territorio (Human Rights Watch, 2023; WOLA, 2023). En este sentido, el tráfico de personas no constituye una dinámica aislada, sino una extensión de estas economías ilícitas, en las que la movilidad es gestionada como un recurso explotable.
La insuficiencia de infraestructura para el control fronterizo —expresada en la limitada cantidad de puntos de control, la presencia marginal de autoridades migratorias y las deficiencias en los sistemas de registro de entrada y salida en muelles y rutas fluviales—, junto con una presencia estatal diferenciada en el territorio, configuran un entorno propicio para la consolidación de corredores clandestinos y rutas marítimas de alto riesgo. Estas condiciones estructurales facilitan la circulación irregular y habilitan la operación de redes de tráfico de personas y de estructuras del crimen organizado transnacional.
En este contexto, la frontera del Darién se configura como un espacio de gobernanza criminal, en el que actores armados no estatales establecen mecanismos de control territorial que regulan tanto los flujos de movilidad humana como las condiciones de tránsito, incidiendo directamente en la seguridad de las personas migrantes y en la dinámica regional. Estos mecanismos incluyen la delimitación de rutas, el cobro por el paso, la provisión de servicios vinculados al tránsito y la imposición de normas informales de comportamiento, lo que evidencia una forma de ordenamiento territorial que desborda las capacidades institucionales del Estado.
La sofisticación y capacidad de adaptación de estas redes superan con creces la respuesta institucional: “La capacidad, la sofisticación y las capacidades de adaptación de la criminalidad para el territorio va a pasos más acelerados que la misma respuesta institucional” (Funcionario 1, comunicación personal, 2024). Diversos reportes han documentado cómo organizaciones criminales controlan el acceso a las rutas del Darién, fijan precios por el cruce y obtienen beneficios económicos directos del flujo migratorio, consolidando un modelo de negocio basado en la regulación ilegal de la movilidad (Collins, 2024). Desde esta perspectiva los flujos migratorios obedecen a factores estructurales, aunque también son moldeados activamente por actores ilegales que capitalizan las restricciones fronterizas y la vulnerabilidad de los migrantes.
A ello se suman las limitaciones en los mecanismos de coordinación fronteriza entre Colombia y Panamá. Aunque en los últimos años se han impulsado iniciativas de cooperación regional para enfrentar la migración irregular y combatir las redes de tráfico de personas, la gestión efectiva del corredor del Darién continúa caracterizándose por respuestas fragmentadas y capacidades institucionales desiguales (Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, 2023). Esta brecha entre los esfuerzos de coordinación formal y la capacidad real de implementación en territorio contribuye a que las respuestas estatales operen a un ritmo inferior al de las dinámicas criminales y de los flujos migratorios, lo que limita su eficacia.
En la frontera del Darién, la gestión de la movilidad humana no puede entenderse únicamente como resultado de una incapacidad estatal para regular los flujos migratorios, sino también como expresión de formas selectivas de control que, en determinados contextos, toleran o desplazan la regulación hacia actores no estatales. En este escenario, la ruta migratoria se configura como un espacio donde las redes criminales imponen sus propias reglas, integrando el tránsito de personas a economías ilegales preexistentes. El cobro de tarifas elevadas para atravesar la selva, los controles informales sobre las rutas y las prácticas de extorsión evidencian una forma de gobernanza criminal que convierte la movilidad en un recurso económico estratégico. Como lo señaló uno de los entrevistados: “[...] el viaje vale el doble porque les cobran ida y vuelta, hay un cobro de seguridad […] y el tema de los guías que implica unos 300 dólares para poder pasar” (Funcionario 3, comunicación personal, 2024).
Esta dinámica da cuenta de una configuración compleja en la que coexisten y se superponen distintas formas de regulación de la movilidad. Por un lado, se observan limitaciones en la capacidad estatal para ejercer control efectivo del territorio; por otro, emergen formas de gestión criminal que organizan el tránsito migratorio mediante mecanismos de regulación, extracción económica y control social. Esta interacción tensiona el monopolio estatal de la autoridad y deja en evidencia el desplazamiento de la gobernanza de la movilidad hacia arreglos híbridos, en los que actores ilegales adquieren capacidad de incidencia sobre los flujos migratorios y las condiciones de tránsito.
En términos concretos, los migrantes que atraviesan el Darién quedan expuestos a estructuras criminales que regulan las rutas clandestinas bajo una lógica de explotación y mercantilización de la movilidad humana. La organización de “mochileros” y “guías” dentro de redes semi-estructuradas muestra que el cruce no es un fenómeno espontáneo, sino un proceso altamente regulado dentro de un esquema de control territorial ilícito. Como señala un funcionario: “La cuestión comienza cuando el migrante pasa el Golfo de Urabá […] allá no está el Estado, ni de Panamá ni de Colombia, pero sí hay grupos armados […]” (Funcionario 2, comunicación personal, 2024).
La presencia de estos grupos armados —particularmente estructuras criminales— remite a la consolidación de autoridades de facto en esta ruta fronteriza (Funcionario 4, comunicación personal, 2024). La hegemonía de un solo grupo en la zona, si bien ha reducido las disputas entre facciones, ha facilitado su arraigo en las estructuras locales y el control de las rentas ilícitas, incluida la explotación de la migración: “tiene uñas, tiene garras en todas las esferas del poder a nivel de Urabá” (Funcionario 4, comunicación personal, 2024). De este modo, el tránsito migratorio se integra plenamente a las economías ilegales del territorio, bajo un esquema de regulación criminal que combina control territorial, extracción económica y gestión de la movilidad.
Ante el alcance restringido de la acción estatal, estas gobernanzas criminales imponen su propia regulación del flujo migratorio: “cobra a cada migrante un “peaje” obligatorio para permitirle continuar su viaje, y tras el pago les provee brazaletes de color rojo como comprobante, marcando quiénes están “autorizados” a salir de Necoclí” (Funcionario 4, comunicación personal, 2024). Quienes intentan evadir este control son impedidos de embarcar o amenazados, evidenciando cómo esta estructura criminal ha asumido funciones de control fronterizo. Adicionalmente, se ha documentado que las redes criminales comercializan planes de viaje que, por sumas elevadas, prometen el traslado desde Necoclí hasta la frontera con Estados Unidos, coordinando el paso seguro del migrante a lo largo de toda la ruta transnacional (Funcionario 4, comunicación personal, 2024), la existencia de estos servicios muestra el nivel de organización y alcance de la gobernanza criminal en torno a la migración.
Cabe anotar que, ante esta realidad, algunas autoridades locales optan por acciones pragmáticas inusuales. En particular, entidades garantes de derechos como las personerías municipales han buscado establecer contactos directos con miembros de redes criminales para interceder por la vida y la integridad de los migrantes en situación de mayor vulnerabilidad, instándolos a no lucrarse de ciertos casos extremos y a permitir el paso de quienes no cuentan con recursos económicos (Funcionario 4, comunicación personal, 2024).
Estas gestiones no responden a un reconocimiento legítimo ni a una aceptación social de la autoridad criminal, sino a una práctica condicionada por contextos de amenaza, coerción y ausencia de garantías institucionales, en los que las autoridades locales se ven obligadas a operar con márgenes de acción altamente restringidos. Más que evidenciar legitimidad, estas interacciones reflejan la asimetría de poder existente en el territorio y la imposición de un orden de facto que obliga a negociar bajo condiciones no voluntarias. En este sentido, lo que se observa no es una validación política de estos actores, sino la manifestación de los límites del Estado para garantizar la protección de la población migrante a través de mecanismos formales.
La crisis migratoria ha sido cooptada por economías ilegales y redes criminales que ven en el tráfico de migrantes una fuente lucrativa de ingresos. Las fuerzas ilegales han capitalizado el fenómeno y han organizado rutas para el cruce por la frontera del Darién, cobrando sumas exorbitantes por el paso seguro. "Eso se volvió un negocio muy criminal porque era aprovecharse de esas circunstancias tan difíciles que la gente tenía [...] en el fondo eso ha sido un negocio, que cada vez lo han capitalizado más las fuerzas ilegales." (Vocero de organización de la sociedad civil 1, comunicación personal 1, 2024).
La estructura del crimen organizado en la región ha permitido que estas redes funcionen con impunidad, creando un circuito de extorsión, trata y abuso hacia los migrantes. Además, la connivencia de actores formales con el crimen organizado se evidencia en la diferenciación de tarifas y el uso de empresas legales como fachadas para la explotación.
Por un lado, lo que se ve oficialmente es que estas empresas han montado sus negocios:
Si uno va como turista a comprar el tiquete de Necoclí para ir a Acandí le vale 90 mil pesos, pero si es un migrante le vale 180 mil, porque dicen que: “No, es que yo lo llevo pero no lo traigo” –eso es falso– y le quitan a la gente; otras veces se daban cuenta de que muchos en la noche salen en lanchas piratas y ahí es donde ha habido todo ese fenómeno de los accidentes, tantas muertes, desaparecidos, o a la gente que la engañan (Vocero de organización de la sociedad civil 1, comunicación personal 1, 2024).
Esto sugiere que, si bien hay operaciones comerciales legales, también existen redes paralelas que facilitan el tráfico y explotan a los migrantes con el consentimiento de ciertos actores que obtienen importantes réditos económicos.
Ese negocio les da dinero, mucho dinero; muchos hablan de que hasta más dinero les está dando ese tema de los migrantes que la misma coca ahora que ha caído el precio [...] o sea, ahí hay una situación que hay que decirlo, para nosotros es un reto. Sabemos que eso es un problema muy grande, pues no tenemos cómo... la capacidad de responder. Digamos que la institucionalidad tampoco tiene mecanismos para responder eficazmente, no hay el compromiso, digamos, de dar una respuesta más institucional, pero sí se sabe que se mueve el negocio y desafortunadamente, pues, en manos de los que están explotando esa realidad y esa situación (Vocero de organización de la sociedad civil 1, comunicación personal 1, 2024).
Sumado a lo anterior, se documentan casos de menores –sobre todo adolescentes– que se quedan solos en el proceso migratorio (Vocero de organización de cooperación internacional 1, comunicación personal, 2024), aspecto que incrementa la exposición a riesgos graves, como la explotación por grupos delictivos o el reclutamiento forzado. La Organización Internacional para las Migraciones ha advertido que la niñez migrante, en especial aquella no acompañada, enfrenta niveles significativamente más altos de exposición a violencia, abuso y explotación en el Tapón del Darién, debido a las condiciones de inseguridad del entorno y a la ausencia de mecanismos efectivos de protección (OIM, 2024). En esta misma línea, los sistemas de monitoreo de flujos migratorios han evidenciado un aumento sostenido de menores no acompañados en esta ruta, lo que profundiza su vulnerabilidad frente a redes criminales y múltiples formas de violencia (OIM, 2023).
Además, la falta de infraestructura de protección —incluyendo limitaciones en la verificación de documentación, ausencia de rutas de atención, escasez de refugios y albergues, y déficit de puntos de asesoría legal—, combinada con el alto flujo migratorio en la región, contribuye a la configuración de escenarios de violencia y vulneración de derechos de poblaciones con necesidades urgentes de protección, como niños y niñas, jóvenes no acompañados, mujeres, adultos mayores y personas en situación de discapacidad (OIM, 2023; OIM, 2024).
Los grupos armados y las redes de traficantes han consolidado un dominio hegemónico sobre la región, regulando el flujo migratorio y ajustando las rutas clandestinas en respuesta tanto a las políticas restrictivas de los Estados como a su presencia diferenciada en el territorio. “Esta zona por lo menos ya está organizada, aunque no fuera por el Estado, pero más o menos por la comunidad [...] y también hay que decirlo, el grupo armado, que tú sabes que tiene control hegemónico en la zona” (Funcionario 2, comunicación personal, 2024). El dominio de estas redes genera una dependencia estructural de los migrantes hacia actores criminales, quienes les ofrecen servicios de cruce a cambio de pagos, extorsiones y amenazas.
Además, es importante resaltar la existencia de lo que se ha denominado la "ruta VIP" para migrantes chinos, indios y afganos, que evidencia un sistema de diferenciación y estratificación dentro del tráfico de migrantes, donde ciertos grupos tienen acceso a condiciones menos riesgosas a cambio de pagos más altos: “Los ‘VIP’ –que decimos, que no caminan por la selva, sino que los llevan directamente a Panamá en barco–, es un transporte de 800, 900 dólares que normalmente lo utilizan todos los asiáticos” (Funcionario 3, comunicación personal, 2024). Esta situación confirma la segmentación en la experiencia migratoria, donde aquellos con mayores recursos acceden a rutas más seguras, presumiblemente controladas por redes especializadas en el tráfico organizado de personas, que operan con sofisticados esquemas de control y clasificación de los migrantes, así como de coordinación de las actividades criminales relacionadas con la movilidad.
La operación de la gobernanza criminal perpetúa y reproduce formas de violencia en la ruta migratoria y también restringe la capacidad de los Estados para ejercer una autoridad efectiva por las tensiones en el ejercicio de la soberanía y las disputas por el control territorial. La fragmentación del control territorial y la expansión de economías ilícitas en la región agravan la crisis humanitaria y también desafían las obligaciones estatales en materia de derechos humanos y seguridad, poniendo en entredicho la soberanía y los atributos de autoridad en territorios periféricos y de frontera.
Conclusiones
El análisis de los procesos de movilidad humana a través de la frontera del Darién deja entrever la complejidad, diversidad y constante transformación de las migraciones internacionales. Estas movilizaciones se encuentran sujetas y condicionadas por cambios estructurales de orden económico, político y ambiental de los países de origen, tránsito y destino tanto del contexto latinoamericano como global. La relevancia creciente de este corredor de tránsito migratorio radica en el aumento significativo de los flujos con destino hacia los Estados Unidos en la última década. Al mismo tiempo, el tránsito por esta región se desarrolla en un espacio geográfico inhóspito, liminal y de excepción en el que ha tenido lugar históricamente el conflicto armado colombiano y atravesado por dinámicas y actividades ilegales como el contrabando y el narcotráfico y más recientemente el tráfico de personas. En conclusión, el Darién ha transitado de una barrera natural y geográfica impenetrable a un corredor migratorio estratégico para los flujos mixtos intra y extracontinentales.
Lo anterior, da cuenta de las narrativas y prácticas en esta frontera como un territorio límite donde se entrecruzan diversas formas de violencia, de exclusión y de disputas por la soberanía estatal. Allí, actores no estatales o criminales ponen en entredicho la garantía de derechos, la gobernabilidad migratoria y el cuidado de la vida de personas migrantes. La transformación de la selva del Darién de una barrera natural y geográfica entre Suramérica y América central a un corredor estratégico para las migraciones internacionales irregulares en Latinoamérica, la ubica como un escenario de especial interés social y político en el que convergen múltiples escalas del poder y vulnerabilidad tanto para las poblaciones locales como para los migrantes en tránsito intra y extracontinentales. Este cambio trasforma la estructura social y política de este territorio a partir de nuevas dinámicas del control, el conflicto y la movilidad humana.
Estas dinámicas desiguales y excluyentes que caracterizan la frontera entre Colombia y Panamá evidencian las debilidades y limitaciones de la gestión institucional de las migraciones en este territorio binacional. Las respuestas del Estado colombiano han combinado reconocimiento institucional, creación de instancias de coordinación y anuncios de articulación con una capacidad práctica todavía insuficiente, fragmentada y desigual en el territorio, lo que ha limitado la consolidación de una gobernabilidad migratoria efectiva en el Darién. En términos de una gobernabilidad migratoria sólida, estos vacíos han hecho que los procesos de atención y gestión de las migraciones se deleguen o transfieran en otros actores no estatales que van desde organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales hasta actores criminales transnacionales. Estos últimos han instrumentalizado el tránsito de personas migrantes como una fuente de renta ilegal, integrando esta dinámica a economías ilícitas más amplias como el tráfico de personas, el contrabando y el narcotráfico.
Lo anterior da lugar a una tensión significativa entre diferentes formas de gestión de la movilidad: por un lado, una gobernabilidad migratoria estatal débil, sin recursos ni infraestructura y por el otro, formas paralelas de gobernanzas ejercidas por actores criminales que disputan el control ilícito del territorio, la autoridad, la seguridad y los procedimientos para la regulación y cruce fronterizo. De esta manera la frontera del Darién, se configura como un espacio en el que convergen y colisionan diferentes regímenes de autoridad y de control de los flujos migratorios, aspectos reveladores en términos de las crisis de las estructuras de poder de los Estados y por las implicancias que esto tiene en los marcos de protección internacional y de respeto a los derechos humanos de los migrantes en tránsito a lo largo de las fronteras latinoamericanas.
La experiencia de la frontera del Darién y los conflictos emergentes en torno a los procesos de movilidad humana, evidencian que las dinámicas migratorias contemporáneas en América Latina avanzan a un ritmo más rápido que las capacidades de adaptación de las políticas públicas y de respuesta de los Estados nacionales conforme a los marcos internacionales de protección y de Derechos humanos. Esto plantea un reto urgente en términos de un tránsito de un enfoque reactivo, de control y de seguridad o incluso de desgobernanza, hacia una gobernanza migratoria regional articulada, que integre la acción estatal, la cooperación internacional y los gobiernos locales bajo principios de corresponsabilidad, coordinación y protección efectiva de las personas en movilidad.
Uno de los principales hallazgos del estudio es la identificación de clasificaciones internas dentro de la migración irregular en la frontera del Darién, que complejizan la noción homogénea de “migrante irregular”. Lejos de tratarse de un flujo indiferenciado, la movilidad por esta ruta se organiza a partir de jerarquías económicas, geográficas y de nacionalidad, que determinan trayectorias, riesgos y formas de exposición diferenciadas a la violencia. La existencia de rutas “VIP” para migrantes extracontinentales con mayor capacidad de pago, frente al tránsito altamente precarizado de personas latinoamericanas, caribeñas y africanas, revela un proceso de estratificación de la migración irregular, administrado en gran medida por redes criminales que clasifican, seleccionan y regulan el acceso a rutas, medios de transporte y niveles relativos de seguridad.
En este marco, la investigación aporta a los estudios migratorios al demostrar que la migración irregular en el Darién no es un fenómeno espontáneo ni caótico, sino un proceso intensamente regulado, aunque por actores ilegales. La gobernanza criminal emerge como un régimen alternativo de ordenamiento fronterizo, en el que grupos armados y redes de tráfico asumen funciones tradicionalmente estatales: control territorial, regulación del tránsito, imposición de tarifas, provisión de “servicios” de movilidad y administración coercitiva del flujo migratorio. Esta forma de gobernanza mercantiliza la movilidad humana y redefine las condiciones mismas de la irregularidad, convirtiéndola en un recurso estratégico integrado a economías ilícitas transnacionales.
El estudio también evidencia cómo esta gobernanza criminal se ve facilitada por la desarticulación institucional y la delegación de responsabilidades estatales, así como por la precariedad estructural de los gobiernos locales en territorios de frontera. La incapacidad de estos municipios para responder a la crisis migratoria no puede comprenderse únicamente como falta de voluntad política, sino como el resultado de desigualdades territoriales históricas que limitan severamente su capacidad fiscal, administrativa e institucional. En este contexto, las respuestas improvisadas, la penalización de iniciativas humanitarias y la normalización de la negociación con actores ilegales reflejan una profunda crisis de gobernabilidad migratoria.
Finalmente, el aporte central de este estudio radica en mostrar que la frontera del Darién no puede ser analizada exclusivamente desde marcos de seguridad, humanitarismo o control migratorio. Se trata de un espacio fronterizo donde confluyen soberanía erosionada, gobernanza criminal y movilidad transnacional, produciendo formas híbridas de orden que desafían las categorías tradicionales del análisis estatal. Al integrar las perspectivas de los estudios de fronteras, la gobernabilidad migratoria y la gobernanza criminal, esta investigación contribuye a una comprensión más compleja de las fronteras contemporáneas como espacios de disputa, negociación y producción diferencial de derechos, y plantea la necesidad de repensar las políticas migratorias desde enfoques que reconozcan tanto las limitaciones estructurales del Estado como los efectos profundamente desiguales de la regulación —legal e ilegal— de la movilidad humana.
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Notas
[1] Este artículo es parte de los resultados del Proyecto de investigación: Niñez en tránsito en el corredor del Darién: gobernabilidad migratoria y derechos de niños y niñas en contextos de migración y violencias entre el 2020 y 2023, financiado por la Universidad de Caldas.
[2] La movilidad humana transfronteriza se refiere al movimiento de personas a través de fronteras internacionales por una variedad de razones, que pueden ser voluntarias o forzadas, e incluye a migrantes, refugiados y otras personas en movimiento, destacando la interconectividad entre los Estados y la necesidad de una gestión migratoria basada en los derechos humanos (Organización Internacional para las Migraciones, 2019).
[3] La migración irregular se refiere al movimiento de personas que se produce fuera de las normas regulatorias de los Estados de origen, tránsito o destino (OIM, 2019).
[4] La migración de tránsito se entiende como “la estancia temporal de los inmigrantes en uno o varios países, con objeto de llegar a otro destino definitivo” (OACDH, 2018, p.5).
[5] La categorización municipal se encuentra definida en el artículo 320 de la Constitución Política de 1991. Esta norma establece como criterios de categorización los factores de población, recursos fiscales, importancia económica y situación geográfica (Duque Cante, 2017).