Muertes y capturas de personas indígenas en el Gran Chaco (1870-1884). Cuantificación y análisis de los modos de ejecución de la violencia organizada por las fuerzas de guerra argentinas, de Daniel Chao, Revista TEFROS, Vol. 24, N° 1, artículos originales, enero-junio 2026: 75-108. En línea: enero de 2026. ISSN 1669-726X
Cita recomendada:
Chao, D. (2026). Muertes y capturas de personas indígenas en el Gran Chaco (1870-1884). Cuantificación y análisis de los modos de ejecución de la violencia organizada por las fuerzas de guerra argentinas.
Revista TEFROS, 24 (1), 75-108. DOI: https://doi.org/10.63207/tefros.v24n1.a4
Deaths and captures of indigenous peoples in the Gran Chaco (1870–1884). Quantification and analysis of the forms of execution of organized violence by Argentine war forces
Mortes e capturas de indígenas no Gran Chaco (1870–1884). Quantificação e análise das formas de execução da violência organizada pelas forças armadas argentinas
Daniel Chao
Instituto de Investigaciones Geohistóricas, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Universidad Nacional del Nordeste
Resistencia, Argentina
Contacto: luis.daniel.chao@comunidad.unne.edu.ar - ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9720-3901
Fecha de presentación: 17 de mayo de 2025
Fecha de aceptación: 14 de diciembre de 2025
Resumen
Analizo la violencia estatal organizada y desplegada por las fuerzas de guerra argentinas en el Gran Chaco entre 1870 y 1884. A través de un enfoque cuantitativo y cualitativo, el trabajo documenta 974 muertes y 1370 capturas de personas indígenas, revelando el papel central que la violencia guerrero-securitaria desempeñó en la construcción del Estado nacional argentino. La investigación se basa en documentación oficial y memorias militares en las que se rastrean los datos de muertos y prisioneros indígenas producidos e informados por las fuerzas de guerra. A la par, se examina cómo las nociones de guerra y seguridad sirvieron como plafón de legitimación de ciertas prácticas en las fronteras analizadas, a la vez que se problematiza la subrepresentación de víctimas en las fuentes. El trabajo se divide en tres partes. En la primera, hago un breve acercamiento a las discusiones teórico-metodológicas en torno a los conceptos de guerra y genocidio. En segundo lugar, describo el proceso de avance estatal sobre el Gran Chaco entre 1870 y 1884 haciendo hincapié en el despliegue de fuerzas de guerra y constitución de redes formadas por comandancias, fortines y sedes administrativas de las distintas gobernaciones del Chaco. Finalmente, abordo reflexivamente los datos obtenidos en el marco del proceso general en el que fueron producidos.
Palabras clave: Violencia; guerra; seguridad; personas indígenas; Gran Chaco.
Abstract
This paper analyzes the state-organized violence carried out by Argentine war forces in the Gran Chaco between 1870 and 1884. Through a quantitative and qualitative approach, the study documents 974 indigenous deaths and 1,370 captures, revealing the central role that war-security violence played in the construction of the Argentine nation-state. The research is based on official documentation and military memoirs, and examines how the notions of war and security served as framework for legitimizing certain practices in the analyzed frontier zones, while also addressing the underrepresentation of victims in the sources. The article is divided into three parts. First, it provides a brief overview of the theoretical and methodological debates on the concepts of war and genocide. Second, it describes the process of state expansion into the Gran Chaco between 1870 and 1884, emphasizing the deployment of war forces and the establishment of networks composed of command posts, forts, and administrative centers of the various Chaco governorships. Finally, it reflects on the data obtained within the broader context in which it was produced.
Keywords: violence; war; security; indigenous peoples; Gran Chaco.
Resumo
Este artigo analisa a violência estatal organizada pelas forças armadas argentinas no Gran Chaco entre 1870 e 1884. Por meio de uma abordagem quantitativa e qualitativa, o estudo documenta 974 mortes e 1.370 capturas de indígenas, revelando o papel central que a violência guerreiro-securitária desempenhou na construção do Estado nacional argentino. A pesquisa se baseia em documentação oficial e memórias militares em que são rastreados os dados dos mortos e dos prisioneiros produzidos e informados pelas forças armadas. Ao mesmo tempo, examina como as noções de guerra e segurança serviram como base de legitimação de determinadas práticas nas fronteiras analisadas, ao mesmo tempo em que problematiza a sub-representação das vítimas nas fontes. O artigo divide-se em três partes. Na primeira, há uma breve aproximação aos debates teórico-metodológicos em torno dos conceitos de guerra e genocídio. Em seguida, descreve-se o processo de avanço estatal sobre o Gran Chaco entre 1870 e 1884, com ênfase no uso das forças armadas e na constituição de redes formadas por comandâncias, fortins e sedes administrativas das diferentes governadorias do Chaco. Por fim, os dados obtidos são abordados de forma reflexiva na análise do processo geral em que foram produzidos.
Palavras-chave: violência; guerra; segurança; povos indígenas; Gran Chaco.
Introducción
La apuesta de este artículo es doble. Por un lado, pretendo cuantificar el número de muertos y prisioneros asumidos por las fuerzas de guerras argentinas que llevaron a cabo el avance del Estado sobre los territorios y culturas indígenas de la región del Gran Chaco entre 1870 y 1884. No desconozco la subrepresentación de ambas variables ya que el real número de muertos en manos de uniformados y civiles no siempre se informaba o era de interés para las autoridades. Sin embargo, construir el dato de los asesinatos y capturas de personas indígenas y sus características, puede acercarnos de manera más concreta a una de las dimensiones más materiales de lo que se llama genocidio. La segunda apuesta es comprender las condiciones históricas en las que estas matanzas ocurrieron, sus formas de narrarlas y notificarlas, en cuyo acto se normalizaban. La violencia es, en definitiva, una forma de relación social, y en este caso se trata de una violencia asimétrica, regular y sistemática. Se trata, además, de una violencia cuyo horizonte de expectativas está cifrado en el marco de una guerra: la guerra contra el indígena. Busco aportar al conocimiento sobre la violencia contra poblaciones indígenas en el Gran Chaco de fines del siglo XIX y a la vez al marco de discusiones teórico-metodológica actual en torno al modo más correcto y a la vez sensible de analizar y comprender un proceso social complejo y fundante de nuestro Estado-Nación.
El trabajo se divide en tres partes. En la primera, hago un breve acercamiento a las discusiones teórico-metodológicas en torno a los conceptos de guerra y genocidio, mostrando sus potencialidades y limitaciones. En este mismo apartado propongo un enfoque ligado a comprender la guerra y la seguridad como ordenadoras de expectativas y experiencias de quienes informaron sobre lo sucedido en distintos soportes estatales. En segundo lugar, describo el proceso de avance estatal sobre el Gran Chaco entre 1870 y 1884 haciendo hincapié en el despliegue de fuerzas de guerra y constitución de redes formadas por comandancias, fortines y sedes administrativas de las distintas gobernaciones del Chaco. Sumo una descripción del corpus utilizado y las decisiones metodológicas tomadas. Finalmente, abordo reflexivamente los datos obtenidos en el marco del proceso general en el que fueron producidos.
Genocidio como fondo de las experiencias y expectativas guerrero-securitarias
El genocidio como práctica social, sobre todo en los estudios argentinos, está conectado a la propuesta y las relecturas de Daniel Feierstein (2007), y su clasificación (constituyente, colonialista, poscolonial y reorganizador) ha servido de esquema para pensar algunos procesos de alta intensidad en el uso de las violencias no únicamente armadas. Las prácticas genocidas sugieren objetivos de ampliación del poder estatal-privado mediante un cambio sustancial en las relaciones sociales dentro de diversos territorios, enfocado en un determinado sector, pero con una intervención sobre todo el tejido social. En un texto sobre los desafíos del concepto para el caso de los avances militares sobre Pampa, Patagonia y Chaco, la antropóloga Diana Lenton (2014) sostiene el valor analítico del concepto frente a tres tensiones: las temporalidades, otras categorías como las de etnocidio y la identificación de las víctimas, a las que opone una lectura procesual y de larga duración. En ese sentido, nociones como genocidio reorganizador, constituyente o colonialista, permitirían ver el cambio sustancial en las relaciones de poder y su extensión e impacto simbólico y corporal, que, con modificaciones coyunturales, replica un modo estructural de concepción del indígena, la tierra y su mercantilización. Allí ve una continuidad en el uso de las violencias que atraviesa los siglos XIX, XX y XXI,
[…] violencia aliada a los intereses de una clase terrateniente, avalada por las estructuras del Estado, sobre aquellos definidos como externos a las posibilidades de convivencia en un modelo de desarrollo que requiere la expropiación de sus territorios y sus recursos y la destrucción del paisaje tradicional (ibid., p. 38).
Esta continuidad también tiene una réplica en el modo de tratamiento de ese afuera del poder estatal, mediante “la existencia de un marco de pensamiento que requiere la deshumanización del otro antes de la aplicación de ciertas políticas” (ibid., p. 43), aunque tengan en la integración una motivación explicitada.
Otro elemento clave es la idea de víctima y su agencia. Para Lenton, se “trata entonces de reconocer en las víctimas su agencia política para comprender la complejidad sociohistórica de los procesos” (ibid., p. 43) por lo que las comunidades de víctimas no solo son objeto de esas prácticas sociales genocidas de forma directa, sino también sujetos que heredan individual o colectivamente ese trauma en la larga duración.
Como muestra De Jong (2019), o como deja deslizar la propia Lenton (op. cit.), nociones como la de subalternización del mundo indígena por parte del Estado, sin proponerse negar al genocidio, han hecho hincapié en esa agencia y su larga duración a partir de las capacidades de supervivencia y reagrupamiento. Para Salomón Tarquini (2011), subalternizar es
[…] el proceso mediante el cual ciertas políticas promovidas por el estado-nación argentino tendieron a lograr que los grupos indígenas pasaran a convertirse en sectores subordinados. Este proceso requirió no sólo su previa derrota militar, sino también una serie de medidas orientadas a deslegitimar su control territorial y —mediante discursos ampliamente difundidos en la sociedad hegemónica— a decretar su ‘inviabilidad’ como sociedad al interior de la nación argentina (p. 547).
El eje giraría hacia las capacidades de descentrar esa producción de soberanía (Escolar, 2007) atendiendo, además, a ciertas imposibilidades a nivel micro de ver enormes diferencias culturales entre los actores en pugna -indígenas, criollos, soldados- y a nivel meso y macro, distancias homogéneas entre Estado y mundo indígena.[1] Quiero recuperar este contrapunto y sumarle una categoría problemática como la noción de guerra. En este sentido, un texto de Diego Escolar, Claudia Salomón Tarquini y Julio Vezub (2015) y otro de Ingrid De Jong (op. cit.) hacen una apuesta renovadora respecto a esta noción, no por su uso nativo, sino por su capacidad explicativa de la agencia indígena en los procesos de avance político-militar y privado sobre el sur y el noreste argentino. La tesitura del primero es la necesidad de restituir a la guerra como un fenómeno social total que implica comprender el fondo social y político común, que
no solo comprende las deportaciones, los asesinatos y los campos de concentración (también) las reacciones y las estrategias de los diferentes jefes indígenas, cuál fue la infraestructura social del reclutamiento y desplazamientos de tropas del ejército nacional, las tácticas, conflictos y asociaciones entre militares y de estos caciques, el vínculo del desarrollo de las campañas con acontecimientos políticos nacionales o locales (Escolar, et al., op. cit., p. 228).
Para los autores, esta mirada bajaría a ras de suelo, permitiría entender que se trató de una “guerra de recursos, tierra y ganado, antes que una cuestión nacional o de confrontación sociocultural con los enemigos indígenas, de los que no siempre se diferenciaban demasiado en su forma de vida, prácticas y relaciones sociales” (ibid., p. 235), borraría cierta ficción dicotómica que ve al Estado como avasallante en su conquista sobre culturas, cuerpos y tierras, permitiría comprender la agencia indígena “no solamente en las resistencias, sino también en la contradictoria participación indígena en los procesos de formación estatal” (ibid., p. 241) y nos posibilitaría atender el marco de relecturas del proceso de oficiales y soldados argentinos en su aprendizaje sobre cómo avanzar sobre el espacio.
El texto de De Jong (op. cit.) por su parte, va en una línea similar respecto a la restitución de la agencia indígena a partir de su resistencia, pero incorporando la categoría de guerra asimétrica que, distanciándose de la indiferenciada guerra social mantendría presente las
diferentes lógicas políticas en juego, y en consecuencia el plano de la resistencia que la sociedad indígena oponía al proyecto estatal, que no se reducía a una ‘lucha por los recursos’ sino que involucraba la lucha por la continuidad del pacto como forma de relación (ibid., p. 234).
En ese sentido, guerra y genocidio conviven como marcos de explicación sobre el proceso total, pero la primera permitiría
[…] interrogarnos por las capacidades estructurales y estrategias utilizadas para combatir o rechazar las acciones estatales […], entender los horizontes de relación con el Estado buscados por estos actores (y) realizar una reconstrucción de la agencia indígena que no la reduzca a la condición de ‘víctima’ de prácticas genocidas (ibid., p. 230).
Para la autora, la lectura de la resistencia da paso a una desnaturalización de las prácticas sociales genocidas revirtiendo el objeto de desubjetivación que las rodea. Para esto De Jong le da al malón y a la diplomacia el papel de interacción central en la relación de frontera (en Pampa y Patagonia) mostrando que algunos fenómenos como los ‘indios amigos’ fueron condiciones liminales para mejorar posiciones políticas y que el foco único sobre lo bélico simplificaría la interpretación del lugar del mundo indígena en el proceso de expansión estatal y avance militar. En su argumento, la confrontación existió, cuando la avanzada militar atentó contra códigos político-diplomáticos previos, utilizándolos para asegurar la conquista territorial lo que lo vuelve clave para comprender el proceso genocida reorganizador del Estado argentino, particularmente antes de las campañas de fines de 1870.
Ambas propuestas conectan a la guerra con el marco de lectura que se hace sobre el proceso: guerra asimétrica-genocidio, por un lado; guerra social-subalternización por otro.
En un texto posterior, Walter Delrio (2019) recoge este contrapunto inclinándose analíticamente por el concepto de genocidio que
[…] habilita a enfocar los eventos del fin de la llamada “frontera con el indio” como parte del proceso de construcción estatal. A través del caso se hace visible en el enfoque microhistórico el modo en que se construyó el poder soberano y la excepción. Al mismo tiempo, permite relacionar el contexto de violencia con la nueva sociedad que se construye no sólo en Pampa y Patagonia, a través por ejemplo de la distribución de recursos y acceso a la tierra sino también de los imaginarios de comunidad nacional. El modo de acceso a estos procesos ha sido a través del análisis y seguimiento de casos individuales, familiares, grupales, localizados en comarcas, territorios nacionales y provincias. En gran medida, motivados por las preguntas que desde el presente se hacen al pasado, que conectan memorias, narrativas y archivos (p. 73).
El autor postula que los estudios sobre la guerra y el genocidio deberían compartir un marco común, pero reconociendo al segundo una tendencia más general del tipo de guerra moderna.
Mi propia propuesta sobrevuela estas posturas, sobre todo el último señalamiento. Intentaré elaborar un análisis atendiendo a tres limitaciones que encuentro en los contrapuntos reseñados. La primera de ella es que se parte por definir un tipo de guerra, por ende, se cae en la igualación de la que se intenta despegar. Ya sea la asimetría o la social-total, el problema similar es que se da una explicación externa y ex post facto, que atenta contra la singularidad que se propone abordar. La segunda limitación es la falta de comprensión de las fuerzas de guerra en sus propios códigos, tanto en niveles jerárquicos como a ras de suelo, y el abandono de lecturas específicas sobre ello. La tercera, y vinculada a la anterior, el corrimiento del punto de vista sobre, al menos, una parte de los hombres que hacían las veces de policías, funcionarios y guerreros en las fronteras.
Con las limitaciones del caso, propongo darle a la noción de guerra un marco explicativo para pensar ese punto de vista, antes que para catalogar o clasificar el proceso. Como ha señalado Germán Soprano (2019) al hablar de los `60 y `70 del siglo XX en Argentina, recuperar la mirada del combatiente y su organización cultural y subjetiva en torno a aspectos guerreros, permite comprender las lógicas tanto de las Fuerzas Armadas como de las organizaciones político-armadas (como las guerrillas urbanas y rurales), sin caer en el error histórico de catalogar lo acaecido en esos años como una guerra civil o partisana. Asumir que una parte de los sujetos que estudiamos organizan sus horizontes de expectativas bajo códigos guerreros no significa, bajo ningún sentido, justificar un accionar, sino comprenderlos en sus marcos de realización. No es un dato menor que fortines, regimientos, Ejército de Línea y Guardias Nacionales hayan convivido como parte activa de las fronteras durante buena parte del siglo XIX, llegando hasta la segunda década del XX en el caso del Gran Chaco. En ese sentido, es fundamental para su comprensión entender que la estabilización de un mundo militar y su profesionalización se haya dado recién a fines del siglo XIX (Avellaneda, 2024), que las décadas del `60 y `70 de esa centuria estuvieran atravesadas por experimentaciones en materia militar (Macías, 2018) y que las campañas fueran, a decir de Codesido (2021), escuelas de formación militar y cursus honorum para muchos comandantes con aspiraciones políticas.
Tomando esto en cuenta, la propuesta analítica que esbozo recupera a la guerra como ordenadora de expectativas, al horizonte de expectativa como una mirada hacia el futuro (Koselleck, 1993), al futuro como una temporalidad que nos envía hacia problemas a resolver, y los problemas como organizadores de acciones sostenidas en diagnósticos en torno a sujetos específicos, espacios y objetos. Este esquema me permitiría incorporar y articular una serie de documentos producidos desde la comandancia de la Frontera Norte[2] de Santa Fe (o Norte del Interior), la comandancia de Salta en Dragones, y las distintas gobernaciones del Chaco (con sus capitales alternantes entre Villa Occidental desde 1872 a 1878, Isla del Cerrito en 1878 y Formosa desde 1879 a 1884). Abordaremos la historia de los perpetradores a través de dos catalizadores que son parte del mismo proceso: la seguridad y la guerra. Asumimos que la conquista[3] del Chaco implicó construir un otro enemigo que justificara el uso de las armas, la instalación de los fortines, la persecución, los prisioneros, entre otros hechos y prácticas.
No pretendemos con esto definir integralmente al proceso de sometimiento de personas indígenas durante el siglo XIX y cifrarlo en términos bélicos, pues se dieron simultáneamente acciones de violencia organizada ejercidas por otros agentes (Almirón, et. al., 2025). Por ende, analíticamente esta mirada no implica que entendamos al proceso estudiado como una guerra en sí misma, sino que su importancia radica en que nos permite comprender a los actores que mataban y perseguían indígenas en nombre del Estado, y también las legitimidades que los avalaban.[4]
La guerra y la seguridad como fundamento del avance estatal en el Gran Chaco
La expansión soberana realizada desde Buenos Aires sobre el Gran Chaco[5] (Figura 1) durante la segunda mitad del siglo XIX conecta la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay con el proceso político posterior, puesto que Argentina anexó por la fuerza en noviembre de 1869 una parte del territorio paraguayo, valiéndose de lo establecido en el tratado firmado en 1865 con Brasil y Uruguay.
Luego de la toma de Asunción por los aliados, y aún en persecución de Francisco Solano López, las fuerzas argentinas al mando de Emilio Mitre se establecieron en la ciudad de Villa Occidental y declararon la soberanía sobre esos territorios hasta la frontera con Brasil. Desde allí, hasta 1879, el Chaco (Boreal) fue presa de un litigio internacional que fue resuelto luego del fallo arbitral del presidente estadounidense Rudolph Hayes en 1878. En el transcurso de esa década, precisamente en 1872, el presidente Sarmiento decretó que Villa Occidental se convirtiera en la primera capital de la Gobernación del Chaco, nombrando a Juan de Vedia (comandante de las fuerzas de ocupación argentinas en el Paraguay) como primer gobernador.

Figura 1. Mapa del Atlas del Martín de Moussy de 1865.
Fuente: Archivo General de la Nación, mapoteca, I004.
En este marco la creciente intensidad que ganó la actividad belicista contra los indígenas en las fronteras del sur, centro y norte del país implicó un armado estratégico que fue mutando durante las décadas del `70 y `80 del siglo XIX, con las diversas campañas sobre Pampa, Norpatagonia y el Chaco. Este fue un proceso lento, que tuvo sus características diferenciales en Chaco, y que marca la importancia de leer a la guerra y la consolidación del Estado como fenómenos paralelos. Cabe señalar que el Chaco se convirtió en la primera experiencia de gobierno político-jurídico territoriano, anticipando la creación de las gobernaciones de Patagonia y Misiones y la ley de Territorios Nacionales de 1884.
El gobernador era una figura elegida discrecionalmente por el presidente y dependía del Ministerio del Interior. El estatus político de excepción de los Territorios Nacionales se replicó en diversos espacios tanto en Argentina como en América Latina dándole a la experiencia de gobierno del Chaco una regularidad que lo conectaba con otros casos de avances sobre territorios indígenas en la región y el mundo (Harambour, 2023).
Considero que, en la articulación de tres polos político-militares como las gobernaciones del Chaco y las tres comandancias de las Frontera Norte de Santa Fe, Frontera de Salta y posteriormente la Frontera de Santiago del Estero se fue instituyendo este territorio, en un proceso que no estuvo ajeno a las tensiones. Lo que tenemos entre 1870 y 1884 es el paulatino nacimiento de un espacio-problema, que fue fronterizo (las comandancias eran de frontera) y ribereño (el espacio conocido y ocupado por el Estado fue siempre a la vera de los ríos Paraná, Paraguay, Bermejo y Teuco).
Para tener una necesaria precisión en los términos debemos decir que, con mayor fuerza desde 1870, la avanzada sobre los territorios indígenas del Gran Chaco estuvo encabezada por lo que Garavaglia llamaba “fuerzas de guerra” (2012), es decir, grupos heterogéneos, mixtos, movedizos, que alternaron entre el Ejército de Línea, Armada, Guardias Nacionales y lanceros indígenas.[6] Estas fuerzas, casi al mismo tiempo, llevaban adelante acciones que alternaban entre la seguridad y la guerra, entre “hacer la policía” (Pérez, 2023, p. 236) y avanzar sobre espacios constituyendo líneas de fortines, fuertes y destacamentos e invadiendo territorio de los pueblos originarios.
Como hemos desarrollado en la discusión teórica, la guerra permite “entender los horizontes de relación con el Estado buscados por estos actores” (De Jong, op. cit., p. 230). Un aspecto similar se ve respecto a la seguridad sobre todo después de las campañas militares cuando los grupos sobrevivientes fueron presentados como una amenaza para las poblaciones blancas y las industrias (Pérez, 2017; 2023).
En el caso chaqueño los principales aportes al estudio integral de este proceso vieron a las fuerzas de guerra como auxiliares en el control, organización y fijación de la mano de obra indígena que, en condiciones de semi esclavitud, eran utilizadas por las industrias azucareras, forestales, algodoneras, etc. Estos enfoques han descuidado o simplificado el papel de la violencia organizada y las especificidades de las fuerzas, para centrarse en el exclusivo papel de la violencia como potencia económica e impedir que el indígena pueda reproducir su modo de vida y se vea obligado a proletarizarse (Iñigo Carrera, 2011) o bien la constitución de una frontera que no solo libere las fuerzas productivas chaqueñas, sino que responda a los intereses de lo que Trinchero (2000) llama la corporación militar.
Términos como los utilizados por el gobernador del Chaco en 1882, general Francisco Bosch refuerzan esta visión:
[…] es ya tiempo de pensar en la conquista del Chaco, los misterios del desierto y la presencia del hombre salvaje infunden terror al agricultor y al industrial Europeo, probemos pues, el medio noble y humanitario de reducir á los indios asimilándolos á nuestras poblaciones cristianas empleando para ello la persuacion razonada, metódica y la emulación del trabajo. En el caso contrario nunca será tarde para dominarlos en un instante por el imperio violento de las armas.[7]
Consideramos que para comprender el accionar de estos grupos debemos darle valor a la guerra y la seguridad como legitimadoras de estos hombres que en nombre del Estado mataban, perseguían, ultrajaban y robaban a los grupos indígenas.
A pesar de cumplir funciones análogas, muchas veces en coordinación, las fuerzas implicadas en lo que se llamó la conquista del Chaco fueron diferentes y sus papeles en este proceso también. Entre 1870 y 1899 fue el Ejército de Línea[8] el que desempeñó el doble papel guerrero-securitario, mientras que otras experiencias militares, como las Guardias Nacionales,[9] hacían el relevo de policía en lugares como Villa Occidental (primera capital del gobierno del Gran Chaco), Resistencia, Formosa o Reconquista, aunque los distintos regimientos que pasaron por la región cumplían la función de seguridad, sobre todo en sus asentamientos de paz en los fortines. Entre 1870 y 1884 se pueden marcar dos polos de acción militar: las comandancias de las fronteras Norte de Santa Fe (o Norte) al mando del coronel Manuel Obligado con su asentamiento, desde 1872, en Reconquista cerca de la ex misión jesuítica de San Jerónimo del Rey, y la comandancia de Salta en Dragones asentada cerca de Colonia Rivadavia.[10] Las estrategias guerreras desempeñadas por el Ejército de Línea se basaban en el adelantamiento de las líneas de fronteras, el establecimientos y ampliación de los fortines como centros ofensivos-defensivos y las campañas (Cuadro 1, Figuras 2, 3 y 4).
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Año |
Acontecimiento guerrero-securitario |
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1870 |
Expedición de Napoleón Uriburu |
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1870-1872 |
Tres adelantamientos de la línea de frontera de Obligado, desde Fuerte Belgrano hasta el Arroyo del Rey |
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1875-1876 |
Expediciones de Uriburu (gobernador) en auxilio de barco que navegaban el Bermejo |
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1878 |
Expedición de Octavio Olascoaga desde Santiago del Estero sobre el Río Salado |
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1879 |
Expedición de Manuel Obligado al N.O., a la zona del Campo del Cielo |
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1880 |
Expedición de Luis Jorge Fontana desde Resistencia hasta Rivadavia |
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1881 |
Expedición de Juan Solá desde Dragones en Salta hasta Formosa |
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1880-1883 |
Intensificación de la hostilidad en la línea de Obligado, constitución de una nueva línea sobre el Oeste |
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1882 |
Expedición del teniente coronel D. Luis Jorge Fontana al Pilcomayo en busca de los restos del explorador francés Jules Crevaux |
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1883 |
Primera campaña coordinada, anticipación de la campaña de Victorica, 1883. El gobernador Francisco Bosch desde Resistencia, Obligado desde Reconquista debían encontrar sus fuerzas al norte del paralelo 28, e Ibazeta desde Salta hacia el Pilcomayo, el N.O. formoseño en busca de los restos de Crevaux. |
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1884 |
“Gran” campaña de Benjamin Victorica, cinco columnas y apoyo naval |
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1884 |
Expedición de Nicolás Barros desde Santiago |
Cuadro N° 1: síntesis de excursiones y campañas realizadas en el Gran Chaco entre 1870 y 1884. Elaboración propia.
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Figuras 2, 3 y 4. Síntesis de avances de la frontera y expediciones entre 1870 y 1884. Elaborado por Cristian Da Silva en base a al trabajo de Maeder y Gutiérrez (1995)
Obligado decía al respecto, en 1871, que
[…] una vez que se efectúe la traslacion proyectada de estas Fronteras á la linea del Rey, esas aguadas quedarán en nuestro poder, y los indios que no se reduzcan se verán en la necesidad de retirarse á las costas del Paraná, y entonces les será muy difícil, si no imposible, invadirnos.[11]
A nivel securitario, los fortines cumplían la función de destacamento desde los cuales se organizaban pequeñas excursiones y escaramuzas a tolderías con niveles altos de letalidad, aunque no sólo los y las indígenas eran objeto de esa violencia. En 1877, el mismo Obligado mencionaba que
[…] los incidentes de pequeñas escaramuzas entre los indios y las partidas en comision y transeuntes que han ocurrido casi diariamente como es fácil comprender que suceda en un país poblado de espesos y grandes montes […] en esta parte del Chaco existe una poblacion nomade compuesta de fugitivos de la accion de justicia de las Provincias de Entre-Ríos, Corriente y Santa-Fé y de pretendidos obrageros que con pretesto de pasar al Chaco á cortar alguna madera solo se ocupan de Comerciar clandestinamente proveyéndolos de armas.[12]
Ensayando una síntesis del avance guerrero-securitario, podemos decir que, a partir de 1883 y 1884, la estrategia se mantuvo, aunque operó un corrimiento de frontera fundamental al asegurar, al menos unos meses, el control del río Bermejo y el establecimiento de una línea de fortines. En 1883 el gobernador del Chaco y coronel Francisco Bosch, llevó adelante una campaña sobre el centro de la actual provincia para combatir y dar muerte al cacique Huaneraxaic (o Juanelraic, Juan el rey, Cacique Inglés o Cacique Rico), quizá el líder con mayor capacidad de movilización y control sobre una amplia región conocida como Napalpí (Chico, 2016). Luego de su asesinato, la campaña más importante del bienio fue la encabezada por el ministro de Guerra y Marina, Benjamín Victorica, a fines del 1884 que, entre otras cosas, aseguró militarmente la división de la gobernación del Gran Chaco en dos Territorios Nacionales, el de Chaco y el de Formosa (Figuras 5 y 6), nombrando dos gobernadores militares que debían empezar a planificar el avance del Estado argentino hacia el río Pilcomayo para asegurar la frontera con Paraguay. Para Trinchero (op. cit. p. 145):
[…] el gran dilema de la ocupación militar se planteaba en términos de ‘exterminio’ del indígena o bien de su ‘incorporación como mano de obra’. Un dilema que el discurso intentaba resolver con declaraciones altisonantes, aunque en la práctica de la intervención militar se reproducía el conflicto en forma permanente. Este contexto de “disciplinamiento o muerte” es en el que se inscriben también las formas de resistencia indígena que dieron lugar a campañas posteriores.
En términos operacionales no existieron enormes batallas abiertas sino escaramuzas y enfrentamientos relámpagos con resistencias férreas en las cuales cayeron caciques como Shintaqqui (o Cambá), Leoncito, Yaloshi y el mencionado Huaneraxaic (Obligado, 1925; Scunio, 1972; Punzi, 1997; Martínez Sarasola, 2011, Beck, 2022).[13]

Figuras 5 y 6. Mapas de 1882 (estudios de Luis J. Fontana) y 1885 (comisión científica de la campaña de B. Victorica).
Fuente: Izq. Archivo General de la Nación, mapoteca, II200; Der. David Rumsey Map Collection, Standford Libraries.
Este proceso dejó huellas archivísticas[14] entre memorias, informes, documentación de las comandancias, diarios de viajeros, etc. Para este trabajo consulté documentación oficial producida por jefes, oficiales o agentes civiles convocados para la redacción dentro de las distintas comisiones científicas entre los años 1870 y 1885. Además, articulé con memorias como las de Ignacio Fotheringham ([1884] 1970), César Valcárcel (1883) o Guillermo Aráoz (1872), o estudios basados en documentación oficial como los de Alberto Scunio (op. cit.) o Manuel Obligado (op. cit.).[15] Cabe señalar que en no todos los casos se obtuvo información[16] ya que una parte importante de las fuentes no da cuenta de muertos, prisioneros o heridos.
Un análisis sobre los muertos y los prisioneros en el Gran Chaco
En su última memoria como ministro de Guerra y Marina, Julio A. Roca informó el resultado de la llamada campaña al Río Negro de 1879:
El resultado de las operaciones militares sobre el enemigo ha sido el siguiente: Cinco caciques soberanos prisioneros y uno muerto. 1271 indios de lanza prisioneros. 1313 muertos. 10539 chusma prisioneros. 1049 reducidos. Cautivos rescatados 480. Lo que dá por resultado la cantidad de 14172 indios suprimidos de la pampa. Sin incluir en esta cifra el número considerable de indios muertos en las persecusiones y á consecuencia del hambre en el seno mismo del desierto.[17]
Esta imprecisión final es un dato a considerar sobre las formas de avance estatal sobre territorios y culturas indígenas. Pero también lo es el esfuerzo por mostrar en números los resultados de las incursiones de las fuerzas de guerra en el sur, dar cuenta de su eficiencia y de sus logros. Cinco años después, en 1884, el ministro del entonces presidente Roca, Benjamín Victorica, lanzaba en el Gran Chaco una proclama menos explícita que su predecesor. Al finalizar su campaña, en un acto de fundación del pueblo Presidencia Roca, y en presencia de la lanza del cacique Cambá utilizada para colocar la bandera argentina, Victorica afirmó:
Nuestra campaña ha sido breve, pero no exenta de peligros y fatigas: el exito más completo ha coronado el esfuerzo. El Chaco Austral con sus cinco mil leguas de territorio, ha sido recorrido y batido en todas direcciones y por la otra banda del Bermejo, nuestras fuerzas han alejado las tribus del otro lado del Salado en el Chaco Central. Los fertiles y ricos campos de sus márgenes pueden ser desde ya segura y ventajosamente poblados. Los indigenas de las tribus de mocovis, tobas y matacos que acaban de practicar el cimiento, donde vamos a colocar el acta de fundacion del nuevo pueblo, muestran tambien que no hemos traido una guerra de esterminio y que nos apresuramos a constituir los centros de progreso, para atraerlos como fuerzas vivas de la nacion, bajo su amparo y sus beneficios” (Victorica, 1885, p. 74).
Los discursos iniciales de las memorias del Ministerio de Guerra y Marina sobre los años 1883, 1884 y 1885 no dan cuenta de la letalidad de las campañas sobre el Gran Chaco, a diferencia del esfuerzo tomado tanto por Roca como por Alsina sobre Pampa y Patagonia durante la década anterior. Sin embargo, mediante una rápida mirada en los informes sobre las incursiones y escaramuzas presentes en dichas memorias se puede divisar la presencia constante de bajas indígenas y prisioneros, denominados indios de lanza o pelea (hombres jóvenes) y de chusma (mujeres, niños, niñas, ancianos y ancianas). Pueden existir diversas razones para este ocultamiento o solapamiento en 1884, aunque no es el mismo para los años anteriores. Es probable que las críticas de la opinión pública a las imágenes circundantes en Buenos Aires de indígenas repartidos en familias o en industrias, o apresados en la isla Martín García (Mases, 2010; Nagy y Papazian, 2011; Musante et al., 2014; Arias, 2024) haya tenido un impacto directo en las formas limpias en las que fue presentada socialmente la campaña al Chaco, que buscaba dificultar:
[…] que las tribus se reorganicen bajo la impresión del escarmiento sufrido y cuando la presencia de los acantonamientos sobre el Bermejo y el mismo Salado, los desmoraliza y amedrenta. Privados del recurso de la pesca por la ocupacion de los rios, dificultada la caza en la forma que la hacen sus miembros dispersos se apresuraron a acogerse a la benevolencia de las autoridades, acudiendo a las reducciones ó los obrages donde existen ya muchos de ellos disfrutando los favores de la civilización (Victorica, op. cit., p. 15).
En la búsqueda de brazos baratos y la apropiación de recursos naturales para la civilización puede leerse el intento denodado en señalar la campaña de bajo impacto encarada:
[…] todos los datos comprueban que los indígenas tobas y mocovíes que vagaban con sus tribus nómades el estenso Chaco Austral, no eran de consideracion, y que no seria exagerado calcular uno por legua, y lo anoto para hacer resaltar que tales deshechos de la barbarie no podrian soportarse ni un dia mas, esterilizando para el desarrollo del engrandecimiento y riqueza nacional uno de los mas ricos territorios (ibid., p. 16).
No obstante, el avance sobre estos deshechos no buscaba “la persecución de los indígenas sino su reducción a las leyes de la civilización y darles en consecuencia el destino que mejor convenga a este fin” (ibid., p. 18).
Esta atenuación del ejercicio de la violencia directa en la campaña terminó marcando las formas en que se leyeron a posteriori las incursiones sobre la región chaqueña (Trinchero, op. cit.; Lois, 2002; Teruel, 2005; Spota, 2009; Iñigo Carrera, op. cit.). Se deja entrever que, a diferencia de las incursiones militares en Pampa y Patagonia que tenían como fin la conquista y ocupación territorial (Nagy, 2022), el objetivo de conseguir mano de obra barata y las características más pacíficas de los indígenas del Gran Chaco habrían dado a la conquista del desierto verde de fines del siglo XIX un número menor de letalidad.[18] Con el fin de problematizar este aspecto analizaremos la cantidad de muertos y sus circunstancias consignados por las autoridades de las comandancias, fortines y gobernaciones del Gran Chaco en el período 1870-1884. Posteriormente, haremos lo propio con la toma de prisioneros y prisioneras, postulando la necesidad de comprender la lógica de reducción, traslado y colocación de estas personas desde la región estudiada a las diferentes familias de Buenos Aires, Santa Fe, Tucumán, Salta, etc.
Letalidad en excursiones, escaramuzas y campañas
La violencia organizada y la matanza de poblaciones indígenas claramente queda subrepresentada por varios aspectos. Por un lado, porque en diversos informes no se da cuenta de caídos y prisioneros, apelando a sintagmas como numerosos muertos, triunfo obtenido o varias bajas sin consignar ni precisar números. (Figura 7) A la vez, asumimos que la muerte y la matanza indígena fue mayor en pequeñas incursiones no informadas o en contactos interpersonales entre indígenas y soldados.
Además, el control securitario sobre las poblaciones indígenas no era potestad única de las fuerzas de guerra fronterizas, quedando muchas veces en las manos privadas de colonos avalados y acompañados por las comandancias y autoridades políticas de las provincias y la nación (Maffuci Moore, 2007; Dosztal, 2013; Green, 2020). Sobre este último punto, el trabajo de Aldo Green (ibid.) sobre la Frontera Norte señala que a inicios de 1870 se llevaron a cabo diversas incursiones privadas:
Sobre una población que hemos estimado como mínimo en 700 personas para mediados de la década de 1870, observamos al menos 109 asesinadas y casi un centenar de cautivos en solo seis de las campañas efectuadas; prácticamente un tercio de la misma. Si se elevara a 1.000 el número de indígenas del área analizada tendríamos un 20% de muertes violentas y cautiverio sin distinción de sexo y edad, en un período de cinco años (ibid.., p. 158).

Figura 7. Ejemplo de informes de 1875 en los que se da cuenta de excursiones triunfantes sin consignar un número preciso de muertos o prisioneros. Fuente: Servicio Histórico del Ejército, Caja 5, doc. 651.
Irene Dosztal (2016) da cuenta de un número de campañas privadas que dejaron alrededor de 30 indígenas muertos entre 1866 y 1877 por miembros de la colonia Alejandra en el norte santafecino.
Finalmente, el número de muertos por condiciones creadas por el avance del Estado central sobre territorio indígena se acrecienta por las enfermedades como la viruela que afectaron a las comunidades indígenas residentes en reducciones religiosas como las del norte de Santa Fe (Dalla-Corte Caballero, 2012a).
Con estas aclaraciones hemos podido rastrear que los agentes miembros de las fuerzas de guerra argentinas han asumido la matanza de 974 indígenas distribuidos entre las fronteras de Salta, norte de Santa Fe y Santiago del Estero entre el nombramiento de Manuel Obligado en 1870 y la campaña de Benjamín Victorica que finalizó con el corrimiento de la frontera sobre el río Bermejo en 1884. (Cuadro 2). De ese total, 626 personas asesinadas -alrededor de dos tercios- fueron producto de la intensificación de la actividad guerrera y las incursiones continuas sobre el territorio ocurridas desde 1879 en paralelo a las campañas sobre el sur. De esas 626 muertes, 499 se produjeron entre 1883 y 1884 cuando se acrecentó la acción de las fuerzas hasta la campaña del ministro de Guerra y Marina.

Cuadro 2. Cuadro con el detalle de personas indígenas muertas. Gran Chaco, 1870-1884.
Elaboración propia.
Este número es resultado de 130 partidas o incursiones breves de persecución y 13 campañas o excursiones[19] parte de las cuales hemos mencionado en el apartado anterior. Un total de 763 de los muertos informados corresponden a acciones llevadas a cabo bajo las órdenes del coronel Manuel Obligado, jefe de la Frontera Norte. El hinterland de Obligado abarcaba territorios de las parcialidades toba (qom) -desde la costa del Paraná hasta el Chaco central- y mocoví (moqoit)[20] -en la región noroeste de Santa Fe lindante al río Salado-. (Figura 8) Los restantes 211 muertos corresponden a las campañas al interior del Chaco Austral[21] y a los asesinados en la frontera salteña -45- con comandancia Dragones, lindante al territorio en el que predominaba comunidades del pueblo wichí.[22] En el caso de estos últimos, el señalamiento de su “docilidad” y “reducción” forma parte de la larga historia de su captura y uso como mano de obra en las zafras jujeñas y tucumanas (Teruel, op. cit.) y en las industrias de navegación del río Bermejo (Carpio y Chao, 2024).

Figura 8. En gris el hinterland de Manuel Obligado. Elaboración propia desde el mapa confeccionado por Cristian Da Silva en base al trabajo de Maeder y Gutiérrez (op. cit.).
Hasta la campaña de Obligado a la región de campo del cielo[23] en 1879, la mayoría de las incursiones eran presentadas como respuestas a malones[24] indígenas y robos en general en colonias y haciendas. A partir de aquella fecha, y con mayor intensidad desde 1883, la actitud defensiva se convirtió en una ofensiva directa que se evidencia por el número de muertes ocasionadas, la cual se justificaba en nombre de la protección del comercio y la captura de territorios para la producción. Es en este punto que la guerra y la seguridad quedan interconectadas como apoyaturas de las experiencias presentes y de las expectativas de avance y ocupación. Como parte de un proceso de larga duración, previo al período que analizamos, lo que se condensa en estos años es la constitución del indígena como un enemigo[25] de los bienes privados y la propiedad -por ende, un problema de seguridad- y, simultáneamente, de la grandeza de la nación al impedir el control soberano sobre un territorio deseado (Lois, op. cit.) e imaginado como propio[26] -ergo, un problema de la guerra-.
La toma de los indios de chusma y lanza
Para Mases (op. cit.), no hubo una política unívoca de parte del estado durante 1878-1910 sobre qué hacer con las personas indígenas sometidas en las campañas al norte y al sur. Su destino final dependió de variables coyunturales y fue cambiante, improvisada o incluso contradictoria. Osciló entre hacerles la guerra y aniquilarlos, organizarlos en colonias, cederles la tierra o incorporarlos al mercado de trabajo garantizándoles el mismo derecho que el conjunto de trabajadores argentinos. Sólo algunos líderes se reinstalaron en sus lugares de origen; la mayoría quedó como trabajadores o habitantes anónimos de ciudades y campañas dentro de la sociedad nacional ya erigida en la homología liberal positivista entre estado, nación y territorio. Aunque hay un denominador común luego de 1880: su tratamiento como enemigo vencido.
En rigor, el destino de los indios tomados en el Gran Chaco fue diverso y responde a la irregularidad mencionada. En algunos casos se procuraba su reducción en espacios de gestión religiosa (Navarro i Barba, 1998; Dalla-Corte Caballero, op. cit., 2012b) aunque muchas veces eran los obrajes y zafras (Teruel, op. cit.), mientras que niños, niñas y mujeres eran colocados en casas de familias adineradas o ligadas a los comandantes y jefes militares como han mostrado, para el sur, los trabajos de Mases (op. cit.), en la zona tucumana y jujeña el abordaje de Lenton y Sosa (2018) y Pablo Arias en la Buenos Aires de las décadas de 1870 y 1880 (op. cit.).
En el caso de la Frontera Norte, el comandante Obligado y sus encargados de puertos enviaban por el río Paraná algunos grupos indígenas para esa colocación o para destinos inciertos, en un claro caso de trata de personas. En un telegrama al ministro de Guerra y Marina, de octubre de 1883, Obligado informaba que “18 indígenas de chusma” embarcarían ese día, mientras que, en julio de ese año, el mismo comandante pedía disculpas afirmando que “en primera oportunidad cumpliré los deseos de V.E. enviando al Gral. Ayala algo que le sirva, por ahora no tenemos”. Ese mismo año, el subprefecto del puerto de Corrientes le pedía al coronel Julio Figueroa que le envíe “tres indios chicos de los de chusma para servicio familia”, y el mismo Figueroa en marzo de 1884 informaba al ministro de Guerra por telegrama que tenía en “concesión cinco chinitos” comprometidos para “el general Raicedo y otros”.[27] Aunque no es el objetivo de esta investigación, un trabajo sistemático de estas comunicaciones podría darnos una idea más cercana a los modos en que este tráfico se realizó y sus destinos.
De manera análoga a lo que advertí sobre los indígenas muertos, la subrepresentación de la captura, retención y distribución de personas en el Gran Chaco también debe señalarse. En los tres polos que nos interesan -la gobernación y las comandancias de Salta y Norte de Santa Fe- las situaciones eran diferentes. En sus locaciones cambiantes -Villa Occidental, Isla del Cerrito, Formosa- las preocupaciones de los gobernadores estaban cifradas en cuestiones domésticas de la ciudad y el uso de mano de obra indígenas se dividía entre aspectos infraestructurales -caminos o construcción de edificios- y la regulación de las relaciones entre obrajeros de las costas de los ríos Paraguay y Paraná y los indígenas[28]. En el caso de Salta, desde mediados del siglo XIX las Guardias Nacionales fueron utilizadas para asegurar el movimiento de indígenas hacia las plantaciones de caña de azúcar y a fines de 1860 para asegurar los trabajos de dragado de los ríos Bermejo y Teuco (Gordillo, 2011). En el norte santafecino convivieron reducciones religiosas o mixtas (sostenidas por el Estado, pero gestionadas por misioneros) con experiencias de colonización muy diversas que no buscaban mano de obra originaria sino su exterminio (Ratto, 2011; Dosztal, op. cit.; Green, op. cit.). A la vez, algunas experiencias de reparto de tierra a familias “reducidas” dentro de la jurisdicción de Reconquista o el uso extendido de lanceros indígenas para hacer la seguridad, baqueanía o incluso incursiones al interior de la frontera, también ha sido parte de este sistema de reparto de indígenas (Mora, 2019; Green, op. cit.)
No obstante, la práctica de apropiación de hombres, mujeres, niños y niñas, fue tan extendida que su prohibición ocupó parte importante de la orden general de campaña en 1884:
Art. 1°. Siendo el propósito del Supremo Gobierno, no la persecución de los indíjenas sino su reducción a las leyes de la civilización y darles en consecuencia el destino que mejor convenga a este fin, se ordena:
Art. 2°. Los Jefes y Oficiales que hayan tomado ó tomasen prisioneros indijenas, sea de lanza ó de chusma, no podrán disponer de individuo alguno bajo las mas serias responsabilidades, sin previa autorización del Gobierno”.
[…] Art. 6°. Los comandantes de las escoltas cumplirán respecto de los grupos ó familias indíjenas que pudieran encontrar en su trayecto, las disposiciones prevenidas (Victorica, op. cit., p. 68-69).
Bajo estas restricciones y aclaraciones el número de indígenas declarados como prisioneros por las fuerzas de guerra del Estado argentino entre 1870 y 1884 fue de 1370. (Cuadro 3) Aquí quedan afuera las partidas imprecisas de indios reducidos que se contaban de a miles y únicamente incorporé aquellas capturas en las que se informaba el hecho -con términos como se tomaron X de chusma- pero que no se declaraban como voluntarias-.[29] A la vez, cabe señalar las generalidades con las que se mencionaban las capturas y los problemas de racionamiento que se denunciaban constantemente, con lo cual la subrepresentación se acrecienta. No obstante, al tener este número como una primera referencia podemos dar cuenta de algunos aspectos importantes.

Cuadro 3. Cuadro con el detalle de personas indígenas capturadas. Elaboración propia.
Al igual que la cantidad de asesinatos informados, el peso de la acción de las fuerzas de guerra estatales se dio luego de 1879. Entre 1870 y 1878 se informó un total de 189 prisioneros por lo que 1181 correspondieron al período comprendido entre 1879 y 1884, en la que se destacan las 600 personas capturadas durante la campaña del coronel Obligado al campo del cielo y algunas incursiones menores al interior de la frontera. Salvo dos prisioneros informados, casi la totalidad de capturas se centraron en la Frontera Norte. La docilidad representada al hablar de las parcialidades wichís cercanas a la frontera salteña, y la larga duración de su uso como mano de obra, quizá impacten en ese número o en su informe. De todas formas, este vacío requiere complementarse con estudios posteriores centrados en la región. Dentro del hinterland de Obligado puedo decir que fueron los grupos moqoit lo que sufrieron un mayor número de capturas, ya que las parcialidades qom se encontraban lejanas a la comandancia y la línea de frontera, cuestión que se transformaría cabalmente con la campaña de 1884 que llevó la red de fortines del arroyo del Rey hasta el río Bermejo, atravesando el centro-este del Chaco Austral.
Conclusiones
La disposición absoluta de los cuerpos indígenas fue parte de la conquista de sus territorios. La guerra que organizó a las fuerzas, y la seguridad que justificó numerosas partidas para recuperar bienes y ganado, fueron motores de la vida fronteriza. La letalidad informada en fríos números y en breves crónicas da lugar a la naturalización de una forma de relación interétnica montada en la violencia organizada y en el desprecio de la vida y la autonomía del otro. En ese sentido, el objetivo numérico de este artículo busca complejizar la lectura de un proceso, y permitir una caracterización para ver, en otros trabajos, sus cercanías y lejanías con los casos similares en Argentina, América Latina y otras partes del mundo. A la vez nos permite acrecentar nuestro conocimiento sobre el papel que la muerte sistemática y la trata de personas ocupó en el genocidio fundante de nuestro actual Estado-Nación.
Considero que este punto debe articularse con la mirada que los propios agentes del Estado -en este caso las fuerzas de guerra o guerrero-securitarias- tenían, cuestión que no hemos profundizado en este trabajo en pos de centrarnos en una descripción general a mediano plazo. El plafón común de amplios sectores sociales -políticos, militares, empresariales, religiosos, filantrópicos, etc.- que nos posibilita hablar de un fondo compartido sobre la necesidad de desaparecer física o culturalmente a los pueblos indígenas debe cruzarse con las características y transformaciones que el propio mundo militar vivía a fines del siglo XIX e inicios del XX. Estos cruzamientos no sólo nos permitirán decir algo más concreto sobre el papel del Ejército y la Armada en la guerra contra el indígena, sino también entender el modo de avance estatal y las características que adquirió este proceso durante las décadas de 1890, 1900 y 1910 en el Gran Chaco.
Adenda
Agradezco los comentarios exhaustivos de las personas que evaluaron este artículo a nivel de forma y contenido. Intenté atender a las pertinentes sugerencias y solicitudes de modificaciones, las cuales me ayudaron a mejorar mucho el escrito y hacer claros algunos puntos confusos. Si bien no puedo reproducir completamente el debate iniciado en las evaluaciones sobre categorías analíticas utilizadas en este texto (genocidio, agencia, guerra, y seguridad), sí creo necesario afirmar que fueron muy orientadoras para hacer algunos cambios al texto y a mis investigaciones en curso.
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Notas
[1] Esta mirada se acerca a las críticas que Christian Gerlach (2015) realiza a Feierstein y los estudios sobre genocidios sobre su incapacidad de no demonizar a los ‘perpetradores’, apartándolos epistemológicamente del mundo cultural humano del que forman parte (p. 239).
[2] Llamaremos Frontera Norte (en mayúscula, tal cual su uso nativo) al territorio rodeado por el entramado de fortines que conectaba el arroyo del Rey con el poblado de Colonia Rivadavia, pasando por el actual norte de Santa Fe y los márgenes del río Salado (actual Santiago del Estero).
[3] La apelación al término conquista ha cruzado el lenguaje de los funcionarios y guerreros de los incipientes Estados iberoamericanos del siglo XIX para hablar del avance sobre territorios indígenas. Para entender la relación histórica del término con la idea de frontera sugerimos el trabajo de Vezub (2020).
[4] Dados los objetivos cuanti-cualitativos de este escrito no incluimos un análisis sobre las formas de defensa, ataque o resistencia de las poblaciones indígenas del Gran Chaco hacia fines del siglo XIX. No obstante, consideramos que es un tema crucial que será abordado en publicaciones futuras y al que hemos aludido brevemente en (Almirón, et. al.,op. cit.).
[5] En este trabajo comprenderemos al Gran Chaco como la región construida estatalmente como tal, es decir, el espacio que hoy comprenden el este de Salta y Santiago del Estero -limitado por el río Salado-, el norte de Santa Fe -desde 1870 a 1872 limitado por Fuerte Belgrano a 100 km de la capital santafecina, y desde 1872 a 1884 por el arroyo del Rey en la actual ciudad de Reconquista-, la totalidad de las provincias del Chaco y Formosa, y entre 1870 y 1878 el sudoeste de Paraguay (Figura 1).
[6] Que se articulaban con los criollos armados y las nuevas experiencias de hombres en armas como los piquetes de gendarmerías (en la década de 1870), las policías territorianas (Ley de territorios N° 1532 de 1884), las policías fronterizas o policías militarizadas (décadas de 1910) o la experiencia de la Gendarmería de Línea (1917), entre otras.
[7] Informes de la gobernación del Chaco, 1882. (Instituto de Historia de la Universidad Nacional del Nordeste, 1977, p. 174).
[8] Para entender el funcionamiento del Ejército de Línea, luego Ejército de la Nación y, posteriormente, Ejército Argentino, consultar Codesido (op. cit.) y Avellaneda (op. cit.).
[9] Para comprender a la Guardia Nacional como experiencia de milicia provincial (Canciani, 2017).
[10] En 1881 se estableció la comandancia de Frontera de Santiago del Estero al mando del coronel Olmedo, aunque su funcionamiento se extendió hasta 1884.
[11] Academia Nacional de la Historia. Memoria presentada por el Ministro de Estado en el Departamento de Guerra y Marina al Congreso Nacional de 1871. Disponible: https://repositorio.anh.org.ar/handle/anh/584.
[12] Academia Nacional de la Historia. Memoria presentada por el ministro secretario de estadoen el Departamento de Guerra y Marina Doctor Don Adolfo Alsina al Honorable Congreso Nacional en 1877. Memoria del Ministerio de Guerra y Marina. 1878. Disponible: https://repositorio.anh.org.ar/handle/anh/591
[13] Entre 1885 y 1899 se dieron una serie de campañas que respondían al objetivo de control definitivo del Pilcomayo y del centro-oeste de la región. La Cuarta División de Ejército formada por los regimientos Nº 5 y 12 de Caballería y el 9º batallón de Infantería, al mando del general Antonio Donovan, reforzó la línea de conexión entre Resistencia y Colonia Rivadavia en 1887, tomó el control de la zona conocida como Napalpí y estableció allí un fortín (que luego se llamó General Donovan). Este lugar era un objetivo de conquista al ser un sitio de paso y encuentro de indígenas que se trasladaban de norte a sur y de oeste a este. En 1898 se creó una unidad operativa únicamente para el control final del territorio, al mando de general Lorenzo Vintter y denominada División de Operaciones en el Chaco, que movilizó cinco regimientos para recuperar el control sobre el centro del Bermejo. En estas operaciones murieron numerosos indígenas al norte del Bermejo, entre ellos los comandados por los caciques Emak y Chacayagay, últimos en oponerse en términos de enfrentamiento directo con las fuerzas de guerras del Estado argentino (Martínez Sarasola, op. cit.).
Durante las primeras décadas del siglo XX las experiencias guerreras se cruzaron mucho más con las securitarias. El control del río Pilcomayo llevó a la creación de policías volantes o fronterizas, hasta que en 1907 se conformó la División de Caballería del Chaco al mando de Teófilo O’Donell. Finalmente, en 1911 el coronel Enrique Rostagno encabezó una nueva campaña hacia el Pilcomayo con sus Fuerzas de Operaciones en el Chaco integrada por cuatro regimientos. En 1915 se desarmaron estas fuerzas y la zona fronteriza quedó en manos del Regimiento 9 de Caballería de Línea, al mando del coronel Julio Mallea. Dos años después, el Estado argentino declaró el fin de la guerra contra el indígena y retiró al Ejército, aunque en realidad operó una trasformación: el Regimiento 9 se convirtió en un Regimiento de Gendarmería de Línea, dependiente del Ejército y bajo cuya égida quedó el control de la frontera con Paraguay. Desde 1917 hasta 1928, esta unidad tuvo a su cargo el norte de Formosa y en menor medida la parte norte del Chaco, específicamente la línea del Bermejo.
[14] Sin pretender una conceptualización robusta, utilizo el sintagma huella archivística para hablar de marcas humanas de sentido que se plasman en las fuentes que utilizamos.
[15] A nivel metodológico procedimos a un ordenamiento anual de la documentación, un rastreo de los datos de muertos y prisioneros, y una posterior organización en cuadros. Las fuentes fueron recopiladas de algunos repositorios digitales (HathiTrust, Archive.org, Academia Nacional de la Historia), mientras que las memorias de los gobernadores de los Territorios Nacionales, las memorias personales detalladas y una parte de la documentación de Manuel Obligado fue consultada en las bibliotecas del Instituto de Investigaciones Geohistóricas y del Archivo Municipal de Reconquista. Asimismo, se consultó en el fondo ‘Frontera Norte’ del Servicio Histórico del Ejército, y los fondos Benjamín Victorica y Julio Argentino Roca del Archivo General de la Nación.
[16] La información que no pudo obtenerse tiene que ver con la pesquisada, es decir, aquella relativa a muertos y prisioneros. Explico este aspecto al referirme a las subrepresentaciones de la muestra en los apartados siguientes.
[17] Academia Nacional de la Historia. Memoria del Departamento de Guerra presentada al Honorable Congreso por el Ministro de Guerra y Marina, Jeneral D. Julio A. Roca. Disponible https://repositorio.anh.org.ar/handle/anh/594
[18] Sin embargo, Silvia Ratto (op. cit.; 2014) ha señalado que no pueden compararse los procesos salteños con los del norte santafecino, no solo por las características de las poblaciones indígenas involucradas sino por el sistema de colonización implicado. Lo propio ha hecho Aldo Green al analizar las relaciones entre colonos e indígenas en el norte santafecino (Green, op. cit.).
[19] A nivel de uso nativo, se llamaba incursiones o partidas al envío de pequeñas unidades de caballería para aspectos puntuales (generalmente capturar a grupos indígenas ante denuncias de maloqueos o ataques), mientras que las campañas o excursiones requerían otro tipo de preparación, incluían la organización de una fuerza de mayor consideración, cumplían una misión guerrera pero también de reconocimiento (con pequeñas compañías de ingenieros o comisiones de científicos), en ocasiones se aprobaba su financiamiento en el Congreso o se realizaban tras la orden del ministro de Guerra y Marina.
[20] Los etnónimos utilizados en el período no corresponden a la autoadscricpión de los pueblos ni tampoco son estables. Estas parcialidades también han sido llamadas montaraces, abipones, espineros, guaicurúes, orejones, malalás, mocobies, ocolés, javieleros, chiriguanos, tobillas, mocowis.
[21] Modo en que se denominó a la región del Gran Chaco que quedaba por debajo del río Bermejo, a la izquierda del Paraná y al centro de la actual provincia del Chaco.
[22] Este pueblo ha sido denominado predominantemente como matacos. Esta nominación continúa utilizándose para denominar a la raíz lingüística de este pueblo -mataco mataguayo- que incluye etnias como makás, chulupís, entre otros.
[23] También conocida como Otumpa, es una región del actual sudoeste de la provincia del Chaco en el que se han encontrado numerosos meteoritos y que fue la obsesión de exploradores y viajeros durante los siglos XVII, XVIII y XIX que buscaban el gran mezón de fierro, mítico meteorito que se creía de proporciones enormes y que nunca fue hallado. En la actualidad, la localidad de Gancedo (Chaco) aloja el segundo y tercer meteoritos más grandes del mundo. En 1879, Obligado organizó una campaña de reconocimiento de esta región del Chaco seco con una importante escasez de agua, que culminó con un desastre organizativo y la muerte de soldados por la sed. Uno de los objetivos de la expedición era, justamente, encontrar el fierro.
[24] A lo largo de las experiencias de frontera del norte y sur, los malones -esto es el robo de ganado y el ataque indígena masivo- ha formado parte del terror que las poblaciones criollas tenías y difundían sobre las poblaciones originarias. No existen estudios sistemáticos sobre las características de las incursiones indígenas en el Gran Chaco, para el sur sugiero el trabajo de Sebastián Alioto (2011). Para un análisis de cómo el miedo al malón ha sido usado en diversos contextos históricos para legitimar el terror estatal, ver Gordillo (2020).
[25] Para una mirada similar pero orientada a las comunidades indígenas del sur sugerimos (Delrio, 2023).
[26] He trabajado este aspecto en Chao, 2021.
[27] Archivo General de la Nación (AGN). Fondo Victorica. BV. S7.3161.
[28] Memorias de los gobernadores del Chaco. 1872–1884 (Instituto de Historia de la Universidad Nacional del Nordeste, Op. Cit.).
[29] Las condiciones de estas reducciones “voluntarias” han sido problematizadas, para el caso del sur, por Pablo Arias (2022).