Desarchivos indígenas. De cómo el recorrido centenario de una carta nos permite indagar las relaciones de poder mapuche-estado pos-genocidio, de Pilar Pérez, Revista TEFROS, Vol. 23, N° 2, artículos originales, julio-diciembre 2025: 66-90.

En línea: julio de 2025. ISSN 1669-726X

Cita recomendada:

Pérez, P. Desarchivos indígenas. De cómo el recorrido centenario de una carta nos permite indagar las relaciones de poder mapuche-estado pos-genocidio,

Revista TEFROS, Vol. 23, N° 2, artículos originales, julio-diciembre 2025: 66-90.

Desarchivos indígenas.

De cómo el recorrido centenario de una carta nos permite indagar las relaciones de poder mapuche-estado pos-genocidio

De-archiving the Indigenous. On how the journey of a centenary letter allows our research on post-genocide power relations between the Mapuche and the Argentine State

Desarquivamentos indígenas.

Como o percurso centenário de uma carta nos permite questionar as relações de poder entre os Mapuche e o Estado no pós-genocídio

Pilar Pérez

Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas

Universidad Nacional de Río Negro, Bariloche-Argentina

Contacto: pperez@unrn.edu.ar - ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2601-8789

Fecha de presentación: 21 de marzo de 2025

Fecha de aceptación: 14 de junio de 2025

Resumen

Este artículo recupera el recorrido burocrático de una carta centenaria desde el momento de su producción, pasando por su archivamiento y, finalmente, su desarchivo con el fin de formar parte de la recopilación documental de la comunidad de Aldea Epulef, en Chubut. La carta fue escrita por Mariano Epulef (h), referente mapuche de comienzos del siglo XX, bajo la urgencia apremiante de la violencia policial. A partir de la trayectoria de la carta, este texto indaga en problemas teóricos, ligados a las relaciones de poder que se establecen en la creación de archivos y a la producción de silencios relacionados a estas. En segundo lugar, define un recorrido metodológico de trabajo en archivos con y sobre indígenas indicando niveles de atención para dimensionar la agencia en el contexto de relaciones asimétricas. Finalmente, explora las múltiples posibilidades que el desarchivo trae para la comunidad que conoce esta carta cien años después, así como para repensar el lugar de los archivos en procesos políticos.

Palabras Clave: Archivos; principio de procedencia; Chubut; mapuche; agencia indígena.

Abstract

This article traces the bureaucratic journey of a century-old letter, from the moment it was produced, through its archiving, and finally to its de-archiving, thus making it part of the community archives of Aldea Epulef, in Chubut. The letter was written by Mariano Epulef (Jr.), an early-twentieth-century Mapuche leader, under the pressing urgency of police violence. Based on the itinerary of the letter, this text investigates theoretical problems linked to the power relations established in the creation of archives and the production of silences related to these. Secondly, it draws a methodological path of work in archives with and about Indigenous people, focusing on the observation of agency in the context of asymmetrical relations. Finally, this research explores the multiple possibilities that de-archiving brings to the community that gets to know this letter one hundred years later, as well as it rethinks the place of archives in political processes.

Keywords: Archives; provenance; Chubut; Mapuche people; indigenous agency.

Resumo

Este artigo recupera o percurso burocrático de uma carta centenária desde o momento da sua produção, passando pelo seu arquivamento e, finalmente, pelo seu desarquivamento para fazer parte do acervo da comunidade de Aldea Epulef em Chubut. A carta foi escrita por Mariano Epulef (h), referência mapuche no início do século XX, sob a premente urgência da violência policial. Partindo da trajetória da carta, este texto investiga problemas teóricos, ligados às relações de poder que se estabelecem na criação de arquivos e na produção de silêncios relacionados a estes. Em segundo lugar, estabelece um percurso metodológico de trabalho em arquivos com e sobre povos indígenas, indicando níveis de atenção para dimensionar a agência no contexto de relações assimétricas. Por fim, investiga as múltiplas possibilidades que o desarquivamento traz para a comunidade que conhece esta carta cem anos depois, bem como para repensar o lugar dos arquivos nos processos políticos.

Palavras chave: Arquivos; princípio de origem; Chubut; mapuche; agência indígena.

Introducción

En 2010 estuve trabajando en Chubut en el Archivo histórico provincial como parte de la construcción de mi corpus documental para la tesis de doctorado. Allí buscaba datos tanto de algunos referentes, organizaciones indígenas, como de acciones policiales y conflictos suscitados por tierras en un período amplio que iba desde fines del siglo XIX hasta comienzos de la década de 1940. El proceso de digitalización de avanzada que tenía ese archivo por entonces me permitió buscar por palabras clave entre los miles de documentos que se encontraban ya en una bóveda, fuera del alcance humano.

En esas búsquedas rigurosas, pero al mismo tiempo azarosas debido al tiempo escaso de mis posibilidades de viaje a Rawson, recogí un expediente que a su vez contenía una carta fechada en 1925 de puño y letra de Mariano Epulef (h). La carta denunciaba abusos policiales y connivencias del poder local en la zona de Languineo. Dichos abusos habían sido contra él y sus hijos y su mujer, así como contra otras tres familias de la zona^{^[1]}. En esa carta Mariano explicaba una línea de acción, una forma de hacer entre la policía y algunos vecinos codiciosos. Mariano Epulef anunciaba la inminencia de una recuperación territorial. Producto del método de trabajo en el archivo, yo solo leí esa carta unos años después de encontrarla cuando mi tesis ya estaba en un estado avanzado. Los hechos que Mariano Epulef narraba completaban el análisis que venía desarrollando vinculado a las formas discriminadas y racializadas de acceso a la tierra en la pos-Conquista. Mariano fue un lonko cuya actividad política y gestiones en torno a las tierras fueron homenajeadas por su gente al nombrar la “Aldea Epulef”.^{^[2]} Su aporte en esa tesis fue de apenas unas líneas.

Esa carta era sin dudas una perla en el archivo. Los niveles de complejidad que Mariano Epulef expresaba en su lectura en 1925, en su descripción del accionar del poder, en la conciencia sobre la violencia ejercida contra los indígenas (por ser tales) sintetizaban mucho de lo que mi propio trabajo analizaba aunque con otro sentir, otro formato narrativo, otro detalle que es imposible reponer en un trabajo histórico. La carta de Mariano Epulef además traía muchas preguntas, era una punta de iceberg, un comienzo.

Durante años y entre los miles de documentos fotografiados que conservo de diferentes archivos regionales y nacionales, recordé esa carta con pesar. ¿Qué hacemos quienes escribimos historia con todos esos “detalles” que exceden nuestro trabajo? ¿Qué hacemos con este material valioso para las familias, comunidades, organizaciones que son parte de aquella historia y que muchas veces desconocen su existencia? ¿Acaso importa recuperar estos documentos?

Tiempo después estaba dictando una asignatura en la universidad cuando una estudiante me contó sobre el proyecto de la comunidad de Aldea Epulef en Chubut de armar un archivo propio. Recordé la carta de Mariano Epulef, su letra prolija, su descripción sensible y certera de su presente de 1925. Este relato de lucha, de sufrimientos, de denuncias, estaba quizás encontrando su (u otro) camino, para ser escuchado, para ser valorado en muchos otros sentidos. La carta iniciaba un camino de desarchivo.

Desarchivo es una palabra polisémica que bien puede significar, desde su uso técnico legal, un regreso al uso o circulación del documento que había sido apartado para su guarda o para su destrucción. O bien como propone Aillón Soria (2022) “desarchivo no se trata de organizar el archivo con operaciones archivísticas de orden y clasificación, desarchivo es enfrentar el dolor de la subalternidad […]”^{^[3]}. Pero en cualquier caso considera un regreso a la vida, salir de ese “sepelio consagrado” que supone el archivo, del que nos habla Mbembe (2020). En sintonía con este autor queremos indagar en ese proceso de despojo que conlleva la guarda de un documento. Mbembe afirma que la construcción de un archivo supone la desposesión de autoría de los documentos que pasan de una esfera privada a ser parte del dominio público. Pero ¿qué sucede cuando un documento, como la carta de Epulef, reingresa en su comunidad de origen? Desde una perspectiva, Epulef ya no está allí y esa carta es recibida por miembros de su comunidad cien años después y en un formato digital.

Tanto Mbembe como Trouillot (1995) destacan la producción de silencios en los diferentes pasos de creación de la historia. Trouillot identifica cuatro momentos en donde la producción de silencios se vuelven significativos, estos son: la creación de la fuente; el armado del archivo, la inscripción del relato y la narrativa histórica. Sin embargo, en mi propia experiencia, esa secuencia se interrumpió cuando el trazo de la fuente dentro del texto histórico motiva a la estudiante, que la detectó y la trajo como pregunta y desencadenando la posibilidad de volver sobre el documento o mejor dicho, que el documento volviera e iniciara un nuevo recorrido.

Caswell (2014) cuestiona el análisis de producción de silencios de Trouillot ya que desde su perspectiva como especialista en archivos, este tiene limitaciones. Principalmente porque es un planteo linear que supone un recorrido y un final en la historia. En cambio, esta autora recurre al “modelo continuo de las fuentes” que surge en Australia como forma de disputar la construcción colonial de los archivos que silenciaba, entre otras cosas, las diferentes formas de violencia contra los indígenas. A diferencia de Trouillot, el modelo de Upward (1994) citado por Caswell, es multidimensional, interactivo y circular. Por esto, tiene en cuenta que las capas de producción de sentido sobre las fuentes son interminables y, desde su oficio, crea una forma de incluir esta reflexión en la configuración del archivo.

Más allá de los aspectos técnicos de esta propuesta, nos interesa armar y desarmar el camino de la carta de Mariano Epulef para dimensionar tanto la producción de silencios que nos propone Trouillot como la potencial continuidad de acciones y activaciones que esa carta produce. En definitiva, qué sucede en esta experiencia de desarchivo, incluyendo en esta acepción tanto la producción de los silencios como sus rupturas.

El archivamiento de la carta y el principio de procedencia

La carta de Mariano Epulef (h) nos enfrenta a una tentación -tan habitual como criticada por historiadores consagrados de todos los tiempos. Esto es, saltar a su contenido antes de conocer el circuito que constituyó y recorrió esa información, tanto en el período de escritura y su acumulación en un expediente, pasando por su archivamiento, hasta el momento de ser incorporada como una fuente documental para una tesis. Aun cuando el relato de Epulef es profundamente conmovedor y una sienta la urgencia de que ese sufrimiento rompa de una vez por todas el sepulcro al que fue conminada, conocer el contexto de esa carta es prioritario por una serie de sentidos que queremos destacar.

Stoler (2010) define las acciones precipitadas sobre los documentos como extractivismo de archivo. Lo que supone abordar el contenido del documento sin tener en cuenta la lógica que habilita la mera existencia del documento en tanto parte de un ordenamiento particular (propio de la burocracia de 1920 en un Territorio Nacional), como del mismo archivo histórico (fundado en el período provincial de Chubut). A diferencia quizás de las advertencias de los historiadores consagrados contra esta tentación, esta autora enfoca en la capacidad de crear sentidos a partir de la producción del archivo mismo. Stoler nos recuerda -algo que el poder del estado logra naturalizar- que el archivo no es un lugar de recuperación de conocimiento sino de producción del mismo.

Entonces, en el primer nivel: ¿cuál es la lógica burocrática que guió la constitución de ese documento, qué formatos habituales contiene y repite, qué cultura administrativa revela? Y ¿porqué es importante reconocer esta trayectoria? En el segundo nivel: ¿cómo llega a ser parte de un fondo documental? ¿Cuál es la historia del archivo que lo contiene? ¿Con qué fines y para qué propósitos cobra el estatus de documento histórico? Y ¿qué efectos produce esta parte del trayecto de la carta? Dejamos para el próximo apartado su puesta en circulación más reciente.

El primer nivel: la carta vive entre oficinas y pasillos

En principio diremos que, a pesar de los muchos casos de abusos policiales o desalojos de la época, no todos fueron registrados, ni mucho menos sistematizados por la burocracia estatal (Suárez, 2005; Carrizo, 2010; Bohoslavsky, 2010; Pérez, 2016, entre otros). La carta de Mariano Epulef es, en ese sentido, una excepción dentro del archivo. Esta carta, junto con un telegrama, está dirigida a la Comisión Honoraria de Reducciones de Indios (CHRI) en 1925. Esta entidad era operativa en el norte del país y solo de manera secundaria (hasta 1932) atendía los problemas y denuncias de las familias, personas y comunidades indígenas del sur.

El expediente contiene una densidad de información al desplegar el circuito administrativo de esta documentación desde su inicio hasta su archivamiento. La denuncia se dirige a la CHRI. En una segunda instancia, la CHRI la eleva y enmarca en otra carta firmada por el presidente de la comisión hacia la dirección de tierras del ministerio del interior. Además se adjunta una copia de una carta firmada por el inspector general de tierras (en Buenos Aires) destinada al inspector de tierras de Trelew. El ingreso y apoyo que la carta y el telegrama de Epulef tienen nos habla del conocimiento y capacidad de gestión del denunciante, reconociendo circuitos y autoridades para alojar la denuncia. Los sellos certifican que el ministerio recibe la documentación en octubre de 1925 y da el paso a la gobernación para que se haga la investigación. De forma habitual es la jefatura policial la que tiene la responsabilidad de intervenir, aunque en este caso recomienda “especial atención”.

Así se da inicio a la producción de la información solicitada a la misma policía, aunque con una designación especial de un sub-comisario ascendido a comisario para cumplir esta misión. Esto también habla de una excepcionalidad en el procedimiento, ya que las más de las veces cuando la denuncia era por abuso policial, y a la vuelta de la denuncia, quienes llegaban a la casa a realizar la indagación, eran los propios agentes denunciados.

Para abreviar, poco menos de un año después de los hechos relatados, el expediente se cierra reconociendo la ocupación de tierras de Epulef (h). Así el gobernador del territorio nacional de Chubut le telegrafía al sub comisario de Tecka:

Sírvase informar si Mariano Epulef, hijo, se halla actualmente en posesión de la legua D, lote 21, fracción A, de la Sección I, de la cual fuera desalojado con anterioridad.- Caso contrario se servirá ponerlo en posesión de la misma.^{^[4]}

En los territorios nacionales, la gobernación era designada por el Poder Ejecutivo Nacional. Los habitantes de los territorios mantuvieron un estatus de subalternidad hasta la reforma constitucional de 1949, momento en el que fueron incorporados a la vida política nacional y pudieron expresarse a partir del voto en elecciones nacionales (Gallucci, 2016). Las gobernaciones contaban con una justicia letrada y la fuerza policial. Esta última dependiente y designada por cada gobernador. En el interior de los territorios, las policías -y en algunas ocasiones también, los jueces de paz- eran la única autoridad. Hasta 1930, por lo menos, la distribución de comisarias, subcomisarias y destacamentos dependía de la presión ejercida por los “vecinos” de la zona y la colaboración de estos para garantizar locales, caballadas y pasturas, cuando no los propios adelantes de sueldos de los agentes. Los jueces de paz eran seleccionados entre la población local atendiendo las referencias sociales y capacidades individuales de estos hombres. Lo que suponía una selección de personas ligada a los imaginarios de construcción de nación (Argeri, 2005).

A pesar de que ser inmigrante o blanco no fue razón suficiente para ser exceptuado de la violencia estatal o garantía de un poblamiento exitoso (Olivera, 2015 y Chávez, 2023), vale destacar que mientras para los no-indígenas existen momentos y períodos donde podían ser discriminados en tanto un otro interno (por xenofobia, persecución política o de clase) se observa una constancia, una lógica de la eliminación, desde la pos-Conquista contra los “indios” -identificados de esta manera- que define una peculiar sociedad de colonos (Pérez, op. cit., 2016 y Kropff et al., 2019). Esta estructura constriñó las posibilidades de cualquier familia indígena de ejercer los mismos derechos que otros no-indígenas, producto de los supuestos y estigmatizaciones que tenían en tanto “indios”. Es por esta razón -y por la búsqueda inclaudicable desde la “Conquista del desierto” en adelante de demandar sus derechos al estado- que destinaban cartas dirigidas a las autoridades nacionales, desestimando las territorianas, para hacer llegar sus pedidos y denuncias. En este sentido, Epulef estaba poniendo en práctica una estrategia habitual de la política indígena, que además es identificable hacia atrás y hacia adelante en el tiempo. En definitiva creemos que la lectura de esta carta debe ser hecha atendiendo a este contexto.

De manera similar, Literas y Barbuto (2021) reunieron cientos de listas de acuerdos de racionamiento entre los estados (provinciales y nacional) con caciques y capitanejos de la segunda mitad del siglo XIX de archivos nacionales y provinciales. Estas listas no podrían nunca analizarse de forma aislada sin tener en cuenta que se insertan en un ejercicio de diálogo y negociación de décadas. A su vez, la reunión de las mismas implicó un extendido trabajo de colaboración entre investigadores especializados en diferentes repositorios provinciales, nacionales y regionales. A partir de esta estrategia colaborativa y atendiendo a la práctica de estas listas es que pudo emerger el análisis de la política indígena por detrás de los grandes lonko y referentes, dando paso a los capitanejos e incluso la propia comunidad. Así es que esta carta no podría nunca leerse sin la consideración de la práctica y estrategias colectivas, a la vez que recuperando la lectura entre líneas de la capacidad particular de Mariano Epulef.

El segundo nivel: el paso al archivo histórico

Un segundo nivel que nos interesa indagar es el de la creación del Archivo Histórico de Chubut. La documentación producida desde los territorios ingresaba a través del ministerio del interior que determinaba los circuitos que esta seguiría. Una vez extintos los territorios (como organización político administrativa) por medio de la ley 14408 que dio lugar a los procesos de provincialización de Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz (no así de La Pampa, o la provincia Eva Perón, que ya se había provincializado en 1950 y Tierra del Fuego que recién lo hizo en 1992), la documentación concerniente a los territorios quedó divida entre el AGN y las nuevas provincias que desde entonces iniciaron procesos comparables de creación de Archivos históricos (Pérez, 2023). En el caso del Archivo Histórico de la Provincia de Chubut, además, la documentación quedó subsumida por la disputa respecto de la localización de la capital provincial como por las divisiones identitarias históricas de este territorio y provincia. Ya que entre 1944 y 1955 tuvo lugar una reorganización territorial que dividía el territorio de Chubut en dos en favor de la creación de la gobernación militar de Comodoro Rivadavia (reuniendo el sur de esta provincia con el norte de Santa Cruz). Al momento de la provincialización, la selección de la capital se resolvió por Rawson y, con esto, el resguardo de la documentación se destinó a la creación de un archivo histórico en 1961. Sin embargo, no fue hasta la primera década del siglo XXI que estos papeles se comenzaron a organizar con criterios archivísticos y, recién en el 2005, se inicio un proceso sistemático de descripción y digitalización del AHPCh. Como el resto de los Archivos históricos provinciales, el principal objetivo del mismo es servir a la creación de una identidad provincial y la misión de la archivalia fue respaldar la selección de hechos, eventos y personas simbólicamente significativas para esa identidad.

Por esto, los principales fondos que contiene el AHPCh son “Colonia galesa (1881-1884)” y los de la “Gobernación del territorio” (1884-1957). Sin duda, esta selección (que se encuentra en proceso de ampliación) responde al peso de la colectividad galesa en la construcción identitaria de Chubut (Williams, 2020). Esta, por un lado, excluye la provincia petrolera tanto como los antecedentes de la colonia previa al avance militar de la Conquista (1867-1883). Además, existen otras instituciones de guarda de documentación con diferentes objetivos y criterios de acceso, como el Archivo y Museo Policial o la Biblioteca Agustín Álvarez que rescatan otras voces hegemónicas, como las de las instituciones estatales y los salesianos. Finalmente, vale mencionar que en Chubut –a diferencia de Río Negro, por ejemplo- la documentación vinculada a las tierras, su distribución y ocupación histórica se encuentra bajo la guarda de otra institución: el Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural (IAC). Los lugares de guarda de documentación y hemerotecas son consecuentes con la construcción identitaria provincial, galeses, la burocracia estatal, salesianos y aquellos “vecinos” pioneros o inmigrantes que encarnaron la población y la idea del progreso del “desierto”. Los indígenas están relegados a los intersticios de los documentos ligados a las tierras, cuyo acceso, además es restringido.

Esta dispersión y pérdida de la lógica de la documentación ligada a la cuestión indígena -u otros sectores subalternos- fue identificado como un “archivo estallado” por Pilar Pérez (2015). En la dispersión de la misma atendiendo a los diferentes criterios que ordenaron la documentación remanente (luego interpretada con valor histórico) de los territorios se construyeron jerarquías y silencios que visibilizaron cierta documentación en detrimento de otra. Esto no solo hacia el interior de un archivo, sino de diferentes repositorios. Lo que a su vez obliga a cierta destreza por parte de quienes buscan hilvanar esta historia, ya fuera por construir una narrativa histórica, como por ligar el devenir de la propia familia o comunidad^{^[5]}.

El expediente de la denuncia de Mariano Epulef que aparece dentro de la masa voluminosa del “fondo exterritorio” del AHPCh y la posibilidad de dar con él, estuvo en mi caso, asociada a la búsqueda de las intervenciones de la Comisión Honoraria de Reducción de Indios en el período. Ingresando con otro criterio de búsqueda, la historiadora Liliana Pérez (2015) dio con otra serie de cartas escritas por Mariano Epulef, dirigidas también a las autoridades. Con lo que dependiendo de la pregunta de ingreso, la documentación aparece fragmentada. Además, como advierten Göbel y Chicote (2017), el paso de lo analógico a lo digital conlleva una serie de ventajas (por ejemplo en la velocidad de la búsqueda) pero también de problemas ya que no es lineal ni directo sino que supone el solapamiento de diferentes lógicas. Más aun cuando la digitalización se produce sin revisar las relaciones de subalternización o colonialidad en la generación de descriptores.

Desarchivo y colonialidades en el “principio de procedencia”

Ahora bien, este recorrido del (des)archivo de esta carta devela lógicas de armado y valorización de cierta documentación en detrimento de otra. Si bien esta carta fue recibida por instituciones en el marco de sus funciones, este registro dispara una serie de preguntas vinculadas a ese criterio rector de la archivística que es el “principio de procedencia”. Como observó Da Silva Catela (2002), este principio y la apropiación de la documentación en el contexto de relaciones coloniales entran en conflicto aun después de terminada la relación de poder y subordinación^{^[6]}.

Por esto, el “principio de procedencia”, quien produce el documento, como criterio rector de la archivística fue criticado desde los años 90s por diversos autores (Horsman 2002) que entendieron que no puede pensarse al productor aislado de una comunidad. Esta apertura sobre el principio rector que incluía una serie de críticas a las relaciones de poder-saber también generaba problemas en la práctica. Una salida a esta problema fue pensar la coautoría de los documentos producidos (Iacovino, 2010). Esta propuesta rompía con la división productor-objeto que suponía el principio. Introdujo además la posibilidad de pensar la agencia (aunque limitada) de los sujetos en la creación de ese discurso. En ese giro, Wurl (2005) piensa la etnicidad como principio de procedencia, atendiendo a la historicidad de la misma (sin esencializarla) y a la guarda del archivo ligada necesariamente a una comunidad. Este autor avanzó también sobre un segundo problema y trazó una diferencia entre la custodia de un archivo, vinculada más a su propiedad, y la guarda del mismo, en sintonía con lo cultural y comunitario que supone lógicas diferentes de administración.

Sin duda, fue en Canadá y en Australia donde los procesos de “reconciliación” motivados por el reconocimiento oficial de la colonialidad y violencia estatal contra los pueblos originarios suscitaron una serie de políticas de reparación que incluían informes y entrevistas respecto de las víctimas. Estas políticas produjeron un volumen substancial de documentación sensible sobre los abusos cometidos, particularmente, contra infancias indígenas. En 1997, la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades de Australia logró que se promulgara un decreto prohibiendo la destrucción de documentación ligada a pueblos originarios en el país. Un punto sin duda de interés para otras experiencias posteriores. Luker (2017) destaca que a pesar de este significativo paso hubo muchas otras cuestiones que no fueron tenidas en cuenta. Entre ellas detalla, primero, las responsabilidades de quien permanece como propietario de la documentación (no puede destruirla pero no avanza sobre el acceso, por ejemplo); y, segundo, el control, custodia y derecho a modificar el registro por parte de los propios testimoniantes. En parte, dice la autora, estos perdieron la custodia de sus propias declaraciones por la convención archivística de diferenciar productor y sujeto sin problematizar este vínculo. Más bien, impactó como una nueva apropiación por parte del estado, ahora por sobre los testimonios.

Por su parte, en el caso canadiense iniciado a partir de la política de creación de la Comisión de Verdad y Reconciliación (TRC en inglés) en el 2008, la documentación producida atravesó una serie de complicaciones ligadas, primero, al lugar de guarda. Dado que las naciones indígenas no confiaban en las instituciones estatales, las universidades aparecieron como una opción de confianza tras varios debates. Segundo, por el acceso ligado a los datos sensibles expresados en los registros (por los abusos cometidos en las escuelas residenciales). El acceso no estuvo claro en los inicios de producción de esta información y esto redundó en que hasta el presente haya personas que todavía no pueden acceder a sus testimonios o los de su familia. Tercero, los problemas legales suscitados por la superposición de la legislación sobre pueblos originarios y aquella sobre los archivos nacionales. Por ejemplo, un fallo judicial temprano en el TRC que determinó la destrucción de parte de esos registros tras diez años. Esta decisión -en principio bienintencionada- se produjo unilateralmente por sobre las demandas de los propios testimoniantes y sus familias.

Tanto las diferentes críticas al principio de procedencia, como las experiencias derivadas de estos procesos motivaron nuevas reflexiones sobre los criterios intelectuales de ordenamiento de los archivo. Bastian (2006) indaga en las lecturas críticas sobre archivos coloniales y propone la idea de “susurros de archivo”. Esto supone “escuchar” a los sectores silenciados en lugar de amplificar las voces de los opresores. La autora desagrega tres partes para construir la procedencia. Estas son contenido, estructura y contexto. En una análisis somero, para el caso de la carta de Epulef, el contenido sería la población indígena; la estructura, la lógica burocrática; y, el contexto, la ocupación de tierras en la Patagonia en el período. Para Bastian, el principio de procedencia debe ser entendido como uno de inclusión que permita alcanzar las voces otrora silenciadas y postergadas en el marco del armado del archivo.

Siguiendo a esta autora, ¿cuáles son los susurros que aparecen en la carta en cuestión? Nos proponemos ahora pasar a analizar esta excepcional carta de puño y letra de Mariano Epulef (h) narrando y analizando un evento doloroso en su historia personal, familiar y comunitaria en un otoño invernal de 1925.

Leer la carta teniendo en cuenta el archivo a “contrapelo” y a pelo

Desde las críticas anti-coloniales del archivo se afirma que “los archivos no son el espacio de reparación de la memoria histórica, sino el dispositivo narrativo y de representación de la violencia colonial fundacional”^{^[7]}. Sin duda hay mucho de cierto en esta afirmación entendiendo el discurso disponible al momento en que la documentación es creada; el objetivo principal con el que los archivos fueron generados, como venimos desarrollando; y, también, contribuye a asumir cierta linealidad en la temporalidad de los momentos de producción de silencios, sobre la que queremos reflexionar en este apartado.

Cuando se comienza a trabajar en archivos buscando derroteros indígenas (entre otros sectores subalternos), se encuentra -en el mejor de los casos- que esas experiencias están subsumidas a carátulas institucionales y propietarios de fondos y colecciones que hacen muy difícil su localización entre los miles de papeles^{^[8]}. Están silenciados. Esto sumado a la dispersión, la aparente carencia de lógica en la organización de los fondos, puede tornar la búsqueda en archivos en una profunda desazón.

Por otra parte, la aparición excepcional de documentos, el hallazgo o “la perla” del archivo, también invita a sobredimensionar el poder opresivo del estado, sus lógicas pasadas y contemporáneas y, por supuesto, a negar la posibilidad de encontrar la voz del otro en el archivo. Nos preguntamos ¿son los silencios la única información disponible en el archivo respecto de los sectores subalternos? Y en un plano más metodológico ¿cómo podemos dar cuenta de la voz del otro? Este debate conocido y suscitado dentro de los estudios subalternos por Spivak (quien sostiene la imposibilidad de encontrar la voz del otro) fue desarmado por numerosos autores a partir de pensar diferentes estrategias de abordaje del archivo (ver en Nacuzzi, 1998; Delrio, 2005; Luker, op. cit., entre otros).

Una de estas viene siendo la lectura a “contra pelo” o “entre líneas” del archivo. Esto es, dirían Nacuzzi y Lucaioli (2011), decodificando el tamiz distorsionado de viajeros, misioneros, comerciantes y funcionarios estatales. Para esto, destacan las autoras es vital atender los contextos de producción (situaciones sociales, enunciación, cultural, campos del discurso y temporal). Estos contextos reúnen múltiples discursos que se solapan para permitir un texto en un régimen particular de lo enunciable (como lo definiera Foucault). Delrio (op. cit.) advierte el peligro de la sobre-determinación de discursos -en las formas de nombrar por ejemplo- y la necesidad de tomarlos como un foro de voces que tienen su propia economía de valores. Además, sugiere la necesidad de ampliar los corpus a partir de la triangulación con aquellos documentos que vienen por fuera del archivo, que abre toda otra dimensión sobre la que no nos vamos a detener en este trabajo porque nos interesa destacar el trabajo con el archivo.

En algunos casos, como en el que proponemos analizar, la voz del otro no está mediada directamente por un tercero (funcionario, misionero, explorador, investigador) sino que se presenta en una escrito de puño y letra. Aun así esta carta está entramada en una serie de convenciones (empezando por la escritura y el idioma) y formas discursivas disponibles para la época (el envió de cartas a las autoridades nacionales) y entre indígenas y poderes estatales.^{^[9]}

En julio de 1925, Mariano Epulef envía una carta para “denunciar los atropellos de la policía de Tecka”. La escribe desde el paraje Culan Conhue, Chubut y la dirige a la Comisión Honoraria de Reducciones de Indios (CHRI). En ella describe que al llegar al campo se encuentra con su familia desalojada y anota bajo el epíteto de “abuso” una cronología de hechos que transcurren desde mayo hasta su llegada. Entre ellos destaca que los policías -junto con un particular- dispersaron animales y se llevaron detenido un vecino que colaboraba con su familia, a quien obligaron a hacer trabajos forzados. También los maniataron en la comisaría y su mujer y su hija Elvira^{^[10]} estuvieron luchando por más de dos horas con los agentes, teniendo que dormir en la intemperie bajo una tormenta de nieve; por último voltearon y quemaron parte de la propiedad:

hágale saber mi doctor que nosotros sentimos igual que los Doctores que otorga campo por sus hijo cuando hay dolencia y somo animales racional. El inspector y la policía me han dejado completamente arruinado me han conquistado el alimento.^{^[11]}

Epulef no solo denuncia los abusos, sino que encuentra la explicación de los hechos en que son indígenas.

Inspector me tiene con vuelta por que soy indio incapaz e infeliz, con un cristiano no lo haria, no es asaña un inspector instruido que se ocupe en agravio con un paisano infeliz. Asta cuando me haran sufrir con todo mi triste hijo los Doctores que otorga campo a los aborígenes le convenian mas autorizar al comisario mortandad a los aborígenes para que no esté con molestia y no sufra toda la vida con su grupo de hijo […].^{^[12]}

También menciona algunas estrategias de la época, como solicitar los campos de forma colectiva, o bien viajar a Buenos Aires para evitar el diálogo con las autoridades del territorio y legitimar la ocupación del campo a través de algún tipo de documentación (desde títulos, permisos precarios, autorizaciones, etc.). Señala: “Nosotro tenemos hijo sobradamente para ocupar el campo concedida del superior gobierno, también no tenemos suficiente dinero para concurrir vuelta a vuelta a B.aires pidiendo justicia […].^{^[13]}

Si nosotros ingresamos con la premisa de buscar la agencia del subalterno en el archivo, la información que este expediente contiene es invaluable. En principio podemos quedar capturados por Epulef, su familia, y las familias que él representa en esta carta (familia de Juan Flores, Joaquín Calfunahuel y María Colilaf) en la que da cuenta de la serie de abusos que los convierte en víctimas de la violencia policial. Sin embargo, ya en la misma carta se encuentran los elementos para identificar su agencia. Tanto en el análisis que él mismo describe, los papeles que los legitiman en la ocupación, la ida a Buenos Aires a gestionar el reconocimiento del campo, el lugar de representación de su familia y asimismo de una comunidad formada por diversas familias.

La ventaja de leer este documento “a pelo”, según la propuesta de Stoler, esto es recuperando las lógicas del archivo para entender bajo qué régimen de enunciados se inserta, es que la carta de Epulef recupera una serie de acciones propias de la agencia indígena del periodo pos Conquista en donde los términos de las negociaciones son los que impone el estado. La lectura del expediente (donde se inserta la carta) evidencia el conocimiento de Epulef de los circuitos burocráticos, por ejemplo, apelando a la CHRI para que interceda en su favor. De esta forma, no solo logra una mayor presión sobre la gobernación (que no tenía autoridad de hecho para definir quien recibía la tierra^{^[14]}) desde sus funcionarios -el ministerio del interior- sino una activa participación del gobernador del territorio contra el juez letrado y a favor de Epulef. Por otra parte, logra que la jefatura de policía envíe un comisario (nombrado para el caso) para evitar la típica circularidad de las denuncias contra la policía, que mencionáramos. Estos indicios que surgen del conocimiento de la burocracia y son registrados en el desarrollo del expediente, nos permiten dimensionar que Epulef lejos de ser la simple víctima que él describe en su carta y que podría habernos conmovido e invitado a reducirlo, nos evidencia un sujeto con respaldo familiar y comunitario que conoce los intersticios del poder con el que dialoga. Esto claramente no garantiza que sea favorecido, pero la nota final del gobernador apoyando su reingreso en el campo -para nuestra sorpresa- demuestra que sí lo logra.

Además, esto sucede en franca oposición con otros casos contemporáneos y en la misma región. Tal es el ejemplo del reconocido “general” Salpu, quien a fines del siglo XIX había sido identificado como un instigador de su gente en un conflicto que derivó en la intervención militar de la zona (véase Pérez, 2016, p. 160). Para la década de 1920, Salpu intenta tres recuperaciones territoriales por la fuerza entre 1923-1925 y termina con su familia en los márgenes del campo que ocupara hasta entonces.^{^[15]}

Por otra parte, la aparición de estos documentos que fueron largamente silenciados, traspapelados o marginalizados en los archivos (por casi 100 años) permite no solo la posibilidad de reconstruir procesos históricos, sino también disparar memorias sobre personas, eventos y relatos.

Caswell (2014) sugiere que si las fuentes pueden ser activadas y reactivadas, entonces los cuatro momentos de Trouillot no son consecutivos, sino simultáneos y porosos ya que nuevas fuentes, eventos, y narrativas, se vuelven a crear en cada nuevo uso de la fuente. Lo que la autora cuestiona es lo que denomina “cronoviolencia” (Caswell, 2021) que supone una forma de concebir el desarrollo del tiempo como un pasado que explica el presente y el cómo se encamina hacia el futuro. En esta linealidad de la teoría archivística occidental los documentos de archivo juegan un rol central y estático hacia ese futuro. En cambio, pensar esos documentos como potenciales activadores de memorialización liberadora necesariamente debe encontrar otra forma de imaginar el ciclo temporal.

Atendiendo estas sugerencias, nos podemos preguntar qué sucede ahora que esa carta llega a la comunidad de Aldea Epulef, 100 años después de estar sepultada producto de un intercambio suscitado por una breve cita entre docente/estudiante. Casi azarosamente, este documento quedó entre los papeles que décadas después de su archivamiento fueron seleccionados para conformar el Archivo Histórico de la Provincia.

En la carta aparecen datos sobre la familia Epulef, como el tiro que fuera ejecutado contra su mujer y que por casualidad no le dio; el forcejeo en el que estaba involucrada su hija Elvira; los lugares que se mencionan y la colaboración en la emergencia con otras familias; la pérdida de animales por culpa del abuso policial. Sin duda, la carta escrita de puño y letra de Epulef moviliza en la angustia de la situación de violencia y evoca otras situaciones vividas por las personas que hoy están recopilando material histórico desde la Aldea. En suma, es un registro con una dimensión afectiva que excede las lógicas, los datos y las estrategias que venimos identificando hasta ahora en -por lo menos- tres niveles, el de la carta, el expediente, y el archivo.

El desarchivo, la comunidad y otro archivo

Parte de la comunidad de Aldea Epulef está compilando material sobre su historia, su pasado, el del lugar y las personas. Muchos que pasaron por allí no dejaron o no devolvieron sus trabajos y la comunidad quiere reunirlos. En estos términos, mi estudiante me explicó que estaban recolectando también material de archivo. Aunque desconozco las razones que llevan a esta comunidad a buscar y compilar este material, si formó parte de iniciativas similares en otras comunidades mapuche de la Nor Patagonia^{^[16]}. La creación de archivos en comunidades y organizaciones mapuche responde a diferentes necesidades de las mismas (jurídicas, administrativas, identitarias, económicas, entre otras) que se relacionan a su vez con las trayectorias de vinculación tanto con los archivos oficiales, como con los investigadores o funcionarios que han transitado por la comunidad en diferentes tiempos y con diversos objetivos. Es así que en la última década varias comunidades han emprendido el armado de archivos propios (Crespo, 2020; Cañuqueo y Pichilef, 2023) o con la colaboración de investigadores incluso publicando una selección de este material (Pérez Alberto. 2015; Papazian y Desteffaniz, 2023) o como parte de resoluciones judiciales en el caso del reconocimiento de los crímenes de lesa humanidad como en Napalpi (Vigay, 2023). Estas experiencias traen nuevos problemas y desafíos para pensar los archivos, sus objetivos, lógicas de organización y sentidos. Nos gustaría puntualizar algunos.

En principio, los documentos pueden operar como activadores de memoria, de una “memoria liberadora” (Caswell, 2021). Tanto lo material, como la forma y el contenido repercuten afectivamente en las personas que pueden reconocer a un abuelo, lonko histórico que en sus palabras (y con expresiones propias) narra hechos que se conocen a través de contadas y memorias o bien son incluidas en un tipo de relato más general. El documento reafirma nombres, datos, eventos, relaciones, acciones que evidencian la agencia personal y la colectiva. Las posibilidades y efectos que el documento puede generar son múltiples (Cañuqueo, 2024).

Tomemos por caso la puesta en circulación de las “Listas de indígenas presos en Valcheta, en el Territorio Nacional de Río Negro en 1887” (Pérez P., 2015). Primero, esa fuente fue retomada por otros investigadores para debatir o bien indagar en otros problemas que la información que contienen sugiere (Vezub, Sorouille y Chávez, 2016; Pérez L., 2015).^{^[17]} En segundo lugar, fueron adoptadas en el 2022 por la artista plástica Alejandra Montiel para su proyecto “Fuerza”, premiado en la Bienal Internacional de Arte de Río Negro. Montiel propuso la proyección de las listas sobre el museo “María Inés Kopp” -acaso una de las principales instituciones silenciadoras de la violencia contra los mapuche (Lambertucci, 2024). En tercer lugar, la mera existencia de las listas que posibilitaron la afirmación de la existencia del campo de concentración generó una serie de debates dentro de Valcheta que condujeron a quitar el busto del general Julio A. Roca, responsable de las campañas militares, como ministro de guerra primero y como presidente después. Finalmente, esas listas fueron consultadas por personas, familias y comunidades en procesos de reconstrucción de sus historias familiares y quienes reconocían en las listas nombres de sus parientes. En suma, la vida social del documento lejos de terminar en el archivo, inició un recorrido que se encuentra en proceso y que disputa la noción de sepulcro del archivo.

Por otra parte, los archivos forman parte de una concepción política que posibilita dar sentido a la comunidad, controlar el relato sobre la misma. Esto a su vez permite plantear nuevos usos y objetivos de la creación de los mismos. En los archivos que las comunidades mapuche están organizando hay por lo menos dos búsquedas concretas. Una, la de control y administración de información sobre la comunidad y apropiada por otros, incluso de aquella sobre la que no tienen acceso. Dos, reunir documentos generados por la comunidad y referentes presentes e históricos que fortalecieron lo colectivo (esto lo diferencia de documentos meramente familiares). Luego, los usos de este material responden a necesidades económicas, administrativas, políticas, pero también culturales, identitarias, comunitarias. En estos casos, el uso de la documentación no responde a los objetivos y naturaleza por la cual fue creada; además incluye la dimensión afectiva como forma de valorar y jerarquizar esos documentos.

Conclusiones

El desarchivo de un documento centenario nos invitó a recorrer las múltiples instancias de producción de silencios y sus rupturas. Este trabajo transitó junto a la carta escrita por un referente mapuche, Mariano Epulef (h), algunos de los diferentes niveles de análisis y problemas que un solo documento de archivo nos trae. Nos referimos a la relación con el trabajo metodológico en archivos; el armado y organización de los mismos y sus lógicas imperantes; y, finalmente, los potenciales políticos que tiene un trazo del pasado ya centenario que lejos de terminar su vida en un deposito, fluye en un nuevo espiral de sentidos.

En relación a la metodología del trabajo con documentos oficiales dimos cuenta de los diferentes niveles de análisis que necesariamente se deben atender a la hora de hacer “trabajo de archivo”, evitando lo que Stoler denuncia en una expresión por demás gráfica un “extractivismo”. Para esto, reconstruimos el recorrido y armado de un expediente mencionando las diversas oficinas intervinientes y lo revelador que resulta leer esa información para contextualizar la carta de Mariano Epulef. En función de esta aproximación pudimos dimensionar la capacidad de agencia de Epulef en un contexto de opresión y desalojos contra los “indios”. Lejos de quedarnos en su victimización se dimensionó su conocimiento y manejo de la política indigenista en la época. La agencia de las personas involucradas en la documentación debe ser una pregunta organizadora del trabajo en general.^{^[18]}

Por otra parte, indagamos sucintamente en la historia del Archivo Histórico de la Provincia de Chubut y la organización de sus fondos documentales. El objetivo trazado para el resguardo de la documentación, que dista de aquellos de producción original de la misma, está ligado a la identidad provincial. En este sentido el principio de procedencia, entendido en la forma hegemónica dentro de la archivística, es una poderosa herramienta de silenciamiento y olvido de los pueblos originarios dentro del archivo (y por ende de la construcción identitaria provincial). Aunque problematizando qué entendemos por procedencia, hay autores que la entienden como una herramienta con potencial inclusivo, cuestión que merece un mayor debate para dimensionar su capacidad descolonizadora.

Ahora, la puesta en circulación de este tipo de documentación alienta -por lo menos- un tercer objetivo para la existencia y resguardo de la misma ligada a la creación de archivos comunitarios surgidos en la misma Aldea Epulef. Esta diversidad de objetivos y usos de la documentación habilitan a cuestionar la finitud ligada a la imposición de silencios que surgen del archivo; permite pensar los documentos como activadores de un trabajo liberador de memoria, que implica una apuesta política vinculada más a lo afectivo, a la creación de comunidad, al control de la información y al respeto a otras formas de conocimiento. Este desarchivo es una herramienta más para romper con los silencios y las diferentes lógicas de opresión ligadas a la relación entre estado y pueblos originarios que se inscriben y filtran en los trazos del pasado que se documentaron.

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Notas