Revista TEFROS

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Cita recomendada:

Pérez Clavero, L., De amigos a reducidos. Persecución, reducción y reparto de la población manzanera en el campamento de Chichinales, Norpatagonia (1885–1888),

Revista TEFROS, Vol. 19, N° 1, artículos originales, enero-junio 2021: 112-144.

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De amigos a reducidos. Persecución, reducción y reparto de la población manzanera en el campamento de Chichinales, Norpatagonia (1885–1888)

 

From friend to reduced. Persecution, reduction and distribution of the manzanera population in Chichinales camp, North Patagonia (1885-1888)

 

De amigos a reduzido. Perseguição, redução e distribuição da população manzanera no campo de Chichinales, norte da Patagônia (1885–1888)

 

Luciana Pérez Clavero

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.

Instituto de Ciencias Antropológicas, Universidad de Buenos Aires, Argentina

 

Fecha de presentación: 15 de julio de 2020

Fecha de aceptación: 03 de enero de 2021

 

RESUMEN

En este trabajo se analiza la trayectoria de la población manzanera liderada por Valentín Sayhueque durante el período comprendido entre su rendición en el fuerte Junín de los Andes en enero de 1885 y 1888, año en el que se establece el último registro del grupo asentado en el campamento de Chichinales, en la orilla norte del río Negro.

Durante las campañas militares que tuvieron lugar en el último cuarto del siglo XIX, el ejército argentino instaló una serie de asentamientos que formaron parte de la nueva línea militar extendiendo la frontera hacia el sur del río Neuquén y sobre la cordillera de los Andes. Parte de la arquitectura bélica fue destinada a la instalación de campamentos bajo control militar donde fue reducida la población indígena tras ser perseguida y capturada. Chichinales formó parte de este nuevo paisaje militarizado. Operó como un centro de atracción de población indígena que paulatinamente se iba presentando a las autoridades de frontera, pero al mismo tiempo fue un espacio de reducción y redistribución de personas hacia diferentes regiones del país como mano de obra.  

Palabras clave: Sayhueque; Chichinales; campaña del desierto; política indígena.

 

ABSTRACT

In this paper we investigate the manzanera population’s trajectory led by Valentín Sayhueque during the period between his surrender in the fort Junín de los Andes, in January 1885 and 1888, when the group was registred for the last time in the Chichinales camp, next to the Río Negro.

During the military campaigns that occurred during the last quarter of the nineteenth century, the Argentine army installed a series of settlements that formed part of the new military line, thus extending the border to the south of the Neuquén River and over the Andes. Part of the warlike architecture was destined to the installation of militarily-controlled camps, where the indigenous population was reduced after being chased and captured. Chichinales was part of this new militarized landscape. It operated as a center of attraction for the indigenous population that gradually presented itself to the border’s authorities, and at the same time it was a space for the reduction and redistribution of people sent as labour to different regions of the country.

Keywords: Sayhueque; Chichinales; desert campaign; indigenous politics.

 

RESUMO

Este artigo analisa a trajetória da população manzanera liderada por Valentín Sayhueque durante o período entre sua rendição no forte de Junín de los Andes, em janeiro de 1885 e 1888, ano em que aparece o último registro do grupo, assentado no campo de Chichinales, na margem norte do Rio Negro.

Durante as campanhas militares realizadas no último quartel do século XIX, o exército argentino instalou uma série de assentamentos que faziam parte da nova linha militar, estendendo a fronteira ao sul do rio Neuquén e ao longo da cordilheira dos Andes. Parte da arquitetura bélica foi destinada à instalação de campos sob controle militar, onde a população indígena foi reduzida após ser perseguida e capturada. Chichinales fazia parte dessa nova paisagem militarizada. Funcionava como um centro de atração para a população indígena que se apresentava gradualmente às autoridades de fronteira, mas ao mesmo tempo era um espaço para a redução e redistribuição de pessoas para diferentes regiões do país como mão-de-obra.

Palavras-chave: Sayhueque; Chichinales; campanha no deserto; política indígena.

 

INTRODUCCIÓN

Las campañas militares conocidas como la “conquista del desierto”, tuvieron lugar entre 1879 y 1885 y consistieron en una serie de avances bélicos organizados en diferentes columnas del ejército sobre los territorios cuyo control excedía al orden estatal. Así, se emprendieron violentas incursiones sobre estas tierras en las que se asentaba población indígena. El objetivo era romper con aquellos modos de vida y de relacionamiento con el suelo alternativos al modo de producción capitalista e incorporar parte de esas poblaciones al Estado nacional, pero de forma subalterna. Las modalidades con que se produjo ese avance fueron múltiples y casi todas estuvieron orientadas a desarticular las formaciones sociales indígenas, desde la Pampa hasta la Patagonia. Desde violentos asaltos a las tolderías, persecución, captura y muerte, hasta la concentración, traslados forzosos, desmembramientos de las unidades familiares y repartos en diferentes regiones como mano de obra, fueron algunas de las estrategias que el ejército bajo la dirección del entonces ministro de guerra, Julio Argentino Roca, puso en marcha. 

La primera división del ejército a cargo del mismo Roca, partía el 29 de abril de 1879 desde el fuerte de Azul a Choele Choel. La segunda división, bajo la dirección de Nicolás Levalle, lo hacía desde Carhué hasta el paraje Codo de Chiclana en el río Colorado, donde se unía con la columna anterior. La tercera división coordinada por Eduardo Racedo, partía desde el fuerte Sarmiento en el río Quinto hasta Poitagüé, avanzando sobre territorios ranquelinos. La cuarta división partía desde San Rafael hacia la confluencia de los ríos Neuquén y Negro, pasando por Chos Malal, donde se establecía la comandancia a cargo de Napoleón Uriburu. Por último, la quinta división encabezada por Hilario Lagos, partía desde Trenque Lauquen y se instalaba en Luan Lauvquen (ver Fig. 1). Las acciones bélicas combinadas en estas cinco columnas preveían en pocos meses arrasar sobre las tolderías indígenas instaladas en tierra adentro por el este y el oeste del territorio comprendido por los Andes y el Atlántico, efectivizar el control de la isla de Choele Choel y aumentar la superficie para la explotación ganadera al incorporar los territorios indígenas a la cartografía nacional.

Esta primera etapa fue continuada por una segunda que comenzó durante la década de 1880 cuando Roca fue elegido presidente de la nación y Conrado Villegas nombrado como general encargado del ejército argentino. Durante este período tuvo lugar un cambio en la estructura jerárquica militar: el coronel Álvaro Barros fue designado gobernador de los Territorios Nacionales de la Patagonia, Lorenzo Vintter fue nombrado jefe de la Segunda División del ejército y Lino O. de Roa, jefe del detall[1]. Esta posterior etapa planificaba el avance hacia la cordillera de los Andes, al sur del río Neuquén, modificando abruptamente el paisaje andino al instalar la nueva “Línea de Avanzada de los Andes”, una serie de fortines que funcionaban articulados por medio de un sistema de correspondencia con Carmen de Patagones. La nueva línea ofensiva profundizaba el control de la circulación de grupos de personas y restringía el paso hacia el oeste de la cordillera. Durante este período se incrementó la vigilancia militar sobre el territorio patagónico con el fin de perseguir y aprehender a los pobladores indígenas.

En este contexto de extrema militarización de los Andes, las tropas expedicionarias organizaron una batida a las tolderías de la población liderada por Valentín Sayhueque instaladas en el Mansanamapu[2], a orillas del río Caleufú, en marzo de 1881, provocando el abandono y el inicio de una larga diáspora forzada hacia el sur. El derrotero del conjunto marcaba el comienzo de un largo periplo que terminaría unos años después con la rendición del líder y sus seguidores en el fuerte Junín de los Andes, no sin antes haber llevado hasta las últimas instancias la política pactista que había caracterizado durante décadas las relaciones con el gobierno. Días previos a la rendición, el cacique había enviado chasque al fuerte Chacabuco para solicitar un nuevo tratado de paz, sin tener efecto. Posteriormente, la tribu de Sayhueque fue trasladada al campamento de Chichinales cuyo destino sería el confinamiento y la redistribución de los miembros del grupo hacia distintas regiones del país. La “campaña del desierto” puso fin unilateralmente a la diplomacia fronteriza rompiendo el espacio de negociación con las poblaciones indígenas soberanas.

En este trabajo reconstruimos la trayectoria de la “tribu” de Sayhueque después de su rendición en la comandancia de Junín de los Andes y el posterior traslado y confinamiento en Chichinales, un campamento que la Segunda División del Ejército improvisó en un paraje de territorialidad indígena, cercano a Choele Choel. En el proceso, identificamos y analizamos actores y prácticas que transformaron el mundo indígena de la Pampa y la Norpatagonia, en un contexto en el que la violencia fronteriza se incrementaba ante el avance militar.

Nos preguntamos acerca de la transformación numérica de la comunidad de Sayhueque, desde su rendición en el fuerte Junín de los Andes y su posterior traslado y confinamiento en Chichinales, hasta el año 1888, momento en que perdemos el rastro de la tribu asentada en este campamento. Vemos para el periodo abarcado que la población sufrió grandes fluctuaciones en el número de personas, ya sea por ingresos de segmentos que poco a poco iban entregándose a las autoridades fronterizas, como por salidas de otros distribuidos en diferentes regiones del país, reclutados para servir su fuerza de trabajo. Hacia el final del registro, la tribu sufrió un gran descenso poblacional y su posterior desarticulación. 

El análisis documental de la fuente que aquí se indaga permite partir del supuesto de que el campamento militar de Chichinales funcionó como un lugar de reducción y distribución de personas reclutadas como mano de obra durante la segunda mitad de la década de 1880, una vez declarada oficialmente la finalización de la ofensiva contra la población indígena. A pesar de que el gobierno nacional había pronunciado que “ha terminado para siempre en el Sud de la República la guerra secular contra el salvaje”[3], su persecución continuó vigente, implementando espacios en los que se confinaron y repartieron a los hombres, mujeres y niños que circulaban por la Patagonia y que formaban parte de agrupaciones indígenas, desarticulando las unidades familiares y rompiendo definitivamente sus modos de subsistencia.

Cuando definimos “tribu” nos referimos a la unidad sociopolítica compuesta tanto por los líderes como por sus seguidores (Literas y Barbuto, 2018), que configura al mismo tiempo un dispositivo de subordinación, pero también un recurso de negociación y resistencia ante el avance estatal (de Jong, 2008; Literas, 2016).

Este modo de abordar la “tribu” es operativo porque nos permite comprender las acciones de los actores sociales en tanto sujetos políticos organizados en unidades o segmentos y condicionados por la política nacional. En el proceso de construcción del orden estatal durante la segunda mitad del siglo XIX, vemos que los modos de hacer política indígena se fueron transformando en función de los dispositivos de poder estatales sobre estas unidades, incidiendo en su capacidad de generar alianzas o incluso, fragmentarlas (de Jong, 2007, 2009). En este sentido, la “tribu” nos permite analizar los modos en que el orden estatal incidió en la organización política de los segmentos, los márgenes de maniobra de los caciques y el horizonte de expectativas de sus seguidores –capitanejos y familias- (de Jong, 2008, 2009; Literas, 2016). La estructura, transformación y desarticulación de la comunidad debe analizarse en el contexto de las relaciones de poder y procesos políticos y económicos de la formación del Estado argentino (Literas, 2016).

Abordar la “tribu” como la unidad socio política a su vez, nos permite ir un poco más allá del enfoque de los líderes y jefes, y observar la trayectoria de otros sujetos sociales que permitieron la emergencia de esos liderazgos, pero que también limitaron el ejercicio de su autoridad (Literas y Barbuto, 2018). De este modo, nos aproximamos a la reconstrucción de una pequeña parte del conjunto asentado en el “País de las Manzanas”, y las modalidades en que actuaron –sus agencias- para resistir la violencia y negociar las condiciones de su subsistencia. 

En este trabajo, en el que el recorte temporal se centra en los años inmediatamente posteriores a la finalización oficial de la “campaña del desierto” (1885-1888), se pone en relieve de qué modo estas prácticas estatales de ocupación militar en la Patagonia fueron desplegadas y cuáles fueron las repercusiones directas sobre la población manzanera. Se trata de entender que el alcance de este acontecimiento histórico incidió en la ruptura violenta de una modalidad de relacionamiento construido durante décadas con la población indígena, en la que aquellos grupos que habían sido los “indios amigos” pasaron repentinamente a ser perseguidos, capturados, confinados y desarticulados.

La reconstrucción histórica de la trayectoria de la tribu de Sayhueque en un contexto tan particular como el que definimos en este trabajo, es decir, el del aumento de la violencia estatal hacia los pueblos indígenas durante el proceso de consolidación del Estado nacional, nos permite identificar un cambio en la definición de las estrategias políticas indígenas respecto de las autoridades militares de la frontera: la negociación diplomática, la huida, la rendición, el sometimiento. Entre tanto, la propensión a recurrir al diálogo político fue una estrategia activamente buscada por los líderes indígenas, aún en el momento de ruptura del fino equilibrio en las relaciones de fuerza. La trayectoria de la tribu de Sayhueque, manifiesta el uso de la “resistencia diplomática” (de Jong, 2018, p. 245) cuando, previo a la rendición en Junín de los Andes en enero de 1885, varios capitanejos se acercaron a las autoridades de la comandancia para negociar un nuevo pacto político con el gobierno[4].

Solamente enfocando el “lente observacional” en una escala local, en un enfoque que ponga en relieve la “microconflictividad”[5] (Grendi, 1996) es posible comprender la singularidad de las agencias sociales en tanto estrategias colectivas de supervivencia. En un singular recorte espacio-temporal donde se sitúan las transformaciones en las modalidades de relacionamiento interétnico, las identificaciones colectivas también son transformadas: de “amigos” a “reducidos”. En ese sentido, el procedimiento metodológico de la historia local y de la microhistoria nos ayudará a comprender el juego de posiciones sociales en una trama más general de configuración de las relaciones de poder. Como sugieren algunos autores, es precisamente en este aspecto “en el que la historia local se aproxima a una perspectiva microanalítica (…) [en] la reducción de la escala de observación de los objetos con el fin de revelar la densa red de relaciones que configuraron la acción humana” (Serna y Pons, 2002, p. 118).

A través de la exploración y sistematización de la información recabada en varios legajos[6] del fondo documental Lorenzo Vintter (Archivo General de la Nación, Sala VII) fue posible seguir el rastro de la tribu de Sayhueque, momentos previos a su presentación a inicios de 1885 hasta septiembre de 1888, último dato obtenido en el campamento de Chichinales. El fondo documental es relevante para la reconstrucción histórica sobre el avance militar hacia los Andes, porque Lorenzo Vintter fue destinado por el Ministerio de Guerra a Viedma en 1879, con el cargo de jefe de la Segunda División del Ejército, cuando la comandancia de Patagones había sido desestructurada y su último jefe, Liborio Bernal, trasladado a Choele Choel en la misión encargada de la ocupación de la isla junto a Conrado Villegas. Al poco tiempo de asumir su cargo de jefe de la división, Vintter reemplazó a Álvaro Barros en sus funciones de la gobernación de los Territorios Nacionales de la Patagonia. Junto con Lino O. de Roa, designado jefe del detall, fueron los militares de mayor ascendencia en la frontera patagónica que enlazaban desde Viedma las comunicaciones con los jefes de la “Línea de Avanzada de los Andes” y los altos rangos ministeriales. Por sus funciones en el ejército, Vintter conocía algunos movimientos de la tribu de Sayhueque, ya que era informado por los jefes de los diferentes fuertes y fortines a lo largo de la línea de frontera. Entre ellos, las comunicaciones y partes militares intercambiados con Vicente Laciar, comandante de Chichinales durante el periodo de análisis, fueron fundamentales para esta reconstrucción. 

Además de los informes militares, contamos con listas de racionamiento de las “familias reducidas” y listados de “remitidos” desde Chichinales a Viedma y desde Viedma a Buenos Aires[7]. Estos registros elaborados en el campamento de Chichinales por V. Laciar bajo la inspección de L. Vintter, detallaban el número de personas asentadas, categorizadas por edad y sexo, y en algunos casos, acompañados de sus nombres. Este tipo de fuente documental seriales –o que al menos pretendieron serlas en el momento de su elaboración- permiten identificar individual y colectivamente los sujetos sociales que componían la unidad política, es decir “las bases sociales del mundo indígena” y rastrear sus trayectorias en diferentes momentos (Literas y Barbuto, 2018, p. 259).

En esta reconstrucción pretendemos aportar conocimiento sobre las transformaciones de la frontera sur durante el último cuarto del siglo XIX, que entendida en la larga duración, se caracterizó por ser el espacio de permanente tensión y enfrentamiento en torno a la definición de una soberanía territorial, política e identitaria entre las sociedades hispanocriollas e indígenas, atravesada por la violencia “generada por la dialéctica entre el orden que buscaba instaurar al Estado (primero colonial y luego nacional) en el espacio bajo su control y otro contrario que emanaba de la especificidad de las sociedades desplegadas de tierra adentro” (Tamagnini y Pérez Zavala, 2016, p. 22).

Desde este punto de vista, proporcionado por los legajos militares, queremos aportar también una descripción histórica de cómo se sometió y se subordinó, al menos a este grupo de personas que siguió la política del cacique. La información proporcionada por este artículo podrá dialogar con otro tipo de fuentes, como las memorias orales de los propios protagonistas que relataron en primera persona sus experiencias traumáticas de cautiverio, para ampliar la mirada sobre el conflicto social en la frontera hacia fines del siglo XIX[8].

 

EL FIN DE LA FRONTERA: AVANCE MILITAR Y RUPTURA DE LA DIPLOMACIA INTERÉTNICA

Hacia la década de 1880, el horizonte cambiaba rotundamente para los habitantes norpatagónicos, quienes en su rendición buscaban renovar un antiguo trato diplomático con las autoridades estatales, encontrando contrariamente, la subordinación al orden militar como única alternativa de supervivencia. La relativa autonomía y control sobre el espacio manzanero que les había otorgado la trabajosa diplomacia, quedaron estrechamente reducidos y sus márgenes de maniobra limitados al sometimiento, en algunos casos, a la huida en otros. La persecución y la captura que durante los primeros años de la década fueron parte del programa militar que los jefes desde los diferentes puntos de la frontera ejecutaron sobre los líderes indígenas, fueron seguidos de la reducción, traslados forzosos y desmembramientos familiares.

Esta coyuntura no fue exclusiva del campo manzanero, sino que de algún modo correspondió con el agotamiento general del modelo de relaciones de la diplomacia interétnica que se venía sosteniendo desde la segunda mitad del siglo XIX, cuando las fuerzas nacionales reeditaron el Negocio Pacífico de Indios que había inaugurado Juan Manuel de Rosas en 1829 (Ratto, 2003). En efecto, la “política de tratado de paz” post-rosista fue un dispositivo de poder estatal que buscó, a corto plazo, disolver la Confederación Indígena liderada por Calfucurá en apoyo a las fuerzas federales de Urquiza; a largo plazo, encontró “troquelar” el mapa político indígena, sobre todo durante la década de 1860, cuando la diplomacia fronteriza adquirió mayor alcance territorial sobre una gran cantidad de grupos (de Jong, 2009).

En este aspecto, el análisis del mundo indígena del siglo XIX invita a pensar de qué modo los tratados de paz formaron parte de una política sistemática utilizada por los gobiernos para desgranar las agrupaciones y reorganizar los segmentos, celebrando pactos pacíficos con la mayor cantidad de caciques –y seguidores- posible. Así, hacia finales de la década de 1850, el gobierno de Buenos Aires celebró un tratado de paz con Juan Catriel por medio de la comandancia de Bahía Blanca, al que le siguió el de José María Yanquetruz en Carmen de Patagones (de Jong, 2009). Este último habilitaría la ascendencia política de Valentín Sayhueque (de Jong, 2007, 2014; Vezub, 2009).

Durante la siguiente década, la actividad diplomática había adquirido un carácter más extensivo que en épocas precedentes, propiciado por el gobierno nacional y también buscado activamente por los caciques. Sin embargo, aunque la diplomacia fronteriza posibilitaba el despliegue político y económico de la sociedad indígena (sobre todo económico, en cuanto que los tratados de paz preveían acuerdos comerciales interétnicos), ésta fue canalizando una asimetría creciente de poder en favor del Estado, que le permitió ordenar el campo político indígena mientras avanzaba militarmente sobre su territorialidad (de Jong, 2011). Así, “entretener la paz para ir conquistando la tierra”[9] fue la consigna que caracterizó esta etapa, sosteniendo los proyectos de ocupación del territorio hacia el sur. Datan de la década de 1860 la renovación del tratado de paz de Yanquetruz con su hermano Benito Chingoleo (1859 y 1861), la celebración de nuevos tratados con los caciques Paillacán, Huincabal, Chagallo, Sinchel, Colohuala y Sayhueque en 1863; Francisco y Andrés en 1865; Casimiro en 1866 y Quiñeforo en 1867; todos ellos a través de la comandancia de Carmen de Patagones e intermediados por Chingoleo. Hacia la década siguiente extendieron las redes diplomáticas con los grupos pehuenches de la zona cordillerana mendocina, firmando un tratado de paz en 1870 con el cacique Caepe; otros ingresaron al sistema de acuerdos pacíficos desde Patagones, como los hermanos Quempumil, Guenupil y Yancamil, Reuquecurá, Ñancucheo, Inacayal, Chagallo y Melicurá (de Jong, 2018). Por su parte en la frontera sur de Córdoba se sellaban las alianzas con los ranqueles con el tratado firmado por Baigorrita y el gobierno nacional en 1872 (Tamagnini y Pérez Zavala, 2002). Si bien esta estrategia permitió a muchos jefes que estaban alineados con otros caciques obtener sus propios beneficios estableciendo un vínculo directo con el gobierno, la selectividad con que se firmaron los acuerdos favoreció la segmentación de la resistencia indígena. Por otra parte, los retrasos en su renovación con ciertos caciques, obstaculizó la organización de estrategias ofensivas conjuntas (de Jong, 2018).

Mientras en estos lugares de la frontera se establecían tratados diplomáticos con estos caciques, la alianza con el segmento salinero y tapalquenero se desgranaba ante la resistencia que la antigua coalición ofrecía a los planes de avance militar. Una serie de hechos de violencia ocurrieron durante la década de 1870, cuando después de la Guerra del Paraguay el gobierno dispuso sus fuerzas militares en la frontera para concretar el avance hacia el río Negro, decretado por la Ley 215 de 1867. La ocupación de la isla de Choele Choel en 1869 y 1872 reactivó el enfrentamiento entre la alianza de salineros, cordilleranos y ranqueles contra el ejército nacional apoyado por los grupos liderados por Coliqueo y Catriel, fragmentación que había sido lograda por la selectividad diplomática que definió la política de los tratados de paz. En efecto, esta década estuvo caracterizada por el “giro ofensivo” (de Jong, 2009) de la administración fronteriza hacia la población indígena en general, rompiendo hacia finales de la década los pactos y acuerdos que trabajosamente se habían sellado previamente.

La construcción de la zanja diseñada por el ministro de guerra Adolfo Alsina en 1876 fue símbolo del recrudecimiento de las tácticas ofensivas sobre la población indígena, logística que implicó la movilización de tropas y de fuerza de trabajo en esa empresa. El Partido Liberal Autonomista (Oszlak, 2012) liderado entonces por Nicolás Avellaneda, se distanciaba del mitrismo y del sarmientismo al concretar de facto la ocupación territorial y la expansión de la frontera hacia el sur del río Negro, en una serie de incursiones militares sobre tolderías indígenas que posteriormente tomarían la forma de la llamada “campaña del desierto”.              

Las primeras incursiones militares sobre la frontera sur tuvieron lugar entre octubre de 1878 y marzo de 1879, cuando las tropas de la frontera cordobesa-puntana avanzaron sobre las tolderías ranquelinas reducidas en el sur de la provincia de Córdoba en más de veinte expediciones punitivas, tomando prisioneros a centenares de personas –entre ellos el cacique Epumer— y produciendo la muerte de muchos de ellos (Tamagnini, Pérez Zavala y Olmedo 2010; Pérez Zavala, 2012). En mayo de 1879, el entonces ministro de guerra, Julio A. Roca, quien reemplazaba a Alsina tras su muerte, daba inicio a la “campaña del desierto”, es decir, el avance de la frontera hacia los ríos Negro y Neuquén después de instalar las tropas en la isla de Choele Choel.

 

CONFINAMIENTOS Y REPARTOS DE PERSONAS COMO DISPOSITIVOS DE LA VIOLENCIA ESTATAL

Desde las fronteras, el estado nacional puso en marcha sus dispositivos de poder para romper con las relaciones sociales preexistentes, los modos de subsistencia y las unidades sociopolíticas indígenas que buscaban en diferentes agencias, ya sea la resistencia diplomática o los enfrentamientos bélicos, estrategias que contuvieran el avance capitalista ante la eminente consolidación de un incipiente mercado de tierras en la Patagonia (Cortés Conde, 1979).

En el contexto de construcción nacional y consolidación del mercado de tierras, las incursiones militares ocasionaron el corrimiento de la línea defensiva-ofensiva hacia el sur de la Patagonia, arrasando con las poblaciones asentadas en ella. La persecución, el confinamiento y la distribución de los contingentes indígenas formaron parte de las técnicas especializadas del control estatal, de la imposición de las lógicas del estado moderno sobre las lógicas indígenas, del quiebre de las relaciones sociales previas y la construcción de nuevas identidades. En este sentido, varios autores han trabajo el concepto de genocidio y su aplicabilidad en el proceso de construcción nacional y los modos de relacionamiento con la sociedad indígena (Delrio, Escolar, Lenton y Malvestitti, 2018; Delrio, 2019). 

Se trata de interpretar el despliegue de la violencia estatal como parte de un proceso histórico y político en el que el Estado construye e impone nuevas relaciones sociales que excluyen y niegan la persistencia de cualquier otra forma sociopolítica, como la “lógica de parentesco” indígena (de Jong, 2018). Desde esta perspectiva, Ingrid de Jong (ibid.) ha utilizado el concepto de “prácticas sociales genocidas” de Daniel Feierstein (2007) para definir a aquellas tecnologías de poder mediante las cuales los estados establecen nuevas relaciones sociales y modelos identitarios a partir de la destrucción de relaciones previas y el aniquilamiento de una fracción relevante de dicha sociedad (de Jong, 2018, p. 232).

Varios autores analizaron la “diáspora forzosa” (Delrio y Escolar, 2009) de las poblaciones sometidas por las campañas militares y su posterior confinamiento en campos de concentración y repartimiento. El reparto de prisioneros relocalizados en nuevos destinos laborales, fue una política que se puso en práctica hacia principios de la década de 1870. ¿Es posible aproximarse al número de personas que fueron distribuidas durante este período? Los estudios que realizaron diversos autores y autoras nos permiten ubicar la violencia estatal previa a la campaña del desierto, hallando pistas sobre los apresamientos, confinamientos y traslados forzosos como parte de una política estatal que sistemáticamente se implementaba con las poblaciones indígenas de “tierra adentro” en primera instancia. Esta lógica se legitimaría formalmente cuando la violencia alcanzó a las poblaciones de “indios amigos” que durante largas décadas habían mantenido relaciones pacíficas con el Estado.

Graciana Pérez Zavala (2012) analizó los repartos de indígenas en la frontera sur de Córdoba que el Estado argentino implementó con los ranqueles. Éstos se iniciaron en 1871 y finalizaron en 1900 al fundar la Colonia Emilio Mitre en La Pampa. El sistema de repartos de ranqueles, gradual y heterogéneo, generó dos situaciones: por un lado, quienes pudieron permanecer en la Frontera Sur y fueron instalados en diferentes asentamientos como Río Cuarto, Villa Mercedes, Sarmiento, El Cuero, El Bagual y Tres de Febrero; en La Pampa, General Acha, Victorica y Lebucó y Colonia Mitre. Sin embargo, aquellos que no pudieron continuar en el territorio pampeano fueron trasladados hacia otras regiones para ser empleados como mano de obra servil en distintos ingenios azucareros del norte argentino: Tucumán y Misiones. Algunos fueron remitidos a la isla Martín García. Vemos para el caso ranquel su destino compartido con los pobladores norpatagónicos y encontramos aquí un antecedente en la política de repartos con rumbo a las zafras. 

Hacia mediados de la década del setenta, la isla Martín García fue el destino de varios contingentes en calidad de “indios concentrados”, que a diferencia de los “prisioneros”, fueron remitidos bajo la custodia de las autoridades militares sin una legislación o proceso jurídico claro. Esta condición advierte que la isla funcionó como un verdadero “campo de concentración indígena” y no como una mera prisión (Papazian y Nagy, 2018). En tanto “campo de concentración”, la isla operaba, por un lado, como un centro de disciplinamiento por donde circulaban los concentrados entre diferentes instituciones –el Batallón de Artillería de Plaza, el lazareto, la escuela— y, por otro lado, como centro de distribución de personas “disciplinadas” (Papazian y Nagy, 2010). La reincorporación de los contingentes indígenas al espacio social pre Martín García se caracterizó por el reparto individual como mano de obra en estancias o casas de familia para el trabajo doméstico, logrando el quiebre de las lógicas de parentesco y los modos de subsistencia previos.      

También se hallaron datos de estos tipos de prácticas estatales hacia las poblaciones asentadas en la región de Cuyo (Delrio y Escolar, op cit.; Escolar y Saldi, 2018). Según estos estudios, entre 1879 y 1892 existió en Mendoza una red de centros de confinamiento que habrían sido receptores de población indígena identificada como “pehuenche”, “puelche” o “picunche”: fuerte El Alamito en Malargüe, Cuadro Nacional en San Rafael, estancia de Rodeo del Medio también en Malargüe, Los Campamentos en el departamento de Rivadavia, entre otros (Escolar y Saldi, op cit.). Estos establecimientos funcionaban como reservas, barrancones y campos de concentración y presidios donde se hacinó a la población indígena y luego se distribuyó hacia otras regiones del país. A partir del relevamiento de los libros de bautismos de parroquias mendocinas entre 1878 y 1889, se contabilizaron más de tres mil personas trasladadas y confinadas en estos asentamientos.

Entre estos traslados, los autores identificaron un grupo de alrededor de 400 personas que en 1887 fueron desplazadas desde Chichinales a Mendoza. Según un informe de Monseñor Cagliero en el Boletín Salesiano de ese mismo año, el gobierno nacional ordenaba la deportación de ochenta familias de la tribu de Sayhueque hacia una colonia en dicha provincia (Delrio y Escolar, op cit., p. 5), dato especialmente relevante para nuestro trabajo que permite ilustrar la magnitud del sistema de confinamientos y traslados masivos, y la logística eslabonada en un circuito interregional de gran alcance territorial.

A propósito de los repartos de niños y niñas indígenas, un estudio sobre los registros de vecindad de Carmen de Patagones de 1887, revela de qué modo los menores de edad de las familias indígenas desestructuradas después de la campaña de Roca fueron separados de sus madres e instalados entre las familias más destacadas de la aldea en condiciones laborales, sin posibilidades de ser educados (Bustos y Dam, 2012).

Pilar Pérez (2015, 2016) analizó el asentamiento militar de Valcheta, donde se confinó a las familias capturadas de Neuquén durante la expedición al Puerto Deseado emprendida por Vintter y Roa en 1884. La autora caracterizó los asentamientos de Valcheta y Conesa como espacios instalados próximos a asentamientos militares, definiendo estos emplazamientos como “campos de concentración”, como “los lugares donde se espacializa la excepcionalidad” (Pérez, 2016, p. 80). Además, existen indicios de que Valcheta poseía un rasgo singular: sus alambrados (Delrio, 2005)[10]; las familias capturadas durante la expedición al Deseado estaban encerradas.

 

LA REESTRUCTURACIÓN DEL ESPACIO PATAGÓNICO

La geopolítica militar introdujo profundas transformaciones en el territorio al instalar nuevos fuertes y fortines. Ya hacia finales de la administración borbónica en el sur de la intendencia de Córdoba del Tucumán, se analizaron las marcas en la región que ocasionó la conformación de la línea de la frontera, no solo porque delimitó el control estatal, sino también porque configuró un nuevo ordenamiento socio-espacial (Pérez Zavala y Tamagnini, 2012). 

En paralelo a los avances militares que en la frontera sur tuvieron lugar hacia finales del decenio de los setenta, el Poder Ejecutivo nacional sancionaba la ley 954 de creación de los Territorios Nacionales de la Patagonia, nombrando a Álvaro Barros como el primer gobernador con sede en Viedma. La logística de la “campaña del desierto” articulaba una serie de incursiones sobre las poblaciones indígenas asentadas en la frontera, con su reestructuración político-administrativa ocupando militarmente los territorios. La incorporación de la comandancia de Carmen de Patagones a la territorialidad militar produjo transformaciones burocráticas como el establecimiento de la Segunda División del Ejército, y con ello el cambio de autoridades, la desarticulación de la comandancia, el licenciamiento de la tribu de “indios amigos” de Carmen de Patagones liderada por Miguel Linares y su pase a la Guardia Nacional (Literas, 2017)[11]. Así, en julio de 1879, el Ministerio de Guerra y Marina nombraba a Lorenzo Vintter como jefe de la división encargada de emprender las campañas militares para avanzar sobre la línea del Neuquén[12].

Figura 1: Nueva línea militar sobre los ríos Negro y Neuquén hacia 1880. Fuente: Plano del territorio de la Pampa y Río Negro, Manuel Olascoaga, 1880. Elaboración propia.

 

Mientras la Segunda División avanzaba militarmente sobre el territorio patagónico, Sayhueque, en el rol de líder de la sección manzanera, debió ajustar sus estrategias con un Estado que paulatinamente iba quebrando los dispositivos dialógicos. Si bien la correspondencia evidencia de facto un canal de diálogo, en ellas se imprimía la planificación militar sobre los Andes, matizado por el tono del juego de la diplomacia. En tanto que en el límite de las décadas 1870 y 1880, los jefes militares confirmaban la designación de Sayhueque como “Gobernador principal de todos los habitantes de estos desiertos” (Vezub, op cit., p. 266), Roca instalaba su tropa en la isla de Choele Choel trascendiendo arbitrariamente la disputa histórica territorial y demostrando la tenacidad de un ejército dispuesto a desconocer la soberanía indígena.

El quiebre de las relaciones pacíficas ocurrió cuando Conrado Villegas detuvo a los capitanejos Llancanaguel, Guenchuqueupo y Curramilla y setenta y ocho mocetones en septiembre de 1879. Se les adjudicaba la muerte de ocho carreteros que acompañaban a su tropa. Ante estos eventos los jefes manzaneros enviaron sendos reclamos exigiendo la liberación de sus hombres. Tomaron prisionero a Francisco P. Moreno, pergeñando un plan para canjearlo por los comisionados apresados. A pesar de los agravios, en un parlamento los caciques decidieron dejar con vida y liberar al naturalista (Vezub, op cit.). 

Esto pareció catalizar el desgaste de un vínculo pacífico, ratificando las intenciones de ocupación sin demora. Así, en marzo de 1880 una comisión encabezada por el oficial Diego Lucero al mando de Vintter, recorrió las inmediaciones de las tolderías atacando a los pobladores del Caleufú. Ya hacia comienzos de 1881 la paz quedaría en el olvido y Liborio Bernal le advertía al jefe indígena: la única solución era la presentación, es decir, el sometimiento voluntario de su gente ante las autoridades militares.

Durante los primeros meses de 1881, Sayhueque se remitía a las autoridades nacionales reclamando la libertad de su gente, aquella que había sido capturada durante las incursiones militares producidas en enero, entre ellos uno de sus hijos y un sobrino que habían sufrido los embates de las excursiones. Paralelamente, Bernardo Namuncurá desde Valdivia le anticipaba los planes del ejército argentino: un nuevo ataque a las tolderías del Caleufú, que tuvo lugar, efectivamente, en marzo de ese mismo año dirigido por L. Vintter. Este ataque provocó el abandono de las tolderías y la dispersión de los pobladores (ibid.). Al respecto, la memoria de Katrülaf relata las escenas de la incursión militar en las tolderías manzaneras:

 

Cuando ya fui más grande, entró pues el malón (…). De esa manera entraron los wingka: «entraron los wingka militares, entraron los wingka en el Mansanamapu» decían esa vez, recién esa vez entrarían los wingka militares. Está Kollonkurá [Colón Curá], así se llama ese lugar, allí estaba lleno de gente. Existe Püchülewfü [Pichileufú], en ese lugar habitaba Saiweke, allí estaban, entonces entró la milicia wingka, en esa oportunidad le fueron a usurpar sus tierras. A los jóvenes kona de Saiweke los atraparon y le vinieron a matar sus jóvenes kona. Eso decían aquella vez, pues nosotros esa vez estábamos en otro lugar, cerca de la gente del Wüllümapu (…). Vinieron a hacerle malon al pobre Saiweke, sobrevivió Saiweke, también habían otros grandes longko, esa vez se enviaron mensajes los longko. (…) También allí estaba Foyel, estaba Inakayal (…) De esa manera pasó la pobre gente antes, las pobres personas eran todos mapuches. (…) «Sobrevivimos, nosotros nos salvamos de muerte» llegaban diciendo aquella vez. (Canio Llanquenao y Pozo Menares, 2013, p. 347)

 

Esta etapa de la campaña del desierto implicó la transformación burocrática de la administración fronteriza y el avance de las tropas expedicionarias hasta la confluencia de los ríos Limay y Negro. Mientras tanto, Lorenzo Vintter junto a su columna fundaba el pueblo General Roca, unas leguas más al oeste de Choele Choel, provocando el acercamiento hacia la cordillera de los Andes. Más tarde, en agosto de 1881, el ministro de guerra Benjamín Victorica autorizaba la construcción del fuerte en ese mismo poblado y el envío de inmigrantes para la creación de la línea de telégrafos que conectaba con Carmen de Patagones[13].

La Segunda División combinó la instalación de los destacamentos militares con esporádicos ataques a los asentamientos indígenas. Mientras que, en marzo de 1881, la incursión dirigida por el jefe de la división ingresó a las tolderías de Sayhueque provocando su desarticulación y el abandono del País de las Manzanas,[14] unos meses más tarde, Conrado Villegas en Choele Choel, recibía el racionamiento de más de mil cabezas de ganado con la finalidad de mantener la tropa que emprendería la siguiente etapa de la expedición en la cordillera[15].

Figura 2: Línea Avanzada de los Andes entre los ríos Neuquén y Limay. Fuente: Mapa de la Gobernación del Neuquén, 1889; Plano de la confluencia del río Neuquén y el río Limay, 1879 y Plano del territorio de la Pampa y Río Negro, Manuel Olascoaga, 1880. Elaboración propia.

 

Al año siguiente, Lorenzo Vintter fue nombrado gobernador interino de la Patagonia en reemplazo de Álvaro Barros, quien había contraído una enfermedad que le impedía continuar con su función[16]. En el ínterin, Diego Lucero, junto al regimiento 5° de caballería, fundaban la “Línea Avanzada de los Andes”, instalando el fuerte Junín de los Andes en el paraje Cuncumillé, sobre la costa del Chimehuin en abril de 1883[17]. Hacia finales de ese año quedó conformada la nueva línea de fuertes y fortines: Chichinales, Negro Muerto, Choele Choel, Chimpay, Chelforó, 1° División, Alarcón, Nogueira, Sharples, General Roca, Maipú, Chacabuco y Junín de los Andes como el centro de operaciones (ver Fig. 2). Estos emplazamientos estaban conectados a través de redes de comunicación telegráfica y postal con Viedma, donde funcionaba el detall a cargo de Roa. La Patagonia cambiaba su fisonomía año a año, mes a mes; transitar libremente los parajes rionegrinos se convertía en una quimera en medio de ese paisaje militarizado. 

 

La expedición al Deseado

Semanalmente desde Junín de los Andes, el comandante Marcial Nadal enviaba partidas de oficiales y soldados a realizar “descubiertas” para encontrar rastros, huellas, indicios de circulación de grupos o familias. Las persecuciones a la población indígena se planificaron sistemáticamente desde el centro de operaciones de la nueva comandancia instalada en el antiguo paraje manzanero. Mientras tanto, desde el Ministerio de Guerra y Marina se planificaba una nueva ocupación.

La ofensiva hacia las poblaciones que huían de la violencia militar no cesaba ni aún después de su arrinconamiento hacia el sur del río Chubut. La misión era clara: someter a todas las tribus que quedaban dispersas por la Patagonia. En junio de 1883, Benjamín Victorica encomendó a la Segunda División del Ejército la persecución y captura de los caciques Sayhueque, Foyel, Inacayal y los “tehuelches” que se asentaban en las proximidades de la colonia Chubut. En agosto, Vintter, Roa y una tropa compuesta por más de cincuenta hombres a caballo emprendieron la expedición hacia el Puerto Deseado en el actual Santa Cruz. Se programaba un recorrido en el vapor Villarino por la costa Atlántica hasta el punto más austral del itinerario, donde Roa con un grupo de soldados emprenderían un trayecto a pie río Deseado arriba, por donde, planificaban, se encontrarían con los asentamientos de Sayhueque y Foyel. En el ínterin, Vintter subiría hasta el Chubut donde daría con otros grupos que comerciaban con los colonos. El objetivo de estas incursiones era desarticular esas redes de comercio, romper con los modos de subsistencia indígena, y someterlos definitivamente al poder del estado[18].

En la colonia Chubut, Vintter recibía noticias de Chagallo y Foyel, que comunicaban, chasque mediante, la negativa a las intimaciones del ejército y reclamaban la liberación de los prisioneros durante la emboscada en el alto río Senger (batalla de Apeleg)[19]. De Sayhueque no había rastros más que la elucubración de sus próximos movimientos: Roa especulaba con que se trasladara Chubut arriba donde se toparía con su tropa. Sin embargo, el líder manzanero había logrado antelarse a las maniobras del militar y evadir el encuentro[20]. El resultado de esta expedición fue el aprisionamiento del cacique Utrac y ciento trece personas que fueron enviadas a Viedma por el mismo vapor y posterioremente trasladas y confinadas en Valcheta. Por otro lado, también se capturaron a los caciques Charmata y Pichalao que, junto a un contingente, fueron trasladados con el mismo destino (Pérez, 2015, 2016)[21].

El 31 de enero de 1884, Roa daba por finalizada la expedición al Deseado, lamentándose por no haber podido dar con la tribu de Sayhueque y emprendía su marcha hacia Valcheta, donde había dado órdenes a los prisioneros para construir el fuerte y campamento que sería, de ahora en más, su residencia[22].

 

DE “INDIOS AMIGOS” A “INDIOS SOMETIDOS”: LA RENDICIÓN DE LA TRIBU DE SAYHUEQUE EN JUNÍN DE LOS ANDES (1885)

Si bien el propósito que el ministro de guerra le había encomendado a Roa no fue cumplido, la “expedición al Deseado” formaba parte de un conjunto de tácticas militares destinadas a perseguir y asechar a las tribus que quedaban organizas en núcleos familiares, asentadas en el sur del río Chubut. Combinadas con otras incursiones, como las “descubiertas” semanales que se organizaban desde el fuerte Junín de los Andes, el ejército logró desarticular los cacicazgos y sembrar el pánico entre los pobladores indígenas. Ante la violencia militar, los grupos iban perdiendo su capacidad de cohesión, logrando separarlos y dispersarlos por el territorio patagónico.

Las “presentaciones voluntarias” comenzaron en febrero de 1884, cuando acudieron a la comandancia de los Fuertes Chacabuco y Maipú el “capitanejo Nahuel Pan con cuatro indios de la tribu de Sayhueque para palpar el tratado que tienen los indios presentados”[23] [24]. El 3 de febrero se presentaron un “indio de lanza con su familia con cuatro criaturas” y el 20 de febrero tomaron prisioneras en la cordillera a “3 indios de lanza, 3 familias y 6 criaturas”[25]. Hacia finales de ese año, Vicente Laciar, el comandante de Chichinales, enviaba una notificación a Vintter informando sobre la presentación de “el indio José con su mujer e hijos de la tribu de Ancatruz”[26].

El 24 de diciembre de 1884, Nadal desde Junín de los Andes notificaba a Vintter que había recibido una carta de Sayhueque: estaba decidido a presentarse con su gente y buscar una nueva oportunidad para retomar el tratado de paz que lo había mantenido en buenos tratos con los criollos desde hacía varias décadas[27]. Sin embargo, sabemos que el líder manzanero previamente había intentado comunicarse con las autoridades militares por medio de sus mensajeros, de los que no obtuvo respuesta porque fueron capturados y muertos en la comandancia. 

Sayhueque junto a más de dos mil personas, entre ellos quinientos hombres de lanza y sus familias, se entregaron el primer día de 1885, e inmediatamente el líder fue trasladado a Buenos Aires a entrevistarse con Roca.

Vintter se jactaba de la victoria, y daba por finalizada la “Campaña del Desierto”:

 

El cacique Sahueque, el último cacique prestijioso que hasta ahora había resistido las armas de la Nación, acaba de presentarse con toda su numerosa tribu y arrastrando consigo por su influencia a la de los caciques de segundo orden Foyel, Sabustia, Chagallo, Rajel, Nahuel, Camilao, Huenchenuel y otros que también han efectuado su presentación como así los mismos Ynacayal, Chiquichao y Cual.

La presentación de esas tribus únicas que quedaban hasta ahora por someterse, me autoriza a declarar a V.E. que ha terminado para siempre en el Sud de la República la guerra secular contra el salvaje. (…) Bien conocidas son de V.E. y bien notorias al país los distinguidos servicios que para coronar la obra hoy realizada ha prestado la 2° División del Ejército que tengo el honor de comandar…^[28]

 

Durante el mes de febrero, la comandancia de Junín de los Andes racionó a los rendidos, por un número aproximado de dos mil quinientas personas que, como no prestaban servicio de armas, lo harían en calidad de “familias” y no como “soldados”. Aparentemente, prestar servicio de armas, otorgaba un plus al racionamiento que las familias no recibían, como los vicios de entretenimiento[29]. Inmediatamente después de la presentación, Sayhueque junto a varios capitanejos fueron conducidos a la Capital nacional para entrevistarse con Roca (Vezub, 2009). Mientras tanto, parte de la población que acompañó al líder en la rendición en la comandancia de Junín de los Andes permaneció asentada provisoriamente a orillas del río Collón Curá bajo la vigilancia militar de los fuertes Junín, Scharples y Maipú, hasta obtener noticias de las negociaciones derivadas de la entrevista entre el líder manzanero y el presidente de la República.

Aún luego de la rendición, el destino de las familias de los 500 guerreros seguía siendo incierto, y sin rumbo fijo, la tribu fue obligada a trasladarse custodiada por las tropas del ejército aun cuando Sayhueque se encontraba en Buenos Aires:

 

Recibí la nota de Ud de febrero 19 por la que me ordena la marcha de la tribu de Sayuhuque.

Después de un sin número de dificultades, consiguientes a la desconfianza de estas jentes, la tribu se puso en marcha el día veinte y tres, como comuniqué por telegrama a V.S.

Los indios no querían marchar del Colloncurá, dando por excusa que no tenían orden de su Cacique para ir mas adelante. En vista de esto aglomeré la fuerza que pude en Sharples para intimidarlos y obligarlos a marchar, se resolvieron hacerlo…[30].

 

La negativa a movilizarse sin el consentimiento –o aún, el conocimiento— de su líder fue la prueba de la existencia de una política indígena que permanecía como una estrategia conjunta. Este fragmento es contundente porque ilustra de qué modo la tribu había procedido durante el tiempo que duró el exilio en el Wüllümapu, con una política de construcción de consenso entre líderes y seguidores. Incluso, la memoria de Katrülaf manifiesta la modalidad dialógica con la que la tribu tomó la decisión de su presentación ante las autoridades. Nadal necesitaría reunir una tropa para “intimidar y obligar” a marchar a un agobiado grupo de hombres, mujeres, niños y ancianos, es decir, utilizar nuevamente la violencia para poner en pie a un conjunto de personas cansadas de huir. Otros volverían a encontrar en la fuga una alternativa al sometimiento. De esto Nadal se quejaba:

 

Se han desertado diez o quince familias, he mandado una comisión al Sud del Limay para que me recorra esos campos a fin de ver si han quedado algunos indios dispersos como es de suponer, del resultado daré oportunamente cuenta[31].

 

El mayor Gómez era el encargado de conducir la tribu hacia la comandancia de la Primera División establecida sobre el río Negro, como un primer trayecto de la larga diáspora. El 28 de marzo la tribu se encontraba a diez leguas del Collón Curá, pero el viaje venía lento para los tiempos de los oficiales “pues es sumamente morosa para ponerse en movimiento”[32].

Recién en agosto de 1885 la tribu de Sayhueque hallaba asiento en un punto relativamente estable desde que comenzó el exilio en aquel marzo de 1881. El campamento de Chichinales sería el destino, porque como apreciaba Laciar, este paraje se encontraba más aislado de los caminos que conectaba el río Negro. Así, se liberaba al campamento de Roca del asentamiento de la tribu[33].

Desde el apresamiento de los comisionados de Sayhueque en Choele Choele hasta la instalación casi definitiva en Chichinales, la reconstrucción de la trayectoria de la tribu revela la compleja mecánica de un grupo que se resistía a desaparecer, en la que se pusieron en juego múltiples agencias. Tanto el exilio hacia el sur provocado por la presión militar, como la resistencia ante los enfrentamientos, la dispersión de las familias, la búsqueda persistente del pacto, las entregas voluntarias individuales, la renuencia del grupo sometido al traslado sin la autorización del líder, son muestras de una política indígena dinámica que, a pesar de las adversidades y del empeño del estado a extinguirla, buscaba de forma alternativa nuevas estrategias que garantizaran la continuidad de la vida. Las transformaciones en los modos de hacer política de este grupo, fueron provocadas por los diferentes dispositivos de poder estatal que incidieron abruptamente en la capacidad de generar instancias dialógicas, acortando sustancialmente las perspectivas de continuidad de tratos pacíficos.

 

Los números del exilio

El traslado forzoso y reducción de personas fue la maquinaria que el ejército puso en movimiento con mayor visibilidad a partir de la década de 1880, y que aceleró aún más, después de finalizar oficialmente la “campaña del desierto”. Al igual que su contemporánea Valcheta, Chichinales funcionaba bajo el estricto control militar sobre los individuos, la seguridad en las entradas y salidas, incluso el aprisionamiento de personas que circulaban en las inmediaciones del campamento[34].

Recién para el mes de noviembre de 1885 obtenemos los primeros datos numéricos de la tribu alojada en Chichinales: tal como informan las comunicaciones entre los jefes de los diferentes puntos, el racionamiento se producía sobre un total de 1299 personas[35]. Es decir que de las más de dos mil personas presentadas en Junín en enero, solo un porcentaje de ellas se emplazaban en Chichinales hacia fines de ese año.

En mayo de 1886, el número de individuos asentados había ascendido a 1473 “entre los de lanza y familias”[36]. Este número variaba de mes a mes en función del ingreso al campamento de familias que se asentaban diacrónicamente. Aquí hay un punto importante de señalar, que tal vez diferencie de otros campos de concentración: Chichinales no solo funcionó como un lugar de confinamiento de población indígena, sino también como un centro de atracción de nuevos contingentes que, bajo la nueva dinámica territorial impuesta por la militarización estatal, se instalaban en el campamento buscando un modo colectivo de subsistencia. Lejos de presentar condiciones óptimas de poblamiento, el campamento mantenía la solidaridad de los lazos parentales y las redes de relaciones compuestas en diferentes grupos etarios. En el mismo informe en el que se revelan las cifras, se pone en evidencia el modo de subsistencia de la tribu reducida: el racionamiento complementado con el boleo de animales silvestres –la mayoría de las veces prohibido por las autoridades militares— y la búsqueda de inserción laboral en Roca o Choele Choel[37].

Sin embargo, el incremento no fue la tendencia a largo plazo de la tribu asentada en Chichinales, no porque no fuera una estrategia buscada por la sociedad indígena, sino porque una vez más, la violencia estatal intervino en ese crecimiento poblacional. En efecto, mientras se registraban altas en las listas de racionamiento, la debacle en el poblamiento fue el resultado buscado por el Estado. Los motivos de las bajas eran los traslados de grandes contingentes con destino a diferentes regiones para ser utilizados como mano de obra de trabajos de gran esfuerzo físico, para servir en el ejército como baqueanos o para el servicio doméstico en las familias acomodadas de las ciudades. Así, la población iba experimentando mes a mes grandes bajas, desarticulando y limitando hasta el extremo de la supervivencia la capacidad productiva y reproductiva del grupo.

Si bien durante los primeros meses de 1886 se registraron los traslados de grandes grupos para actividades del ejército, como por ejemplo en febrero el Ministerio de Guerra solicitaba “50 indígenas para utilizarlos en el trabajo de la colocación del dique recientemente adquirido en Carmen de Patagones”[38], la mayoría de los repartos comenzaron en enero de 1887. También se había solicitado la entrega de un número de “indios jóvenes” al jefe de la escuadrilla del Río Negro para formar parte de la tripulación del vapor. El 13 de enero de 1887 se entregaron al teniente Garrido 15 individuos destinados a Choele. Al mismo tiempo, se remitieron a Viedma 20 individuos pedidos por Vintter para remontar la escolta de la Segunda División con sus familias[39]. En febrero de ese año se realiza un nuevo conteo de la población asentada en Chichinales, y sorpresivamente el número descendía drásticamente a seiscientas noventa personas entre hombres de lanza y “chusma”[40]. ¿Qué sucedió en esos diez meses que separaban a los dos registros? 

 

Repartos de indígenas hacia la zafra misionera

El 28 de septiembre de 1887 el gobernador de Río Negro recibía una carta del ministro del interior Guillermo Wilde comunicándole:

 

Habiendo manifestado a este ministerio el Sr. Gobernador de Misiones que tiene colocación ventajosa para algunas de las familias de indios de las que se encuentran en ese Territorio, este Ministerio le hizo presente que carecían de fondos para verificar la traslación.

El Gobernador de Misiones ha insistido en su pedido y conseguido al Ministerio de Marina que existe el racionamiento de dichos indios los gastos que ocasionen su transporte.

Resuelto este punto se servirá V.S. hacer entrega a dicho funcionario de las familias que solicite si para ello no hay inconveniente[41].

 

Es oportuno aclarar que el gobernador de Misiones en esa época fue el militar Rudecindo Roca, hermano del presidente, y protagonista de las matanzas de Pozo del Cuadril en la localidad de Villa Mercedes en 1878 (Pérez Zavala, 2012). En 1884 había instalado el ingenio azucarero “San Juan” de su propiedad en la localidad de Santa Ana, en los Territorios Nacionales de Misiones, anexado a la cartografía oficial recientemente (Lenton y Sosa, 2018).

El avance de la militarización en la frontera coincidió con la expansión azucarera mundial, transformando su modo de producción y comercialización. En Argentina la inserción en el mercado internacional de manufacturación de este producto fue posibilitado por la gran rentabilidad que otorgaba a la clase latifundista el empleo de mano de obra en condiciones serviles. Así, durante la década de 1880 en las regiones norteñas se puso en funcionamiento la industria azucarera, instalando grandes ingenios en Tucumán, Salta y Jujuy. A estas regiones se sumó la provincia de Misiones, que con las facilidades crediticias otorgadas por el Poder Ejecutivo nacional promovió el desarrollo del rubro en el NEA (ibid.).

En efecto, en 1887 el ingenio de la firma Roca estaba en pleno funcionamiento, y se conocía que la mano de obra empleada allí provenía de las capturas y traslados desde “las pampas”[42] (ibid.). En respuesta al pedido del ministro Wilde, no había inconveniente de realizar los envíos, ya que el Ministerio de Guerra y Marina había solucionado el problema de los gastos de traslados de las familias a emplear en la zafra misionera solicitada por el gobernador. De hecho, el 12 de octubre fueron remitidas desde Chichinales “por el vapor Limay”, veinte hombres, cuarenta y cinco mujeres y treinta y tres niños hacia Viedma[43]. Un nuevo envío se realizaba el 20 del mismo mes, de ciento ochenta y cinco personas más. Un total de doscientas ochenta personas fueron repartidas, solamente en el mes de octubre, siendo el destino, de al menos una parte de ellos, los ingenios azucareros de Misiones[44].

Entre diciembre de 1887 y enero de 1888 una nueva lista nominal de las personas reducidas en Chichinales fue enviada al jefe de la Segunda División del Ejército. Encabezada por Valentín Sayhueque y seguida por su hijo Juan Cachul, el listado revelaba el impacto inescrutable del sistema de repartos sobre la población: sumaban trescientas cincuenta y nueve personas, apenas un insignificante porcentaje del total que se había presentado en Junín de los Andes a inicios de 1885. Sin embargo, esta práctica no cesaría hasta al menos abril, cuando Vintter enviaba un nuevo contingente en respuesta al entonces ministro de guerra Eduardo Racedo, proponiendo una solución a la “necesidad y la escases” que vivían las familias instaladas en el río Negro:

 

Esta consideración, Exmo. Señor, ha movido al que suscribe a dirigirme a V.E. permitiéndose indicar la conveniencia que había en aprovechar el término indicado de seis meses de racionamiento, para ir dando colocación a dichas familias indígenas del Río Negro, distribuyéndolas en aquellos puntos a donde fuesen reclamadas por el trabajo y un nuevo género de vida. (…) En tal sentido, para estos indígenas del Sud sería apropiada la traslación a las fértiles comarcas del Norte de la República, Misiones por ejemplo, donde hallarían pronto y fácil empleo, adquiriendo hábitos de sujeción y trabajo. (…) Ya existen setenta u ochenta familias que desde el primer momento se hallarían dispuestas en embarcarse[45].

 

En septiembre de 1888 solo quedaban ciento cuarenta personas en Chichinales, entre ellas el cacique Sayhueque y su familia, que aparentemente pudo negociar las condiciones de su subsistencia y la de sus parientes y seguidores más próximos. Ese es el último dato del campamento de Chichinales que poseemos.

 

Figura 3: Gráfico del número de individuos pertenecientes a la tribu de Sayhueque registrados en Chichinales desde 1885 a 1888. Fuente: AGN, sala VII, fondo Lorenzo Vintter, legajos 1141 a 1145. Elaboración propia.

 

CONSIDERACIONES FINALES

En este trabajo intentamos reconstruir una parte de la historia de la población de Sayhueque entre su rendición en Junín de los Andes y los últimos años en que se asentó la tribu en Chichinales, hasta finales de 1888. Los informes militares, las comunicaciones personales y las resoluciones ministeriales hablan de una búsqueda intensa y planificada por romper las lógicas indígenas del parentesco y la subsistencia indígena, imponiendo la lógica capitalista de los estados modernos. Pero también hablan de los ensayos, de los errores, de las improvisaciones de un Estado que, lejos de ser homogéneo, buscaba sobreponerse mediante la fuerza, y construir su hegemonía y sus modos de gobernar, pero desde los márgenes, la violencia, la excepción.

La “campaña del desierto” tuvo una fecha de inicio y una de fin; sin embargo, las prácticas con que se materializó este acontecimiento tuvieron lugar antes y después, dando cuenta de un proceso de violencia que duró al menos una década. Incluso después de la rendición de la tribu de Sayhueque en 1885, cuando oficialmente se da por finalizada la “guerra secular contra el indígena”, los sucesos relatados revelan la imposición mediante la violencia de prácticas estatales destinadas a la destrucción de los modos de producción y reproducción indígena, más aún cuando en 1888 Vintter enviaba a Racedo un último contingente de ochenta familias con destino a las zafras misioneras. Los traslados, confinamientos, la miseria y el hambre, los desmembramientos familiares fueron los mecanismos de un Estado que construyó su hegemonía sobre prácticas sociales genocidas cuyos efectos resuenan incluso en la actualidad de las comunidades indígenas que reclaman memoria y reparación histórica.

Al analizar las condiciones en las que la población manzanera presentó su rendición en Junín de los Andes y su posterior traslado a Chichinales, vemos que la búsqueda por parte de los líderes indígenas en mantener las modalidades del entendimiento y del pacto pacífico con el gobierno, fue una estrategia que intentaron implementar incluso en el peor de los escenarios. Insistimos en que la diplomacia fronteriza seguía siendo el horizonte buscado por la política indígena, aún en el contexto más desfavorable de avance militar. Sin embargo, desde el punto de vista estatal, la diplomacia fue utilizada como un dispositivo de poder que permitió al gobierno mantener una relativa paz con las jefaturas que oponían resistencia al avance militar, para luego romper arbitrariamente con ese espacio de negociación y ocupar efectivamente los territorios indígenas.

Por otro lado, es interesante comprender de qué modo la lógica territorial militar transformó el espacio patagónico en muy pocos años, al instalar una serie de fuertes, fortines y campamentos que estaban custodiados bajo el control del ejército. La Línea Avanzada de los Andes fue una serie de emplazamientos militares que se ubicaron en el área comprendida entre los ríos Neuquén y Limay, disputando la territorialidad de soberanía indígena. Esta cadena de asentamientos estaba interconectada a través del telégrafo con otros destacamentos fundados sobre la línea del río Negro, entre los que se encontraba el campamento de Chichinales, rodeado y controlado por los fuertes de las comandancias de Choele Choel y de la Primera División del ejército. El campamento de Chichinales funcionó como un centro de concentración de las personas que encontraron su destino después de un largo exilio por la Patagonia tras las persecuciones ocasionadas por la violencia estatal. Improvisadamente, la administración militar halló en este paraje una solución provisoria al colapso poblacional que estaba produciendo en otros asentamientos militares el sometimiento masivo, como en General Roca.

Pero también puso en juego la fuerza centrípeta de los lazos sociales, atrayendo a su campamento a diversos grupos indígenas que, aisladamente, encontraron en el asentamiento un espacio donde reeditar muy limitadamente sus modos de producción. Sin embargo, la maquinaria estatal también preveía reducir la capacidad auto reproductiva del grupo y el crecimiento poblacional. Como en otros espacios de la frontera para la misma época, podemos afirmar que Chichinales fue un espacio de alta movilidad y atracción de población, espacio de rearticulación social y de alternativa política y económica ante el estrechamiento del margen de maniobra de la tribu.

Es imposible ignorar ya la conexión entre el desarrollo capitalista de ciertos grupos de poder vinculados con la política nacional y las deportaciones de los grupos indígenas. Una tendencia que se observa desde la década de 1870 para las zonas del Noroeste argentino, pero que en la siguiente se diversifica hacia otras regiones, como la provincia de Misiones. El despliegue de la industria azucarera fue posible por la rentabilidad que la mano de obra servil otorgaba a los latifundistas. Así, el trabajo conjunto entre el Ministerio del Interior y el de Guerra y Marina revelan la coordinación del reparto de personas y el alcance masivo de una política económica que traspasaba los límites de la frontera sur. En este sentido, vemos que Chichinales fue ese centro de distribución de personas con diferentes rumbos, entre ellos y sobre todo durante los años de esplendor del ingenio azucarero de la firma Roca, las zafras misioneras.  

Particularmente, este caso elegido permite analizar las transformaciones del campo político indígena imbricado en una trayectoria de décadas de construcción de relaciones con los criollos, durante el proceso de construcción de una identidad nacional que ubicaba a la lógica indígena en la subalternidad, desintegrando los sistemas de subsistencia comunitarios e incorporando individualmente a las personas en un nuevo modo de producción mediante la explotación de la mano de obra y su progresiva proletarización. Este caso es importante, porque lejos de ser exclusivo, parece representar la experiencia de miles de personas y caracterizar un período de la historia nacional que poco se ha estudiado.

Desde la rendición de las dos mil personas que acompañaban al cacique Sayhueque en Junín de los Andes en 1885 hasta septiembre de 1888, en que se registraron apenas ciento cuarenta personas pertenecientes al grupo familiar más allegado al líder, se revela de manera inminente la capacidad estatal de desarticulación de la población indígena y la eficacia de un sistema de repartos de personas que fueron los efectos más inmediatos de la política estatal violenta emprendida durante la “campaña del desierto”.

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

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