Revista TEFROS

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Contrabando y movilidad en la frontera entre Moxos y Mato Grosso: estrategias locales, políticas imperiales, de Muriel Morgan, 

 

Cita recomendada:

Morgan, M., Contrabando y movilidad en la frontera entre Moxos y Mato Grosso: estrategias locales, políticas imperiales, Revista TEFROS, Vol. 18, N° 2, artículos originales, julio-diciembre 2020: 47-68.

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Contrabando y movilidad en la frontera entre Moxos y Mato Grosso: estrategias locales, políticas imperiales

 

Smuggling and mobility between Moxos and Mato Grosso: local strategies,

imperial policies

 

Contrabando e mobilidade na fronteira entre Moxos e Mato Grosso: estratégias locais, políticas imperiais

 

Muriel Morgan

Becaria del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas

Instituto de Altos Estudios Sociales, Universidad Nacional de San Martín,

Argentina

 

Fecha de presentación: 02 de marzo de 2020

Fecha de aceptación: 29 de junio de 2020

 

RESUMEN

En este artículo abordaremos la circulación de personas y bienes en la frontera entre la Capitanía del Mato Grosso y la antigua misión jesuita de Moxos en las últimas décadas del siglo XVIII. Particularmente, la Corona Portuguesa estimuló secretamente una red de contrabando en esta región y desarrolló una política de atracción de los indígenas de las antiguas misiones, afianzando así sus asentamientos fronterizos. En un contexto de disputa territorial, proponemos que en esta región predominaron los objetivos territoriales más que los económicos en las políticas reformistas impulsadas por las Coronas Ibéricas, que privilegiaron la ocupación efectiva de la región.

Palabras clave: Mato Grosso; Moxos; contrabando; migraciones; expansión territorial.

 

ABSTRACT

In this article, we study people and goods' mobility on the border between Mato Grosso and the old Jesuit mission of Moxos during the last decades of the eighteenth century. The Portuguese Crown, in particular, secretly stimulated a smuggling network and developed policies to attract indigenous people from the missions, thus securing its border settlements. In a context of territorial dispute, we argue that the reformist policies, promoted for this region by the Iberian Crown, had rather territorial goals than economic ones, favoring the efective occupation of the region.

Keywords: Mato Grosso; Moxos; smuggling; migrations; territorial expansion.

 

RESUMO

Neste artigo, discutiremos o movimento de pessoas e mercadorias na fronteira entre a Capitania do Mato Grosso e a antiga missão jesuíta de Moxos nas últimas décadas do século XVIII. Em particular, a Coroa Portuguesa estimulou secretamente uma rede de contrabando nessa região e desenvolveu uma política de atração de povos indígenas das antigas missões, fortalecendo seus assentamentos fronteiriços. Num contexto de disputa territorial, propomos que, para esta região, nas políticas reformistas promovidas pelas Coroas Ibéricas, os objetivos territoriais predominaram sobre os econômicos, privilegiando a ocupação efetiva da região.

Palavras-chave: Mato Grosso; Moxos; contrabando; migrações; expansão territorial.

 

INTRODUCCIÓN

Los límites materiales y simbólicos de las fronteras dependen de la capacidad de los grupos humanos para controlar un territorio. En este sentido, las fronteras son una construcción histórica, producto de las relaciones que se establecen entre sociedades que conviven y compiten por ese espacio (Areces, 2012). En este trabajo examinaremos las características propias de la frontera entre Moxos y el Mato Grosso a finales del siglo XVIII, indagando sobre su proceso histórico particular, el cual estableció ciertas características y limitaciones a la implementación de las políticas metropolitanas de corte reformista impulsadas por España y Portugal. Resulta, entonces, relevante considerar el conflicto interimperial entre ambas Coronas, teniendo en cuenta la disputa histórica por el territorio.

Entre los autores que han trabajado el expansionismo europeo del siglo XVIII, Lucena Giraldo (1996) reparó en la existencia de una conciencia geográfica territorialista que se tradujo en un conjunto de políticas que apuntaban a la ocupación física del continente americano y a su control estatal directo, dando un valor estratégico a regiones consideradas hasta entonces como marginales. Específicamente, el “Reformismo de frontera” apuntaba a las políticas desarrolladas en el área tropical de América del Sur, tras la aplicación de los Tratados de Madrid (1750) y San Ildefonso (1777).

En relación a la región analizada, Daniel Santamaría (1986) fue uno de los primeros autores en ocuparse de la dinámica específica de la frontera entre el Mato Grosso y las Misiones de Moxos y Chiquitos. A partir de la consideración de los intercambios mercantiles, cuestionó la existencia de una suerte de “tierra de nadie”, entre los espacios español y lusitano, sosteniendo que se trataba de una zona integrada a partir de una red de tráfico legal e ilegal. Estas vías comerciales le permitieron mostrar la articulación entre esos espacios, supuestamente despoblados, con el sistema mercantilista mundial. La larga escala temporal empleada dio cuenta de la historia de estas relaciones comerciales y su impacto en la economía de los pueblos desde el período jesuita hasta principios del siglo XIX.

Para la frontera hispano-portuguesa, podemos mencionar, también, el trabajo de Chiara Vangelista (1998) la cual dejó planteados problemas de investigación que fueron retomados por la producción teórica actual. Su análisis de las relaciones hispano-portuguesas, en la frontera del Mato Grosso, se encuentra centrado en las diferentes estrategias de ocupación territorial al nivel regional a lo largo de los siglos XVIII y XIX. Resulta interesante el esfuerzo de la autora por mostrar la cotidianeidad de las relaciones inter-fronterizas más allá de las disputas imperiales. En este sentido, asocia al intercambio, legal e ilegal, con las necesidades de supervivencia de los colonos. Vangelista propone que, aunque la dimensión de este tráfico no resultaba de interés para la Corona de Portugal, resultaba vital para la subsistencia de los habitantes de la frontera.

El contrabando se ha constituido en un tema de interés para la historiografía brasileña, en particular, en tanto fenómeno complejo asociado a la dinámica de esta frontera. Ribeiro Chaves (2016) y Martins Castilho Pereira, Puhll y Ribeiro Chaves (2012) han dado cuenta de las medidas de la Monarquía Portuguesa y de las autoridades del Mato Grosso para sostener el contrabando con el objetivo de extender su campo de actuación política y económica. Por su parte, Lopes de Carvalho (2011 a), examina este problema desde la perspectiva de los actores locales, entre ellos los curas hispanocriollos, los comerciantes lusitanos y los soldados de los fuertes portugueses, y muestra el impacto que el contrabando tuvo en el establecimiento de relaciones a ambos lados de la frontera.

Con respecto a la movilidad poblacional, a uno y otro lado de la línea demarcatoria, algunos autores han trabajado el tema de las huidas de los indígenas misioneros a territorio lusitano, consideradas como estrategias de supervivencia individual y colectiva (Teixeira de Sá, 2010; Lopes de Carvalho, 2011b). También, han analizado la migración y fuga hacia el territorio de esclavos y desertores de los fortines (Pinheiro Rodrigues, 2016, Teixeira de Sá, op cit.; Lopes de Carvalho, 2017). A su vez, ciertos autores han destacado las políticas de atracción portuguesas que tenían como propósito incentivar la deserción de los indígenas de las antiguas misiones, para así obtener mano de obra y a la vez una población que garantizara la ocupación efectiva del territorio (Caselli Anzai, 2008; Bosco da Silva, 2010; Lopes de Carvalho, 2012). Esta línea de investigación se articula con los estudios sobre el proyecto asimilacionista pombalino y su implementación en distintas regiones fronterizas. Este tema ha sido ampliamente trabajado por autores como Alvarez Iglesias (2012), Fruhauf García (2007), Melo Sampaio (2012) y Nauk (2012).

Recuperando estos enfoques, en este trabajo examinaremos las dinámicas de circulación de bienes y de personas en la frontera entre Moxos y el Mato Grosso, vinculando las estrategias de poblamiento y ocupación imperiales de finales del siglo XVIII con las dinámicas locales propias del territorio. En un contexto de disputa territorial, proponemos que las políticas asimilacionistas para las poblaciones indígenas impulsadas tanto por España como Portugal perseguían, en esta región, objetivos territoriales más que económicos en tanto que la ocupación efectiva era garantía de su conservación. Hemos consultado fuentes documentales tanto del Archivo General de la Nación (AGN), que cuentan con registros desde la conformación del Virreinato del Río de la Plata, como del Archivo y Biblioteca Nacional de Bolivia (ABNB) en Sucre, particularmente el Archivo de Moxos y Chiquitos, un catálogo que reúne los documentos producidos por la Real Audiencia de La Plata y el fondo recolectado por Gabriel René Moreno.

 

EL REFORMISMO DE FRONTERA EN MOXOS

El XVIII fue el siglo en el que las potencias europeas reconfiguraron el mapa de poder y dominación del mundo. En este contexto geopolítico, con su monopolio comercial sobre el Atlántico y su control territorial amenazados, España se embarcó en una serie de Reformas con el objetivo de reafirmar su autoridad y redefinir los vínculos con sus dominios coloniales. La Corona, influenciada por el pensamiento ilustrado, adquirió un enfoque reformista y pragmático, sintetizado en la implementación de las Reformas Borbónicas: un programa total de políticas administrativas, económicas y militares. Los territorios americanos, integrados pero subordinados a los intereses de la metrópoli, sufrieron una reorganización administrativa a través de la creación de nuevos Virreinatos y un sistema de Intendencias y Gobernaciones (Albert, 1996; Brading, 1981, 1988; Chiaramonte, 1997). Esta nueva administración quedó en manos de funcionarios peninsulares de carrera y mediante la creación de estructuras de gobierno afines al Rey se buscó la subordinación de las colonias y el control de una administración colonial que se encontraba en manos de la élite criolla (Lorandi, 2008).

Como parte de estas políticas cobraron importancia la ocupación física y directa del territorio, el fortalecimiento de las fronteras y la explotación efectiva de los recursos naturales, brindando así una mayor relevancia a regiones hasta entonces consideradas marginales. Los límites fronterizos, entendidos como una separación de jurisdicciones bajo distinta soberanía, fueron establecidos a través de sucesivos tratados limítrofes, mientras que la frontera, conformada por espacios periféricos, fue asegurada mediante un proceso efectivo de colonización de estas regiones fronterizas (Lucena Giraldo, op cit.). Las estrategias de España para resguardar sus fronteras, tanto de otras potencias europeas como de grupos indígenas indómitos, pueden clasificarse como de guerra defensiva-ofensiva, de colonización y diplomáticas. Las primeras implicaron un proceso de militarización de las fronteras a través de la instauración de una línea de fortines y el desarrollo de campañas militares a cargo del ejército borbónico, las milicias locales e incluso indígenas milicianos. Las segundas incluyeron la radicación de población hispana en espacios donde era requerida y la instalación de misiones religiosas. Finalmente, las relaciones diplomáticas comprendieron acciones como la firma de tratados limítrofes o de paz y los agasajos (Olmedo y Tamagnini, 2019).

Estas últimas dos estrategias prevalecieron en el área tropical de América del Sur, donde el principal problema estaba constituido por la presencia portuguesa más que por grupos indómitos. Se trató de un espacio históricamente conflictivo, en el cual la ocupación efectiva del territorio fue ejecutada por distintos agentes coloniales establecidos en la región con y sin el patrocinio de las Coronas Ibéricas, como misioneros, soldados, comerciantes y bandeirantes. El escaso conocimiento sobre Moxos, las condiciones climáticas y la topografía accidentada obstaculizaron la militarización española de la zona, predominando las misiones como garantía de ocupación (Martins Castilho Pereira et al., op cit.). Los sucesivos tratados limítrofes, como el de Madrid (1750) y el de San Ildefonso (1777) fueron un intento de poner orden en una ocupación caótica. Estos tratados estuvieron basados en el principio de uti possidetis, donde la posesión efectiva del territorio tenía precedencia frente al título legal del mismo, realizando Portugal un mejor aprovechamiento de este principio para fundamentar la ocupación de tierras (Olmedo y Tamagnini, op.cit.).

El proceso de colonización del Mato Grosso y de Moxos tienen un punto en común: la captura de indígenas como mano de obra y mercancía a través de las entradas cruceñas y las malocas portuguesas. La ciudad de Santa Cruz de la Sierra fue considerada la avanzada de Charcas, en tanto baluarte defensivo como vanguardia ofensiva de la ocupación española, contando con un carácter eminentemente militar ya que sus habitantes lucharon tanto contra los portugueses como contra grupos indómitos (García Recio, 1988). Las entradas cruceñas, justificadas como acciones punitivas, cumplieron el doble objetivo de prevenir asaltos y proveer de cautivos. La captura de indígenas se convirtió en una de las principales actividades económicas de la ciudad (Santamaría, op cit.). Los cautivos servían simultáneamente como fuerza de trabajo en las encomiendas o como mercancía, ya que muchos fueron trasladados a zonas donde su explotación fue más rentable, principalmente a Potosí y a los valles de Charcas. De esta manera, el Oriente Boliviano se integró al comercio interregional principalmente como proveedor de mano de obra (Larson, 1988). Por su parte, las malocas portuguesas funcionaron como actividad económica y motor de poblamiento, ya que las incursiones bandeirantes fueron sucedidas por asentamientos portugueses. Otro mecanismo para avanzar sobre territorio español fue el establecimiento de poblaciones civiles tras la instalación de fuertes, lo que permitía el adelantamiento legítimo de la frontera[1].

El establecimiento de las misiones jesuitas de Moxos y Chiquitos supusieron un freno a las actividades de captura. Las de Moxos, fundadas en 1675, estuvieron conformadas por diversas poblaciones indígenas entre las que se encontraban seis grupos importantes: los moxos, los baures, los cuyababa, los itonama, los movima y los canichana (Parejas Moreno, 2011)[2]. A la llegada de los españoles los moxos contaban con una economía agrícola centrada principalmente en la yuca y el camote, complementada con la caza y la pesca. En 1767, año de su expulsión, quedaban dieciséis pueblos con una población aproximada de 18.500 habitantes (Block, 1997).

La importancia estratégica de Moxos como frontera justificó el constante apoyo de la Corona española a los jesuitas, y nos permite explicar, junto con otros factores, el mantenimiento de los pueblos tras la expulsión (ver Fig. 1). En Moxos, como en Chiquitos, se dio una situación particular: pese a contar con un gobernador con amplias facultades, los curas que ocuparon los pueblos misionales mantuvieron el control de los aspectos espirituales y temporales[3]. Esta conservación del régimen administrativo misional fue explicada como el mecanismo más eficaz para evitar que los indígenas abandonaran los pueblos y debilitaran así la frontera[4]. Sin embargo, la insuficiencia y laxitud de la supervisión estatal permitió a los religiosos establecer un tráfico ilícito con los productos de los pueblos, tanto con  comerciantes cruceños como con soldados portugueses (Santamaría, op cit.)[5]. De esta forma, la disminución en la producción registrada en las fuentes puede ser atribuída a este tráfico ilegal (Vangelista, op cit.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Mapa de la frontera entre las Misiones de Moxos y la Capitanía del Mato Grosso. Elaboración propia a partir de Lopes de Carvalho (2012).

 

 

EL CONTRABANDO EN MOXOS

El gobierno de los curas en Moxos estuvo caracterizado por la corrupción, los abusos y el mal manejo de los recursos de los pueblos. Los religiosos orientaron el trabajo indígena para su propio beneficio, empleando distintos mecanismos coercitivos para aumentar la producción y calidad de los bienes destinados al contrabando. A su vez, se redujo la cantidad de efectos de auxilio, como sal o hierro, así como los repartos periódicos de carne vacuna. Estos factores contribuyeron a la debilitación de la economía doméstica de los pueblos y a la erosión de las relaciones de reciprocidad establecidas durante el período jesuita (Santamaría, op cit.).

El contrabando fue uno de los principales focos de conflicto entre los curas y los Gobernadores ilustrados, pudiendo ser interpretado como ejemplo de la disputa de poder entre el absolutismo borbónico y los poderes locales al enfrentar a los gobernadores, depositarios del poder del rey, con los curas, representantes de los poderes locales por su afinidad y origen. A su vez, la ambigüedad y multiplicidad de competencias y fuentes de legitimidad enemistó a los gobernadores con la Iglesia, en tanto que los curas se refugiaban en los fueros eclesiásticos para evitar penas. La subordinación de los curas al poder eclesiástico y las relaciones de parentesco reducían la capacidad de los gobernadores para castigar los delitos. Por ejemplo, el Intendente de Cochabamba, Francisco de Viedma, se quejaba que las numerosas cabezas de ganado vacuno jesuita

 

...fueron entregadas por inventario al cura D. Manuel Andrade, que puso el Reverendo Obispo de Santa Cruz D. Francisco Ramón de Herboso, las cuales destruyó y consumó por aprovecharse del sebo, dejando sin ganado la Misión, con otros muchos excesos; y como era sobrino del Sr. Obispo, las resultas fueron darle el curato de San Roque de Potosí, que hoy sirve en el Arzobispado de Charcas. (Viedma, 1836, p. 78)

 

Los principales destinos del contrabando fueron Santa Cruz y el Mato Grosso. El tráfico con la ciudad española se vio favorecido por una red de alianzas de amistad y parentesco entre los comerciantes y los curas, en su mayoría cruceños[6]. Sin embargo, a pesar del impacto económico de este comercio, la mayor preocupación de las autoridades coloniales fue el contrabando con los portugueses, en particular por sus consecuencias geopolíticas. España, cuyo territorio era continuamente vulnerado por los avances lusitanos, reforzó la prohibición del contacto comercial, llegando incluso a prohibir el ingreso de comerciantes portugueses a su territorio (Hanke, 1961). Sin embargo, Portugal promovió y controló el contrabando, que formó parte de la estrategia pombalina para consolidar las fronteras y reorganizar sus dominios americanos.

El Secretísimo Plan de Comercio y Seguridad (1770) tenía como objetivos la defensa político-territorial y el estímulo del comercio regular entre el Estado de Grao Pará y Marañón y la Capitanía de Mato Grosso y Cuiabá. (Martins Castilho Pereira et al., op cit.). A su vez, se creó en 1755 la Compañía de Comercio de Gran Pará y Marañón, con el objetivo de acercar a los territorios americanos los productos de todo el imperio portugués (ibid.). Pero también la organización del contrabando con las antiguas misiones jesuitas de Moxos y Chiquitos fue financiada parcialmente con recursos de esta Compañía de Comercio. Las instrucciones del Plan fueron enviadas por el Marqués de Pombal a los Gobernadores del Estado de Grao Para y Marañón y de las Capitanías del Mato Grosso y San José de de Río Negro para realizar acciones concertadas con el propósito de establecer un comercio ilícito. Uno de los objetivos reservados era la introducción de mercaderías en los dominios españoles del Orinoco, Quito y Perú con el propósito de adquirir plata potosina (Ribeiro Chaves, op cit., Martins Castilho Pereira, et al., op cit.).

El Secretísimo Plan de Pombal puede definirse como mercantilismo estatal, girando en torno a tres puntos claves: introducir géneros europeos al imperio español, limitar el lucro de los comerciantes a un 12% y establecer una tabla de precios. Toda transacción comercial con los españoles sería con mercaderías adquiridas de acuerdo con esta tabla (Lopes de Carvalho, 2011 a). Las transacciones comerciales con los dominios españoles fueron apoyadas mediante la creación de nuevas fortificaciones y factorías, un tipo de establecimiento comercial típico del colonialismo lusitano (Ribeiro Chaves, op cit.). Así, el estímulo al contrabando se estableció bajo un rígido control estatal (Lopes de Carvalho, 2011 a). 

Las autoridades locales jugaron un rol clave para el desarrollo del tráfico ilícito. Del lado portugués, los Gobernadores del Mato Grosso, Luis Pinto de Souza Coutinho, y su sucesor, Luis de Albuquerque y Melo, fueron los articuladores y ejecutores de las acciones que tenían que desarrollarlo. Los soldados que residían en las fortificaciones, emplazadas en lugares estratégicos para conducir las mercaderías, participaban en el tráfico. De esta manera, no se trató de una actividad practicada por diversos habitantes de un territorio periférico sino de un plan organizado y puesto en práctica por Portugal para extender su campo de actuación política y económica en un dilatado espacio de fronteras (Martins Castilho Pereira, et al., op cit.). Además de brindar la infraestructura, los gobernadores proporcionaban información clave, como por ejemplo, datos sobre los bienes más demandados por los españoles de la frontera. La devolución de indígenas misioneros fugados permitía identificar aquellos individuos, principalmente curas, predispuestos a realizar tráficos ilícitos. A su vez, la ayuda otorgada por Portugal durante la expulsión española de los jesuitas de Moxos brindó una oportunidad de reconocer el terreno e identificar los mejores caminos de acceso (ibid.).

Del lado español, la designación de un gobernador afectaba directamente al tráfico, en tanto podía favorecer o limitar estas actividades. Por ejemplo, durante la gobernación de Lázaro de Ribera, paradigma del funcionario metropolitano ilustrado, el contrabando disminuyó notablemente por la implementación de medidas que apuntaban agresivamente a evitar la reducción de los bienes de Moxos: prohibió la presencia de cualquier español en Moxos, expulsó a los comerciantes hispano criollos, confiscó bienes presuntamente irregulares y prohibió la matanza de ganado. Ciertas políticas apuntaron directamente a impedir el contrabando lusitano, como por ejemplo, la designación de su sobrino Bernardo de Ribera como gobernador militar del partido de frontera Baures[7], la prohibición de navegar el Río Guaporé y la prohibición a los portugueses de navegar más allá del pueblo de Exaltación (Lopes de Carvalho, 2011 b)[8].

Ribera consideraba que el tráfico ilícito constituía una afrenta a la autoridad real, no sólo porque la disminución de los efectos impactaba en el Real Erario, sino porque interpretaba el contrabando con los portugueses como un acto de traición. Su correspondencia con Luis Albuquerque de Mello, Gobernador de Mato Grosso, muestra la delicada situación de esta frontera[9]. Las fronteras eran un espacio de tensiones permanentes, explícitas o latentes (Tamagnini y Pérez Zavala, 2011) y en este caso los funcionarios tenían la doble obligación de velar por los intereses de sus respectivas Coronas y a la vez no iniciar un conflicto bélico. En estas cartas, Ribera acusaba a los portugueses del Fuerte Príncipe de Beyra -cuya ubicación sobre el río Itenes era contrario al Tratado de San Ildefonso- de realizar contrabandos. Albuquerque respondió que ordenaría la guarnición, pero que consideraba que el intercambio era menor.

La réplica de Lázaro de Ribera no tardó en llegar, acusándolo de minimizar las prácticas ilegales: “Y aún que éstas las elude V.E. diciéndome que los géneros de permutación entre unos y otros vasallos sólo pueden constituir algún objeto insignificante...”[10] a pesar de tratarse de oro, piedras preciosas y alimentos. A su vez, acusaba al responsable del Fuerte, Don Pineiro de la Cerda, de participar en ellos. Estas cartas brindan indicios sobre algunos de los mecanismos empleados para el contrabando: por ejemplo, Don Francisco Rodrigues, comisionado por Albuquerque para llevar su correspondencia, había aprovechado la tarea para vender ciertas alhajas. En tanto conocemos la política lusitana sobre el contrabando, es interesante observar su ejecución mediante canales institucionales -como el correo- para hacerlo. Además, los gobernadores tenían orden de disimular y que no pareciera que lo promovían u ordenaban. 

Por tratarse de una actividad ilegal, de la cual no perduran demasiados registros, resulta dificultoso establecer el grado de éxito del Plan pombalino. Lopes de Carvalho afirma que fracasó el proyecto de intercambiar géneros europeos por plata potosina y que la mayor parte del comercio fue de oro de las minas lusitanas por productos misioneros (2011 a)[11]. En este sentido, el contrabando se adaptó a las condiciones locales, drenando alimentos y ganado a los pueblos vecinos, consolidando su permanencia en el Guaporé y construyendo el Fuerte Príncipe de Beyra, del cual sostenía Lázaro de Ribera, sin estar muy alejado de la verdad, era abastecido en gran medida por los españoles (ibid.). Las distancias y los costos dificultaban el abastecimiento de víveres, por lo que el intercambio con Moxos resultó vital para sostener estos destacamentos.

El siguiente episodio ejemplifica claramente la crítica situación de los soldados lusitanos y lo imprescindibles que resultaban los alimentos mojeños para asegurar su supervivencia. En mayo de 1778, Marcelino Ruiz del Fuerte de Braganza[12], apelando a la armonía y buena amistad entre las Coronas, pidió al padre de La Concepción, Melchor Guillem, comprarle gallinas y azúcar. La canoa portuguesa, junto con esta solicitud, traía bienes suntuosos como oro, seda y listonería. Según los soldados lusitanos, estos alimentos eran necesarios para la guarnición de más de 400 hombres. Sin embargo, casualmente, entre la docena de indígenas remeros se encontraban cuatro que habían desertado de San Martín, uno de los cuales informó que este dato era mentira: eran 4 soldados, 5 negros, algunos paisanos y todos se estaban muriendo de hambre. El cura, compasivo, les dio tasajo y algunos pollos (ABNB ALP MyCh 80).

La precariedad de estas fortalezas explica en parte el elevado grado de deserción presente en la frontera. Los soldados desertaban por la falta de pago, así como por la carestía, escasez y mala calidad de los víveres. A esto se sumaba una férrea disciplina militar, en la que abundaban los castigos y las afrentas al honor (Lopes de Carvalho, 2011 b, 2017). En 1769, con el objetivo de atenuar el problema del abastecimiento de carne, el gobernador de Mato Grosso negoció con las misiones de Moxos y Chiquitos y la ciudad de Santa Cruz la compra de 300 cabezas de ganado. Sin embargo, la supervivencia de los soldados dependía en gran medida de sus propias acciones, como armar pequeñas chacras en los alrededores de los fuertes para alimentarse (Lopes de Carvalho, 2011 b). El contrabando era otra manera de subsistir.

Al tener en cuenta los distintos elementos de este contexto fronterizo -la existencia de un Secreto Plan de promoción del contrabando, la precariedad de los establecimientos militares, la necesidad de ocupar efectivamente el territorio- el contrabando adquiere así una dimensión geopolítica. El tráfico ilegal favorecía las incursiones portuguesas en territorio español y a su vez brindaba recursos que le permitían sostener sus asentamientos fronterizos. Desde esta óptica, el contrabando era interpretado por funcionarios como Ribera como un acto de traición al Rey: en primer lugar, porque transfería las riquezas que, desde la visión reformista correspondían a España; en segundo lugar, porque permitía a Portugal establecer una presencia sobre los territorios españoles; finalmente porque facilitaba los medios necesarios para establecer sus poblaciones. Estos asentamientos eran empleados, gracias al principio de uti possidetis, por la Corona de Portugal para extender sus fronteras durante las expediciones de Tratados de Límites. En estas regiones fronterizas, el comercio ilegal era un facilitador de la ocupación territorial.

 

LAS MIGRACIONES EN LA FRONTERA ENTRE MOXOS Y EL MATO GROSSO

La permanencia de los indígenas en las misiones, así como la lealtad al monarca español, estaban sustentadas en el pacto de reciprocidad jesuita, que implicaba la autonomía de los españoles, así como una garantía de que el trabajo indígena tendría una retribución simbólica -bienes como cuñas, machetes, cuchillos y chaquiras- y se les daría tiempo para sus cultivos particulares. Y es contra este pacto que incidieron las reformas borbónicas (Lopes de Carvalho, 2012)[13]. Tras la expulsión, las políticas apuntaron a un incremento de la producción, a una intensificación del trabajo y una reducción de los repartos. La explotación de la mano de obra indígena fue lograda con un aumento generalizado de la violencia, de los castigos físicos y un desprecio por las jerarquías indígenas (Lopes de Carvalho, 2011 b). Ante esta situación, las poblaciones de Moxos desarrollaron distintas estrategias de resistencia, como los levantamientos armados. Con mayor frecuencia, emplearon los canales institucionales para realizar sus demandas, como solicitar un aumento en el reparto de ganado o la remoción de un cura. Las migraciones fueron otra acción, teniendo como destino el monte, otros pueblos misioneros e incluso los territorios portugueses. Estas huidas pueden ser interpretadas como una estrategia individual, familiar y/o colectiva ante el aumento de la coerción laboral y la disminución en el reparto de efectos. En este contexto, las migraciones a territorio lusitano mostraban una ruptura de la lealtad al monarca español (Lopes de Carvalho, 2012). Sin embargo, como afirma este autor, más allá del voluntarismo individual o colectivo, las migraciones fueron parte de la política lusitana que, a la vez que aumentaba el control sobre sus propios vasallos, incentivaba la deserción de los súbditos españoles (ibid.). En efecto, la huida de indígenas a su territorio proporcionaba a Portugal la mano de obra necesaria para tareas agrícolas, manufactureras y de transporte. A la vez, esta fuerza de trabajo apoyaba los asentamientos militares y la defensa de la frontera (Bosco da Silva, op cit.)[14]. Pero también, consideramos que los nuevos asentamientos consolidaban la ocupación territorial en un contexto en el que las disputas limítrofes eran resueltas a partir del principio de uti possidetis. De esta manera, el asimilacionismo pombalino, que buscaba incorporar a las poblaciones indígenas a la sociedad colonial, fue más temprano y profundo que el borbónico[15].

En resumen, el estímulo velado de la migración fue un objetivo importante de la política portuguesa. Entre los incentivos se encontraban promesas de buenas remuneraciones, regalos, la instigación de protestas contra los malos tratos y el establecimiento de redes de confianza con autoridades indígenas, quienes coordinaban las huidas[16]. Esta política no pasó desapercibida para los españoles. Para el gobernador Aymerich, de Moxos, los portugueses necesitaban de población indígena para cultivar sus tierras y remar sus canoas. En 1771 observaba que, por la cortedad de los auxilios, los moxeños se pasaban a los portugueses por cualquier motivo “... quedando los pueblos limpios, lo que no se ha verificado en el día es por que los castigan mucho, trabajan de distinto modo, y en parte es algún freno, pero la codicia puede mucho entre ellos, y así se van diariamente…” (ABNB ALP MyCh 80 Folio 5v). Las fuentes no nos permiten determinar si las condiciones de vida del lado lusitano fueran efectivamente mejores. Hay menciones de migrantes que retornaban a las misiones ante las arduas condiciones laborales del Mato Grosso, lo que pareciera confirmar las opiniones de Aymerich. De todas formas, el continuo flujo migratorio hacia el lado portugués muestra el éxito de la política de atracción pombalina.

Las autoridades locales también se preocupaban por la disminución demográfica producto de las huidas. Así, el cura Guzmán de La Exaltación, reclamaba en 1784 al Comandante del Fuerte Príncipe de Beyra, Francisco Texeira, la devolución de indígenas que desertaban:

 

… sin mas antojo que el libertinaje que presumen gozar entre Ustedes; advirtiendo que estos no son esclavos, mas están constituidos a fijación por los reglamentos de mi Monarca esto es sin sujetarlos a las Leyes de la Esclavitud, pero sí, al ministerio Pastoral de Jesucristo el que (...) les parece muy duro, y sin más que su antojo se van a la parte de ustedes / solo por conocer el auxilio que les dan de no volver a sus Pueblos y gozan una vida con toda Libertad de conciencia por no tener párroco que lo dirija a la Ley de Dios, y siendo así cómo son de tan poca fe, por gozar de su Libertad se irán todos los pueblos y nos quedaremos sin gente... (ABNB ALP MyCh 197 Folios 219 y 220)

 

Los argumentos de Aymerich y Guzmán para explicar las huidas se basan en prejuicios típicos de la época: los indígenas eran codiciosos, perezosos y rehuían los frenos que la religión católica imponía a su libertad. Pero también constituía una forma de justificar su accionar en Moxos, subestimando las severas condiciones de vida del territorio español. Así, las motivaciones residían únicamente en el carácter inconstante de los indígenas.

Esta demanda del cura se debió a que Esteban, mayordomo de La Exaltación, había estimulado la huida de más de treinta indígenas del pueblo, señalando que serían amparados por los portugueses. El religioso exigió que por este motivo fuese devuelto prisionero y con grilletes. Según esta fuente, la huida habría estado motivada por la falta de alimentos como consecuencia de una inundación[17]. Este episodio evidencia tanto el establecimiento de los lazos entre las autoridades lusitanas e indígenas, como la importancia de éstos para coordinar los traslados de numerosos individuos.

Debido al bajo número de habitantes y la existencia de un aparato defensivo insuficiente, los portugueses establecieron una estrategia fronteriza que consistió en establecer asentamientos y destacamentos militares en puntos estratégicos, principalmente en las márgenes del Paraguay y el Guaporé, que permitieran controlar la navegación fluvial (Ribeiro Chaves, op cit.). A su vez, el Mato Grosso debía contar con un crecimiento demográfico constante que le permitiera contar con una población que pudiese armarse en caso de ser necesario, especialmente si se tenía en cuenta la elevada densidad demográfica de la frontera española. En 1768 se calculaban un total de 12.877 habitantes para todo el Mato Grosso (Ribeiro Chaves, op cit.). Vila Bela y sus alrededores contaban con 4.115 habitantes y Cuiabá con 7.600 (Bosco da Silva, op cit.). Para 1798, la tropa del Mato Grosso se limitaba a 626 hombres de tropa, de los cuales 323 eran pedestres, es decir mestizos y negros libres, y el resto por hombres blancos. Por oposición, las Misiones de Moxos y Chiquitos contaban, el año posterior a la expulsión, con 40.284 neófitos (Ribeiro Chaves, op cit.). Incluso tras la importante baja demográfica que se dio tras la expulsión, resultaba una diferencia significativa.

En este contexto, las fugas constituían un grave problema. Hemos mencionado a los desertores, que escapaban hacia territorio español por las terribles condiciones de vida de los fuertes, a los que se sumaban la huida de esclavos[18]. La política portuguesa consistió en impedir la devolución de indígenas fugados a menos que España hiciese lo propio con los esclavos y a los desertores. Así, cuando el Gobernador Velasco solicitó al Luiz Pinto de Mato Grosso la devolución de algunos indígenas huidos, recibió como única respuesta un listado con gastos de conducción de esclavos a territorio portugués (ABNB ALP MyCh 97). Otro caso se dio en 1772, cuando una escuadra de dragones del Fuerte de Braganza se introdujo en territorio español en busca de esclavos fugitivos. Fueron detenidos por el Gobernador Aymerich, quien debido a los rumores de movimientos militares temía que fuese el preludio de una invasión (ABNB ALP MyCh 93). Este tipo de entradas era en ocasiones interpretada como una expedición para recabar información sensible relativa a las defensas. A su vez, ese mismo año, el gobernador de Mato Grosso reclamó al Presidente de la Real Audiencia de La Plata que restituyese los esclavos y desertores porque era justo, pero también “...para evitar por nuestra parte todo motivo de perturbación de la Paz que pueda originar quejas de parte de la Corona de Portugal y el desagrado de nuestro Soberano” (ABNB ALP MyCh 99 Folio 1v). Las autoridades locales localizadas en la frontera se encontraban en una situación tensa: por un lado, debían defender los intereses de sus monarcas, pero al mismo tiempo debían evitar que escalase a un conflicto militar.

Este reclamo generó desconcierto en las filas españolas, que no contaban con una política consistente al respecto[19]. Según el Real Acuerdo del 19 de septiembre de 1768, se estipulaba que los desertores llegados a Santa Cruz debían ser enviados a Buenos Aires, cuyo Gobernador determinaría qué hacer con ellos. Pero en caso de ser comerciantes debían ser remitidos a Charcas, a disposición de la Real Audiencia. Las instrucciones relativas a los esclavos eran confusas: por un lado, un decreto de 1769 ordenaba que fuesen restituidos a Mato Grosso y por el otro, circulaba un Plan del Gobernador de Santa Cruz para que aquellos fugitivos casados con esclavas cruceñas fuesen comprados por España. Ahora bien, ante el involucramiento de tantas jurisdicciones no quedaba claro quién debía responsabilizarse por los gastos de transporte (ABNB ALP MyCh 93). A su vez, el traslado forzoso no era sencillo ya que muchos lusitanos se habían casado e instalado en Santa Cruz de la Sierra y en las antiguas misiones.

Las huidas a territorio español se veían dificultadas por los habitantes de los pueblos misioneros, muchos de los cuales consideraban a los portugueses sus enemigos. Por ejemplo, los habitantes de San Ignacio de Chiquitos solicitaron licencia para matar a dos portugueses, Santiago e Ignacio, que habían llegado al pueblo acompañados de diez pedestres, lo cual fue impedido por el cura. Sin embargo, no lograron escapar ilesos de Concepción:

 

...porque aun hallando cerrado el cuarto del expresado Don Ignacio procuraron quebrar la puerta y logrando el estar dentro descargaron tan feroces golpes en el pobre que de ellos murió en San Xavier. Don Santiago como más astuto se entró en la Iglesia en donde pudo escapar y los demás pedestres fueron también maltratados aunque no con mucho rigor. (ABNB ALP MyCh 97 Folio 18)

 

El odio hacia los portugueses estaba fundado en el recuerdo de las razzias esclavistas de los bandeirantes. Así, Juan Perez Villaronte de San Xavier escribía en 1772 que tras indagar entre los indígenas los encontró:

 

…manteniéndose en el odio y total aborrecimiento a esta nación que como círculo hereditario le han dejado sus antepasados, en memorial del cruel estrago y cautiverio que padecieron sus miserables familias, bajo el huigo (sic) de los mamelucos, que así llamaban en aquel tiempo a los exploradores portugueses. (ABNB ALP MyCh 97 Folio 19)

 

Los recuerdos de estas razzias perduraban casi veinte años después: durante una investigación sobre las intrusiones portuguesas de 1772, desde San Rafael de Chiquitos aludieron a siete neófitos que en 1757 habían ido a cazar por el monte y nunca habían regresado, conjeturando que habían sido apresados por los portugueses. Esta sospecha fue confirmada en 1772 cuando un esclavo huido les informó a los habitantes de Santa Ana que aquellos indígenas se encontraban en la Villa de Cuyaba (ABNB ALP MyCh 97). Aunque la mayor parte de las anécdotas de entradas de capturas lusitanas databan de la época jesuita, los recuerdos seguían vivos. Sin embargo, en 1782, con la degradación de las condiciones de vida de los pueblos, consideraron la posibilidad de transmigrar al Mato Grosso (Lopes de Carvalho, 2012). Para las poblaciones indígenas de Moxos, los movimientos hacia y desde tierras lusitanas respondieron a situaciones coyunturales, en las que se conjugaron tanto estrategias de supervivencia como la memoria de las comunidades.

 

REFLEXIONES FINALES

Como plantean Tamagnini y Pérez Zavala, la frontera puede ser concebida como un espacio constitutivamente violento (op cit.). Es precisamente el conflicto lo que proporciona dinamismo a este espacio, plagado de tensiones más o menos permanentes, explícitas o latentes (ibid.). En la frontera entre Moxos y el Mato Grosso nos encontramos, a finales del siglo XVIII, con un conflicto interétnico entre las poblaciones indígenas de las antiguas misiones y los funcionarios españoles, inserto en un conflicto interimperial. En el marco de la política fronteriza borbónica, la conservación de estos pueblos fue considerada la mejor opción para resguardar el territorio, estableciendo un desarrollo particular que lo diferenciaba de otras fronteras. Sin embargo, estas políticas no se tradujeron en mejoras económicas para los pueblos sino en un aumento de la coerción laboral y productiva. En este trabajo nos propusimos analizar las dinámicas de circulación de bienes y de personas en la frontera entre Moxos y el Mato Grosso, en vinculación con las estrategias de poblamiento y ocupación imperiales de finales del siglo XVIII. Por un lado, tuvimos en cuenta tanto el contexto de conflicto interimperial entre Portugal y España, considerando las políticas concretas impulsadas por ambas Coronas. Por el otro, la interrelación que se dio entre lo concebido en las metrópolis con lo que realmente era factible en América.

Portugal promovió el contrabando como un mecanismo para introducirse en tierras españolas, con el objetivo final de llegar al codiciado mercado peruano. A pesar del fracaso de este proyecto en este sentido, el tráfico ilegal permitió a los lusitanos consolidar sus posiciones en la frontera. Los bienes de primera necesidad proporcionados por las antiguas misiones de Moxos y Chiquitos garantizaron la subsistencia de los soldados de los fuertes. Así, aunque la promoción del contrabando falló desde una perspectiva económica, resultó en un éxito involuntario para la política fronteriza lusitana.

A su vez, el Marqués de Pombal promovió políticas de atracción de la población indígena, en tanto recurso valioso como mano de obra y como garantía y apoyo de la ocupación territorial. Por su parte, la conservación de la organización administrativa, económica y social de las misiones por parte del Reformismo Borbónico siguió esta misma dirección y los pueblos conservaron su carácter de institución de frontera. Ambas políticas respondieron a un contexto en el cual el principio de uti possidetis era uno de los principales argumentos para sostener los reclamos territoriales. En consecuencia, para las Coronas Ibéricas la defensa territorial primó por sobre la diferenciación étnica y su identidad como súbditos prevaleció a su identidad indígena. En este sentido proponemos que las políticas asimilacionistas para las poblaciones indígenas impulsadas tanto por España como Portugal perseguían, en esta región, objetivos territoriales más que económicos, en tanto que la ocupación efectiva era garantía de su conservación.

Finalmente, resulta necesario tener en cuenta, más allá de los proyectos metropolitanos, las estrategias desarrolladas por los actores para garantizar su supervivencia. Desde esta perspectiva, el contrabando no puede ser analizado exclusivamente como una política pombalina, sino como una condición necesaria para la subsistencia de los soldados lusitanos que ocupaban los fortines. Los alimentos, como la carne vacuna, constituían los principales recursos que circulaban hacia el lado portugués. En el mismo sentido, la huida de indígenas hacia territorio portugués respondió tanto a la política de atracción lusitana como a una necesidad de estas poblaciones de buscar mejores condiciones de vida.

 

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NOTAS